Maria Isabel Martinez Hernandez

Expediente 1005/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1005/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
12/11/2019

Partes del expediente

  • MARIA ISABEL MARTINEZ HERNANDEZ y Otros.
  • Jose Francisco Martinez Duran
  • Maria Isabel Martinez Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de treinta de octubre de dos mil diecinueve (foja 52), mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del acuerdo general antes mencionado, hágase saber al promovente que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger los documentos que anexó a su escrito inicial de demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo, éstos serán destruidos junto con el expediente en que se actúa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días concedido a la parte promovente María Isabel Martínez Hernández, quien refirió ostentarse con el carácter de albacea definitiva de la sucesión de José Francisco Martínez Durán, para que cumpliera con el requerimiento que se le formuló el catorce de octubre de dos mil diecinueve (fojas 23 a 26), sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó a la parte promovente en dicho acuerdo y, con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías con la que se formó este expediente, al no haber dado cumplimiento al requerimiento preventivo formulado en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el escrito aclaratorio (y anexo) signado por la promovente María Isabel Martínez Hernández, quien refiere ostentarse con el carácter de albacea definitiva de la sucesión de José Francisco Martínez Durán, a través del cual pretende desahogar el requerimiento formulado mediante auto de catorce de octubre del año en curso (fojas 23 a 26), en el que se le requirió acreditara fehacientemente y con documento idóneo que es albacea definitiva de la sucesión de José Francisco Martínez Durán. Sin embargo, la ocursante manifiesta la imposibilidad que tiene para exhibir copia certificada de dicho nombramiento en el término de cinco días, lo anterior es así, pues el pasado veintidós de agosto, las solicitó al Juzgado de lo Civil de Tecamachalco, Puebla, sin que a la fecha se haya acordado favorable su petición, por encontrarse archivado el expediente de origen. Por tanto, no ha lugar a tener por desahogado el requerimiento preventivo de catorce de octubre del año en curso (fojas 23 a 26), pues las documentales con las que pretende acreditar su personalidad, son copias simples las cuales carecen de valor probatorio alguno, por lo que no se tiene por desahogada tal prevención. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número: 2a./J. 32/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE LAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por tanto, esta Sala en ejercicio de dicho arbitrio, considera que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculadas con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho o derecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado, que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Aunado a lo anterior, el suscrito no le es dable examinar de oficio la personería de la promovente en cualquier momento del juicio, pues, este se debe examinar al recibir la demanda de amparo, ya que constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho se debe hacer constar en el auto admisorio; y, de no estarlo se debe prevenir a la promovente en términos de los artículos 10, 108, fracción I y 114, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo. Máxime que dicha inobservancia por parte del suscrito, origina que el tribunal revisor, si estima que no está probada la personalidad de la aquí promovente, ordene la reposición del procedimiento, con fundamento en al artículo 93, fracción IV de la Ley de Amparo. Finalmente, tomando en consideración que el escrito aclaratorio signado por la promovente María Isabel Martínez Hernández, quien refiere ostentarse con el carácter de albacea definitiva de la sucesión de José Francisco Martínez Durán, con el cual pretendió desahogar la prevención citada en líneas precedentes fue presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, el veintitrés de octubre del año en curso, es decir, al quinto día del plazo concedido, por lo que aún se cuenta con un día para desahogar íntegramente la prevención de mérito, a partir de la notificación de este auto. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda."

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de octubre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Visto lo de cuenta; fórmese expediente y regístrese con el número 1005/2019-D, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. PREVENCIÓN. Ahora bien, a efecto de acordar si procede o no su admisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, 108, fracción I y 114, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: ÚNICO.- Acredite fehacientemente la personalidad con la que se ostenta al presente juicio de amparo, esto es, exhiba documento idóneo del que se advierta que es albacea definitiva de la sucesión de José Francisco Martínez Durán. Ello toda vez que con su escrito de demanda no exhibió documento idóneo alguno que acredite dicha personalidad; por tanto, al ser omisa la demanda en ese aspecto, procede realizar la presente prevención. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 43/96 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a continuación se citan: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." No pasa inadvertido para el suscrito juzgador, que la parte promovente pretende acreditar la personalidad con que se ostenta en el presente juicio, con la copia autorizada de notificación que deriva del juicio de amparo 463/2018-E, del índice de este juzgado; sin embargo, dicha copia, surte efectos únicamente en el juicio de amparo del que emanó; por tanto, deberá acreditar su personalidad, con documento idóneo o en su caso exhibir copia certificada del nombramiento de Albacea definitiva pronunciado en el juicio de origen, en términos de los artículos 10 y 11 de la Ley de Amparo. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a la presente prevención en el término indicado (cinco días), se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Signifíquese a la promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por ella misma y no por autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." DOMICILIO. Por otro lado, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados, por tanto, se le tiene señalando estos últimos para oír y recibir notificaciones, los cuales, técnicamente no constituyen un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo; con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la ley en cita, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la tesis aislada número XXII.1°.22K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito que se lee a foja 1067, del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas indicadas en el escrito de demanda, por así haberlo solicitado expresamente la promovente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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