Maria Heeyseel Herrera Gutierrez
Expediente 18/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 18/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 26/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Maria Heeyseel Herrera Gutierrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve (fojas 240 a 244), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del cinco al veinticinco de junio de dos mil diecinueve, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Juez Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvase el anexo I, consistente la copia certificada de la causa penal 20/2018 de su índice; y, requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 28 DE mayo DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Intégrese a los autos el oficio signado por la agente del Ministerio Público adscrita a los Juzgados Penal, Civil y Municipales de Huejotzingo, Puebla, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento que se la hizo en proveído de veintidós de mayo de dos mil diecinueve (foja 232), acusa recibo del oficio 137.2 de diez de mayo de dos mil diecinueve, por medio del cual se le dio vista con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, manifestando que lo recibió el diecisiete de los referidos mes y año. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la quejosa y tercera interesada mediante proveído de diez de mayo de dos mil diecinueve (fojas 221 y 222), a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que hubieran desahogado la vista otorgada. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio, es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve (fojas 74 a 97), se concedió el amparo a María Heeyssel Herrera Gutiérrez, para los siguientes efectos: "NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo a María Heeyssel Herrera Gutiérrez, para el efecto de que el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo establecido, realice lo siguiente en el proceso penal 20/2018 de su índice: a) Deje insubsistente la determinación de siete de enero de dos mil diecinueve, dictada dentro de los autos de la causa penal 20/2018, donde fijó los montos a efecto de que María Heeyssel Herrera Gutiérrez accediera al beneficio de la libertad provisional bajo caución; y, b) Con plenitud de jurisdicción, emita otro en el que de manera fundada, motivada y congruente, siga los lineamientos precisados en esta resolución, es decir: b.1) Para establecer el monto respectivo a las obligaciones procesales, analice las características de la inculpada y realice un análisis objetivo de la posibilidad que tiene para sufragar la cantidad que se le imponga (asequibilidad), así como la naturaleza, modalidades y circunstancias de los delitos que se le imputan, tal como lo preceptúa el artículo 20, apartado A, fracción I de la Constitución Federal (anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho). b.2) En relación con la cantidad atinente a garantizar la posible sanción pecuniaria a imponer, debe precisar de forma fundada y motivada la que corresponda (si es el caso) a cada delito y exponer con claridad y precisión los razonamientos empleados para su fijación. En la inteligencia que de estimar que no se deben fijar las mínimas relativas a los delitos que se le siguen en la causa penal de origen, deberá dar la fundamentación y motivación necesaria que lo llevó a considerarlo de esa manera. b.3) Referente al rubro de reparación del daño, deberá exponer de forma fundada y motivada en cuales medios de prueba del proceso penal, se apoyó para determinar la cantidad que fije y qué infirió de aquéllos; y, Explicará por qué tales probanzas son las idóneas para demostrar la cantidad que por ese rubro señaló, exponiendo de forma detallada los motivos y fundamentos que lo llevaron a establecer la cantidad que determine." En acuerdo de cinco de abril de dos mil diecinueve (fojas 187 a 190), se declaró que tal sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Además, en dicho acuerdo se proveyó sobre una resolución de seis de marzo de dos mil diecinueve, dictada por la responsable, en la que fijó nuevos montos para que la aquí quejosa María Heeyssel Herrera Gutiérrez, accediera al beneficio de su libertad bajo caución y que para sustentar su dicho, anexó en copia certificada de la citada determinación. En ese sentido, este órgano de control constitucional acordó que en esa determinación no sólo no se observaron los lineamientos del fallo protector, sino que fue emitida con anterioridad a que se declarara ejecutoriada la sentencia de amparo, por lo que no se le podía reconocer validez, tomando en consideración que se dictó cuando el fallo protector aún no adquiría fuerza legal ni vinculatoria. Consecuentemente, se requirió a la autoridad responsable juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, para que cumpliera con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, esto es: a) Dejara insubsistentes las determinaciones de siete de enero y seis de marzo de dos mil diecinueve, dictadas dentro de los autos de la causa penal 20/2018, de su índice; y, b) Con plenitud de jurisdicción, emitiera otra en el que de manera fundada, motivada y congruente, siguiera los lineamientos precisados en la sentencia y en el auto de cinco de abril de dos mil diecinueve. Así, mediante oficio 1205, recibido el quince de abril de dos mil diecinueve en este Juzgado de Distrito (foja 195), el juez responsable envió copia certificada de la determinación de doce de abril de dos mil diecinueve, dictada en el proceso penal 20/2018, de su índice, seguido contra la aquí quejosa María Heeyssel Herrera Gutiérrez (fojas 196 a 198), documental a la que se dio pleno valor probatorio. Ahora, de la mencionada constancia se apreció que el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, no acató los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo; por lo que, en auto de dos de mayo de dos mil diecinueve (fojas 206 a 211), se le requerido para que cumpliera cabalmente con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, esto es: a) Dejara insubsistentes las determinaciones de siete de enero, seis de marzo y doce de abril de dos mil diecinueve, dictadas dentro de los autos de la causa penal 20/2018, de su índice; y, b) Con plenitud de jurisdicción, emitiera otra en el que de manera fundada, motivada y congruente, siga los lineamientos precisados en la sentencia y en esta determinación. Sin que lo anterior implicara que la quejosa dejara de cumplir con las medidas de aseguramiento que el decretaron para asegurar su comparecencia en el proceso de origen. Por lo que, mediante oficio 1538 de ocho de mayo de dos mil diecinueve, remitió la resolución dictada en esa misma fecha en la causa penal 20/2019 de su índice (foja 217 a 220). Documental con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." De la resolución antes descrita se advierte que la responsable realizo lo siguiente: 1. Dejó insubsistentes las diversas de siete de enero, seis de marzo y doce de abril de dos mil diecinueve, dictadas dentro de los autos de la causa penal 20/2018, de su índice, en las que se fijaron los montos para que la aquí quejosa pudiera obtener su libertad provisional bajo caución. 2. Estableció que: a) El delito por el que se le sigue proceso a la quejosa no es considerado como grave por la ley; b) Que no existe constancia de que hubiera sido condenada con anterioridad por algún delito de esa naturaleza; c) Que de la conducta previa de la quejosa y dadas las circunstancias y características del delito, no se aprecia que la libertad de la quejosa represente un riesgo para los ofendidos o para la sociedad. 3. Fundó su determinación en lo dispuesto por el artículo 20, apartado A, fracción I, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 350 y 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla; y, para fijar los montos a fin de que María Heeyssel Herrera Gutiérrez, pudiera obtener su libertad provisional bajo caución, tomó en consideración, además: I. Los antecedentes de la acusada, tales como datos generales, edad, el hecho de que es la primera vez que se encuentra acusada de un delito, el desempleo en el que se encuentra, su grado de instrucción, conducta y ausencia de datos sobre ingresos anteriores a prisión. II. Gravedad del delito y circunstancias de ejecución, tales como los ilícitos que se imputan y el hecho de que ". según las circunstancias, de autos se advierte que los instrumentos notariales 13244 y 13245 de 8 ocho de abril de los de la Notaría Pública número 6 seis del distrito judicial de Huejotzingo, Puebla, se encuentra asentada la supuesta firma de la hoy agraviada Blanca Aleyda Herrera Gutiérrez; documentos que demuestran la bilateralidad, así como el acto simulado para lo obtención de un beneficio indebido, pues ya que con el poder notarial obtenido, la aquí indiciada y otra materializaron la compraventa de un inmueble simulando ser una persona que no es." III. El mayor o menor interés en evadirse de la acción de la justicia. En ese sentido, la responsable argumentó que no existía "temor" de que la inculpada, aquí quejosa, pudiera sustraerse de la acción de la justicia, pues tiene su domicilio bien establecido, por lo que resulta incuestionable que no tan fácilmente puede cambiar su lugar de residencia; atendiendo además a sus condiciones económicas, máxime que observó buena conducta antes del evento delictivo. IV. Las condiciones económicas de la inculpada, haciendo referencia a que se encuentra desempleada pese a tener licenciatura en derecho, por lo que la consideró de baja condición económica. V. La naturaleza de la garantía y, en este apartado, señaló que la acción desplegada por la activo era dolosa, por lo que se debía fijar cantidad para reparar el daño. A continuación indicó la penalidad establecida por el artículo 252 del Código Penal para el Estado de Puebla, para sancionar la falsificación de un documento público (prisión de dos a ocho años y multa de doscientos a mil días de salario), e indicó que, por su parte, el diverso ilícito de fraude previsto en el artículo 403, fracción VI del cuerpo legal en cita, contempla una sanción de siete a diez años de prisión, y multa de quinientos a mil días de salario. Luego, indicó que se estaba en presencia de una acumulación real (sic), porque a la misma persona se le instruye una misma causa penal por varios delitos que ejecutó en actos distintos según lo dispuesto por los artículos 29 y 95 del Código Penal para el Estado de Puebla, de ahí que se tomarían en cuenta las peculiaridades personales de la hoy procesada y la posibilidad que tiene para sufragar la cantidad que se le fije (asequibilidad). Precisó que, como la inculpada dijo estar desempleada, le fijaría la cantidad de veinte mil pesos para garantizar sus obligaciones procesales. Para garantizar la posible multa a imponer, señaló treinta y tres mil doscientos veinticinco pesos, cantidad que obtuvo de multiplicar quinientos días de salario por sesenta y seis pesos por cuarenta y cinco pesos, que afirmó corresponde al salario mínimo vigente en la época de los hechos. Y, en cuanto a la posible reparación del daño, estableció la cantidad de trescientos noventa y seis mil setecientos setenta y cinco pesos, argumentando que en términos del artículo 20, apartado C, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la reparación del daño tiene el carácter de pena pública y garantía constitucional, consagrada en favor de las víctimas, señalando los medios de prueba del proceso penal, en que se apoyó para determinar la cantidad que fijó para garantizar la reparación del daño pues la responsable puntualizó que ". por lo que en base a las pruebas que obran dentro de la causa penal que nos ocupa, se advierte que la hoy agraviada ha omitido aportar medio probatorio alguno, para cuantificar la totalidad del perjuicio sufrido a su patrimonio; sin embargo, el Ministerio Público se allego de los dictámenes periciales emitidos por el Arquitecto Miguel Ángel Tápale Cuatle, números 258/2017 y 259/2017, mediante los cuales emite avalúo respecto a dos de los inmuebles que refiere la querellante fueron vendidos por la inculpada.". Motivo por el cual, expuso con claridad los razonamientos, motivos y fundamentos que lo llevaron a considerar que trescientos noventa y seis mil setecientos setenta y cinco pesos, es la cantidad idónea para garantizar la posible reparación del daño en el proceso penal que se le sigue a la aquí quejosa. Por ello, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria pronunciada en el presente controvertido constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia..."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Intégrese a los autos el oficio signado por la agente del Ministerio Público adscrita a los Juzgados Penal, Civil y Municipales de Huejotzingo, Puebla, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento que se la hizo en proveído de veintidós de mayo de dos mil diecinueve (foja 232), acusa recibo del oficio 137.2 de diez de mayo de dos mil diecinueve, por medio del cual se le dio vista con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, manifestando que lo recibió el diecisiete de los referidos mes y año. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la quejosa y tercera interesada mediante proveído de diez de mayo de dos mil diecinueve (fojas 221 y 222), a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que hubieran desahogado la vista otorgada. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio, es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve (fojas 74 a 97), se concedió el amparo a María Heeyssel Herrera Gutiérrez, para los siguientes efectos: "NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo a María Heeyssel Herrera Gutiérrez, para el efecto de que el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo establecido, realice lo siguiente en el proceso penal 20/2018 de su índice: a) Deje insubsistente la determinación de siete de enero de dos mil diecinueve, dictada dentro de los autos de la causa penal 20/2018, donde fijó los montos a efecto de que María Heeyssel Herrera Gutiérrez accediera al beneficio de la libertad provisional bajo caución; y, b) Con plenitud de jurisdicción, emita otro en el que de manera fundada, motivada y congruente, siga los lineamientos precisados en esta resolución, es decir: b.1) Para establecer el monto respectivo a las obligaciones procesales, analice las características de la inculpada y realice un análisis objetivo de la posibilidad que tiene para sufragar la cantidad que se le imponga (asequibilidad), así como la naturaleza, modalidades y circunstancias de los delitos que se le imputan, tal como lo preceptúa el artículo 20, apartado A, fracción I de la Constitución Federal (anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho). b.2) En relación con la cantidad atinente a garantizar la posible sanción pecuniaria a imponer, debe precisar de forma fundada y motivada la que corresponda (si es el caso) a cada delito y exponer con claridad y precisión los razonamientos empleados para su fijación. En la inteligencia que de estimar que no se deben fijar las mínimas relativas a los delitos que se le siguen en la causa penal de origen, deberá dar la fundamentación y motivación necesaria que lo llevó a considerarlo de esa manera. b.3) Referente al rubro de reparación del daño, deberá exponer de forma fundada y motivada en cuales medios de prueba del proceso penal, se apoyó para determinar la cantidad que fije y qué infirió de aquéllos; y, Explicará por qué tales probanzas son las idóneas para demostrar la cantidad que por ese rubro señaló, exponiendo de forma detallada los motivos y fundamentos que lo llevaron a establecer la cantidad que determine." En acuerdo de cinco de abril de dos mil diecinueve (fojas 187 a 190), se declaró que tal sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Además, en dicho acuerdo se proveyó sobre una resolución de seis de marzo de dos mil diecinueve, dictada por la responsable, en la que fijó nuevos montos para que la aquí quejosa María Heeyssel Herrera Gutiérrez, accediera al beneficio de su libertad bajo caución y que para sustentar su dicho, anexó en copia certificada de la citada determinación. En ese sentido, este órgano de control constitucional acordó que en esa determinación no sólo no se observaron los lineamientos del fallo protector, sino que fue emitida con anterioridad a que se declarara ejecutoriada la sentencia de amparo, por lo que no se le podía reconocer validez, tomando en consideración que se dictó cuando el fallo protector aún no adquiría fuerza legal ni vinculatoria. Consecuentemente, se requirió a la autoridad responsable juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, para que cumpliera con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, esto es: a) Dejara insubsistentes las determinaciones de siete de enero y seis de marzo de dos mil diecinueve, dictadas dentro de los autos de la causa penal 20/2018, de su índice; y, b) Con plenitud de jurisdicción, emitiera otra en el que de manera fundada, motivada y congruente, siguiera los lineamientos precisados en la sentencia y en el auto de cinco de abril de dos mil diecinueve. Así, mediante oficio 1205, recibido el quince de abril de dos mil diecinueve en este Juzgado de Distrito (foja 195), el juez responsable envió copia certificada de la determinación de doce de abril de dos mil diecinueve, dictada en el proceso penal 20/2018, de su índice, seguido contra la aquí quejosa María Heeyssel Herrera Gutiérrez (fojas 196 a 198), documental a la que se dio pleno valor probatorio. Ahora, de la mencionada constancia se apreció que el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, no acató los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo; por lo que, en auto de dos de mayo de dos mil diecinueve (fojas 206 a 211), se le requerido para que cumpliera cabalmente con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, esto es: a) Dejara insubsistentes las determinaciones de siete de enero, seis de marzo y doce de abril de dos mil diecinueve, dictadas dentro de los autos de la causa penal 20/2018, de su índice; y, b) Con plenitud de jurisdicción, emitiera otra en el que de manera fundada, motivada y congruente, siga los lineamientos precisados en la sentencia y en esta determinación. Sin que lo anterior implicara que la quejosa dejara de cumplir con las medidas de aseguramiento que el decretaron para asegurar su comparecencia en el proceso de origen. Por lo que, mediante oficio 1538 de ocho de mayo de dos mil diecinueve, remitió la resolución dictada en esa misma fecha en la causa penal 20/2019 de su índice (foja 217 a 220). Documental con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." De la resolución antes descrita se advierte que la responsable realizo lo siguiente: 1. Dejó insubsistentes las diversas de siete de enero, seis de marzo y doce de abril de dos mil diecinueve, dictadas dentro de los autos de la causa penal 20/2018, de su índice, en las que se fijaron los montos para que la aquí quejosa pudiera obtener su libertad provisional bajo caución. 2. Estableció que: a) El delito por el que se le sigue proceso a la quejosa no es considerado como grave por la ley; b) Que no existe constancia de que hubiera sido condenada con anterioridad por algún delito de esa naturaleza; c) Que de la conducta previa de la quejosa y dadas las circunstancias y características del delito, no se aprecia que la libertad de la quejosa represente un riesgo para los ofendidos o para la sociedad. 3. Fundó su determinación en lo dispuesto por el artículo 20, apartado A, fracción I, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 350 y 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla; y, para fijar los montos a fin de que María Heeyssel Herrera Gutiérrez, pudiera obtener su libertad provisional bajo caución, tomó en consideración, además: I. Los antecedentes de la acusada, tales como datos generales, edad, el hecho de que es la primera vez que se encuentra acusada de un delito, el desempleo en el que se encuentra, su grado de instrucción, conducta y ausencia de datos sobre ingresos anteriores a prisión. II. Gravedad del delito y circunstancias de ejecución, tales como los ilícitos que se imputan y el hecho de que ". según las circunstancias, de autos se advierte que los instrumentos notariales 13244 y 13245 de 8 ocho de abril de los de la Notaría Pública número 6 seis del distrito judicial de Huejotzingo, Puebla, se encuentra asentada la supuesta firma de la hoy agraviada Blanca Aleyda Herrera Gutiérrez; documentos que demuestran la bilateralidad, así como el acto simulado para lo obtención de un beneficio indebido, pues ya que con el poder notarial obtenido, la aquí indiciada y otra materializaron la compraventa de un inmueble simulando ser una persona que no es." III. El mayor o menor interés en evadirse de la acción de la justicia. En ese sentido, la responsable argumentó que no existía "temor" de que la inculpada, aquí quejosa, pudiera sustraerse de la acción de la justicia, pues tiene su domicilio bien establecido, por lo que resulta incuestionable que no tan fácilmente puede cambiar su lugar de residencia; atendiendo además a sus condiciones económicas, máxime que observó buena conducta antes del evento delictivo. IV. Las condiciones económicas de la inculpada, haciendo referencia a que se encuentra desempleada pese a tener licenciatura en derecho, por lo que la consideró de baja condición económica. V. La naturaleza de la garantía y, en este apartado, señaló que la acción desplegada por la activo era dolosa, por lo que se debía fijar cantidad para reparar el daño. A continuación indicó la penalidad establecida por el artículo 252 del Código Penal para el Estado de Puebla, para sancionar la falsificación de un documento público (prisión de dos a ocho años y multa de doscientos a mil días de salario), e indicó que, por su parte, el diverso ilícito de fraude previsto en el artículo 403, fracción VI del cuerpo legal en cita, contempla una sanción de siete a diez años de prisión, y multa de quinientos a mil días de salario. Luego, indicó que se estaba en presencia de una acumulación real (sic), porque a la misma persona se le instruye una misma causa penal por varios delitos que ejecutó en actos distintos según lo dispuesto por los artículos 29 y 95 del Código Penal para el Estado de Puebla, de ahí que se tomarían en cuenta las peculiaridades personales de la hoy procesada y la posibilidad que tiene para sufragar la cantidad que se le fije (asequibilidad). Precisó que, como la inculpada dijo estar desempleada, le fijaría la cantidad de veinte mil pesos para garantizar sus obligaciones procesales. Para garantizar la posible multa a imponer, señaló treinta y tres mil doscientos veinticinco pesos, cantidad que obtuvo de multiplicar quinientos días de salario por sesenta y seis pesos por cuarenta y cinco pesos, que afirmó corresponde al salario mínimo vigente en la época de los hechos. Y, en cuanto a la posible reparación del daño, estableció la cantidad de trescientos noventa y seis mil setecientos setenta y cinco pesos, argumentando que en términos del artículo 20, apartado C, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la reparación del daño tiene el carácter de pena pública y garantía constitucional, consagrada en favor de las víctimas, señalando los medios de prueba del proceso penal, en que se apoyó para determinar la cantidad que fijó para garantizar la reparación del daño pues la responsable puntualizó que ". por lo que en base a las pruebas que obran dentro de la causa penal que nos ocupa, se advierte que la hoy agraviada ha omitido aportar medio probatorio alguno, para cuantificar la totalidad del perjuicio sufrido a su patrimonio; sin embargo, el Ministerio Público se allego de los dictámenes periciales emitidos por el Arquitecto Miguel Ángel Tápale Cuatle, números 258/2017 y 259/2017, mediante los cuales emite avalúo respecto a dos de los inmuebles que refiere la querellante fueron vendidos por la inculpada.". Motivo por el cual, expuso con claridad los razonamientos, motivos y fundamentos que lo llevaron a considerar que trescientos noventa y seis mil setecientos setenta y cinco pesos, es la cantidad idónea para garantizar la posible reparación del daño en el proceso penal que se le sigue a la aquí quejosa. Por ello, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria pronunciada en el presente controvertido constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos en funciones de Juez Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla y anexo que acompaña, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de diez de mayo de dos mil diecinueve (fojas 221 y 222), remite a este juzgado copia certificada de las constancias de notificación a las partes de la resolución de ocho de mayo de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 20/2019 de su índice; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones se advierte que aún no obra el acuse de recibo correspondiente al oficio 137.2 de diez de mayo de dos mil diecinueve, dirigidos al 2. Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, por medio del cual se le dio vista con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por parte de la autoridad responsable. En consecuencia, requiérase vía telegráfica a la autoridad de referencia, a efecto de que dentro del término de veinticuatro horas informe a este Juzgado la fecha en que recibió dicho oficio. Se apercibe a la citada autoridad que para el caso de no atender el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Sin perjuicio de lo anterior, se solicita a la autoridad tercero interesada que si a la fecha de recepción del presente comunicado, aún no ha recibido el oficio de referencia, respectivamente, una vez que el mismo obre en su poder, informe a este órgano jurisdiccional su recepción; toda vez que el objetivo primordial, es integrar adecuadamente el presente expediente.
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