Maria Guadalupe Maldonado Cantun
Expediente 260/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 260/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 26/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Maria Guadalupe Maldonado Cantun
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
V. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 260/2023-V del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por *** contra actos de la Jueza Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Progreso, y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El ocho de diciembre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por *** contra actos de la Jueza Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Progreso, y otra autoridad, consistente en la falta de emplazamiento al juicio de origen, y sus consecuencias, entre ellas, el embargo, remate, adjudicación y orden de desalojo de un predio. SEGUNDO. Trámite del juicio La demanda fue enviada por razón de turno al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán; en acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veintidós, se registró con el número de expediente 2824/2022-III, y se admitió a trámite. En la secuela procesal, se dio intervención a la representación social federal de la adscripción; compareció a juicio ***, y se emplazó a Perfecto Mina Coello, terceros interesados en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Se recibieron los informes con justificación de las autoridades responsables. Posteriormente, en cumplimiento a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, contenida en el punto de acuerdo 219/2022 aprobado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, remitió el presente juicio de amparo para que este Juzgado de Distrito dicte la resolución, continúe con la eventual ejecución, hasta ordenar el archivo definitivo. Mediante acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del juicio de amparo remitido por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, registrándolo con el número de expediente 260/2023-V, se admitió la ampliación a la demanda de amparo, respecto de conceptos de violación. Se continuó el procedimiento, hasta hoy que se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. Así, este órgano de control constitucional advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: [...] Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Existencia del acto reclamado En su informe con justificación, la Jueza Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y Actuario de su adscripción, aceptaron los actos que se les reclaman. Certeza que se corrobora con la fotocopia certificada del juicio natural, documental que conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, tiene valor probatorio pleno, pues se trata de una reproducción autorizada por un funcionario con fe pública. CUARTO. Oportunidad para ejercer la acción de amparo La demanda de amparo se presentó oportunamente, se explica: A. El acto reclamado es la falta de emplazamiento al procedimiento natural y la orden de desalojo de un inmueble dictada dentro de un procedimiento judicial, por lo que el plazo para ejercer la acción de amparo es de quince días, al no ubicarse en alguno de los supuestos de excepción descritos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. B. La quejosa se ostentó sabedor del acto reclamado el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, por lo que en términos de la tercera hipótesis prevista en el artículo 18 de la Ley de Amparo, por lo que sin computar los días inhábiles, transcurrió del dieciocho de noviembre al nueve de diciembre de dos mil veintidós. C. Luego, si la demanda se presentó el ocho de diciembre de dos mil veintidós, se concluye que se hizo oportunamente. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado Es necesario conocer el origen del acto reclamado, para lo cual enseguida se destacan las actuaciones más relevantes en el juicio natural: Juicio ejecutivo mercantil. Ante el Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Progreso, se tramitó el juicio ejecutivo mercantil 443/2017, promovido por Jorge Enrique Contreras Padilla en contra de Perfecto Mina Coello, de quien se demandó el cumplimiento de los títulos de créditos base de la acción. Entablada la relación procesal, el procedimiento continuó hasta que el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, se dicó sentencia condenatoria. Ejecución de sentencia. En esta fase, se embargó el predio número 131, letra B, de la calle Treinta y Cuatro, polígono I, de la localidad de Chicxulub Puerto, inscrito en el folio electrónico 311265. Luego, once de marzo de dos mil veintiuno, se adjudicó el predio a favor de la parte actora. Finalmente, el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se ordenó entregar la posición del inmueble al adjudicatario. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. SEXTO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Así, de oficio el suscrito considera que en relación a la falta de emplazamiento al juicio natral, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que no le causan agravio alguno ya que no es parte material de la contienda natural, por lo que no es necesaria su participación en ella. En efecto, como requisito de procedencia del juicio de amparo, el interés jurídico tiene su origen constitucional en el principio de instancia de parte agraviada, previsto en la fracción I del artículo 107, de la Constitución General. Es desarrollado en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en los artículos 5, fracción I, y 61, fracción XII. La procedencia del amparo contra actos jurisdiccionales está supeditada a que el acto reclamado afecte de forma personal y directa algún derecho subjetivo del quejoso, pues éste supone la conjunción en su esencia de dos elementos inseparables, a saber: 1. una facultad de exigir, y 2. una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo sujeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados (cuando el obligado sea un particular) y en públicos (en caso de que la mencionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado). Así lo consideró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de rubro: "INTERES JURIDICO. INTERES SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUANDO EXISTEN." De esta manera, cuando los actos reclamados en el juicio de amparo provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la acción constitucional únicamente compete a aquella persona titular de un derecho, que reciente un perjuicio, daño o menoscabo sobre éste. Por ello, sólo tiene interés jurídico aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. En ese panorama, es indudable que en los casos en que se reclame en sede constitucional un acto de autoridad deducido de un procedimiento jurisdiccional, la parte quejosa tiene la carga de demostrar fehacientemente que el acto emitido por el órgano jurisdiccional responsable afectó en forma real y directa un derecho subjetivo tutelado, es decir, tiene que probar la afectación a su interés jurídico, lo que involucra, desde luego, la titularidad de tal derecho. En ese sentido, es la parte accionante quien tiene que aportar pruebas idóneas para demostrar, primero, la existencia y titularidad del derecho afectado, y luego la afectación que causó la ley o el acto de autoridad sobre su esfera jurídica. Desarrollado el concepto del interés jurídico, y la carga que tiene la parte quejosa de acreditarlo, a continuación se exponen las razones por las cuales el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia descrita en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Recapitulando, conforme a los antecedentes relatados en el considerando anterior de esta resolución y la demanda de amparo, se obtiene que ***, acude a la sede constitucional como tercera extraña en escrito sentido al juicio de origen. Aduce que la falta de emplazamiento al juicio y todo lo actuado en él, redituaron en la afectación al derecho real que, afirma, tiene respecto del predio afecto al juicio ejecutivo mercantil. Pues bien, el suscrito considera que estos actos no afectan el interés jurídico de la parte quejosa, ya que no formó parte del procedimiento natural, por lo que no tiene algún tipo de interés en éste, por lo tanto, la falta de emplazamiento y todo lo actuado dentro del juicio no afectan su interés jurídico. Ciertamente, como se narró, el procedimiento natural fue instado por Jorge Enrique Contreras Padilla en contra de Perfecto Mina Coello, sin reclamarse alguna prestación a la aquí quejosa. En esa tesitura, la inconforme no tiene necesidad de participar en el desarrollo del procedimiento natural, pues no se ejerció alguna acción en su contra; de ahí que, al no figurar como demandada, en sí mismos la falta de emplazamiento al juicio de origen y todo lo actuado, no le causa ningún perjuicio a al accionante del amparo. En esas condiciones, en términos del artículo 63, fracción V, debe sobreseerse en el juicio de amparo respecto a esos actos reclamados, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo." Expuesto lo anterior, en relación la embargo, remate, adjudicación y orden de desalojo del predio número 131, letra B, de la calle Treinta y Cuatro, polígono I, de la localidad de Chicxulub Puerto, inscrito en el folio electrónico 311265, el suscrito no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia que impida continuar con su análisis, sin que sea necesario realizar un estudio de cada una las hipótesis descritas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, ya que la quejosa acude a la instancia constitucional a defender la parte alícuota que dice le corresponde del predio, ya que forma parte de la sociedad conyugal que formó con Perfecto Mina Coello, la cual se encuentra pendiente de liquidación dentro del juicio familiar 105/2017 del índice del Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Progreso. Aseveraciones que acreditó con la copia certificada del acta de matrimonio que anexó a la demanda y el legajo formado con las constancias del referido juicio a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 47/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto, siguiente: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENEN LOS CÓNYUGES QUE SE OSTENTAN COMO TERCEROS EXTRAÑOS PARA IMPUGNAR EL EMBARGO DE UN BIEN PERTENECIENTE A LA SOCIEDAD CONYUGAL, AUN CUANDO ÉSTA NO SE HUBIERE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. El artículo 5o., fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo prevé que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por su parte, el artículo 61, fracción XII, de dicha ley dispone que el amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el examen del derecho de propiedad o posesión inmobiliaria con motivo de la interposición de un juicio de amparo por las personas que se ostentan como terceras extrañas a juicio, no resuelve de forma directa ni definitiva sobre la titularidad sustantiva de esos derechos, sino que sólo determina su eficacia para conceder o negar la protección federal solicitada respecto del acto reclamado en el juicio constitucional. Así, los cónyuges que se ostentan como terceros extraños tienen interés jurídico para promover juicio de amparo indirecto contra el embargo de un bien perteneciente a la sociedad conyugal, aun cuando ésta no se hubiere inscrito en el Registro Público de la Propiedad, pues resultaría irrelevante en el estudio de procedencia el hecho de que en el juicio constitucional se haya o no acreditado que el derecho de propiedad inmobiliario que ostenta la quejosa fue inscrito en dicho registro para surtir efectos contra terceros de buena fe, pues esa circunstancia trasciende a la apreciación del interés jurídico, para depender del examen de fondo de dicho juicio. Además, lo resuelto en cuanto a la procedencia del juicio de amparo no implica pronunciamiento alguno respecto a la cuestión de fondo, la cual quedará sujeta a que de las pruebas o los argumentos de la quejosa deriven razones jurídicas de las que pueda concluirse la existencia de un derecho de audiencia que debiera haber sido tutelado en el procedimiento cuya reposición se reclama." SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado En este considerando se examinarán los conceptos de violación contenidos en la demanda de amparo, cuya transcripción es innecesaria, ya que en la Ley de Amparo no existe disposición así lo establezca para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, basta con su estudio y respuesta vinculada a los planteamientos propuestos por la parte quejosa. Además, en caso de actualizarse, los conceptos de violación serán abordados bajo la óptica de la suplencia de la queja, al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. Es así, pues la quejosa se ostenta como tercera extraña al procedimiento del cual resultó afectado con el derecho de propiedad del inmueble que defiende, por lo que podría existir una violación manifiesta a la ley que le produce indefensión. Efectuada la precisión anterior, en la demanda de amparo, la quejosa argumenta que se vulneró en su perjuicio el derecho humano al debido proceso, en su vertiente al de audiencia previa, reconocido en el artículo 14 Constitucional, ya que sin ser parte en el juicio, la Jueza responsable la privó de un bien inmueble cuya propiedad le corresponde en un cincuenta por ciento, propiedad que deriva de la liquidación de la sociedad legal que tiene constituida con su cónyuge que figuró como demandado en el juicio natural. Además, sostiene que el predio constituye el patrimonio de los quejosos menores de edad ***, toda vez que dentro del procedimiento familiar se estableció como garantía del pago de la pensión alimenticia. Es infundado, el concepto de violación, ya que la sociedad conyugal no fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán, por lo que es ineficaz para obtener la protección constitucional; en segundo, término porque en procedimiento familiar no se ha constituido derecho en favor de la quejosa y sobre el inmueble no se constituyó gravamen para garantizar el pago de alimentos. El artículo el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé el derecho al debido proceso el cual consiste en otorgar la oportunidad de defensa previamente a ser privado de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento", para la determinación de sus derechos y obligaciones en controversias de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, esto es, el respeto al derecho al debido proceso. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ir) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (di) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por la Primera Sala como parte de esta formalidad. Siguiendo esas directrices, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), que dice: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO." Ahora, en el particular, la parte quejosa acreditó la existencia de la sociedad legal que constituyó con el demandado, con motivo de la celebración del matrimonio; sin embargo, es ineficaz para acreditar que esa sociedad legal es oponible al derecho de la adjudicatario en el juicio de origen, pues carece de inscripción en el Registro Público de la Propiedad. En efecto, los artículos 2172, y 2173 del Código Civil para el Estado de Yucatán, prevén que tratándose de la constitución, modificación y extinción del patrimonio de familia, las capitulaciones o convenios que celebren los cónyuges en relación con sus bienes matrimoniales; sus modificaciones y su terminación, deben inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, para garantizar la certeza y seguridad jurídica en su tráfico, en razón de su valor y de las importantes repercusiones sociales que conlleva la adquisición de estos bienes y su aprovechamiento, lo que hace conveniente dar publicidad al dominio y a las distintas formas de su manifestación. La inscripción tiene como objetivo principal el dar a conocer cuál es la situación jurídica que guardan los bienes en él inscritos, principalmente, los inmuebles, para que toda persona que tenga interés en efectuar una operación con relación a ellos, conozca la verdadera situación que guarda el bien aludido, como lo es: quién es el propietario, cuál o cuáles son los gravámenes adquiridos, la superficie legal con que cuenta y se pretende adquirir, y demás datos de identificación que le proporcionen seguridad y plena garantía sobre la legalidad de la transacción que se pretenda efectuar Al respecto, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, sustento la tesis aislada 317 de rubro y texto siguiente: "REGISTRO PUBLICO, EFECTOS DE LAS INSCRIPCIONES HECHAS EN EL. Las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad tienen efectos declarativos y no constitutivos, de tal manera que los derechos provienen del acto jurídico declarado, pero no de la inscripción, cuya finalidad es dar publicidad al acto y no constituir el derecho." Ahora, es preciso destacar que el Registro Público de la Propiedad no genera por sí mismo la situación jurídica a la que da publicidad, sino que su finalidad es la de hacerlo del conocimiento de terceros, declarándolo así, para que sea conocido por quienes acudan a consultar sus folios y adquieran certeza jurídica del estado que guardan los bienes sobre los que muestran interés. Los asientos registrales son meramente declarativos y no constitutivos de derechos. En ese sentido, si bien la quejosa acreditó la existencia de la sociedad conyugal, al no estar inscrita en el Registro Público de la Propiedad, ésta no resulta eficaz para obtener la protección constitucional. En efecto, sobre el tema, en la jurisprudencia 1a./J. 18/2013 (10a.), la Primera Sala del Máximo Tribunal del país hizo una conclusión determinante: que el derecho real de propiedad del cónyuge que no fue oído en un juicio ejecutivo mercantil, respecto de un inmueble adquirido con motivo de la sociedad conyugal que no se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad, no es oponible mediante el juicio de amparo en contra del derecho que adquirió mediante remate el adjudicatario en el juicio ejecutivo mercantil natural sobre el mismo inmueble. En ese sentido, debe decirse que el derecho de la parte quejosa no le resulta oponible al adjudicatario por ser éste un adquirente de buena fe en el juicio de origen, pues aun cuando se refiera al derecho de propiedad adquirido mediante la sociedad conyugal y a aquél que adquirió un postor o adjudicatario en un procedimiento judicial, es imperativo observarla en el particular, porque partiendo de la base de que la materia esencial sobre la que se emitió ese criterio consistió en la oponibilidad de los derechos reales, permite determinar con claridad la premisa de que el derecho de aquél que no fue oído en un juicio no aparezca inscrito en el Registro Público de la Propiedad, tampoco será oponible mediante el juicio de amparo en contra del derecho adquirido en aquel juicio en relación con el mismo bien. Así es, en esa jurisprudencia, el Alto Tribunal sostuvo que, mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación derivado de un juicio ejecutivo mercantil, el postor o el adjudicatario que hayan cubierto el precio fijado para la venta, adquiere un derecho de propiedad sobre el inmueble rematado en el procedimiento de venta judicial, lo que implica que adquiera coetáneamente un auténtico derecho real sobre ese bien raíz. Por ende, sostuvo, la falta de inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble que se encuentra registrado a nombre de uno sólo de los cónyuges, provoca que el derecho real de propiedad del consorte que no aparece en la inscripción, no pueda oponerse al derecho real de propiedad adquirido por el postor o adjudicatario, mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil. En ese panorama, no hubo violaciones a la ley que dejaran sin defensa a la quejosa, porque si bien acreditó haber contraído matrimonio con el demandado en el juicio natural, bajo el régimen de sociedad conyugal, lo cierto es que fue inscrito únicamente a nombre de su cónyuge en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, como se advierte del certificado que exhibió en la demanda de amparo. Entonces, si la quejosa compareció al presente juicio de amparo ostentándose como persona extraña al procedimiento natural, precisamente por el hecho de que se ostentó copropietaria del inmueble motivo de controversia en el juicio de origen, en virtud de la sociedad conyugal, en esa medida, corre la suerte de su cónyuge, ya que el referido inmueble, aun perteneciendo a ambos por la sociedad legal, sólo fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio a nombre del último; de ahí que, que no resulta oponible al tercero adquiriente de buena fe ante su falta de inscripción en la oficina registral mencionada y, por tal motivo, la responsable no estaba en condiciones de llamarlo a juicio. Además, en relación a que dicha sociedad legal es objeto de liquidación en el juicio familiar 105/2017 del índice del Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y que en ese procedimiento el inmueble se constituyó como garantía para el pago de alimentos de los menores quejosos, no quedó acreditado. En efecto, de la revisión de las constancias del procedimiento familiar, se obtiene que Perfecto Mina Coello, promovió juicio de divorcio incausado en contra de la aquí quejosa; procedimiento en el cual se señaló el bien como parte de la liquidación de la sociedad conyugal; sin embargo, dicho acto no se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, por lo que no es oponible frente a terceros. Además, respecto a que el predio es la garantía del pago de alimentos, tampoco quedó demostrado, toda vez que las constancias del juicio familiar no se advierte que se haya decretado el embargo sobre el bien inmueble para garantizar el pago de alimentos. Apoya lo anterior, el precedente 1a./J. 21/2021 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DERECHO DE ALIMENTOS (HABITACIÓN) DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD. ES DISTINTO DEL DERECHO DE USO QUE SUS PROGENITORES DEFIENDEN EN UN JUICIO DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE COMODATO RESPECTO DEL INMUEBLE DONDE HABITAN, POR LO QUE EN DICHO JUICIO NO PROCEDE ANALIZAR EL ASUNTO A LA LUZ DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA. Hechos: El padre y la madre de dos personas menores de edad fueron demandados por la abuela de éstas en un juicio sobre terminación de contrato verbal de comodato, respecto de un inmueble que ocupaban aquéllos como casa habitación. En primera y segunda instancia se determinó la improcedencia de la acción planteada por la abuela; razón por la cual esta última promovió juicio de amparo. El Tribunal Colegiado concedió protección constitucional para que la autoridad responsable emitiera una nueva resolución, en la que valorara debidamente las pruebas desahogadas en el juicio. Los padres de las menores de edad presentaron un recurso de revisión en el que alegaron que el Tribunal Colegiado debió analizar el impacto que tendría la concesión del amparo en los derechos humanos de sus hijas quienes habitaban el domicilio y por lo tanto se podrían ver desalojadas de dicho inmueble. Criterio jurídico: El derecho de alimentos de las hijas o hijos menores de edad (que comprende la habitación), es distinto del derecho de uso que sus padres, como parte en el proceso, defienden en un juicio de terminación de contrato de comodato, por lo que en estos casos la autoridad jurisdiccional no se encuentra constreñida a realizar ningún pronunciamiento sobre el impacto de la determinación en el interés superior de la infancia, ya que no existe disputa respecto de los derechos de niños, niñas o adolescentes. Justificación: A pesar de la estrecha relación funcional que guarda el derecho de habitación de una persona menor de edad, respecto del satisfactor material (inmueble) que se emplea para colmar ese derecho, cuando la litis en el juicio natural versa sobre la determinación judicial de restitución de la posesión de un inmueble, mas no sobre el alcance, subsistencia y/o modificación del derecho de alimentos (habitación) de las personas menores de edad, el caso no amerita ser apreciado a la luz de su interés superior, ni con perspectiva de infancia. Lo anterior, aun tomando en consideración el alcance que jurisprudencialmente se ha dado al interés superior de la infancia y al derecho de participación de niños, niñas y adolescentes en los procedimientos en donde se ventilen sus derechos, pues no es posible atender a una eventual e incierta situación de hecho que en el futuro pudiera afectar de manera indirecta a las personas menores de edad involucradas. Lo definitivo en estos casos es que no existe una contraposición jurídica entre el derecho de propiedad y posesión que ostenta la parte actora en el juicio de origen y el derecho de alimentos (habitación) de las personas menores, pues lejos de estar vinculado directamente con el inmueble litigioso, está ligado jurídicamente al deber de proporcionar alimentos a cargo de las personas responsables de tal obligación." En consecuencia, es que debe negarse la protección constitucional solicitada por *** contra actos de la Jueza Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Progreso, y otra autoridad, consistente en el embargo, remate, adjudicación y orden de desalojo de un predi. La negativa de los actos reclamados se hace extensiva a su ejecución atribuida a las autoridades ejecutoras, toda vez que no se combatieron por vicios propios, sino como consecuencia de la pretendida inconstitucionalidad de la orden reclamada. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** contra actos de la Jueza Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Progreso, y otra autoridad, por los motivos expuestos en el considerando sexto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a *** contra actos de la Jueza Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Progreso, y otra autoridad, por las razones expuestas en el considerando séptimo de la sentencia. NOTIFÍQUESE [...]
- Principal
V. Mérida, Yucatán, tres de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio remitido por la Jueza Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, mediante el cual remite las constancias solicitadas en proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Atendiendo a que la autoridad oficiante, anexó a su informe copia certificada del juicio ejecutivo mercantil *** de su índice, constante de trescientas treinta y tres fojas, fórmese UN LEGAJO con dichas constancias, sin que las mismas se digitalicen y formen parte del expediente electrónico en atención a su voluminosidad para formar el expediente electrónico, quedando a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 22, último párrafo y 23, del punto Cuarto, relativo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. NOTIFÍQUESE. [...]
- Principal
V. Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, en el sentido de que de una revisión no se advierte que la autoridad responsable anexara la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado, específicamente las del juicio ejecutivo mercantil 443/2017, con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de la notificación del presente acuerdo, remita a este Juzgado copia certificada de la totalidad de las constancias relativas al juicio ejecutivo mercantil 443/2017. Apercibida que de no remitirlas dentro del término fijado o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en la fracción ll, del dispositivo 260, de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija como nueva fecha y hora para su desahogo las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE. [...]
- Principal
V. Mérida, Yucatán, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio remitido por la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, con el cual cumple el requerimiento que le fue formulado en acuerdo de dos de marzo del año en curso, e informa la fecha en que devolvió el despacho 10-DII-AMPARO/2023, con número de orden 24/2023, que le fue remitido para emplazar al tercero interesado ********************. Sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento al respecto toda vez que en proveído de nueve de marzo del año en curso, se tuvo por recibida la mencionada comunicación oficial y se acordó lo relativo. Notifíquese. [...]
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