Maria Guadalupe Valencia Valladares
Expediente 507/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 507/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 30/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Maria Guadalupe Valencia Valladares
- Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliacion Y Arbitraje del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada en el presente expediente, con el que se formó el toca 440/2023. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria Sofía Stael Chan Nahuat, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.
- Principal
II. Se notifica por lista de estrados a la parte tercero interesada ****, LA RESOLUCION de 25 de 04 de 2022 y la sentencia de 21 04 2023 dictada por el Juzgado Auxiliar, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, mismo que refiere: Mérida, Yucatán; diez de abril de dos mil veintitrés. Mediante oficio SECNO/STCCCNO/292/2023, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, que contiene el punto de acuerdo 66/2023, en el que se autorizó al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, para que auxilie a este órgano jurisdiccional en el dictado de la sentencia de cincuenta y cinco expedientes, elegidos aleatoriamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, visto el estado procesal de autos se obtiene que el presente asunto se encuentra en estado de dictar resolución, por lo que resultó seleccionado para su remisión electrónica al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz; consecuentemente, se instruye al Oficial Judicial A, para que habilite al Juzgado de Distrito Auxiliar el acceso al expediente electrónico a fin de que de este en aptitud de emitir la sentencia, y se realicen las anotaciones en libro electrónico de gobierno. NOTIFÍQUESE.[...]XALAPA, VERACRUZ, A VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 507/2023-II del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por +++++++++++++, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida y, de otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, ++++++++++++++, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: SEGUNDO. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, cuyo titular en proveído de once de noviembre de dos mil veintidós desechó la demanda respecto del "Secretario de acuerdos y auxiliar de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado", al considerar que dichos funcionarios no podían ser considerados como autoridades responsables y, por otra parte, admitió a trámite la demanda de amparo únicamente por las autoridades responsables "Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, Presidente y actuario de su adscripción", con residencia en la citada ciudad; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al referido órgano jurisdiccional; reconoció el carácter de tercero interesado a ++++++++++++++, a quien se ordenó emplazar a juicio, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de treinta y uno de enero dos mil veintitrés, en atención al oficio SECNO/STCCNO/1345/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, remitió el juicio de amparo 2648/2022, de su índice, al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la misma ciudad, cuyo titular en diverso auto de nueve de febrero siguiente, registró el juicio de amparo con el número 507/2023-II, se avocó al conocimiento del asunto respecto del acto reclamado consistente en "la falta de emplazamiento al juicio laboral 80/2021, así como todo lo actuado, incluido el laudo", dio vista al Agente del Ministerio Público de su adscripción, y señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual, finalmente se llevó a cabo a las diez horas con veinticinco minutos del seis de marzo de dos mil veintitrés. TERCERO. Mediante listas generadas los días tres y cuatro de abril de dos mil veintitrés, en el Sistema de Turno aleatorio de expedientes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se seleccionó el presente juicio de amparo indirecto 507/2023-II; por lo que en auto de diez de abril siguiente, se ordenó registrarlo en el libro electrónico de gobierno de este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, bajo el número 179/2023-I; lo anterior, a fin de que se dicte la resolución correspondiente, lo que se procede a realizar, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 49 y 61, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 03/2013, 27/2008 y 37/2008; el oficio SECNO/STCCNO/292/2023, de treinta de marzo de dos mil veintitrés, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos órganos del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, es competente para resolver el presente juicio de amparo, por tratarse de un asunto que se encuentra en estado de sentencia y proviene de un juzgado auxiliado legalmente competente. Resulta de notoria aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de identificación, rubro y texto, que dicen: "Registro digital: 2022182. Instancia: Pleno. Décima Época. Materias(s): Común. Tesis: P./J. 12/2020 (10a.). Tipo: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 12. ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. PUEDEN ANALIZAR LA COMPETENCIA, YA SEA POR TERRITORIO O POR MATERIA, EN FUNCIÓN DE LA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL AL QUE AUXILIAN Y, EN SU CASO, DECLARAR LA INCOMPETENCIA PARA RESOLVER EL ASUNTO. Hechos: Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron sobre si un órgano auxiliar que se encarga únicamente de dictar sentencia en apoyo de otro debe pronunciarse respecto de la competencia del órgano en cuyo lugar actúa, pues mientras la Primera Sala determinó que el órgano auxiliar, al emitir la sentencia en apoyo al órgano auxiliado, sí puede analizar la competencia de éste, la Segunda Sala, por su parte, estimó que el órgano auxiliar al dictar la resolución, no puede analizar la competencia del órgano al que apoya. Criterio jurídico: El órgano jurisdiccional auxiliar -ya sea Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado de Circuito- designado por la autoridad correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal para apoyar a otro órgano jurisdiccional únicamente en el dictado de la sentencia, puede analizar la competencia, ya sea por territorio o por materia, en función de la del órgano jurisdiccional al que auxilia (auxiliado) y, en su caso, declarar la incompetencia para resolver el asunto. Justificación: La competencia de la autoridad es una garantía a los derechos humanos de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Entonces, la competencia es un presupuesto de validez del proceso y un derecho fundamental de los justiciables. En esa lógica, un tribunal es competente para conocer del asunto cuando hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserva su conocimiento con preferencia a los demás órganos. Específicamente, tanto el territorio como la materia constituyen factores determinantes de la competencia atendiendo al espacio que el órgano jurisdiccional tiene asignado para desplegar su función de administrar justicia y a la naturaleza jurídica de las controversias, respectivamente; es decir, la competencia por materia y territorio es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias relacionadas con una rama específica del derecho dentro de un concreto espacio territorial. De esta manera, la impartición de justicia por los Tribunales de la Federación deberá hacerse en función de la determinación legal existente, en todo lo relativo al territorio y la materia correspondiente, porque de no ser de esa forma, no se dará pleno cumplimiento al derecho fundamental de que se trata. En ese sentido, en aras de salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la justicia, que debe ser completa, se justifica que el tribunal -en su connotación amplia- al emitir la sentencia en un asunto en apoyo a otro órgano jurisdiccional, pueda analizar si es competente por razón de materia, incluso por territorio, en función de la competencia del auxiliado, siempre que no haya sido determinada previamente de manera definitiva, como pudiera ser a través de un conflicto competencial en razón de materia o territorio. Por las razones apuntadas, si bien un órgano auxiliado al tramitar un asunto presupone su competencia, entre otras, por materia y territorio, mientras no exista pronunciamiento en contrario, ello no impide que el órgano jurisdiccional auxiliar que corresponda analice en esos ámbitos la competencia en función de la del auxiliado y, en su caso, declare la incompetencia para resolver el asunto. Así, podrá realizar el examen respectivo siempre que no se haya decidido previamente o el auxiliado haya aceptado la competencia expresamente al habérsela planteado otro órgano jurisdiccional." SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1 , se precisan los actos reclamados. Por tanto, del análisis integral de la demanda, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y demás constancias electrónicas que integran el juicio de amparo, se advierte que María ´´´´´´´´´´´´´´, reclama: De la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, de su Presidenta y Actuario de su adscripción: ? La falta de emplazamiento al juicio laboral 80/2021 y, en vía de consecuencia, todo lo actuado en dicho juicio, incluido el laudo. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, a su Presidenta y al Actuario de su adscripción, pues aun cuando la referida Presidenta por sí y en representación de la citada Junta, así como el actuario adscrito, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados, sin embargo, en sus propios informes justificados hicieron manifestaciones a fin de sostener la constitucionalidad del acto reclamado, como es el hecho de que el juicio laboral de origen, se siguió en cada una de sus actuaciones conforme a derecho; de ahí que, se tengan por ciertos los actos reclamados. Lo que se corrobora con la copia certificada del juicio laboral 80/2021, la cual tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2, segundo párrafo, de este último ordenamiento, por tratarse de un documento público expedido por un funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. CUARTO. Oportunidad de la demanda. El juicio de amparo fue promovido dentro del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo2 , en atención a que la quejosa, manifestó en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del juicio laboral de origen, el veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Por tanto, el plazo empezó a correr, acorde con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo3 a partir del veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, es decir, al día siguiente a aquél en que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, y feneció el dieciséis de noviembre de esa anualidad, previo descuento del veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de octubre de dos mil veintidós, cinco, seis, doce y trece de noviembre del mismo año, por ser sábados y domingos y, por tanto, inhábiles en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo4 , así como el treinta y uno de octubre, uno y dos de noviembre de dos mil veintidós, por ser declarados días no laborables en términos de la circular 5/2022 de treinta de marzo de dos mil veintidós, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De ahí que, si la demanda de amparo se presentó el diez de noviembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, su presentación resultó oportuna. QUINTO. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo5 , las causas de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, deben ser analizadas preferentemente a cualquier otra cuestión, por ser de orden público. En este caso, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa no acreditó de manera fehaciente su interés jurídico para reclamar la falta de emplazamiento y, todo lo actuado en el juicio laboral de origen, incluido el laudo, esto es, al no acreditarse plenamente que el negocio del cual se ostenta como propietaria en el presente juicio de amparo, sea el mismo que fue demandado en el juicio del que derivan los actos reclamados. La causa de improcedencia invocada está prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia...". En relación con la causa de improcedencia de mérito, el artículo 5, fracción I, de la ley de la materia dice: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico...". Del primero de los artículos reproducidos, se advierte que los juicios de amparo se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, y se debe entender por ésta, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue la violación de los derechos reconocidos por la Constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama; circunstancia anterior que, a su vez, habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso de manera directa -interés jurídico-, o bien, en consecuencia de su especial situación frente al orden jurídico -interés legítimo-. En relación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo. En cambio, el segundo precepto, supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos reclamados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Criterio que se encuentra sustentado en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de identificación, rubro y texto, siguientes: "Registro digital: 1007039. Instancia: Segunda Sala. Novena Época. Materias(s): Administrativa. Tesis: 119. Fuente: Apéndice de 2011. Tomo IV. Administrativa Primera Parte SCJN Primera Sección- Administrativa, página 143. Tipo: Jurisprudencia. INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los diversos procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley de Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran accesar al procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico." De lo expuesto, se advierte que, si bien el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, amplía el concepto de interés de parte agraviada e incorpora los conceptos de interés legítimo individual o colectivo para promover la acción contra actos (no emanados de autoridades jurisdiccionales) donde se alegue violación a derechos reconocidos por la Constitución y, con ello se afecte la esfera jurídica del individuo, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; sin embargo, ello quedó limitado en el segundo párrafo de la fracción I, del artículo 107 constitucional6 , a consignar que tratándose de los actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, pues ello implica la demostración en dicho procedimiento del derecho subjetivo que se dice afectado. Así, el derecho subjetivo requiere de la existencia de un interés exclusivo, actual y directo, así como que ese interés sea reconocido y tutelado por la ley, por lo que, para que se considere así es preciso que sea personal, que exista al momento de promover el juicio constitucional y que el bien que se persiga conduzca a la satisfacción de una necesidad del titular del derecho. Para evidenciar la actualización de la causa de improcedencia, conviene tener en cuenta la copia certificada del juicio laboral 80/2021, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. Archivo digital del oficio de tres de febrero de dos mil veintitrés, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, mediante el cual remitió diversas constancias al juez de distrito auxiliado: 1. Por escrito recibido el veintiuno de enero de dos mil veintiuno (páginas 9 a 11), ++++++++++++++ demandó en la vía laboral de ++++++++++++++++++, el pago de noventa días de salario por concepto de despido injustificado, entre otras prestaciones, y señaló como domicilio para ser emplazados en la calle ++++++++++++++++++++++++++++. 2. En auto de veintiocho de enero de dos mil veintiuno (páginas 13 a 14), la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, registró el juicio laboral bajo el número 80/2021, y citó a las partes a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ordenó el emplazamiento de los demandados. 3. El veintinueve de abril de dos mil veintiuno (páginas 15 a 18), el actuario responsable dejó citatorio dirigido a ++++++++++++++++++ en el domicilio ubicado en la ++++++++++++++++++ y el treinta de abril siguiente (páginas 31 a 34), el actuario del conocimiento llevó a cabo el emplazamiento a dicha negociación, en el mismo lugar. 4. El cuatro de junio de dos mil veintiuno (páginas 51 a 53), se desahogó la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, sin la asistencia de la negociación demandada +++++++++++, por lo que se e tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo. 5. El nueve de diciembre de dos mil veintiuno (páginas 59 y 60), se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en la cual la +++++++++++++, no se presentó, por lo que se le tuvieron por perdidos los derechos para ofrecer pruebas, y se declaró cerrada dicha etapa. 6. En proyecto de doce de agosto de dos mil veintidós (páginas 77 a 86), la Junta responsable, consideró "lo procedente en el presente procedimiento es condenar a los demandados físicos CC.C +++++++++++++++++++++para el pago de las prestaciones reclamadas por el actor ++++++++++++, en su escrito inicial de demanda", en cuyos puntos resolutivos se determinó lo siguiente: "RESOLUTIVOS. PRIMERO.- Ha procedido el presente Juicio Reclamatorio Laboral promovido por el actor C. ++++++++++++++++++, en virtud de que probó su acción y la demandada no opuso excepciones. SEGUNDO.- Se condena a los demandados físicos C.C. +++++++++++++++++++++++++++++++++++, todas y cada una de las cantidades y por los conceptos que se relacionan en el considerando cuarto y que en obvio de repeticiones se tiene por íntegramente reproducido. TERCERO.- Se concede a los demandados físicos C.C. ++++++++++++++++++++++++++, el término de quince días contados a partir de que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente asunto para dar cumplimiento al Laudo y para el caso de no cumplir dentro de dicho plazo serán a su costa los gastos de ejecución de conformidad con los artículos 944 y 945 de la Ley Federal del Trabajo.". 7. En proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós (página 93), la Junta responsable elevó a categoría de laudo el proyecto de sentencia de doce de agosto de dos mil veintidós. 8. En diligencias de seis de octubre de dos mil veintidós (páginas 97 a 101), el actuario responsable notificó el proyecto de laudo de doce de agosto de dos mil veintidós y el diverso acuerdo de treinta y uno de agosto siguiente, a los demandados ++++++++++++++++en el domicilio ubicado en "++++++++++++++++++++++" a cuyas notificaciones se agregó una fotografía (página 103), de una negociación con denominación "+++++++++++++++++++++". Sentado lo anterior, la quejosa se ostenta tercera extraña por equiparación al juicio laboral 80/2021 y reclama, la falta de emplazamiento y, en vía de consecuencia, todo lo actuado en dicho juicio hasta el laudo, promovido por +++++++, aquí tercero interesado, en contra de +++++++++++++++++++, pues según dice es propietaria de la negociación demandada ++++++++++++++++++, ubicada en +++++++++++++++++++++++++++. Para acreditar su interés jurídico, la quejosa exhibió como prueba, el acuse de movimientos de actualización de situación fiscal expedido a su favor el tres de noviembre de dos mil veintidós (páginas 22 y 23 de la demanda de amparo), por el Servicio de Administración Tributaria de Campeche, Campeche, a cuya reproducción es la siguiente:De la documental exhibida por la justiciable, se aprecia el domicilio del establecimiento comercial del cual se ostenta como propietaria ubicado ++++++++++++++++++++ en la localidad ++++++, municipio de Mérida, Yucatán. De lo que se advierte que los datos del documento denominado acuse de movimientos de actualización de situación fiscal no coinciden con la ubicación del domicilio del centro de trabajo demandado en el juicio laboral de origen, tanto en la calle, número, ni las calles entre las que se encuentran, ya que éste último denominado ++++++++++ se encuentra ubicado en ´´+++++++++++++++++, mismo domicilio en donde el actuario responsable realizó el emplazamiento a la negociación demandada y además notificó a los diversos demandados físicos, el proyecto elevado a categoría de laudo, aunado a que tampoco se aprecia que en la constancia exhibida por la quejosa se contenga la denominación de la citada negociación. Entonces, si no obra diversa constancia de la que se advierta que el domicilio de la negociación demandada sea el mismo del que se ostenta como propietaria la quejosa y que con ello incide en su esfera jurídica, con motivo de la tramitación del juicio laboral 80/2021, entonces, no existe agravio personal y directo, el cual es necesario acreditar fehacientemente para la procedencia del juicio de amparo. Ciertamente, la quejosa no fue demandada como persona física al juicio del que emanan los actos reclamados y al no acreditar fehacientemente la identidad y propiedad del establecimiento comercial demandado, por consiguiente, no acredita que el juicio labora de origen le perjudique y, por ende, no acredita su interés jurídico. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia7 . Al resultar improcedente el juicio de amparo ante el sobreseimiento decretado, este juzgado se encuentra legalmente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación propuestos, pues el sentido de este fallo imposibilita el análisis de las cuestiones del fondo del asunto. Sobre el particular deviene ilustrativa la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal de la República, cuyos datos de localización, rubro y contenido son los siguientes: "Registro digital: 394465. Instancia: Segunda Sala. Séptima Época. Materias(s): Común. Tesis: 509. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, página 335. Tipo: Jurisprudencia. SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, pues si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la jurisprudencia 1ª./J 22/2014 (10ª.), instada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de identificación, rubro y contenido, siguientes: "Época: Décima Época. Registro: 2005917. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 22/2014 (10a.). Página: 325. DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Finalmente, cabe precisar, que los criterios citados a lo largo de esta sentencia son aplicables al caso concreto, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley. SEXTO. Queda la presente sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, y se procede a su publicación en la versión pública, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes. Sin que resulte aplicable el principio de reserva de los expedientes judiciales hasta en tanto no hayan causado estado, señalada en términos de los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción Xl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación a la publicidad de la resolución que nos ocupa, toda vez que ésta culminó con el juicio respectivo, y dicho principio únicamente resulta de aplicación cuando la divulgación pueda ocasionar inconvenientes para la solución del caso concreto. Esta consideración encuentra sustento en los criterios números 11/2009, 15/2009 y 1/2011, emitidos por la Comisión de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en las respectivas sesiones de veinticinco de junio y uno de octubre de dos mil nueve, así como de veintisiete de enero de dos mil once, que resultan orientadores aun cuando se hubieren emitido dentro de un marco jurídico abrogado, por estar acordes con el contenido de las actuales Leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; criterios que a continuación se reproducen: "SENTENCIAS Y RESOLUCIONES. PARA SU DIFUSIÓN NO ES NECESARIO QUE HAYAN ADQUIRIDO FIRMEZA O CAUSADO ESTADO, YA QUE SON PÚBLICAS DESDE SU EMISIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, párrafos primero y segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el carácter público no sólo se da respecto de sentencias ejecutorias, sino de cualquier resolución dictada por los órganos jurisdiccionales durante el trámite de un juicio. En congruencia con lo anterior, si bien es cierto que el diverso numeral 14, fracción IV, de la citada legislación, establece que se considera información reservada los expedientes judiciales en tanto no hayan causado estado, ello no puede hacerse extensivo a las propias resoluciones, como una sentencia, pues la circunstancia de que esté recurrida y, por ende no esté firme, no actualiza la causal de reserva de mérito, pues esa hipótesis taxativa encuentra sustento en el hecho de restringir el acceso a la información contenida en los expedientes judiciales, tales como pruebas o promociones que son aportados por las partes, porque su divulgación antes de que cause estado la sentencia que resuelva el fondo del asunto, puede ocasionar inconvenientes para la solución del caso concreto." "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En este sentido, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." "SENTENCIA. SU PUBLICIDAD NO DEPENDE DE QUE ESTÉ TRANSCURRIENDO EL PLAZO PARA RECURRIRLA. Si bien es cierto que el artículo 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que los expedientes judiciales estarán reservados hasta en tanto no hayan causado estado, ello en modo alguna significa que la publicidad de la resolución que culmina el juicio respectivo dependa de que se encuentre firme, pues esa hipótesis taxativa encuentra sustento en el hecho de restringir el acceso a determinada información, como pudieran ser pruebas o promociones que son aportados por las partes, porque su divulgación antes de que aquélla cause estado, puede ocasionar inconvenientes para la solución del caso concreto; por ende, el hecho de que esté transcurriendo el plazo para que la sentencia pueda ser recurrida, no constituye imposibilidad alguna para otorgar el acceso a su contenido". SÉPTIMO. Toda vez que se ha dictado la sentencia correspondiente en el juicio de amparo indirecto 507/2023- II, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, infórmese por oficio a la oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de esta Región, para que realice las anotaciones correspondientes; finalmente, como se ordenó en el auto de diez de abril de dos mil veintitrés, en atención al Punto de Acuerdo 19/2021 de treinta de junio de dos mil veintiuno, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, envíese la presente sentencia de manera electrónica al órgano auxiliado, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que sea integrada al expediente electrónico de origen, que se encuentra vinculado con el diverso expediente electrónico número 179/2023-I de este juzgado. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo 507/2023-II, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ++++++++++++++++++, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos precisados en el diverso considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Queda la presente sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, y se procede a su publicación en la versión pública, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes, en términos del considerando relativo de esta resolución. TERCERO. Envíese la presente sentencia de manera electrónica al órgano auxiliado, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que sea integrada al expediente electrónico de origen, que se encuentra vinculado con el diverso expediente electrónico número 179/2023-I de este juzgado. CÚMPLASE.[...]
- Principal
Se notifica por lista de estrados a la parte quejosa ****, LA RESOLUCION de 25 de 04 de 2022 y la sentencia de 21 04 2023 dictada por el Juzgado Auxiliar, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, mismo que refiere: Mérida, Yucatán, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio 84/2023 suscrito por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, con el que informa que ya obra la sentencia dictada la cual es consultable de manera electrónica con el número 179/2023-I del índice del citado Juzgado Auxiliar. Por lo tanto, gírese atento oficio a las autoridades señaladas como responsables en los presentes autos, con copia de la sentencia de mérito, para los efectos legales correspondientes. De igual forma notifíquese personalmente la sentencia de mérito a las partes del presente juicio de amparo, así como el contenido del presente acuerdo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. [...] XALAPA, VERACRUZ, A VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 507/2023-II del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por +++++++++++++, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida y, de otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, ++++++++++++++, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: SEGUNDO. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, cuyo titular en proveído de once de noviembre de dos mil veintidós desechó la demanda respecto del "Secretario de acuerdos y auxiliar de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado", al considerar que dichos funcionarios no podían ser considerados como autoridades responsables y, por otra parte, admitió a trámite la demanda de amparo únicamente por las autoridades responsables "Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, Presidente y actuario de su adscripción", con residencia en la citada ciudad; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al referido órgano jurisdiccional; reconoció el carácter de tercero interesado a ++++++++++++++, a quien se ordenó emplazar a juicio, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de treinta y uno de enero dos mil veintitrés, en atención al oficio SECNO/STCCNO/1345/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, remitió el juicio de amparo 2648/2022, de su índice, al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la misma ciudad, cuyo titular en diverso auto de nueve de febrero siguiente, registró el juicio de amparo con el número 507/2023-II, se avocó al conocimiento del asunto respecto del acto reclamado consistente en "la falta de emplazamiento al juicio laboral 80/2021, así como todo lo actuado, incluido el laudo", dio vista al Agente del Ministerio Público de su adscripción, y señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual, finalmente se llevó a cabo a las diez horas con veinticinco minutos del seis de marzo de dos mil veintitrés. TERCERO. Mediante listas generadas los días tres y cuatro de abril de dos mil veintitrés, en el Sistema de Turno aleatorio de expedientes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se seleccionó el presente juicio de amparo indirecto 507/2023-II; por lo que en auto de diez de abril siguiente, se ordenó registrarlo en el libro electrónico de gobierno de este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, bajo el número 179/2023-I; lo anterior, a fin de que se dicte la resolución correspondiente, lo que se procede a realizar, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 49 y 61, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 03/2013, 27/2008 y 37/2008; el oficio SECNO/STCCNO/292/2023, de treinta de marzo de dos mil veintitrés, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos órganos del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, es competente para resolver el presente juicio de amparo, por tratarse de un asunto que se encuentra en estado de sentencia y proviene de un juzgado auxiliado legalmente competente. Resulta de notoria aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de identificación, rubro y texto, que dicen: "Registro digital: 2022182. Instancia: Pleno. Décima Época. Materias(s): Común. Tesis: P./J. 12/2020 (10a.). Tipo: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 12. ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. PUEDEN ANALIZAR LA COMPETENCIA, YA SEA POR TERRITORIO O POR MATERIA, EN FUNCIÓN DE LA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL AL QUE AUXILIAN Y, EN SU CASO, DECLARAR LA INCOMPETENCIA PARA RESOLVER EL ASUNTO. Hechos: Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron sobre si un órgano auxiliar que se encarga únicamente de dictar sentencia en apoyo de otro debe pronunciarse respecto de la competencia del órgano en cuyo lugar actúa, pues mientras la Primera Sala determinó que el órgano auxiliar, al emitir la sentencia en apoyo al órgano auxiliado, sí puede analizar la competencia de éste, la Segunda Sala, por su parte, estimó que el órgano auxiliar al dictar la resolución, no puede analizar la competencia del órgano al que apoya. Criterio jurídico: El órgano jurisdiccional auxiliar -ya sea Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado de Circuito- designado por la autoridad correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal para apoyar a otro órgano jurisdiccional únicamente en el dictado de la sentencia, puede analizar la competencia, ya sea por territorio o por materia, en función de la del órgano jurisdiccional al que auxilia (auxiliado) y, en su caso, declarar la incompetencia para resolver el asunto. Justificación: La competencia de la autoridad es una garantía a los derechos humanos de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Entonces, la competencia es un presupuesto de validez del proceso y un derecho fundamental de los justiciables. En esa lógica, un tribunal es competente para conocer del asunto cuando hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserva su conocimiento con preferencia a los demás órganos. Específicamente, tanto el territorio como la materia constituyen factores determinantes de la competencia atendiendo al espacio que el órgano jurisdiccional tiene asignado para desplegar su función de administrar justicia y a la naturaleza jurídica de las controversias, respectivamente; es decir, la competencia por materia y territorio es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias relacionadas con una rama específica del derecho dentro de un concreto espacio territorial. De esta manera, la impartición de justicia por los Tribunales de la Federación deberá hacerse en función de la determinación legal existente, en todo lo relativo al territorio y la materia correspondiente, porque de no ser de esa forma, no se dará pleno cumplimiento al derecho fundamental de que se trata. En ese sentido, en aras de salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la justicia, que debe ser completa, se justifica que el tribunal -en su connotación amplia- al emitir la sentencia en un asunto en apoyo a otro órgano jurisdiccional, pueda analizar si es competente por razón de materia, incluso por territorio, en función de la competencia del auxiliado, siempre que no haya sido determinada previamente de manera definitiva, como pudiera ser a través de un conflicto competencial en razón de materia o territorio. Por las razones apuntadas, si bien un órgano auxiliado al tramitar un asunto presupone su competencia, entre otras, por materia y territorio, mientras no exista pronunciamiento en contrario, ello no impide que el órgano jurisdiccional auxiliar que corresponda analice en esos ámbitos la competencia en función de la del auxiliado y, en su caso, declare la incompetencia para resolver el asunto. Así, podrá realizar el examen respectivo siempre que no se haya decidido previamente o el auxiliado haya aceptado la competencia expresamente al habérsela planteado otro órgano jurisdiccional." SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1 , se precisan los actos reclamados. Por tanto, del análisis integral de la demanda, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y demás constancias electrónicas que integran el juicio de amparo, se advierte que María ´´´´´´´´´´´´´´, reclama: De la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, de su Presidenta y Actuario de su adscripción: ? La falta de emplazamiento al juicio laboral 80/2021 y, en vía de consecuencia, todo lo actuado en dicho juicio, incluido el laudo. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, a su Presidenta y al Actuario de su adscripción, pues aun cuando la referida Presidenta por sí y en representación de la citada Junta, así como el actuario adscrito, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados, sin embargo, en sus propios informes justificados hicieron manifestaciones a fin de sostener la constitucionalidad del acto reclamado, como es el hecho de que el juicio laboral de origen, se siguió en cada una de sus actuaciones conforme a derecho; de ahí que, se tengan por ciertos los actos reclamados. Lo que se corrobora con la copia certificada del juicio laboral 80/2021, la cual tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2, segundo párrafo, de este último ordenamiento, por tratarse de un documento público expedido por un funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. CUARTO. Oportunidad de la demanda. El juicio de amparo fue promovido dentro del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo2 , en atención a que la quejosa, manifestó en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del juicio laboral de origen, el veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Por tanto, el plazo empezó a correr, acorde con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo3 a partir del veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, es decir, al día siguiente a aquél en que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, y feneció el dieciséis de noviembre de esa anualidad, previo descuento del veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de octubre de dos mil veintidós, cinco, seis, doce y trece de noviembre del mismo año, por ser sábados y domingos y, por tanto, inhábiles en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo4 , así como el treinta y uno de octubre, uno y dos de noviembre de dos mil veintidós, por ser declarados días no laborables en términos de la circular 5/2022 de treinta de marzo de dos mil veintidós, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De ahí que, si la demanda de amparo se presentó el diez de noviembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, su presentación resultó oportuna. QUINTO. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo5 , las causas de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, deben ser analizadas preferentemente a cualquier otra cuestión, por ser de orden público. En este caso, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa no acreditó de manera fehaciente su interés jurídico para reclamar la falta de emplazamiento y, todo lo actuado en el juicio laboral de origen, incluido el laudo, esto es, al no acreditarse plenamente que el negocio del cual se ostenta como propietaria en el presente juicio de amparo, sea el mismo que fue demandado en el juicio del que derivan los actos reclamados. La causa de improcedencia invocada está prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia...". En relación con la causa de improcedencia de mérito, el artículo 5, fracción I, de la ley de la materia dice: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico...". Del primero de los artículos reproducidos, se advierte que los juicios de amparo se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, y se debe entender por ésta, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue la violación de los derechos reconocidos por la Constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama; circunstancia anterior que, a su vez, habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso de manera directa -interés jurídico-, o bien, en consecuencia de su especial situación frente al orden jurídico -interés legítimo-. En relación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo. En cambio, el segundo precepto, supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos reclamados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Criterio que se encuentra sustentado en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de identificación, rubro y texto, siguientes: "Registro digital: 1007039. Instancia: Segunda Sala. Novena Época. Materias(s): Administrativa. Tesis: 119. Fuente: Apéndice de 2011. Tomo IV. Administrativa Primera Parte SCJN Primera Sección- Administrativa, página 143. Tipo: Jurisprudencia. INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los diversos procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley de Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran accesar al procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico." De lo expuesto, se advierte que, si bien el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, amplía el concepto de interés de parte agraviada e incorpora los conceptos de interés legítimo individual o colectivo para promover la acción contra actos (no emanados de autoridades jurisdiccionales) donde se alegue violación a derechos reconocidos por la Constitución y, con ello se afecte la esfera jurídica del individuo, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; sin embargo, ello quedó limitado en el segundo párrafo de la fracción I, del artículo 107 constitucional6 , a consignar que tratándose de los actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, pues ello implica la demostración en dicho procedimiento del derecho subjetivo que se dice afectado. Así, el derecho subjetivo requiere de la existencia de un interés exclusivo, actual y directo, así como que ese interés sea reconocido y tutelado por la ley, por lo que, para que se considere así es preciso que sea personal, que exista al momento de promover el juicio constitucional y que el bien que se persiga conduzca a la satisfacción de una necesidad del titular del derecho. Para evidenciar la actualización de la causa de improcedencia, conviene tener en cuenta la copia certificada del juicio laboral 80/2021, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. Archivo digital del oficio de tres de febrero de dos mil veintitrés, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, mediante el cual remitió diversas constancias al juez de distrito auxiliado: 1. Por escrito recibido el veintiuno de enero de dos mil veintiuno (páginas 9 a 11), ++++++++++++++ demandó en la vía laboral de ++++++++++++++++++, el pago de noventa días de salario por concepto de despido injustificado, entre otras prestaciones, y señaló como domicilio para ser emplazados en la calle ++++++++++++++++++++++++++++. 2. En auto de veintiocho de enero de dos mil veintiuno (páginas 13 a 14), la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, registró el juicio laboral bajo el número 80/2021, y citó a las partes a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ordenó el emplazamiento de los demandados. 3. El veintinueve de abril de dos mil veintiuno (páginas 15 a 18), el actuario responsable dejó citatorio dirigido a ++++++++++++++++++ en el domicilio ubicado en la ++++++++++++++++++ y el treinta de abril siguiente (páginas 31 a 34), el actuario del conocimiento llevó a cabo el emplazamiento a dicha negociación, en el mismo lugar. 4. El cuatro de junio de dos mil veintiuno (páginas 51 a 53), se desahogó la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, sin la asistencia de la negociación demandada +++++++++++, por lo que se e tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo. 5. El nueve de diciembre de dos mil veintiuno (páginas 59 y 60), se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en la cual la +++++++++++++, no se presentó, por lo que se le tuvieron por perdidos los derechos para ofrecer pruebas, y se declaró cerrada dicha etapa. 6. En proyecto de doce de agosto de dos mil veintidós (páginas 77 a 86), la Junta responsable, consideró "lo procedente en el presente procedimiento es condenar a los demandados físicos CC.C +++++++++++++++++++++para el pago de las prestaciones reclamadas por el actor ++++++++++++, en su escrito inicial de demanda", en cuyos puntos resolutivos se determinó lo siguiente: "RESOLUTIVOS. PRIMERO.- Ha procedido el presente Juicio Reclamatorio Laboral promovido por el actor C. ++++++++++++++++++, en virtud de que probó su acción y la demandada no opuso excepciones. SEGUNDO.- Se condena a los demandados físicos C.C. +++++++++++++++++++++++++++++++++++, todas y cada una de las cantidades y por los conceptos que se relacionan en el considerando cuarto y que en obvio de repeticiones se tiene por íntegramente reproducido. TERCERO.- Se concede a los demandados físicos C.C. ++++++++++++++++++++++++++, el término de quince días contados a partir de que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente asunto para dar cumplimiento al Laudo y para el caso de no cumplir dentro de dicho plazo serán a su costa los gastos de ejecución de conformidad con los artículos 944 y 945 de la Ley Federal del Trabajo.". 7. En proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós (página 93), la Junta responsable elevó a categoría de laudo el proyecto de sentencia de doce de agosto de dos mil veintidós. 8. En diligencias de seis de octubre de dos mil veintidós (páginas 97 a 101), el actuario responsable notificó el proyecto de laudo de doce de agosto de dos mil veintidós y el diverso acuerdo de treinta y uno de agosto siguiente, a los demandados ++++++++++++++++en el domicilio ubicado en "++++++++++++++++++++++" a cuyas notificaciones se agregó una fotografía (página 103), de una negociación con denominación "+++++++++++++++++++++". Sentado lo anterior, la quejosa se ostenta tercera extraña por equiparación al juicio laboral 80/2021 y reclama, la falta de emplazamiento y, en vía de consecuencia, todo lo actuado en dicho juicio hasta el laudo, promovido por +++++++, aquí tercero interesado, en contra de +++++++++++++++++++, pues según dice es propietaria de la negociación demandada ++++++++++++++++++, ubicada en +++++++++++++++++++++++++++. Para acreditar su interés jurídico, la quejosa exhibió como prueba, el acuse de movimientos de actualización de situación fiscal expedido a su favor el tres de noviembre de dos mil veintidós (páginas 22 y 23 de la demanda de amparo), por el Servicio de Administración Tributaria de Campeche, Campeche, a cuya reproducción es la siguiente:De la documental exhibida por la justiciable, se aprecia el domicilio del establecimiento comercial del cual se ostenta como propietaria ubicado ++++++++++++++++++++ en la localidad ++++++, municipio de Mérida, Yucatán. De lo que se advierte que los datos del documento denominado acuse de movimientos de actualización de situación fiscal no coinciden con la ubicación del domicilio del centro de trabajo demandado en el juicio laboral de origen, tanto en la calle, número, ni las calles entre las que se encuentran, ya que éste último denominado ++++++++++ se encuentra ubicado en ´´+++++++++++++++++, mismo domicilio en donde el actuario responsable realizó el emplazamiento a la negociación demandada y además notificó a los diversos demandados físicos, el proyecto elevado a categoría de laudo, aunado a que tampoco se aprecia que en la constancia exhibida por la quejosa se contenga la denominación de la citada negociación. Entonces, si no obra diversa constancia de la que se advierta que el domicilio de la negociación demandada sea el mismo del que se ostenta como propietaria la quejosa y que con ello incide en su esfera jurídica, con motivo de la tramitación del juicio laboral 80/2021, entonces, no existe agravio personal y directo, el cual es necesario acreditar fehacientemente para la procedencia del juicio de amparo. Ciertamente, la quejosa no fue demandada como persona física al juicio del que emanan los actos reclamados y al no acreditar fehacientemente la identidad y propiedad del establecimiento comercial demandado, por consiguiente, no acredita que el juicio labora de origen le perjudique y, por ende, no acredita su interés jurídico. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia7 . Al resultar improcedente el juicio de amparo ante el sobreseimiento decretado, este juzgado se encuentra legalmente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación propuestos, pues el sentido de este fallo imposibilita el análisis de las cuestiones del fondo del asunto. Sobre el particular deviene ilustrativa la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal de la República, cuyos datos de localización, rubro y contenido son los siguientes: "Registro digital: 394465. Instancia: Segunda Sala. Séptima Época. Materias(s): Común. Tesis: 509. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, página 335. Tipo: Jurisprudencia. SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, pues si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la jurisprudencia 1ª./J 22/2014 (10ª.), instada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de identificación, rubro y contenido, siguientes: "Época: Décima Época. Registro: 2005917. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 22/2014 (10a.). Página: 325. DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Finalmente, cabe precisar, que los criterios citados a lo largo de esta sentencia son aplicables al caso concreto, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley. SEXTO. Queda la presente sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, y se procede a su publicación en la versión pública, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes. Sin que resulte aplicable el principio de reserva de los expedientes judiciales hasta en tanto no hayan causado estado, señalada en términos de los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción Xl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación a la publicidad de la resolución que nos ocupa, toda vez que ésta culminó con el juicio respectivo, y dicho principio únicamente resulta de aplicación cuando la divulgación pueda ocasionar inconvenientes para la solución del caso concreto. Esta consideración encuentra sustento en los criterios números 11/2009, 15/2009 y 1/2011, emitidos por la Comisión de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en las respectivas sesiones de veinticinco de junio y uno de octubre de dos mil nueve, así como de veintisiete de enero de dos mil once, que resultan orientadores aun cuando se hubieren emitido dentro de un marco jurídico abrogado, por estar acordes con el contenido de las actuales Leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; criterios que a continuación se reproducen: "SENTENCIAS Y RESOLUCIONES. PARA SU DIFUSIÓN NO ES NECESARIO QUE HAYAN ADQUIRIDO FIRMEZA O CAUSADO ESTADO, YA QUE SON PÚBLICAS DESDE SU EMISIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, párrafos primero y segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el carácter público no sólo se da respecto de sentencias ejecutorias, sino de cualquier resolución dictada por los órganos jurisdiccionales durante el trámite de un juicio. En congruencia con lo anterior, si bien es cierto que el diverso numeral 14, fracción IV, de la citada legislación, establece que se considera información reservada los expedientes judiciales en tanto no hayan causado estado, ello no puede hacerse extensivo a las propias resoluciones, como una sentencia, pues la circunstancia de que esté recurrida y, por ende no esté firme, no actualiza la causal de reserva de mérito, pues esa hipótesis taxativa encuentra sustento en el hecho de restringir el acceso a la información contenida en los expedientes judiciales, tales como pruebas o promociones que son aportados por las partes, porque su divulgación antes de que cause estado la sentencia que resuelva el fondo del asunto, puede ocasionar inconvenientes para la solución del caso concreto." "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En este sentido, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." "SENTENCIA. SU PUBLICIDAD NO DEPENDE DE QUE ESTÉ TRANSCURRIENDO EL PLAZO PARA RECURRIRLA. Si bien es cierto que el artículo 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que los expedientes judiciales estarán reservados hasta en tanto no hayan causado estado, ello en modo alguna significa que la publicidad de la resolución que culmina el juicio respectivo dependa de que se encuentre firme, pues esa hipótesis taxativa encuentra sustento en el hecho de restringir el acceso a determinada información, como pudieran ser pruebas o promociones que son aportados por las partes, porque su divulgación antes de que aquélla cause estado, puede ocasionar inconvenientes para la solución del caso concreto; por ende, el hecho de que esté transcurriendo el plazo para que la sentencia pueda ser recurrida, no constituye imposibilidad alguna para otorgar el acceso a su contenido". SÉPTIMO. Toda vez que se ha dictado la sentencia correspondiente en el juicio de amparo indirecto 507/2023- II, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, infórmese por oficio a la oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de esta Región, para que realice las anotaciones correspondientes; finalmente, como se ordenó en el auto de diez de abril de dos mil veintitrés, en atención al Punto de Acuerdo 19/2021 de treinta de junio de dos mil veintiuno, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, envíese la presente sentencia de manera electrónica al órgano auxiliado, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que sea integrada al expediente electrónico de origen, que se encuentra vinculado con el diverso expediente electrónico número 179/2023-I de este juzgado. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo 507/2023-II, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ++++++++++++++++++, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos precisados en el diverso considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Queda la presente sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, y se procede a su publicación en la versión pública, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes, en términos del considerando relativo de esta resolución. TERCERO. Envíese la presente sentencia de manera electrónica al órgano auxiliado, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que sea integrada al expediente electrónico de origen, que se encuentra vinculado con el diverso expediente electrónico número 179/2023-I de este juzgado. CÚMPLASE.
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Mérida, Yucatán, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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