Maria Irene Peña Soto
Expediente 994/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 994/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 20/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Maria Irene Peña Soto
- MARIA IRENE PEÑA SOTO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el dieciséis de enero de dos mil diecinueve (fojas 181 a 183), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió para la última de las partes notificada (tercero interesada) del veintiocho de enero al diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátulas respectivas, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, como se ordenó en auto de trece de febrero de dos mil diecinueve, emitido en el juicio de amparo 52/2019 del índice de este juzgado, remítase el anexo I, consistente en copia certificada de las constancias que integran la indagatoria AP/PGR/PUR/PUR-I/199/2014 de la estadística de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa de Exhortos de la Delegación Estatal en Puebla, de la Procuraduría General de la República, a dicho expediente para que surta sus efectos legales conducentes al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTYERESADA N.O.G.G. LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la quejosa María Irene Peña Soto, mediante proveído de tres de enero de dos mil diecinueve (fojas 169 y 170), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual no fue desahogada dentro del plazo concedido para ello. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el cinco de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 70 a 86), se concedió el amparo a María Irene Peña Soto, para que la agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa de Exhortos de la Procuraduría General de la República, Delegación Estatal en Puebla realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo para el efecto de que una vez que adquiera firmeza esta sentencia y se le requiera el cumplimiento dentro del plazo establecido para tal efecto, la 1. agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa de Exhortos de la Procuraduría General de la República, única y exclusivamente en cuanto a la indiciada María Irene Peña Soto, realice lo siguiente: - Determine, de acuerdo a la naturaleza del delito denunciado, si procede o no continuar integrando la averiguación previa citada, a efecto de recabar más elementos de convicción para decidir si ejercita la acción penal correspondiente, o determine lo procedente. 1. En caso de que decida continuar con la investigación, precisará qué pruebas debe recabar o resultan necesarias, debiendo ordenar su preparación y obtención. En relación con lo anterior, es necesario precisar que para el caso de que la responsable considere que existen pruebas pendientes por desahogar, no se puede conceder el amparo para que las desahogue y determine la indagatoria, en virtud de que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de origen; considerar lo contrario; podría tener consecuencias como limitar la investigación del Ministerio Público en virtud de que estaría imposibilitado para poder desahogar alguna otra prueba que posteriormente, considere necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados. (.) 2. En el supuesto que decida, que no resulta necesario recabar más datos de prueba para continuar la integración de la averiguación previa, deberá emitir de inmediato la determinación que en derecho proceda, respecto del ejercicio o inejercicio de la acción penal, analizando desde luego la figura de la prescripción." (Fojas 85 y 86). En acuerdo de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 101 a 103), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Mediante oficio 2354/2018 de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho (foja 110), la fiscal responsable remitió copia certificada de la determinación ministerial de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE-I/199/2014 (fojas 111 a 125). De dicha documental se aprecia que la representación social responsable, decidió no continuar con la investigación, en virtud que el doce de noviembre de dos mil dieciocho, determinó el no ejercicio de la acción penal por prescripción (foja 124); al respecto, realizó un desglose de las actuaciones practicadas en la indagatoria (fojas 111 a 122), y de su análisis advirtió que, a su juicio, se extinguió la acción penal por prescripción, pues señaló que el delito de lesiones con la agravante de responsabilidad médica, previsto y sancionado por los artículos 228 y 289 del Código Penal Federal, tiene contemplada una pena de cuatro meses a dos años de prisión y, en términos del ordinal 105 del Código Penal Federal, la prescripción opera en un término igual al medio aritmético de la pena, pero en ningún caso será menor de tres años, por lo que concluyó que, como la última actuación interruptora de dicho plazo ocurrió el veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, la acción penal prescribió el veinticuatro de diciembre de dos mil diecisiete (foja 122). Por lo anterior, mediante oficio 2304/2018 (foja126) la agente del Ministerio Público responsable envió la averiguación previa aludida a su superior jerárquico Delegado Estatal en Puebla de la Procuraduría General de la República para someter a consulta la determinación adoptada. Así, por oficio 2656/2018 de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 152 y 153), la autoridad responsable comunicó a esta autoridad que mediante dictamen número 261D/2018, Juan Manuel Martínez Rivera, agente del Ministerio Público de la Federación, Auxiliar Habilitado del Procurador General de la República, determinó improcedente la consulta de no ejercicio de la acción penal por prescripción (fojas 155 a 168) e instruyó al agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa de Exhortos de la Procuraduría General de la República, Delegación Estatal en Puebla, continuar con la investigación y, para reforzar su dicho, envió copia certificada del dictamen aludido y de diversas constancias que obran en la indagatoria de origen (fojas 154 a 168). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, la agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa de Exhortos de la Procuraduría General de la República, Delegación Estatal en Puebla, realizó lo siguiente: Por acuerdo de treinta y uno de diciembre dos mil dieciocho (fojas 154), consideró procedente continuar con la investigación dentro de la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE-I/199/2014 de su índice, precisó las diligencias que estima necesarias para ello y ordenó su preparación y obtención, pues al respecto ordenó realizar lo siguiente: 1. Girar oficio al apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que exhiba las listas de asistencia de entrada y salida del día veinticuatro de noviembre de dos mil diez, del hospital "San José", respecto de María Leticia Madrid Guzmán, María Irene Peña Soto, Irma Castro Velazco y Maribel Reyes Martínez. 2. Derivar la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE-I/199/2014 de su índice al área de justicia alternativa, en atención a la solicitud realizada por Néstor Orlando González García. 3. Practicar las diligencias que se deriven de los puntos anteriores. En tal sentido, debe precisarse que en la sentencia de amparo se estableció que para el caso de que la responsable considerara que existen pruebas pendientes por desahogar en la indagatoria de origen, como aconteció en la especie, no se concedió el amparo para que desahogue esas pruebas y determine la indagatoria, en virtud de que los alcances por los que se otorgó la protección constitucional se delimitaron en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se situó dicho acto dentro del procedimiento de origen; y se señaló que considerar lo contrario; podría tener consecuencias como limitar la investigación del Ministerio Público en virtud de que estaría imposibilitado para poder desahogar alguna otra prueba que posteriormente, considere necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la quejosa María Irene Peña Soto, mediante proveído de tres de enero de dos mil diecinueve (fojas 169 y 170), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual no fue desahogada dentro del plazo concedido para ello. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el cinco de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 70 a 86), se concedió el amparo a María Irene Peña Soto, para que la agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa de Exhortos de la Procuraduría General de la República, Delegación Estatal en Puebla realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo para el efecto de que una vez que adquiera firmeza esta sentencia y se le requiera el cumplimiento dentro del plazo establecido para tal efecto, la 1. agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa de Exhortos de la Procuraduría General de la República, única y exclusivamente en cuanto a la indiciada María Irene Peña Soto, realice lo siguiente: - Determine, de acuerdo a la naturaleza del delito denunciado, si procede o no continuar integrando la averiguación previa citada, a efecto de recabar más elementos de convicción para decidir si ejercita la acción penal correspondiente, o determine lo procedente. 1. En caso de que decida continuar con la investigación, precisará qué pruebas debe recabar o resultan necesarias, debiendo ordenar su preparación y obtención. En relación con lo anterior, es necesario precisar que para el caso de que la responsable considere que existen pruebas pendientes por desahogar, no se puede conceder el amparo para que las desahogue y determine la indagatoria, en virtud de que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de origen; considerar lo contrario; podría tener consecuencias como limitar la investigación del Ministerio Público en virtud de que estaría imposibilitado para poder desahogar alguna otra prueba que posteriormente, considere necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados. (.) 2. En el supuesto que decida, que no resulta necesario recabar más datos de prueba para continuar la integración de la averiguación previa, deberá emitir de inmediato la determinación que en derecho proceda, respecto del ejercicio o inejercicio de la acción penal, analizando desde luego la figura de la prescripción." (Fojas 85 y 86). En acuerdo de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 101 a 103), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Mediante oficio 2354/2018 de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho (foja 110), la fiscal responsable remitió copia certificada de la determinación ministerial de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE-I/199/2014 (fojas 111 a 125). De dicha documental se aprecia que la representación social responsable, decidió no continuar con la investigación, en virtud que el doce de noviembre de dos mil dieciocho, determinó el no ejercicio de la acción penal por prescripción (foja 124); al respecto, realizó un desglose de las actuaciones practicadas en la indagatoria (fojas 111 a 122), y de su análisis advirtió que, a su juicio, se extinguió la acción penal por prescripción, pues señaló que el delito de lesiones con la agravante de responsabilidad médica, previsto y sancionado por los artículos 228 y 289 del Código Penal Federal, tiene contemplada una pena de cuatro meses a dos años de prisión y, en términos del ordinal 105 del Código Penal Federal, la prescripción opera en un término igual al medio aritmético de la pena, pero en ningún caso será menor de tres años, por lo que concluyó que, como la última actuación interruptora de dicho plazo ocurrió el veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, la acción penal prescribió el veinticuatro de diciembre de dos mil diecisiete (foja 122). Por lo anterior, mediante oficio 2304/2018 (foja126) la agente del Ministerio Público responsable envió la averiguación previa aludida a su superior jerárquico Delegado Estatal en Puebla de la Procuraduría General de la República para someter a consulta la determinación adoptada. Así, por oficio 2656/2018 de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 152 y 153), la autoridad responsable comunicó a esta autoridad que mediante dictamen número 261D/2018, Juan Manuel Martínez Rivera, agente del Ministerio Público de la Federación, Auxiliar Habilitado del Procurador General de la República, determinó improcedente la consulta de no ejercicio de la acción penal por prescripción (fojas 155 a 168) e instruyó al agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa de Exhortos de la Procuraduría General de la República, Delegación Estatal en Puebla, continuar con la investigación y, para reforzar su dicho, envió copia certificada del dictamen aludido y de diversas constancias que obran en la indagatoria de origen (fojas 154 a 168). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, la agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa de Exhortos de la Procuraduría General de la República, Delegación Estatal en Puebla, realizó lo siguiente: Por acuerdo de treinta y uno de diciembre dos mil dieciocho (fojas 154), consideró procedente continuar con la investigación dentro de la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE-I/199/2014 de su índice, precisó las diligencias que estima necesarias para ello y ordenó su preparación y obtención, pues al respecto ordenó realizar lo siguiente: 1. Girar oficio al apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que exhiba las listas de asistencia de entrada y salida del día veinticuatro de noviembre de dos mil diez, del hospital "San José", respecto de María Leticia Madrid Guzmán, María Irene Peña Soto, Irma Castro Velazco y Maribel Reyes Martínez. 2. Derivar la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE-I/199/2014 de su índice al área de justicia alternativa, en atención a la solicitud realizada por Néstor Orlando González García. 3. Practicar las diligencias que se deriven de los puntos anteriores. En tal sentido, debe precisarse que en la sentencia de amparo se estableció que para el caso de que la responsable considerara que existen pruebas pendientes por desahogar en la indagatoria de origen, como aconteció en la especie, no se concedió el amparo para que desahogue esas pruebas y determine la indagatoria, en virtud de que los alcances por los que se otorgó la protección constitucional se delimitaron en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se situó dicho acto dentro del procedimiento de origen; y se señaló que considerar lo contrario; podría tener consecuencias como limitar la investigación del Ministerio Público en virtud de que estaría imposibilitado para poder desahogar alguna otra prueba que posteriormente, considere necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE DIECISÉIS DE ENERO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la quejosa María Irene Peña Soto, mediante proveído de tres de enero de dos mil diecinueve (fojas 169 y 170), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual no fue desahogada dentro del plazo concedido para ello. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el cinco de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 70 a 86), se concedió el amparo a María Irene Peña Soto, para que la agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa de Exhortos de la Procuraduría General de la República, Delegación Estatal en Puebla realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo para el efecto de que una vez que adquiera firmeza esta sentencia y se le requiera el cumplimiento dentro del plazo establecido para tal efecto, la 1. agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa de Exhortos de la Procuraduría General de la República, única y exclusivamente en cuanto a la indiciada María Irene Peña Soto, realice lo siguiente: - Determine, de acuerdo a la naturaleza del delito denunciado, si procede o no continuar integrando la averiguación previa citada, a efecto de recabar más elementos de convicción para decidir si ejercita la acción penal correspondiente, o determine lo procedente. 1. En caso de que decida continuar con la investigación, precisará qué pruebas debe recabar o resultan necesarias, debiendo ordenar su preparación y obtención. En relación con lo anterior, es necesario precisar que para el caso de que la responsable considere que existen pruebas pendientes por desahogar, no se puede conceder el amparo para que las desahogue y determine la indagatoria, en virtud de que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de origen; considerar lo contrario; podría tener consecuencias como limitar la investigación del Ministerio Público en virtud de que estaría imposibilitado para poder desahogar alguna otra prueba que posteriormente, considere necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados. (.) 2. En el supuesto que decida, que no resulta necesario recabar más datos de prueba para continuar la integración de la averiguación previa, deberá emitir de inmediato la determinación que en derecho proceda, respecto del ejercicio o inejercicio de la acción penal, analizando desde luego la figura de la prescripción." (Fojas 85 y 86). En acuerdo de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 101 a 103), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Mediante oficio 2354/2018 de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho (foja 110), la fiscal responsable remitió copia certificada de la determinación ministerial de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE-I/199/2014 (fojas 111 a 125). De dicha documental se aprecia que la representación social responsable, decidió no continuar con la investigación, en virtud que el doce de noviembre de dos mil dieciocho, determinó el no ejercicio de la acción penal por prescripción (foja 124); al respecto, realizó un desglose de las actuaciones practicadas en la indagatoria (fojas 111 a 122), y de su análisis advirtió que, a su juicio, se extinguió la acción penal por prescripción, pues señaló que el delito de lesiones con la agravante de responsabilidad médica, previsto y sancionado por los artículos 228 y 289 del Código Penal Federal, tiene contemplada una pena de cuatro meses a dos años de prisión y, en términos del ordinal 105 del Código Penal Federal, la prescripción opera en un término igual al medio aritmético de la pena, pero en ningún caso será menor de tres años, por lo que concluyó que, como la última actuación interruptora de dicho plazo ocurrió el veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, la acción penal prescribió el veinticuatro de diciembre de dos mil diecisiete (foja 122). Por lo anterior, mediante oficio 2304/2018 (foja126) la agente del Ministerio Público responsable envió la averiguación previa aludida a su superior jerárquico Delegado Estatal en Puebla de la Procuraduría General de la República para someter a consulta la determinación adoptada. Así, por oficio 2656/2018 de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 152 y 153), la autoridad responsable comunicó a esta autoridad que mediante dictamen número 261D/2018, Juan Manuel Martínez Rivera, agente del Ministerio Público de la Federación, Auxiliar Habilitado del Procurador General de la República, determinó improcedente la consulta de no ejercicio de la acción penal por prescripción (fojas 155 a 168) e instruyó al agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa de Exhortos de la Procuraduría General de la República, Delegación Estatal en Puebla, continuar con la investigación y, para reforzar su dicho, envió copia certificada del dictamen aludido y de diversas constancias que obran en la indagatoria de origen (fojas 154 a 168). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, la agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa de Exhortos de la Procuraduría General de la República, Delegación Estatal en Puebla, realizó lo siguiente: Por acuerdo de treinta y uno de diciembre dos mil dieciocho (fojas 154), consideró procedente continuar con la investigación dentro de la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE-I/199/2014 de su índice, precisó las diligencias que estima necesarias para ello y ordenó su preparación y obtención, pues al respecto ordenó realizar lo siguiente: 1. Girar oficio al apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que exhiba las listas de asistencia de entrada y salida del día veinticuatro de noviembre de dos mil diez, del hospital "San José", respecto de María Leticia Madrid Guzmán, María Irene Peña Soto, Irma Castro Velazco y Maribel Reyes Martínez. 2. Derivar la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE-I/199/2014 de su índice al área de justicia alternativa, en atención a la solicitud realizada por Néstor Orlando González García. 3. Practicar las diligencias que se deriven de los puntos anteriores. En tal sentido, debe precisarse que en la sentencia de amparo se estableció que para el caso de que la responsable considerara que existen pruebas pendientes por desahogar en la indagatoria de origen, como aconteció en la especie, no se concedió el amparo para que desahogue esas pruebas y determine la indagatoria, en virtud de que los alcances por los que se otorgó la protección constitucional se delimitaron en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se situó dicho acto dentro del procedimiento de origen; y se señaló que considerar lo contrario; podría tener consecuencias como limitar la investigación del Ministerio Público en virtud de que estaría imposibilitado para poder desahogar alguna otra prueba que posteriormente, considere necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Maria Hilda Bustillos Lucas1027/2023
- Maria Hilda Bustillos Lucas1058/2023
- Maria Ibañez Borbolla39/2023
- Maria Ignacia Garcia Miranda667/2021
- Maria Ines Cruz Triana767/2015
- Maria Irene Peña Soto52/2019
- Maria Isabel Alvarez Gonzalez66/2019
- Maria Isabel Becerra Tepox939/2018
- Maria Isabel Becerra Tepox121/2018
- Maria Isabel Ceron Lopez133/2021
- Maria Isabel Lugo Chavez1080/2022
- Maria Isabel Martinez Hernandez1005/2019