María Luisa González Martín
Expediente 107/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 107/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Agente del Ministerio Publico de la Federacion Adscrito
- María Luisa González Martín
Actuaciones
- Principal
En Mérida, Yucatán, a las diez horas con veintinueve minutos del tres de abril de dos mil veintitrés, hora y día señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 107/2023-V, promovido ... por su propio derecho, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables, Superintendente de Zona de Distribución Mérida, de la División de Distribución Peninsular, de la EPS CFE Distribución y apoderado de la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución; los que obran agregados a los presentes autos. Acto seguido, la Jueza acuerda: Ténganse por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades responsables antes señaladas, para que sean tomados en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se hace relación de las pruebas documentales que la parte quejosa adjuntó a su escrito de demanda, así como las constancias que las responsables remitieron con sus informes justificados; por lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y desahogadas las pruebas de referencia por su propia naturaleza jurídica. Abierto el período de alegatos, se da cuenta con que ninguna de las partes ejerció dicho derecho, ni la representación social formuló pedimento alguno. A continuación, cerrado este período, se procede a dictar la siguiente resolución. Visto para resolver el presente juicio de amparo número V-107/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, turnado el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito a quien por turno le correspondió conocer, MARÍA LUISA GONZÁLEZ MARTÍN, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que señaló en su escrito de demanda de amparo. SEGUNDO. Previa prevención, por acuerdo de treinta de enero del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró en el Libro de Gobierno con el número de expediente 107/2023-V; se solicitó a las responsables sus informes con justificación; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se celebró de conformidad con el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta juzgadora federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l y 107 fracción IV, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 37 y 107, de la Ley de Amparo en vigor y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General número 3/2013, modificado por el 28/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que los actos que se reclaman tienen ejecución en esta ciudad, donde esta juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", resulta necesario fijar claramente los actos reclamados, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de determinar lo que la quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal. De manera que la quejosa reclama de las responsables, el contenido del oficio número DAJ-013-2023, de cuatro de enero de dos mil veintitrés, en el que las responsables manifestaron que no tienen una relación contractual respecto del suministro de energía eléctrica con la agraviada, por tanto no podían atender su solicitud, pues la competente para ello era el Jefe de Departamento Comercial Zona Mérida de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Superintendente de Zona de Distribución Mérida, de la División de Distribución Peninsular, de la EPS CFE Distribución y apoderado de la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, ambos con residencia en esta ciudad de Mérida, al rendir sus informes con justificación, aceptaron la existencia del acto que se les atribuye, por tanto, se les tendrá como ciertos dichos actos. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA DE OFICIO. Esta juzgadora, en relación con el acto reclamado a las autoridades responsables consistente en el contenido del oficio número DAJ-013-2023, de cuatro de enero de dos mil veintitrés, en el que manifestaron que no tienen una relación contractual respecto del suministro de energía eléctrica con la agraviada, por tanto no podían atender su solicitud, pues la competente para ello era el Jefe de Departamento Comercial Zona Mérida de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Es conveniente señalar que para la actualización de esta causal de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable anule o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, se deje sin efectos, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino el examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J.9/98, con el epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así, resulta importante destacar para arribar a la causal de improcedencia anunciada, que como hecho notorio que establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ante este órgano jurisdiccional se tramitó el diverso juicio de amparo 2428/2022, en donde la aquí quejosa reclamó de la responsable Superintendente de Zona de Distribución Mérida, de la División de Distribución Peninsular, de la EPS CFE Distribución, la omisión de atender un escrito que presentó el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en el que en esencia solicitó, se le realice la devolución de la diferencia cobrada, con motivo del cambio de tarifa comercial a uso doméstico. El treinta de noviembre de dos mil veintidós, se celebró al audiencia constitucional, en el que esta juzgadora concedió a la aquí agraviada la protección constitucional para el efecto de que la responsable, atienda el escrito que le presentó el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. En cumplimiento a la sentencia de amparo, la responsable emitió el oficio número DAJ-013-2023, de cuatro de enero de dos mil veintitrés, en el que expuso que no tenía una relación contractual respecto del suministro de energía eléctrica con la agraviada, por tanto no podían atender su solicitud, pues el competente para ello era el Jefe de Departamento Comercial Zona Mérida de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos (determinación que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo presentado el veintitrés de enero de los actuales). Mediante acuerdo de veintiséis de enero del año en curso, esta juzgadora tuvo por no cumplida la sentencia de amparo de fecha treinta de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el citado juicio de amparo 2428/2022, con motivo de que dicha autoridad responsable, aun cuando se trata de una empresa productiva subsidiaria distinta a la competente para atender el ocurso de la agraviada, lo cierto es que pertenecen a la misma empresa productiva estatal, por tanto, nada le impedía hacer extensiva a la autoridad competente la solicitud de la titular de la acción constitucional, requiriendo el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la autoridad responsable Superintendente de Zona de Distribución Mérida, de la División de Distribución Peninsular, de la EPS CFE Distribución, así mismo, se vinculó a dicho cumplimiento, al Jefe de Departamento Comercial Zona Mérida de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos. Mediante oficio número SSB/PEN-08/0328/2023, de fecha veintiuno de febrero del año en curso, la autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, dio respuesta al escrito de la quejosa presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en el que en esencia le indicó: Que el tablaje catastral 15803 de la calle setenta y siete, por sesenta y cuatro y sesenta y seis, de la colonia Mulchechén, pertenecía al Municipio de Kanasín y no al de Mérida, y la alta de contratación databa del dieciséis de febrero de dos mil trece, así mismo, que en relación con el aumento de cobro de recibo de energía eléctrica, que el uso que cada usuario realizaba era variable, dependiendo de los hábitos de cada uno, por lo que era responsabilidad de cada habitante del inmueble el uso que le daba a la energía eléctrica, cuyo cobro por el suministrador dependerá del dato objetivo que se obtenía de lo que registrara y marcara el equipo de medición, por lo que no se observaba un incremento exponencial o abrupto. Que resultaba inverosímil que reportara hasta el año dos mil veinte, que desde años atrás no se le había respetado la tarifa que había contratado, pues incluso señaló que dicho inmueble estaba cerrado o no habitado, por lo que debió solicitar su baja, sin embargo, por el contrario, de manera unilateral dejó de pagar el consumo de energía eléctrica aduciendo que no se le había respetado la tarifa contratada, por lo que debió acudir a otra instancia a ventilar dicha situación, como sería a un módulo de su representada o ante la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, generando de esta manera la apariencia que con anterioridad dicho predio pudo ser un comercio, además de que la fecha que mencionó de contratación en dos mil once, era incorrecta, pues la fecha de celebración data de dos mil trece, por tanto, no se podía emitir un cálculo a partir del año dos mil once, sin que lo anterior implicara que se estaba aceptando la procedencia de lo solicitado. En ese sentido, debe decirse que esta determinación emitida por la diversa autoridad Jefe de Departamento Comercial Zona Mérida de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo 2428/2022, en cierta forma sustituyó lo expuesto en el oficio número DAJ-013-2023, de cuatro de enero de dos mil veintitrés, en el que las aquí responsables expusieron que no tenían una relación contractual respecto del suministro de energía eléctrica con la agraviada, por tanto no podían atender su solicitud, ya que el competente para ello era el Jefe de Departamento Comercial Zona Mérida de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, motivo por el que éste cesó en sus efectos, no obstante que, en todo caso, subsista la respectiva violación de derechos fundamentales alegada, en el sentido que dichas responsables no fueron congruente con lo que les solicitó, pues se limitaron a señalar que no eran competentes, toda vez que en el oficio aquí reclamado, si bien es cierto las responsable no atendieron la solicitud de la quejosa por no ser competentes para ello, sin embargo, dicha petición ya que contestada por el Jefe de Departamento Comercial Zona Mérida de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, autoridad competente para dar respuesta, mediante oficio oficio número SSB/PEN-08/0328/2023, de fecha veintiuno de febrero del año en curso, por tanto, al ser reemplazada sus efectos por una nueva resolución, ésta ya no puede ser materia de estudio en el presente juicio de amparo, sino la determinación que vino a sustituirla procesalmente. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía de razón, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 410, Tomo V, Enero de 1997, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACIÓN QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUÉLLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente". Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por MARÍA LUISA GONZÁLEZ MARTÍN, contra el acto que reclamó del Superintendente de Zona de Distribución Mérida, de la División de Distribución Peninsular, de la EPS CFE Distribución y apoderado de la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, ambos con residencia en esta ciudad de Mérida, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa asistida del Secretario Pablo Pérez Pacheco, con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán; quince de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de la vista que se le diera a las partes en auto de dos de marzo pasado, respecto del informe justificado correspondiente al el apoderado legal de la Subsidiaria CFE Distribución, por sí y, en representación del Superintendente de Zona de Distribución Mérida, de la División de Distribución Peninsular de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad Distribución; por tanto, es dable diferir la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y señalar nueva fecha para su celebración. En virtud de lo anterior, se señala el TRES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, a las DIEZ HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA V. Agréguense a estos autos el oficio remitido vía electrónica, con evidencia criptográfica, por el apoderado legal de la Subsidiaria CFE Distribución, por sí y, en representación del Superintendente de Zona de Distribución Mérida, de la División de Distribución Peninsular de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad Distribución, ambos con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde su respectivo informe justificado, y anexos que acompaña, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase por designados como delegados de dicha autoridad y como su domicilio para oír y recibir notificaciones, los mencionados en su informe con justificación; asimismo, téngase como medios alternos de comunicación el número de teléfono celular y el correo electrónico que proporciona en el mismo. Ahora, toda vez que el usuario ******************** que proporciona la autoridad de marras, a efecto de consultar y promover, a través del Portal de Servicios Electrónicos del Poder Judicial de la Federación, se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En tal virtud, accédase a lo solicitado por la citada autoridad, de conformidad con los artículos 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, en relación con el artículo 3 de la ley de la materia. Por tanto, se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico en el presente juicio, a la nombrada autoridad responsable, a través del citado usuario, por lo que podrá promover en el mismo. Comuníquese lo anterior, al oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente del citado usuario, en el presente juicio de amparo. Finalmente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofertadas las pruebas documentales que anexó a su informe de Ley, mismas que se desahogan por su especial naturaleza y deberán relacionarse en la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio suscrito por el Consejero Jurídico, en su carácter de representante del Gobernador del Estado de Yucatán, con el anexo que adjuntó, a través del cual atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo; manifestaciones de las cuales se advierte que ésta se encuentra en vías de cumplimiento. Ahora bien, la lectura de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que resulta necesaria la intervención del Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados; en tal virtud, al tener participación dicha autoridad, entonces, se tiene al Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, como nueva autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto; esto, pues tal como refirieron las autoridades responsables en el cumplimiento de la sentencia declarada ejecutoriada, no ha sido posible dar cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que aún está pendiente por parte de la nueva autoridad vinculada, lograr las partidas para el pago del laudo a los quejosos emitido en el juicio laboral 14/2009. Por ende, a fin de evitar dilaciones procesales y cumplimentar la sentencia de amparo, con apoyo en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad vinculada, para que el plazo de tres días, legalmente computado, informe si ya llevó a cabo lo solicitado por la autoridad responsable, Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, así como las autoridades vinculadas al cumplimiento, Congreso del Estado, Secretario de Planeación y Presupuesto, actualmente denominado Secretario de Administración y Finanzas, y Gobernador del Estado de Yucatán, respecto del pago en comento. Lo anterior, a fin de cumplimentar la sentencia de amparo dictada en el presente juicio y restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, en el entendido que las autoridades deben de actuar con la celeridad y prontitud debidas, a fin de que la sentencia de amparo sea acatada, anexando copia simple de los oficios de mérito. Apercibido el Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad y Medida y Actualización, en términos de los invocados 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal; en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. No es óbice, para el anterior requerimiento, la circunstancia de que la citada autoridad, no haya sido señalada como responsable en este juicio, toda vez que es de explorado derecho que al cumplimiento de las ejecutorias de amparo está obligada toda autoridad que tenga conocimiento de ella y que por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, tal y como en la especie acontece. Tiene aplicación al caso, las tesis con los rubros siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO, AUTORIDADES QUE DEBEN INTERVENIR EN LA. No sólo las autoridades que aparecen como responsables en los juicios de garantías están obligadas al cumplimiento de lo resuelto en el amparo, sino que todas aquellas que intervengan en el acto reclamado, deben allanar, dentro de sus funciones, los obstáculos que se presenten para el cumplimiento de dichas ejecutorias.". "SENTENCIAS DE AMPARO. ESTÁN OBLIGADAS A SU CUMPLIMIENTO. TODAS LAS AUTORIDADES QUE DEBAN INTERVENIR EN SU EJECUCIÓN, AUN CUANTO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. El hecho de que alguna autoridad no haya sido señalada como parte en el juicio de amparo, no implica que no esté obligada a cumplir con el fallo protector, por el contrario, a su cumplimiento se obligan todas aquellas autoridades que por razón de sus funciones deban intervenir en su ejecución.". NOTIFÍQUESE Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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