Maria Isabel Lugo Chavez

Expediente 1080/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 25 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1080/2022
Año
2022
Actuaciones
25
Última actuación
14/06/2023

Partes del expediente

  • Maria Isabel Lugo Chavez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de junio de dos mil veintitrés. SE INFORMA NUEVA DENOMINACIÓN DE ESTE JUZGADO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad (en adelante AG 3/2023); a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cambió de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para inconformarse del acuerdo dictado el nueve de mayo de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, sin que las partes legitimadas lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés) se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documenta pero es conservable y susceptible de ser transferido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, a los depósitos documentales dependientes del área coordinadora de archivos de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, ello, en términos del artículo 17 fracción III, inciso a), en relación con el artículo 9, del capítulo segundo del acuerdo general señalado. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente físico, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS Y DISCOS VERSATILES DIGITALES. Por otra parte, se ordena devolver a la autoridad responsable Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Puebla, los documentos que remitió como justificación de su informe, consistentes en copias certificadas del toca penal 116/2021 de su índice, así como de la causa penal 2/2017, del índice del Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, con las que se formaron los anexos II, III y IV. Así mismo, se ordena devolver al Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, los registros audiovisuales de las audiencias celebradas en la causa penal aludida, contenidos en dos discos versátiles digitales (fojas 311 y 322), previo desglose e inserción de la foja de sustitución correspondiente. No ha lugar a ordenar la devolución del anexo I, en virtud de que en proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés (foja 294), se ordenó remitirlo al Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla a efecto de que estuviera en aptitud de cumplir con la protección constitucional concedida en este expediente. Es innecesario requerir el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas toda vez que la autoridad responsable destinataria radica dentro de la zona conurbada del lugar de residencia de este juzgado; por tanto, se instruye al actuario judicial a quien corresponda entregar el oficio respectivo, cerciorarse que en el acuse de dicha misiva se haga constar la entrega de las documentales descritas. INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, en términos de lo que dispone el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, intégrese la presente determinación al expediente impreso dado que en ésta se ordena el archivo del expediente y genera notificaciones. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista al tercero interesado; mediante oficio a las autoridades responsables, a las autoridades terceras interesadas y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que en acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa, al tercero interesado y a las autoridades terceras interesadas con las constancias que las autoridades responsables Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla remitieron para acreditar el cumplimiento del fallo protector; sin que hayan realizado manifestación alguna. Por ello, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se analiza si la ejecutoria fue acatada por la autoridad responsable, con los elementos que obran en autos. Primero, es pertinente precisar que en sentencia dictada el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se sobreseyó en el citado juicio de amparo promovido por María Isabel Lugo Chávez. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del toca de revisión 15/2023 y, en ejecutoria pronunciada el dos de marzo de dos mil veintitrés, dicho órgano colegiado modificó la sentencia recurrida y en su lugar, por una parte sobreseyó en el juicio y, por otra, concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, precisando sus efectos en los términos siguientes: ".En consecuencia, procede modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para efecto de que los Magistrados de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla responsable, siguiendo los lineamientos de esta resolución, realicen lo siguiente: Dejen insubsistente la resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, emitida en el toca penal 116/2021, en la que confirmaron la resolución de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en el incidente no especificado de revisión de medida cautelar de prisión preventiva promovida por la inculpada María Isabel Lugo Chávez en la causa penal 2/2017; Con base en las consideraciones aquí expuestas resuelvan respecto a la apelación interpuesta contra la interlocutoria de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, debiendo ordenar al juez del proceso la reposición del procedimiento en el incidente y la celebración de la audiencia oral a que alude el artículo Quinto Transitorio del decreto por el que se reforman diversas leyes generales y federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en la que deberá observar los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, cuyo registro deberá efectuarse por cualquier medio tecnológico que tenga a su disposición el juzgado, atendiendo a las disposiciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en el término legal se dicte en la misma audiencia de resolución correspondiente -con plenitud de jurisdicción-, con independencia de que lo haga constar por escrito, después de su emisión oral. La concesión de amparo se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a las autoridades ejecutoras Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, consistente en la ejecución de la resolución reclamada, al no reclamárseles por vicios propios.". Atento a lo anterior, en acuerdo de diez de marzo de dos mil veintitrés, se requirió el cumplimiento del fallo protector. Por oficio 213 la Magistrada Presidente de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, informó que en resolución dictada el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés (fojas 255 a 263), en el toca de apelación 116/2021, dejó insubsistente la resolución reclamada de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, y en su lugar dictó otra en la que revocó la determinación pronunciada por el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en el incidente de revisión de medida cautelar derivado de la causa penal 2/2017 y ordenó reponer el procedimiento en ese expediente para celebrar la audiencia oral y pública a que alude el artículo Quinto Transitorio del decreto por el que se reforman diversas leyes generales y federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Es pertinente destacar que dicha resolución se notificó a la aquí quejosa el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés (foja 288). En acato a lo anterior, por oficio 786 (fojas 301 a 303) el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla informó, en lo que resulta de interés, que señaló las doce horas del veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, dentro del incidente de revisión de medida cautelar derivado de la causa penal 2/2017, para celebrar la audiencia oral de revisión de medida cautelar ordenada por la Sala responsable. Mediante diverso oficio 837 (fojas 306 a 310), dicho juzgador informó que no se llevó a cabo la audiencia en la fecha indicada debido a que la defensora particular de la procesada no compareció, por lo que el juez designó al defensor público para que representara a María Isabel Lugo Chávez; sin embargo, como dicho defensor público, hasta ese momento, no se había impuesto de las constancias que conforman la causa penal de origen, se difirió la audiencia y se señalaron las doce horas del cuatro de abril de dos mil veintitrés para llevar a cabo dicha actuación. No obstante, por oficio 880 (fojas 314 y 315) el citado juez de primera instancia informó a esta autoridad que la procesada insistió en ser representada por su defensora particular y que ésta, solicitó una prórroga de diez días con el propósito de recabar pruebas a favor de su defendida, por lo que el juez penal responsable accedió a tal petición, dejó sin efectos la fecha indicada y en su lugar señaló las doce horas del diecinueve de abril de dos mil veintitrés, para celebrar la audiencia respectiva. Así, con el oficio 1082 (foja 320), el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, informó que el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, celebró audiencia oral y pública relativa a la revisión de medida cautelar solicitada por la encausada María Isabel Lugo Chávez y, después de que las partes expusieron verbalmente sus argumentos y debatieron sobre los puntos controvertidos, el juez penal aludido resolvió la solicitud formulada por la procesada y negó la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva en que se encuentra la peticionaria de amparo; para reforzar su dicho, el juez de la causa remitió copia del registro audiovisual generado con esa actuación, contenido en un disco versátil digital (foja 322). Los documentos descritos, tienen valor probatorio pleno, en términos de los numerales 93, 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, pues provienen de autoridades en ejercicio de sus funciones y, respecto del disco versátil digital, de su reproducción se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su posterior consulta. Tiene aplicación, en cuanto a la valoración de las videograbaciones, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora, de esas constancias se advierte que en relación con los efectos de la protección constitucional concedida en este expediente, las autoridades responsables realizaron lo siguiente: 1. La Magistrada Presidente de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en sentencia de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la resolución reclamada de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, y en su lugar dictó otra en la que revocó la determinación pronunciada por el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en el incidente de revisión de medida cautelar derivado de la causa penal 2/2017 y ordenó reponer el procedimiento en ese expediente para que celebrara la audiencia oral a que alude el artículo Quinto Transitorio del decreto por el que se reforman diversas leyes generales y federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis. 2. La Sala responsable, notificó dicha determinación a María Isabel Lugo Chávez, el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés. 3. En acato a tal resolución, el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, celebró audiencia oral y publica en la que las partes debatieron lo relativo a la revisión de la medida cautelar, el juez penal permitió a las partes exponer oralmente sus argumentos y debatir sobre los puntos controvertidos y, posteriormente, con la libertad de jurisdicción que se le reservó, resolvió la solicitud planteada y determinó improcedente ordenar el cese de la prisión preventiva de María Isabel Lugo Chávez. 4. Tal determinación se notificó a las partes en la propia audiencia en la que se emitió, en términos del artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, de la comparación realizada entre los efectos del fallo protector y las actuaciones de la autoridad responsable se obtiene que ésta cumplió, sin excesos ni defectos, la sentencia protectora de garantías; por tanto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de derechos fundamentales, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Por otra parte, intégrese a los autos el oficio 1021, firmado por la Magistrada Presidente de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, con el que informa que el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, informó a esa autoridad el cumplimiento que dio a la resolución dictada en el toca de apelación 116/2021, dictada en cumplimiento de la protección constitucional concedida, en los términos relatados previamente; sin que sea necesario realizar mayor proveído en atención a lo acordado en párrafos precedentes. INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, en términos de lo que dispone el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dado que se declara cumplida la sentencia y genera notificaciones. Notifíquese personalmente a la quejosa y al tercero interesado; por oficio a las autoridades responsables, a las autoridades terceras interesadas y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado.

  3. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADALA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que en acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa, al tercero interesado y a las autoridades terceras interesadas con las constancias que las autoridades responsables Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla remitieron para acreditar el cumplimiento del fallo protector; sin que hayan realizado manifestación alguna. Por ello, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se analiza si la ejecutoria fue acatada por la autoridad responsable, con los elementos que obran en autos. Primero, es pertinente precisar que en sentencia dictada el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se sobreseyó en el citado juicio de amparo promovido por María Isabel Lugo Chávez. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del toca de revisión 15/2023 y, en ejecutoria pronunciada el dos de marzo de dos mil veintitrés, dicho órgano colegiado modificó la sentencia recurrida y en su lugar, por una parte sobreseyó en el juicio y, por otra, concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, precisando sus efectos en los términos siguientes: ".En consecuencia, procede modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para efecto de que los Magistrados de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla responsable, siguiendo los lineamientos de esta resolución, realicen lo siguiente: Dejen insubsistente la resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, emitida en el toca penal 116/2021, en la que confirmaron la resolución de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en el incidente no especificado de revisión de medida cautelar de prisión preventiva promovida por la inculpada María Isabel Lugo Chávez en la causa penal 2/2017; Con base en las consideraciones aquí expuestas resuelvan respecto a la apelación interpuesta contra la interlocutoria de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, debiendo ordenar al juez del proceso la reposición del procedimiento en el incidente y la celebración de la audiencia oral a que alude el artículo Quinto Transitorio del decreto por el que se reforman diversas leyes generales y federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en la que deberá observar los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, cuyo registro deberá efectuarse por cualquier medio tecnológico que tenga a su disposición el juzgado, atendiendo a las disposiciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en el término legal se dicte en la misma audiencia de resolución correspondiente -con plenitud de jurisdicción-, con independencia de que lo haga constar por escrito, después de su emisión oral. La concesión de amparo se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a las autoridades ejecutoras Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, consistente en la ejecución de la resolución reclamada, al no reclamárseles por vicios propios.". Atento a lo anterior, en acuerdo de diez de marzo de dos mil veintitrés, se requirió el cumplimiento del fallo protector. Por oficio 213 la Magistrada Presidente de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, informó que en resolución dictada el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés (fojas 255 a 263), en el toca de apelación 116/2021, dejó insubsistente la resolución reclamada de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, y en su lugar dictó otra en la que revocó la determinación pronunciada por el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en el incidente de revisión de medida cautelar derivado de la causa penal 2/2017 y ordenó reponer el procedimiento en ese expediente para celebrar la audiencia oral y pública a que alude el artículo Quinto Transitorio del decreto por el que se reforman diversas leyes generales y federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Es pertinente destacar que dicha resolución se notificó a la aquí quejosa el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés (foja 288). En acato a lo anterior, por oficio 786 (fojas 301 a 303) el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla informó, en lo que resulta de interés, que señaló las doce horas del veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, dentro del incidente de revisión de medida cautelar derivado de la causa penal 2/2017, para celebrar la audiencia oral de revisión de medida cautelar ordenada por la Sala responsable. Mediante diverso oficio 837 (fojas 306 a 310), dicho juzgador informó que no se llevó a cabo la audiencia en la fecha indicada debido a que la defensora particular de la procesada no compareció, por lo que el juez designó al defensor público para que representara a María Isabel Lugo Chávez; sin embargo, como dicho defensor público, hasta ese momento, no se había impuesto de las constancias que conforman la causa penal de origen, se difirió la audiencia y se señalaron las doce horas del cuatro de abril de dos mil veintitrés para llevar a cabo dicha actuación. No obstante, por oficio 880 (fojas 314 y 315) el citado juez de primera instancia informó a esta autoridad que la procesada insistió en ser representada por su defensora particular y que ésta, solicitó una prórroga de diez días con el propósito de recabar pruebas a favor de su defendida, por lo que el juez penal responsable accedió a tal petición, dejó sin efectos la fecha indicada y en su lugar señaló las doce horas del diecinueve de abril de dos mil veintitrés, para celebrar la audiencia respectiva. Así, con el oficio 1082 (foja 320), el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, informó que el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, celebró audiencia oral y pública relativa a la revisión de medida cautelar solicitada por la encausada María Isabel Lugo Chávez y, después de que las partes expusieron verbalmente sus argumentos y debatieron sobre los puntos controvertidos, el juez penal aludido resolvió la solicitud formulada por la procesada y negó la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva en que se encuentra la peticionaria de amparo; para reforzar su dicho, el juez de la causa remitió copia del registro audiovisual generado con esa actuación, contenido en un disco versátil digital (foja 322). Los documentos descritos, tienen valor probatorio pleno, en términos de los numerales 93, 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, pues provienen de autoridades en ejercicio de sus funciones y, respecto del disco versátil digital, de su reproducción se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su posterior consulta. Tiene aplicación, en cuanto a la valoración de las videograbaciones, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora, de esas constancias se advierte que en relación con los efectos de la protección constitucional concedida en este expediente, las autoridades responsables realizaron lo siguiente: 1. La Magistrada Presidente de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en sentencia de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la resolución reclamada de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, y en su lugar dictó otra en la que revocó la determinación pronunciada por el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en el incidente de revisión de medida cautelar derivado de la causa penal 2/2017 y ordenó reponer el procedimiento en ese expediente para que celebrara la audiencia oral a que alude el artículo Quinto Transitorio del decreto por el que se reforman diversas leyes generales y federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis. 2. La Sala responsable, notificó dicha determinación a María Isabel Lugo Chávez, el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés. 3. En acato a tal resolución, el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, celebró audiencia oral y publica en la que las partes debatieron lo relativo a la revisión de la medida cautelar, el juez penal permitió a las partes exponer oralmente sus argumentos y debatir sobre los puntos controvertidos y, posteriormente, con la libertad de jurisdicción que se le reservó, resolvió la solicitud planteada y determinó improcedente ordenar el cese de la prisión preventiva de María Isabel Lugo Chávez. 4. Tal determinación se notificó a las partes en la propia audiencia en la que se emitió, en términos del artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, de la comparación realizada entre los efectos del fallo protector y las actuaciones de la autoridad responsable se obtiene que ésta cumplió, sin excesos ni defectos, la sentencia protectora de garantías; por tanto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de derechos fundamentales, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Por otra parte, intégrese a los autos el oficio 1021, firmado por la Magistrada Presidente de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, con el que informa que el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, informó a esa autoridad el cumplimiento que dio a la resolución dictada en el toca de apelación 116/2021, dictada en cumplimiento de la protección constitucional concedida, en los términos relatados previamente; sin que sea necesario realizar mayor proveído en atención a lo acordado en párrafos precedentes. INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, en términos de lo que dispone el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dado que se declara cumplida la sentencia y genera notificaciones. Notifíquese personalmente a la quejosa y al tercero interesado; por oficio a las autoridades responsables, a las autoridades terceras interesadas y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Intégrese a los autos el oficio 1082 signado por el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, con el que manifiesta haber cumplido la ejecutoria de amparo emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del recurso de revisión 15/2023 pues al respecto informa que el diecinueve de abril del presente año, celebró audiencia de revisión de medida cautelar, conforme las reglas que rigen el sistema penal acusatorio, y previo debate entre las partes, resolvió improcedente modificar la medida cautelar de prisión preventiva en que se encuentra la parte quejosa; para reforzar su dicho, remite el registro audiovisual relativo a la referida audiencia. En ese sentido, con el contenido del oficio de cuenta y anexo, así como con el diverso comunicado 213 signado por la Magistrada Presidente de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (registrado en este juzgado con el número de promoción 4056); dese vista a la parte quejosa, al tercero interesado ******************** y a las autoridades terceras interesadas para que dentro del plazo de tres días, de ser su deseo, manifiesten lo que a su derecho e interés convenga en torno al cumplimiento que las autoridades responsables manifestaron haber dado a la ejecutoria de amparo. En el entendido que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, en términos de lo que dispone el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso dado que se da vista con el cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que constituye una actuación indispensable para impulsar el procedimiento y genera notificaciones. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión y al tercero interesado en el domicilio que señaló para tal efecto (foja 131); por oficio a las autoridades terceras interesadas; y por lista a las demás partes.

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