María Lourdes Toledo Cabrera
Expediente 357/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 357/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 13/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María Lourdes Toledo Cabrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticuatro de octubre del año en curso (fojas 87 a 108), en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por María Lourdes Toledo Cabrera, en el juicio de amparo 357/2019; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Asimismo, se destaca que en este expediente, no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Devolución de documentos. Como en autos constan documentos exhibidos en copia certificada por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente; haciendo la indicación que el documento con que se identifique no deberá encontrarse deteriorado, es decir roto, desprendido en alguna de sus partes, ilegible por desgaste o incompleto; además de encontrarse vigente al día en que se presente en este órgano jurisdiccional para tal efecto. Devolución de constancias. Toda vez que la autoridad responsable 1. Juez Segundo de lo Familiar, de Salina Cruz, Oaxaca, al rendir su informe exhibió pruebas documentales consistentes en copia certificada de diversas constancias relativas al expediente 307/2015 de su índice, referentes al juicio de divorcio necesario, promovido por Estuardo Alonso Bernal Aragón, contra la aquí quejosa María Lourdes Toledo Cabrera; así como del legajo de pruebas, anexo a dicho controvertido, de las que se formó cuaderno de anexos identificados con los números romanos I, II y III (fojas 39 y 47), mismas que resultan innecesarias; por lo que, se ordena su devolución mediante oficio que al efecto se envíe con transcripción de este proveído, para los efectos legales procedentes. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme a lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo; este expediente se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita se comunica a las partes este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de la Nación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en aquél. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.- mesa VI-A
- Incidental
Salina Cruz, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Como está ordenado con esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Destino. Se comunica a las partes que, por haberse concedido la medida cautelar provisional y negado la suspensión definitiva a la parte quejosa, el original de este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el término de cinco años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido. Asimismo, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. Archivo reciente. Así también, durante los primeros tres años el original del incidente estará en este órgano jurisdiccional y fenecido dicho término, de tres años, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Con apoyo en los puntos décimo primero, vigésimo, fracción III, vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, transcurridos más de seis meses, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. CÚMPLASE.- MESA VI-A
- Principal
RESUELVE.- ÚNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a MARÍA LOURDES TOLEDO CABRERA, contra actos de las autoridades precisadas en el considerando tercero, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de este fallo
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que en proveído veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 71 y 72), se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la 2. Ejecutora del Juzgado de lo Civil de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, y considerando que no ha transcurrido el término de ocho días que establece el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, además de que no ha sido emplazado a juicio el tercero interesado Estuardo Alonso Bernal Aragón, por conducto de quien representa su sucesión, la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy se difiere, señalando como nueva hora y fecha para su celebración las once horas con quince minutos del veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Al caso se invoca la tesis XXVII.3o.7 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página 1451 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 5 (abril de 2014), tomo II, materia común, Décima Época, de rubro y texto: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes." Notifíquese. VI-A
Quedan 8 actuaciones en este expediente
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