Maria Guadalupe Rodriguez Guzman

Expediente 461/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
461/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
22/06/2022

Partes del expediente

  • Maria Guadalupe Rodriguez Guzman

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar la anterior valoración en las carátulas de los expedientes físicos, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Víctor Hugo Jiménez Loranca, Secretario(a) que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].

  2. Principal

    V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 461/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por María Guadalupe Rodríguez Guzmán, por derecho propio; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veintidós, y remitido el dos de mayo siguiente, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en San Andrés Cholula, Puebla, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, María Guadalupe Rodríguez Guzmán, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: " (.) III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.-Señalo como tales: ORDENADORAS.- ISAÍ LÓPEZ RIVAS EN SU CARÁCTER DE JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL EN FUNCIONES DE ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES DEL ESTADO DE PUEBLA (.). ADRIANA DE LOURDES MARTÍNEZ JIMÉNEZ EN SU CARÁCTER DE JUEZA DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN PUEBLA (.). ENRIQUE LÓPEZ CRIOLLO EN SU CARÁCTER DE JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN PUEBLA (.). AARÓN HERNÁNDEZ CHINO EN SU CARÁCTER DE JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN PUEBLA (.). ROSALBA ELENA ZARATE HERRERA EN SU CARÁCTER DE JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN PUEBLA (.). MARIO CORTÉS ALDAMA EN SU CARÁCTER DE JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN PUEBLA (.). ROSA AURORA ESPEJEL PRADO EN SU CARÁCTER DE JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN PUEBLA (.). MARÍA GUADALUPE MUÑOZ PÉREZ EN SU CARÁCTER DE JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN PUEBLA (.). MAGALLY ESCAMILLA RODRÍGUEZ EN SU CARÁCTER DE JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN PUEBLA (.). ANA ALICIA PONCE FRÍAS EN SU CARÁCTER DE JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN PUEBLA (.). ROSARIO IVONNE RIVERA CALZADA EN SU CARÁCTER DE JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN PUEBLA (.). KARLA IVONNE MUNGUÍA OLMOS EN SU CARÁCTER DE JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN PUEBLA (.). BET NIMRA PÉREZ HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN PUEBLA (.). GERARDO GUTIÉRREZ GAYOSSO EN SU CARÁCTER DE JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR ORIENTE CON SEDE EN TEHUACÁN (.). ABELARDO GIL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR ORIENTE CON SEDE EN TEHUACÁN (.). GABRIEL PÉREZ ROCHA PÉREZ EN SU CARÁCTER DE JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR ORIENTE CON SEDE EN TEHUACÁN (.). DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ EN SU CARÁCTER DE JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR ORIENTE CON SEDE EN TEHUACÁN (.). KARLA PATRICIA AMBROSIO VARGAS EN SU CARÁCTER DE JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE CON SEDE EN CHOLULA (.). JAVIER VÁZQUEZ HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE CON SEDE EN CHOLULA (.). EJECUTORAS.- FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA (.). DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA (.). TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO POLICIAL DE TEHUACÁN (.). TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO POLICIAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA (.). TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO POLICIAL DE SAN PEDRO CHOLULA (.). (.) IV. ACTOS RECLAMADOS- La orden de aprehensión dictada en mi contra y su pretendida ejecución. (.)" La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 20 y 21 Constitucionales. Segundo. Radicación de la demanda, admisión y trámite. Por tanto, en auto de tres de mayo de dos mil veintidós (fojas 4 a 13), se radicó la demanda con el juicio de amparo indirecto número 461/2022. En el mismo proveído, se admitió a trámite por los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso; así como su ejecución, formándose por separado y duplicado el incidente de suspensión, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables, y se le dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 41). Tercero. Cita para audiencia. En auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós (fojas 52 y 53), se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades en materia penal con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: -La orden de aprehensión dictada en contra del quejoso; así como su ejecución. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." La parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo de esta sentencia- a las autoridades responsables siguientes: No. de orden Autoridad responsable Sentido del informe 1 a 19 Isaí Rivas López, Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, por sí y en representación de las autoridades: 2. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, 3. Enrique López Criollo, 4. Aarón Hernández Chino, 5. Rosalba Elena Zárate Herrera, 6. Mario Cortes Aldama, 7. Rosa Aurora Espejel Prado, 8. María Guadalupe Muñoz Pérez, 9. Magally Escamilla Rodríguez, 10. Ana Alicia Ponce Frías, 11. Rosario Rivera Calzada, 12.María Ivonne Munguía Olmos, 13. Bet Nimra Pérez Hernández, todos Jueces de Control de la Región Judicial Centro; 14. Gerardo Gutiérrez Gayosso, 15. Abelardo Gil Martínez, 16. Gabriel Pérez Rocha Pérez, 17. David Rodríguez González, todos Jueces de Control de la Región Judicial Sur con sede en Tehuacán, Puebla; 18. Karla Patricia Ambrosio Vargas y 19 Javier Vázquez Fernández, ambos Jueces de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Puebla. Niega Fojas 22, 42. 20 Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representante. Niega Foja 27 21 Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Niega Foja 21 22 Titular de la Unidad de Apoyo Policial de Tehuacán, Puebla. Niega Foja 49 23 Titular de la Unidad de Apoyo Policial de San Andrés Cholula, Puebla. Niega Foja 23 24 Titular de la Unidad de Apoyo Policial de San Pedro Cholula, Puebla Niega Foja 19 Las autoridades responsables señaladas, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI. 2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por María Guadalupe Rodríguez Guzmán, por propio derecho, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa (por así haberlo solicitado) -debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020-; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no transcurrirán los ocho días que deben mediar entre la vista otorgada a la parte quejosa con el informe justificado rendido por la autoridad responsable: 22. Titular de la Unidad de Apoyo Policial de Tehuacán, Puebla, y la fecha de la audiencia constitucional conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo. En tales condiciones y para dar margen a lo acordado en líneas precedentes, la audiencia constitucional que debería tener verificativo para las nueve horas con veintiséis minutos del treinta de mayo de dos mil veintidós, se difiere anticipadamente, y se señala como nueva fecha para su celebración las diez horas con ocho minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, misma que a continuación se reproduce: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten. Notifíquese por lista a las partes -debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Intégrese a las presentes actuaciones únicamente para que obre como corresponda el oficio de la autoridad responsable 22. Titular de la Unidad de Apoyo Policial de Tehuacán con domicilio bien conocido en Tehuacán, Puebla; sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento, toda vez que mediante interlocutoria pronunciada el doce de los corrientes, se resolvió respecto de la suspensión definitiva solicitada en el presente incidente de suspensión, en la cual se resolvió lo conducente por cuanto hace a dicha autoridad responsable. Cúmplase...

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