Maria Isabel Ojeda Silva

Expediente 149/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
149/2017
Año
2017
Actuaciones
17
Última actuación
06/10/2017

Partes del expediente

  • Maria Isabel Ojeda Silva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veintiocho de julio de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del dos al veintidós de agosto de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Agente del Ministerio Público de Delitos Contra la Mujer en el Sistema Tradicional de la ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexo I, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Apercibidas que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, la cual fue desahogada por ésta, tal como se advierte del escrito con el que se da cuenta; por lo que se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete (fojas 107 a 132), se sobreseyó en parte y se concedió en lo demás, el amparo a la parte quejosa para el efecto de que la Agente del Ministerio Público de Delitos Contra la Mujer en el sistema tradicional de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: "OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que la 2. Agente del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer en el Sistema Tradicional de la ciudad de Puebla; una vez que se le requiera el cumplimiento de esta sentencia: a) Determine de acuerdo a la naturaleza del delito denunciado si procede o no continuar integrando la averiguación previa ******************** a efecto de recabar más elementos de convicción para decidir si ejerce la acción penal correspondiente. 1. En caso de que decida continuar con la investigación deberá determinar qué pruebas deben desahogarse o resultan necesarias, debiendo ordenar su preparación; todo ello de manera pronta y expedita. En relación con lo anterior, es necesario precisar que para el caso de que la responsable considere que existen pruebas pendientes por desahogar, no se puede conceder el amparo para que las desahogue y determine la indagatoria, en virtud de que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro de procedimiento de origen; considerar lo contrario; podría tener consecuencias como limitar la investigación del Ministerio Público en virtud de que estaría imposibilitado para poder desahogar alguna otra prueba que posteriormente, considere necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados. (.) 2. En el supuesto que decida, que no resulta necesario recabar más pruebas para continuar la integración de la averiguación previa, deberá emitir de inmediato la determinación que en derecho proceda, respecto del ejercicio o inejercicio de la acción penal. b) De inmediato, se pronuncie sobre las medidas de seguridad y protección que solicitó la hoy quejosa en su denuncia, a fin de salvaguardar tanto su integridad física y psicológica, como la de su familia." Resolución que en auto de quince de junio de dos mil diecisiete, causó ejecutoria por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 148 a 151). Ahora bien, mediante oficio 1396/2017 de veintiuno de junio de dos mil diecisiete (fojas 170 a 189), la fiscal responsable remitió a esta autoridad copia certificada de diversas constancias emitidas en la averiguación previa ********************, de las que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - En proveído de veintiuno de junio de dos mil diecisiete (fojas 186 y 187), estableció que consideraba necesario continuar con su integración, ya que mediante diverso auto de ocho de junio de esta anualidad (fojas 173), señaló las nueve horas del veintiséis de junio pasado, para que la quejosa María Isabel Ojeda Silva se presentara para ratificar su escrito de la misma fecha, ampliara su declaración ministerial en relación a los hechos denunciados, así como precisara tiempo, modo y ocasión en relación a los mismos, y que una vez hecho lo anterior, acordaría lo que en derecho resultara procedente. Auto que notificó al autorizado de la quejosa (foja 176). - Asimismo, informó que mediante diverso auto de diecinueve de junio de dos mil diecisiete (fojas 177 a 181), proveyó respecto de la medida de seguridad y protección que solicitó la quejosa en su denuncia, a fin de salvaguardar su integridad física y psicológica; ello al girar el oficio 1386/2017 (fojas 184 y 185), al Secretario de Seguridad Pública Estatal, para que designara elementos a su mando a fin de que brindaran protección y servicio de seguridad pública a la amparista, y realizaran rondines en su domicilio. Oficio del cual obra el acuse de recibo. Auto que notificó al autorizado de la quejosa (fojas 182 y 183). Sin embargo, en proveído de cinco de julio de dos mil diecisiete (fojas 205 a 210), no se le tuvo dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que de autos no se advertía que efectivamente el Secretario de Seguridad Pública Estatal, hubiera designado elementos a su mando para los efectos supracitados. Por lo que se requirió nuevamente el cumplimiento de la sentencia. Así las cosas, por oficios 1554/2017 y SSP/07/08580/2017 (fojas 220 a 232), el fiscal responsable y el Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, respectivamente, remitieron a esta autoridad copia certificada de diversas constancias emitidas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de las que se advierte el acuse de recibo del oficio DGPEP/JUR/8488/207, suscrito por el Director General de la Policía Estatal Preventiva, dirigido al Coordinador de Despliegue Territorial adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, mediante el cual le solicitó designara elementos a su cargo a fin de dar protección y servicio de seguridad a la amparista. Atento lo anterior, en auto de doce de julio de dos mil diecisiete (fojas 233 a 235), se requirió al Coordinador de Despliegue Territorial adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (autoridad no responsable obligada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo), informara a esta autoridad qué elementos designó a fin de brindar protección y servicio de seguridad pública a la amparista, así como las gestiones que se encontrara realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal como le fue indicado por el Secretario de Seguridad Público del Estado de Puebla. Por oficios DGPEP/CDT/2017/2208 y SSP/07/08950/2017 (fojas 241 a 263), se tuvo al Inspector General Coordinador de Despliegue Territorial de la Policía Estatal Preventiva y del Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, remitiendo copia certificada de diversas constancias emitidas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de las que se advierte el parte informativo número P.I.N:9170 suscrito por el oficial Paulino Cervantes Reyes, Coordinador General de la Primera Región de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, del cual se advierte que al constituirse en el domicilio de la quejosa María Isabel Ojeda Silva, sólo se localizó a su hijo, quien no proporcionó sus datos, agendado una cita con la quejosa, por lo que se retiraron del lugar. Anexando placas fotográficas de dicho domicilio. Parte informativo número P.I.N.: 9597 signado por el Subinspector Jesús Xicohtencalt Muñoz, Coordinador General de la Primera Región de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (foja 246), por medio del cual informa al Inspector Agustín Arriaga Reyes, Director de Operaciones Policiales de dicha dependencia que a las once horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de julio de dos mil diecisiete, con dos elementos más acudió al domicilio de la quejosa, pero al comunicarse vía telefónica con la misma solicitó cambio de fecha y hora para la citada entrevista, acordando el día doce de julio del año en curso, a las diecisiete horas, y solicitó que fuera una dama la que le apoyara en las entrevistas por temor de que su agresor se molestara y la volviera a agredir. Parte informativo número P.I.N.: 9598 signado por el mismo Subinspector (foja 246), por medio del cual informa al citado Inspector que a las dieciséis horas con treinta minutos del doce de julio de dos mil diecisiete, con dos elementos más acudió al domicilio de la quejosa, con la finalidad de brindarle seguridad y protección para salvaguardar su vida e integridad, entrevistándose con ésta, quien les solicitó que esperaran al licenciado Andrés Ponce Juárez, quien es su representante legal, persona que posteriormente se presentó, y manifestó que la víctima se retira por sus propios medios y que en caso de volver a ser agredida ella pedirá el apoyo vía telefónica, por lo que se retiraron del lugar. Parte informativo número P.I.N.: 9615 (foja 248), por medio del cual informó al Inspector ya señalado que a las dieciséis horas con treinta minutos del quince de julio del año en curso, con dos elementos más acudió al domicilio de la quejosa, para entrevistarse con ella, quien manifestó: "tengo conocimiento que las unidades de vigilancia de seguridad pública estatal estarán dándome recorrido (sic) a mi domicilio actual que es calle 16 de septiembre no. 7 San Andrés Hueyotitla, San Martín Texmelucan"; lo anterior con la finalidad de brindarle seguridad y protección a su persona, proporcionándole el número telefónico de dicho elemento de policía, así como del encargado de COPEM Huejotzingo por ser el área responsable. Constancias de las que se advierte que la fiscal ha ordenado la preparación de los medios de prueba que considera necesarios para integrar la referida averiguación previa, así como también se ha pronunciado sobre las medidas de seguridad y protección que solicitó la hoy quejosa en su denuncia, a fin de salvaguardar tanto su integridad física y psicológica, con lo cual se cumple con los supuestos de la ejecutoria de amparo. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito de la quejosa con el que se da cuenta, por medio del cual desahoga la vista otorgada en auto de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, en el sentido de que refiere que la ejecutoria de amparo no está cumplida ya que la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, sólo la ha entrevistado y les ha explicado nuevamente su queja, comprometiéndose a ejercer vigilancia por medio de elementos vestidos de civiles, y que al paso de los días se presentó en su domicilio una patrulla, manifestándole que si los llegara a necesitar llamara a la Jefatura de su Destacamento, porque les llevó casi una hora localizar su domicilio, refiriéndole "mejor señora, marque y así no perdemos tiempo nuevamente"; con lo cual refiere no se cumple con la ejecutoria de amparo, ya que se pone en riesgo su integridad y de sus hijos. Manifestaciones que resultan infundadas, ya que como quedó establecido anteriormente, la fiscal responsable sí da cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues por una parte ha ordenado la preparación de los medios de prueba que considera necesarios para integrar la referida averiguación previa, con lo cual se cumple con uno de los supuestos de la ejecutoria de amparo. Aunado a que, en apego al artículo 21 Constitucional, es la Agente del Ministerio Público responsable, la encargada de investigar y desahogar los medios de prueba que considere necesarios para la debida investigación de los hechos denunciados en la averiguación previa en cita, para en su momento, poder determinar si ejerce o no la indagatoria; de ahí lo infundado de las alegaciones de la quejosa. Por otra parte, también se advierte que la representante social responsable ha realizado las gestiones que consideró necesarias a fin de salvaguardar tanto la integridad física y psicológica de la quejosa; lo cual se corrobora con las diversas actuaciones que han realizado el Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, y el Inspector General Coordinador de Despliegue Territorial de la Policía Estatal Preventiva, antes señaladas. Aunado a lo que se plasmó en los partes informativos suscritos por el Subinspector Jesús Xicohtencalt Muñoz, Coordinador General de la Primera Región de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en el sentido de que se ha constituido y entrevistado con la quejosa, indicándole las medidas que se tomaron para salvaguardar su seguridad e integridad física, incluso que le ha proporcionado su número telefónico, así como el del encargado de COPEM Huejotzingo por ser el área responsable; con lo cual se cumple con otro de los efectos de la ejecutoria de amparo; de ahí lo infundado de las alegaciones de la amparista. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos los oficio signados por el Inspector General Coordinador de Despliegue Territorial de la Policía Estatal Preventiva, por el Director General de Asuntos Jurídicos y Representante legal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla y anexos, visto sus contenidos, téngaseles a las referidas autoridades manifestando haber desahogado el requerimiento formulado en auto de doce de julio pasado y por ende haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, agréguese a los autos el diverso oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por medio del cual remite la copia para conocimiento del oficio signado por el Director General de Asuntos Jurídicos y Representante legal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla en su carácter de superior jerárquico requiere al Inspector General Coordinador de Despliegue Territorial de la Policía Estatal Preventiva, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto toda vez que en líneas anteriores se tuvo a dicha autoridad dando cumplimiento a la sentencia de amparo.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público de Delitos Contra la Mujer, en el Sistema Tradicional y anexo, visto su contenido, téngasele a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Por otro lado, agregase a los presentes autos el oficio signado por el Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla y anexo, por medio del cual refiere dar cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de cinco de julio de dos mil diecisiete. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase al Coordinador de Despliegue Territorial adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (autoridad no responsable obligada al cumplimiento de la ejecutoria constitucional), para que, dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, para lo cual deberá informar a este Juzgado Federal qué elementos designó a fin de brindar protección y servicio de seguridad pública a la amparista, así como gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y que le fue ordenado por el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Ilustra lo anteriormente considerado la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Y, una vez que se cuente con la anterior requerido este Juzgado Federal proveerá lo conducente respecto si está o no cumplida la ejecutoria de amparo. Así mismo, con fundamento el artículo 192, tercer párrafo de la ley de la materia, se requiere al superior jerárquico Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, a fin de que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, ordene a la referida autoridad vinculada al cumplimiento, acatar en sus términos al fallo protector de que se trata, en la parte antes precisada, y remita a este Juzgado de Distrito las constancias necesarias a efecto de constatar que dio la señalada orden. Para dar margen a lo anterior, dicho superior jerárquico podrá decretar las medidas necesarias y hacer uso de todos los medios que tenga a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a su subalterno. Se apercibe a las citadas autoridades (responsable vinculada al cumplimiento y superior jerárquico) que de no cumplir con lo anterior dentro del término que se les concedió, se les impondrá a cada uno y por separado una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Hágase del conocimiento de las mencionadas autoridades que, en caso de ser omisas al presente requerimiento en el plazo fijado, además de imponerse las multas con las que se les apercibió, conforme al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de sus cargos y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Por otro lado, dígase a las autoridades requeridas, que incurren en responsabilidad penal de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículo 267, fracción I y último párrafo y 269 de la Ley de Amparo.

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