Maria Guadalupe Maldonado Cantun
Expediente 1939/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1939/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Maria Guadalupe Maldonado Cantun
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
En Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con cinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción V**************************************** Constitucional, y 124 de la Ley de Amparo, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Luis Abraham Aquiahuatl Vázquez, declara abierta la audiencia pública sin la asistencia de las partes. (...) V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1939/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, por su propio derecho, contra actos de la Jueza Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Progreso. (...) TERCERO. Existencia del acto reclamado En su informe con justificación, la Jueza Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Progreso, Yucatán, aceptó los actos reclamados. Certeza que se corrobora con la fotocopia certificada del juicio natural, documental que conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, tiene valor probatorio pleno, pues se trata de una reproducción autorizada por un funcionario con fe pública. (...) QUINTO. Causas de improcedencia La improcedencia es un concepto que se relaciona con la falta de oportunidad, fundamento o derecho de un acto jurídico, o bien, con la falta de pertinencia, admisibilidad u oportunidad de un acto o pretensión. En el caso del juicio de amparo, es de orden público y, por ende, su estudio se hace obligatorio aun de oficio, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; así pues la autoridad que conozca de un juicio de amparo analizará de oficio las causas de improcedencia, en cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. No se analizará el fondo del asunto, pues respecto de los actos reclamados existe cosa juzgada, por lo que se ubica en la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X********************, de la Ley de Amparo. El propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia. Tratándose del juicio de amparo, para que se actualice la cosa juzgada debe analizarse si se surten los supuestos previstos en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el legislador estableció que la cosa juzgada operara "en los términos de la fracción anterior", esto es cuando haya existido otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Por ende, existirá cosa juzgada en un juicio constitucional cuando a) la ley o acto reclamado haya sido materia de un juicio de amparo anterior; b) que ambos juicios se hubiesen promovido por 1. el mismo quejoso, 2. contra las mismas autoridades responsables, 3. por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas y, por regla general, c). por regla general, que en la sentencia se haya examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, o cuando la causa de improcedencia decretada en un juicio de amparo ulterior no pueda ser modificada. (...) Conforme a lo expuesto, en la especie se surte la aludida de causa de improcedencia porque el embargo, remate y adjudicación del predio número ********************, letra ********************, de la calle ********************, polígono ********************, de la localidad de ********************, inscrito en el folio electrónico ********************, ordenado en el juicio ejecutivo mercantil ********************, fue materia del juicio de amparo 260/2023, del índice de este Juzgado de Distrito, promovido por la misma quejosa, en contra de la propia autoridad responsable, en cuya sentencia se analizó su constitucionalidad, y se resolvió negar la protección constitucional. En efecto, el ocho de diciembre de dos mil veintidós, ********************, por su propio derecho, y en representación de sus hijos menores de edad ******************** ********************, promovió juicio de amparo contra actos de la Jueza Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, de quien reclamó entre otras cosas, el embargo, remate, adjudicación y orden de desalojo del predio número ********************, letra ********************, de la calle ********************, polígono ********************, de la localidad de ********************, inscrito en el folio electrónico ********************, decretado en el juicio ejecutivo de origen. Respecto de los citados actos reclamados, en sentencia de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, se resolvió negar la protección constitucional, porque se consideró infundado el concepto de violación, ya que los artículos 2172, y 2173 del Código Civil para el Estado de Yucatán, prevén que la sociedad conyugal debe ser inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del ********************nstituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán, lo cual no se demostró en el caso que se analizó, por lo que las pruebas ofrecidas por la quejosa fueron ineficaces para obtener la protección constitucional. ********************ajo ese panorama, es claro que se actualiza la causa de improcedencia relativa a la cosa juzgada, porque en el juicio de amparo 260/2023, del índice de este Juzgado de Distrito, también promovido por ********************, se analizó la constitucionalidad del embargo, remate y adjudicación del predio número ********************, letra ********************, de la calle ********************, polígono ********************, de la localidad de ********************, inscrito en el folio electrónico ********************, ordenado en el juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice de la responsable. Ante ese panorama, resulta notorio que entre aquél juicio y el que ahora se analiza existe identidad en el acto reclamado, la parte quejosa y autoridad responsable, además de un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, en el sentido de negar la protección constitucional, el cual adquirió la categoría de cosa juzgada ante la falta de impugnación. Sobre esa base, el suscrito no puede analizar nuevamente el embargo, remate y adjudicación, pues lo resuelto en el juicio de amparo 260/2023, constituye verdad legal respecto a la constitucionalidad de los actos reclamados; de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X********************, ambos de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Al margen de lo anterior, igualmente es posible la actualización de la causa de improcedencia relativa al consentimiento tácito de los actos reclamados prevista en la fracción X********************V del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la quejosa conoció de los actos reclamados al menos desde el ocho de diciembre de dos mil veintidós; sin embargo, en este caso, debe prevalecer la institución de la cosa juzgada, ya que el efecto que produce trasciende a la oportunidad que se tiene para ejercer la acción de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75 y 77 y de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por su propio derecho, contra actos de la Jueza Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Progreso, de quien demandó el embargo, remate, adjudicación y orden de desalojo del dentro de un procedimiento mercantil, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. (...). CÚMPLASE.
- Incidental
Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión 1939/2023, promovido por******************** contra actos del JUEZ PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON RESIDENCIA EN PROGRESO. (...) QUINTO. Estudio de la suspensión definitiva. Al respecto, procede analizar los requisitos para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo, conforme a lo que establecen los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 y 138 de la Ley de Amparo, los cuales son: I. LA MEDIDA CAUTELAR SE SOLICITA A PETICIÓN DE PARTE. Este requisito se tiene por cumplido, pues de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, solicita expresamente la suspensión de los actos reclamados. II. EXISTENCIA DE LOS ACTOS CUYA SUSPENSIÓN SOLICITA. El requisito se encuentra colmado, atendiendo a lo establecido en el considerando tercero de la presente resolución.******************** III. NO SE SIGA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI SE CONTRAVENGAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por tanto, el concepto de disposiciones de orden público comprende aquellas normas previstas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo es el de tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público. Al respecto, el artículo 129 de la Ley de Amparo, establece una serie de supuestos en los que, por regla general, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. En el caso particular, el suscrito considera que, de ser procedente la suspensión del acto reclamado no se contravendrían disposiciones de orden público ni se causaría una afectación en la colectividad. IV. ANÁLISIS PONDERADO DEL CASO CONCRETO ENTRE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL. Conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Sobre la apariencia del buen derecho, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en jurisprudencia P./J.15/96 que se trata de un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, esto es, en tratándose de la suspensión del acto reclamado, dicho requisito implica que para la concesión de la medida basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo que según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en el fondo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. De este modo, para determinar la procedencia de la suspensión, el juzgador debe ponderar la estimación que obtenga del análisis de la apariencia del buen derecho, contra el interés social que se pudiera ver afectado de otorgar la medida cautelar. En el caso, la parte quejosa, con la documentales que anexa a su demanda inicial, acredita su interés suspensional con: (...) A los cuales de los señalados del número 1 al 3, se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, dado que se tratan de documentos que contienen sello y cadena digital, y la copia señalada con el número 4 se le da valor de indicio de conformidad con el arábigo 217 del mismo cuerpo legal. Ahora, de las anteriores constancias, y de los autos que integran el expediente ********************, que se señaló como hecho notorio anteriormente, se advierte que a la parte quejosa ******************** le reviste el carácter de tercero extraña natural, en el juicio ejecutivo mercantil ********************, promovido por ******************** en contra de ********************, dado que la parte impetrante no es parte en el juicio de origen. Asimismo, se desprende que la quejosa ********************contrajo matrimonio el ocho de abril de dos mil cinco con ********************.******************** Por su parte, el artículo 96 del Código de Familia para el Estado de Yucatán señala que los cónyuges tendrán la obligación de manifestar a las dependencias del Estado que tengan entre sus funciones el registro de bienes, sobre toda adquisición de aquéllos que formen parte de la sociedad conyugal, bajo pena de nulidad del acto en que sea objeto el correspondiente bien. En la especie, se aprecia que el bien raíz que defiende la parte quejosa ingresó a la sociedad conyugal formada por ********************, y la impetrante ******************** ya que el cónyuge compró el citado inmueble.******************** Sin embargo, de las constancias remitidas por la parte quejosa previamente reseñadas, no se aprecia que dicho inmueble fue inscrito en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comerció del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán como parte de la sociedad conyugal de mérito. En ese sentido, con relación a las consecuencias de los actos reclamados, consistentes en: La inscripción preventiva de embargo del cien por ciento (100%) del ********************y,******************** La falta de notificación en el juicio ejecutivo mercantil ******************** respecto de la adjudicación directa del predio descrito con anterioridad a favor de ********************, que tuvo como consecuencia la inscripción definitiva en el registro público de la propiedad de dicha adjudicación con número de folio electrónico ********************. Con fundamento en el artículo 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, procede NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada, en virtud de que la parte quejosa no acredita la titularidad de algún derecho respecto del bien inmueble que defiende, toda vez, que no demostró que el referido inmueble se inscribió en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comerció del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, como parte de la sociedad conyugal. Estimar lo contrario, implicaría, que la medida cautelar tuviera por efecto, válidamente, constituir derechos de los que carecen los peticionarios de amparo, al reconocerles un derecho cuyo ejercicio legalmente no se encuentra conferido, lo cual está prohibido por el artículo 131, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.******************** De ahí que el suscrito considere negar la medida cautelar solicitada, dado que para ello se debe atender, no únicamente a la naturaleza de la violación alegada, sino que además debe estimarse si el acto recae sobre un derecho incorporado en la esfera jurídica del peticionario del amparo, es decir, debe valorarse si con la solicitud de la suspensión se pretende constituir un derecho cuyo ejercicio legalmente no se encontraba conferido a la parte quejosa. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se establece el siguiente punto resolutivo y este Juez, R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a******************** contra los actos atribuidos a la responsable, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución interlocutoria.********************NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, mediante el cual remite debidamente diligenciado el despacho número 118-D-II-AMPARO/2023, orden 217/2023, del índice de este Juzgado, que se envió con el fin de emplazar al presente juicio a los terceros interesados Jorge Enrique Contreras Padilla y Perfecto Mina Coello. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional, y acúsese recibo. NOTIFÍQUESE.
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