Maria Guadalupe Hernandez Trujeque

Expediente 95/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
95/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
07/02/2019

Partes del expediente

  • Juan Ramirez de los Angeles (Representante)
  • Maria Guadalupe Hernandez Trujeque

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de febrero de dos mil diecinueve. En primer término, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio 2764/2019 del Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por medio del cual informa que el cinco de febrero del presente año, dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por esta autoridad y, se avocó al conocimiento del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, radicándolo con el número 247/2019-III de su índice; de lo que toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, remítanse a la autoridad oficiante el oficio SMDJC/CEN/687/2019 del Juez Calificador adscrito a la Delegación Centro, Primer Turno del Municipio de Puebla, y el acta de diligencia asentada por el Actuario Judicial el cuatro de febrero del presente año, documentales cuyo envío fue reservado hasta este momento procesal; solicitándose comedidamente, se sirva acusar el recibo correspondiente. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se determina que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción; en consecuencia, al no existir documentos originales, transcurridos seis meses a partir de la fecha del presente proveído, procédase a su incineración, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo de referencia (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio del 1. Juez Calificador adscrito a la Delegación Centro, Primer Turno del Municipio de Puebla, por medio del cual, informa el acatamiento a la suspensión de plano decretada por este juzgado de Distrito en auto de cuatro de febrero del año en curso, en favor de la quejosa directa María Guadalupe Hernández Trujeque. En ese sentido, informa que la quejosa María Guadalupe Hernández Trujeque fue puesta en libertad a las veintidós horas con cuarenta y dos minutos del cuatro de febrero de dos mil diecinueve; de lo anterior toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, intégrese a los presentes autos la razón asentada por el Actuario judicial de la adscripción, de la que se advierte que a las veintidós horas con cuarenta minutos del cuatro de febrero del presente año, notificó a la quejosa directa María Guadalupe Hernández Trujeque en las instalaciones del Juzgado Calificador del Municipio de Puebla, el auto dictado en la misma fecha; asimismo asienta las manifestaciones realizadas por la mencionada quejosa, a saber: "que sí ratifica la solicitud de amparo promovida a su favor y se da por entendida y enterada del contenido del acuerdo que en este momento se le notifica; además de recibir copia sellada y autorizada del mismo.", de lo que queda enterado el suscrito Juez, para los efectos legales conducentes. Finalmente, en términos del auto de cuatro de enero del actual, se reserva remitir el referido oficio y razón actuarial de cuenta, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a quien por razón de turno corresponda el conocimiento del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, hasta que dicho órgano informe la determinación que haya adoptado respecto a la competencia planteada por este juzgado Federal.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de febrero de dos mil diecinueve. FORMACIÓN Y RADICACIÓN Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 95/2019. Ahora bien, en atención a su contenido, se advierte que Juan Ramírez de los Ángeles, en representación de María Guadalupe Hernández Trujeque, señala como autoridad responsable a las siguientes: III.I A las autoridades responsables se les atribuyen: - Al Agente y/o Agentes de Seguridad Pública, Vial y/o Tránsito del Municipio de Puebla y al Juez Calificado (sic) del Municipio de Puebla, Puebla, le reclamo:" Al respecto, no ha lugar a tener como autoridades responsables a las que fueron señaladas como: "Agente y/o Agentes de Seguridad Pública y/o Vial del Municipio de Puebla" así como la diversa "Comandante de Seguridad Vial y Tránsito del Municipio de Puebla, Puebla"; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no proporcionó los datos de identificación de los elementos así como del comandante que señala como responsables; por lo tanto, sólo se tiene como autoridad responsable a la siguiente: Juez Calificador del Municipio de Puebla. De quien reclama: "III.- Actos reclamados: - Privación de la libertad fuera de procedimiento" Más adelante, señaló: "María Guadalupe Hernández Trujeque fue detenida ILEGALMENTE, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Puebla, e inmediatamente trasladado en calidad de arrestado al 9 (nueve) Oriente Número 1405, entre 14 (catorce) y 16 (sur), en el Municipio de Puebla, Estado de Puebla, donde se encuentra ARRESTADA." SUSPENSIÓN DE PLANO En tal sentido, con fundamento en los artículos 15 y 126, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano de los actos reclamados, para el efecto de que el arresto y la privación de la libertad fuera de procedimiento de la quejosa directa María Guadalupe Hernández Trujeque, ejecutada por el Juez Calificador del Municipio de Puebla con domicilio en calle nueve oriente, número mil cuatrocientos cinco de la ciudad de Puebla, cuya existencia constituye un hecho notorio y al tratarse de actos privativos de libertad fuera de procedimiento judicial, cese en sus efectos y la quejosa directa María Guadalupe Hernández Trujeque, sea puesta en INMEDIATA LIBERTAD en presencia del Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional siempre y cuando su detención se deba al arresto administrativo reclamado. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE EN CASO DE QUE A LA QUEJOSA SE LE IMPUTE LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO, SEA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD QUE CORRESPONDA, LO QUE DEBERÁ SER INFORMADO INMEDIATAMENTE POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. De acuerdo a lo expuesto, si se llegara a dar el supuesto precisado en el párrafo anterior, o si la directa quejosa se encuentra detenida con motivo de una orden proveniente de autoridades distintas a las señaladas como responsables (ministeriales o judiciales), la medida cautelar otorgada no surtirá sus efectos; quedando expeditas las facultades de las autoridades para actuar como en derecho corresponda. Ahora bien, para el pronto y debido cumplimiento de la suspensión de plano decretada, comuníquese de inmediato a las autoridades responsables la suspensión de plano; para que en el término de veinticuatro horas informen por oficio a este Juzgado de Distrito el cumplimiento que hayan dado a la suspensión de plano decretada, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (...) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". En consecuencia, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que localice a la directa quejosa, esto es, se constituya en el domicilio en el que según las manifestaciones del promovente, se encuentra arrestada la quejosa directa María Guadalupe Hernández Trujeque, para que dé fe del efectivo cumplimiento de la medida suspensional otorgada y no sea incumplida o violada por parte de la responsable Además, con fundamento en lo previsto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, deberá requerir a la quejosa para que en ese momento o dentro del término de tres días contados a partir del siguiente a aquél en el que les surta efectos la legal notificación de este proveído, ratifique la demanda promovida en su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, ésta se tendrá por no presentada y se dejarán sin efecto las providencias decretadas, lo que en su caso proveerá el juez competente, en virtud de lo acordado más adelante. En atención a lo anterior, prevéngase a la autoridad responsable para que otorgue las facilidades necesarias al Actuario de este Juzgado, a fin de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído, así como a cualquier otra autoridad que sea requerida, para que otorguen las facilidades necesarias al funcionario que se comisione, para el efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído. Apercibidas que de no cumplir, se les impondrá como medida de apremio, una multa por la cantidad de cien veces la Unidad de Medida de Actualización, con fundamento en los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo, con independencia de dar vista al Fiscal Federal de la adscripción, para los efectos de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir INCOMPETENCIA Ahora bien, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados ya precisados, se estima que quien debe conocer del presente juicio de amparo es el Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales, en turno, en el Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales, 33, fracción IV y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Punto Cuarto, fracción VI, del Acuerdo General 03/2013, relativo a la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, adicionado mediante diverso acuerdo plenario 23/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintinueve de mayo de dos mil quince, inherente al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, a partir del uno de junio de dos mil quince, en razón de que los actos combatidos atañen a la materia administrativa, especialidad diversa a la de este órgano de control constitucional Al efecto, conviene citar el contenido del dispositivo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De la transcripción, se aprecia que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y, Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. Por denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable 1. Juez Calificador del Municipio de Puebla, la imposición de un arresto Al respecto, el suscrito juzgador Federal estima que el acto reclamado de referencia, no puede considerarse de naturaleza penal para efectos de determinar la competencia del Juez de Distrito que deba seguir en el conocimiento y resolución del juicio, dado que no encuadran en alguna de las hipótesis previstas en el arábigo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues en el caso, se combate la imposición de un arresto, cuya imposición atribuye a un Juez Calificador, autoridad que por su propia naturaleza es administrativa, no penal En ese contexto, al reclamarse un acto emitido por parte de una autoridad de naturaleza administrativa, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos corresponde ser analizada por un Juez de Distrito en Materia Administrativa, conforme a lo establecido por el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En consecuencia, remítase el original del presente juicio de amparo al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que por su conducto lo turne al Juzgado de Distrito al que por razón de turno corresponda conocer del asunto. Solicítese atentamente a la autoridad receptora del asunto, acuse el recibo de estilo correspondiente e informe si acepta o no la competencia declinada a su favor Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y con copia de la papeleta de turno, escrito de demanda y original del presente acuerdo, fórmese el cuaderno de amparo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES Se hace saber a las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceros interesados, que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se les ordenen realizar en este expediente, serán por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS".EMPLAZAMIENTO DE TERCERO(S) INTERESADO(S). AUTORIZADOS Y NOTIFICACIÓN EL ECTRÓNICA. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista que menciona, al haber acreditado contar con cédula de licenciado en derecho. Se concede a Jorge Julio Mata Méndez, el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, con base en lo dispuesto por los artículos 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, así como en lo preceptuado en los numerales 79, 80, 81, 82, 96, 97, 98, 99 y100 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, realícense las notificaciones a la parte quejosa de manera electrónica, por conducto del autorizado en términos amplios, esto, tomando en consideración que la parte promovente proporcionó su "Nombre de Usuario", de dicho autorizado, el cual es "juliomata"; y así lo solicitó expresamente. Signifíquese a la parte quejosa que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 57 del acuerdo en conjunto aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. COMPENSACIÓN DE LA CARGA LABORAL Finalmente, toda vez que la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, fue recibida por la secretaria de guardia de este juzgado; en consecuencia, para compensar la carga laboral, se requiere al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla para que remita la boleta de turno que corresponda; por lo que se ordena remitir copia autorizada de la demanda para los efectos administrativos correspondientes.

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