Maria Gudiño Gonzalez
Expediente 260/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 260/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Maria Gudiño Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de junio de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE OFICIO. Intégrese a sus autos el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al que adjunta copia certificada de la resolución dictada el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en el expediente Q-53/2023, relativo al recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del acuerdo dictado el quince de marzo dos mil veintitrés, dentro del presente juicio de derechos fundamentales. RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA. Comuníquese a las partes la llegada de dicha ejecutoria, en la que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en su único punto resolutivo, determinó lo siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por ********************, en contra del proveído de quince de marzo dos mil veintitrés, dictado por el Juez Tercero de Distrito de Amparo (sic) en Materia Penal en el Estado de Puebla, por el cual desechó la demanda de amparo en el juicio de amparo 260/2023." ANOTACIONES DE RIGOR Y ARCHIVO En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente, realícense las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno respectivo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido es susceptible de destrucción transcurridos tres años contados a partir del presente auto, de con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General). Así mismo, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. Notifíquese; por lista a la parte promovente; y, mediante oficio a la superioridad.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese, el oficio III-1390/2023 signado electrónicamente por la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual comunica a este Juzgado de Distrito que el veintisiete de marzo pasado, se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por ********************, contra el auto de quince de marzo de dos mil veintitrés, y que lo radicó bajo el recurso de queja 53/2023 del índice del citado Tribunal; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. INTEGRACIÓN DE EXPEDEINTE FÍSICO. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución no se integrará al expediente físico pues no es indispensable para el impulso del presente asunto.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Intégrese a los presentes autos el escrito signado por ********************; y, en atención a su contenido, téngasele interponiendo recurso de queja en contra del auto dictado el quince de marzo dos mil veintitrés, en el juicio de derechos fundamentales en que se actúa, en donde se desechó de plano la demanda que dio origen a este expediente. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 100 y 101 de la Ley de Amparo; ríndase el informe respectivo, manifestando que es cierto que se desechó la demanda de amparo, y remítase el original del aludido escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito. Ahora, atendiendo a las políticas de austeridad y racionalización en el uso del papel, diversos recursos materiales y de oficina, con la consecuente optimización de los mismos, emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal, en los acuerdos generales respectivos, privilegiando la utilización de las herramientas tecnológicas puestas al alcance de los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, y en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 3º, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 21 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se instruye al oficial judicial "A", para que habilite o vincule la disponibilidad del expediente electrónico al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en turno, para los efectos correspondientes. Finalmente, en términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente determinación se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente sumario constitucional. Notifíquese por lista a la parte promovente, personalmente por cualquier medio de comunicación interna al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional, por oficio a la Superioridad; y cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de marzo de dos mil veintitrés. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que ante que la demanda, con la que se dará cuenta, fue presentada el catorce de marzo de dos mil veintitrés, mediante buzón judicial, y remitida en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE. Fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 260/2023, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). Toda aquella documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. Tomando en consideración que acorde a lo previsto en el numeral 3, fracción XII, del Acuerdo General 12/2020, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en virtud que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para la consulta de las partes, así como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. En tal sentido, los únicos acuerdos o proveídos que se integrarán al expediente físico, serán aquéllos que resulten indispensables para el impulso del procedimiento. CONSULTA DE EXPEDIENTE. De conformidad con lo establecido en el artículo 263, fracción IV, del multicitado Acuerdo General, se hace saber a las partes, que para quienes no tengan habilitado el acceso al expediente electrónico, podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea, o bien, podrán acudir físicamente a este Juzgado, para consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que se dispongan para tal fin. CUESTIONES PRELIMINARES. En principio, conviene señalar que en el apartado correspondiente de la demanda de cuenta, la parte promovente indicó que reclama lo siguiente: "A).- De la primera autoridad responsable identificada como 1) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR ADSCRITO A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ALTA INCIDENCIA. ABOG. UZZIEL JEU VALLEJO TOBON QUIEN EMITIO QUIEN AUTORIZO Y EJECUTO LA ORDEN DE CATEO 18/2022/TECAMACHALCO. 1.- RECLAMO: LA FALTA DE ENTREGA DE MIS BIENES ASEGURADOS A RAIZ DE MI ILEGAL DETENCIÓN DE LOS SIGUIENTES: ASEGURAMIENTO CONSISTENTES DE MI CASA CON DATOS DENTRO DE LA MISMA CARPETA FGEP/DCI/FEIDAI/RECAM-1/022969/2022, ASI COMO DE MI VEHICULO PARTICULAR TIPO JETTA, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 2013, COLOR GRIS CON NUM DE SERIE 3VWDV49M7DMO43346, CON PLACAS DE CIRCULACION XUZ-900-B, ASEGURADO EN DICHO CATEO Y PUESTO A DISPOSICION DE LA FISCALÍA, DEPOSITADO EN DEPÓSITO "EN GRUAS ELITE CORRALON SAN MARCOS NECOXTLA EN TEHUACAN, CON DOMICILIO DENTRO DE LA CARPETA. 2.- RECLAMO: SE ME INFORME SI EXISTE POR PARTE DE LA MISMA AUTORIDAD RESPONSABLE LA EXISTENCIA DE OTRA ORDEN DE INVESTIGACION EN MI OTRO DOMICILIO, UBICADA EN BAJA CALIFORNIA SIN NUMERO C. P. 75680 TLACOTEPEC. PUESTO QUE EN FECHA 28 DE DICIEMBRE 2022, ADEMAS DE HABER ACUDIDO A SOLICITAR INFORMACION DE LA ENTREGA DE MIS BIENES Y NEGARMELA POR LA FISCALIA... E INCLUSIVE DECIRME QUE SE HABIA PRESENTADO UNA APELACION ENCONTRA A LA LIBERACION QUE SE ME HABIA DECRETADO POR EL JUEZ DE CONTROL EL DIA 22 DE ESE MISMO MES Y AÑO, Y QUE MI OTRA PROPIEDAD MENCIONADA, CUAL ESTA HABITADA POR MI HIJA DE NOMBRE KAREN ALONDRA CRUZ GUDIÑO, SE ME MENCIONO TAMBIEN ESTABA SIENDO INVESTIGADA. 3.- RECLAMO - LA EL RESARSIMIENTO DEL DAÑO PATRIMONIAL CAUSADO POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUANTO A LAS MALAS CONDICIONES EN QUE SE DEJARON MIS BIENES TANTO DE EL VEHICULO CON DATOS EN LA CARPETA Y EN ESTE ESCRITO DE AMPARO DESBALIJADO CUANDO DICHA AUTORIDAD ES RESPONSABLE DE TAL ASEGURAMIENTO Y DEL INMUBLE DE MI PROPIEDAD ASEGURADO PUESTO QUE, DENTRO DEL MISMO SE SUSTRAJERON BIENES DE MI PROPIEDAD, Y SE DESCONOCE DONDE QUEDARON DEPOSITADOS. B). -_AL C. JUEZ DE CONTROL DE LA REGION JUDICIAL SUR ORIENTE CON CEDE EN TECAMACHALCO PUEBLA, LIC. ABOGADO VICTOR ABRAHAM SILVA SAVIÑON LOPEZ. 1..- RECLAMO: UNICO.- Que en AUTO DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, DONDE SE CALIFICO DE NO DE LEGAL LA RETENCION EN LA CAUSA PENAL 101/2022/TECAMACHALCO EN MI CONTRA, EN DICHO AUTO NO SE SEÑALO LA INMEDIATA LIBERACION Y ENTREGA DE LOS BIENES ASEGURADOS EN TAL CATEO, BIENES QUE SON DE MI PROPIEDAD COMO LO SEÑALA EL ARTICULO 182-Ñ DEL CODIGO PENAL FEDERAL" DESECHAMIENTO. En la especie, el suscrito juzgador Federal advierte que la quejosa acude a la presente instancia constitucional a reclamar actos que surgieron a partir de que el Juez control de la Región Judicial Sur Oriente con sede en Tecamachalco Puebla, determinara calificar de no legal su detención o retención, en audiencia de veintidós de diciembre de dos mil veintidós; y como consecuencia de ello, decretara la liberación y devolución de sus bienes asegurados, solicitar informes sobre diversas investigaciones, y solicitar en su caso el resarcimiento de daños; motivo por el cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En relación al tema de los plazos para promover la demanda de amparo, existe la siguiente jurisprudencia, la cual no contraviene lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, conforme a lo establecido en su artículo 6° transitorio, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De la lectura de los preceptos y jurisprudencia transcritos, se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que: a) Haya surtido efectos conforme a la ley del acto reclamado la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: -Se reclame una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días. -Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años. -Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años. -Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En el caso, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia, por consistir los actos reclamados en los asentados con antelación; por tanto, debe ajustarse al plazo citado. Plazo que debe computarse acorde a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o hubiere tenido conocimiento del acto reclamado, o se ostente sabedor del acto reclamado o su ejecución. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente manifestó, bajo protesta de decir verdad, en el capítulo de notificación del acto reclamado, que tuvo conocimiento de los actos que por esta vía reclama mediante audiencia celebrada el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, manifestación que constituye una confesión expresa, con valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por tanto, tiene eficacia para demostrar que la parte promovente conoció de los actos reclamados, en la fecha indicada el veintidós de diciembre de dos mil veintidós. En efecto, a partir de esa fecha la quejosa tuvo conocimiento de que tanto el juez de control como el Agente del Ministerio Público debían de ordenar la devolución de los bienes asegurados, en razón de la libertad de que fue objeto, al no calificarse de legal su detención o retención. Entonces, si en esa fecha la quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados; el plazo de quince días para promover amparo trascurrió a partir del día siguiente hábil, esto es, del veintitrés de diciembre al doce de enero de dos mil veintitrés, sin contar sábados y domingos, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la presente demanda de amparo se presentó hasta el catorce de marzo de dos mil veintitrés, mediante buzón judicial, y remitida en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC", como se advierte del sello y boleta de recepción respectivos, es evidente que su promoción fue inoportuna, lo que trae como consecuencia que el acto de que se trata, sea considerado consentido tácitamente. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, DEBE INICIAR AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL EN QUE SE OSTENTEN SABEDORAS DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO, AUN CUANDO NO HAYA SIDO NOTIFICADO A SU REPRESENTANTE O APODERADO O SU CONOCIMIENTO NO PROVENGA NECESARIA Y EXCLUSIVAMENTE DE ÉSTE. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, a saber, a partir del día siguiente al en que: a) surta efectos la notificación practicada con las formalidades previstas en la ley del acto, entre las que suele preverse que, tratándose de personas morales, se entienda con su representante o apoderado; b) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado; o, c) se haya ostentado sabedor del acto referido o de su ejecución. En estas condiciones, la formalidad relativa a la notificación conforme a la ley del acto, prevista en el primer caso, no es exigible para los otros dos supuestos, porque son excluyentes entre sí, no guardan ningún orden de prelación y su actualización exige requisitos diferentes. Por tanto, el cómputo del plazo mencionado tratándose de personas morales, debe iniciar al día hábil siguiente al en que se ostenten sabedoras del acto reclamado por cualquier medio, aun cuando no haya sido notificado a su representante o apoderado o su conocimiento no provenga necesaria y exclusivamente de éste. Estimar lo contrario privaría de contenido y efecto útil al precepto citado, cuya esencia se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, pero además, implica establecer un límite a su alcance mediante la introducción en su interpretación de una clasificación entre personas morales y físicas que no prevé, para exigir requisitos que el legislador no estableció, con la cual se haría nugatoria la aplicación de las dos últimas hipótesis a pesar de que se actualice la certeza objetiva de que el acto reclamado es del conocimiento pleno y completo de su destinatario o que claramente se ostentó sabedor del mismo en una fecha distinta a la precisada en la demanda." En mérito de lo anterior, se concluye que al haber sido presentada la demanda de garantías que aquí se analiza fuera del plazo de quince días hábiles señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, da lugar a que se actualice la causa de improcedencia del juicio de amparo contenida en el artículo 61, fracción XIV de la ley citada; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por otra parte, este juzgador no desatiende que la finalidad del juicio de amparo es tutelar los derechos humanos de los gobernados así las garantías para su protección, de manera tal, que no solamente les evite perjuicio que puedan ocasionarse con la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, sino también, que dicho juicio constitucional resulta ser un medio eficaz para que se les restituya en el goce de sus derechos fundamentales afectados. De la interpretación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos deriva que para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que debe ser efectivo; es decir, ser capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, sin que ello se entienda que debe concederse, al final, lo que pide el promovente, sino solo analizar legalmente y de manera completa sus peticiones. Así, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida; y que además para su procedencia sea oportuno. Por tanto, aun cuando la peticionaria de amparo tiene el derecho a un recurso efectivo, ello no la exime de la obligación de cumplir con los términos y plazos establecidos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en su escrito inicial de demanda. De igual forma, no ha lugar a tener como medios de comunicación procesal el correo electrónico y los números personales que proporciona para tal efecto; sin embargo, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, y 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, en relación con su similar 21/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse dichos medios, únicamente para establecer contacto en este período de contingencia, sin que ello implique que puedan presentar promociones ni notificarse por esos medios. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, ya que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho, emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, según se advierte de la página de internet https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx; y, en términos restringidos del referido numeral, a la restante persona indicada en la demanda de amparo, por no haber proporcionado dato alguno que acredite que son licenciados en derecho. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". De conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, en términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que el presente acuerdo si se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del expediente en que se actúa.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Maria Guadalupe Montelongo Manriquez207/2018
- Maria Guadalupe Olvera Ortiz369/2017
- Maria Guadalupe Reyes Leon1158/2016
- Maria Guadalupe Rodriguez Guzman461/2022
- Maria Guadalupe Rosales Martinez710/2021
- Maria Guadalupe Rosales Martinez871/2021
- Maria Heeyseel Herrera Gutierrez18/2019
- Maria Hernandez Ramirez302/2017
- Maria Hilda Bustillos Lucas395/2023
- Maria Hilda Bustillos Lucas1027/2023
- Maria Hilda Bustillos Lucas1058/2023
- Maria Ibañez Borbolla39/2023