María Fernanda Pepi Zapata

Expediente 1352/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1352/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
17/07/2023

Partes del expediente

  • María Fernanda Pepi Zapata

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME SENTENCIA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es destruible, pues se sobreseyó en el presente juicio; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 20, fracción I. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por********************a favor de ********************, contra actos de la Policía Municipal de Mérida, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Se notifica por lista de estrados a la parte quejosa **, la determinación de 31 DE MAYO DE 2023, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, mismo que refiere: Mérida, Yucatán; treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 433/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por ***, contra actos de la Jueza Segunda Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, de la Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Estado y de la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado, todos con sede en esta ciudad. (...) OCTAVO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado Son fundados los conceptos de violación expuestos por la quejosa y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. En sus conceptos de violación, la peticionaria del amparo alega que se transgrese en su perjuicio los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues sin ser parte en el juicio ejecutivo mercantil 2467/2011 del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, se trabó embargo sobre el predio número *** de esta ciudad de Mérida, Yucatán, que aduce de su propiedad, sin haberse cumplido las formalidades esenciales del procedimiento. Ahora bien, de los antecedentes relatados en el considerando que antecede, puede advertirse que la aquí quejosa es una persona tercera extraña a juicio, pues no figura como parte formal o material dentro del juicio ejecutivo mercantil **, ni se advierte de las constancias remitidas por la responsable que haya sido llamada al mismo. Ante ello, para acreditar su interés jurídico en este asunto, la impetrante del amparo debe demostrar que, sufre afectación en su esfera jurídica con algún acto emanado de tal procedimiento de origen, en concreto, debe acreditar fehacientemente que el derecho de propiedad que asevera tener sobre el inmueble que señala en su demanda de amparo, se ve real y jurídicamente agraviado con el embargo trabado en autos del señalado juicio. En ese sentido, la quejosa ofreció como medio de convicción el segundo testimonio del instrumento notarial *** que contiene la donación a título gratuito, celebrada entre la aquí quejosa y ***, el trece de septiembre de dos mil once, respecto de dos tercios de la parte proporcional que correspondía a estos últimos del: [.] . De ahí que, al tratarse dicho contrato de un documento público, pues fue realizado ante un funcionario investido de fe pública, como en el caso es el Notario Público, es jurídicamente apto para justificar en el juicio de amparo el interés jurídico de la parte quejosa respecto del inmueble de que se trata, al haber sido adquirido por donación cuando menos desde el trece de septiembre de dos mil once. Documental que tiene el valor probatorio pleno al ser un documento público, de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por tanto, resulta suficiente para acreditar su interés jurídico para promover el juicio de amparo, ya que el mismo es de fecha cierta. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en reiteradas ocasiones que la fecha cierta de un documento privado, es aquella que se tiene cuando se dan las hipótesis jurídicas siguientes: I. A partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad. II. Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, y finalmente; III. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Por tanto, si se configura alguno de estos supuestos, se puede otorgar valor probatorio al documento en cuestión en relación con terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad otorgar eficacia probatoria a la fecha que consta en el mismo y con ello certeza jurídica. Esto es así, ya que las hipótesis jurídicas citadas, tienen como elemento de similitud dar certidumbre de su materialidad a través de su fecha, de que no haya duda de que el acto sea anterior o posterior, en la que interviene un tercero fidedigno por su fe pública para dar certeza de esa materialidad, o sea, tener una precisión o un conocimiento indudable de la existencia del documento y que a partir de cualquiera de los acontecimientos mencionados, su fecha, ya no puede ser anterior o posterior, por lo que no atienden a las formalidades de validez del acto contenido en ese instrumento. Con la finalidad de hacer efectivos los principios de certeza y seguridad jurídica en la materialidad del acto contenido en un documento privado a través de su fecha, la jurisprudencia acude, en los dos primeros eventos señalados con antelación, a un tercero fidedigno fuera de toda duda, como son el Registro Público de la Propiedad, o a un funcionario en razón de su oficio, y en el último a la muerte de cualquiera de los firmantes, en virtud de que su efecto material fidedigno da certidumbre de que no pudo haber sido signado en fecha posterior. En esa tesitura, es menester destacar que el presentar un documento ante un fedatario público o celebrar un acto o hecho jurídico ante su fe pública, da certidumbre sobre la fecha en que fue elaborado, pues es un tercero ajeno a las partes, que está investido de fe pública y facultado para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos, por lo cual su intervención conduce así a garantizar la certeza de la fecha, porque da fe de que existió el instrumento que le fue presentado o del acto o hecho jurídico celebrado ante dicho fedatario. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 77, del Tomo XXI, Junio de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto establecen: "DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades". Con la documental antes indicada, se acredita plenamente que a la fecha en que se trabó embargo sobre el predio número quinientos doce, letra "A" de la calle cuarenta y uno (41), de esta ciudad de Mérida, Yucatán, esto es, el ocho de marzo de dos mil doce, en lo que respecta a la parte que correspondía a *** (demandada en el juicio origen), ya había salido de su patrimonio, al haber celebrado con la aquí quejosa el contrato de dación de la porción del predio de que se trata, el día trece de septiembre de dos mil once, ratificado ante un fedatario público, adquiriendo fecha cierta cuando menos desde ese mismo día, pues la qujeosa Reyna Isabel Batista Escalante adquirió la propiedad íntegra del mencionado inmueble. Apoya la anterior determinación, por el principio que contiene, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, localizable en la página quinientos trece, tomo IV, octubre de mil novecientos noventa y seis, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 201118, de rubro y texto: "DACIÓN EN PAGO. CONTRATO. ACREDITA EL INTERES JURIDICO EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. El artículo 1957 del Código Civil de Nuevo León, establece lo siguiente: "El deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en pago de sus deudas. Esta cesión, salvo pacto en contrario, sólo libera a aquél de responsabilidad por el importe líquido de los bienes cedidos. Los convenios que sobre el efecto de la cesión se celebren entre el deudor y sus acreedores, se sujetarán a lo dispuesto en el título relativo a la concurrencia y prelación de los créditos." Como puede apreciarse, la ley prevé que, mediante convenio con los acreedores, el deudor puede efectuar lo que la doctrina llama "dación en pago" o "pago por entrega de bienes", caso en que el acreedor acepta liberar al deudor recibiendo otra cosa en lugar de la debida. Esta operación requiere la misma capacidad que el pago y produce los mismos efectos; es una forma de cumplir la obligación y, a la vez, una forma de extinguirla. La dación en pago se configura con los siguientes elementos: a) Existencia de un crédito; b) Ofrecimiento del deudor de cumplir su obligación con un objeto diferente del que se debe; c) Que el objeto que se entregue a cambio sea dado en pago. Cabe resaltar que este contrato tiene muchos de los caracteres del de compraventa, pero esta analogía que existe entre ambos contratos, no es bastante para que de allí pueda decirse que en todos los casos son aplicables a la dación en pago, las reglas de la compraventa, las disposiciones relativas a este último contrato, que rigen la dación en pago, son únicamente las que constituyen simples aplicaciones de los principios generales, pero no las que son contrarias a dichos principios. Por lo cual si se encuentran reunidos los elementos para la configuración de la dación en pago en un contrato exhibido por el solicitante de amparo, contrato que se protocolizó mediante escritura pública ante notario público, es evidente que aquél demuestra su interés jurídico en el juicio de garantías." Luego, resulta obvio que al momento de trabarse embargo sobre la parte del predio que defiende la peticionaria del amparo, ya había salido del patrimonio de la demandada del juicio natural (Isabel Antuña Batista), y por tanto, era de persona ajena a dicho juicio, que en el caso lo es la aquí quejosa. Ante ello, es claro que se vulneraron los derechos humanos de seguridad jurídica y de legalidad de la quejosa Reyna Isabel Batista Escalante, que prevén los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que dichos preceptos constitucionales protegen la propiedad que se tenga sobre un bien inmueble, independientemente del derecho y de la capacidad de poseerlo, habida cuenta de que a la quejosa se le restringe del derecho de propiedad que tiene sobre el predio embargado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 5, del Tomo XV, febrero de 2002, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión". Sin que influya a la anterior determinación, la circunstancia de que el referido contrato no se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado, toda vez que dicha inscripción no es constitutiva de derechos, sino únicamente reúne las características de dar publicidad a un acto, esto es, la inscripción sólo tiene efectos declarativos, dado que los derechos provienen del acto jurídico declarado y no de la inscripción cuya finalidad, como se dijo, es dar publicidad al acto, conforme a lo dispuesto en el artículo 1408 del Código Civil del Estado de Yucatán. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 40, volumen 63, cuarta parte, Séptima Época, con número de registro 800688, que dice: "REGISTRO PÚBLICO, EFECTOS DE LAS INSCRIPCIONES HECHAS EN EL. Las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad tienen efectos declarativos y no constitutivos, de tal manera que los derechos provienen del acto jurídico declarado pero no de la inscripción, cuya finalidad es dar publicidad al acto y no constituir el derecho". De igual manera resulta aplicable, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la página 243, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, con número de registro 164612, de la literalidad siguiente: "CONTRATO DE COMPRAVENTA. NO SE REQUIERE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El contrato de compraventa nace a la vida jurídica cuando una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y la otra se compromete a pagar un precio cierto y en dinero, momento a partir del cual existe traslación de propiedad, aunque deban quedar a salvo los derechos de terceros con buena fe registral, incluso en los casos en que la ley exige cierta formalidad para la celebración del contrato, ya que la ausencia de dicha forma no produce la inexistencia del acto, sino un vicio subsanable. Así, si se demuestra la existencia del contrato de compraventa, y con él un derecho subjetivo existente y afectado mediante el acto reclamado en el juicio de amparo, debe tenerse por acreditado el interés jurídico, pues las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad sólo tienen efectos declarativos y no constitutivos, a fin de que los actos registrados surtan efectos contra terceros, de manera que los derechos que se tengan sobre los bienes, como el derecho de propiedad, provienen del acto jurídico celebrado entre las partes y no de su inscripción en dicho Registro. Esto es, no es indispensable que el contrato de compraventa esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad para demostrar el interés jurídico para la procedencia del juicio de amparo en que se reclame un acto de autoridad que afecte tales derechos, lo cual no implica prejuzgar sobre la concesión del amparo ni respecto de la eficacia del contrato de compraventa frente a las partes en el juicio de origen o frente a terceros". En consecuencia, lo procedente es conceder a la quejosa Reyna Isabel Batista Escalante el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. NOVENO. Efectos del fallo protector En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos de la misma. En ese tenor, la concesión de amparo será para el efecto de que la Jueza Segunda Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente el embargo trabado efectuado en autos del juicio ejecutivo mercantil 2467/2011, sobre el predio número quinientos doce, letra "A" de la calle cuarenta y uno (41), de esta ciudad de Mérida, Yucatán, y b) Ordene su cancelación en las oficinas registrales correspondientes, así como las consecuencias derivadas del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, consultable en la foja 993, Novena Época, del Tomo XI, enero de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192581, del texto y rubro siguientes: "EMBARGO, CANCELACIÓN DE. ÚNICAMENTE PUEDE ORDENARLA EL JUEZ QUE ORDENÓ SU INSCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN). La interpretación armónica de los artículos 2177 y 2189 del Código Civil del Estado de Yucatán, en cuanto permiten, el primero, cancelar la inscripción de una anotación en el Registro Público de la Propiedad, previa la tramitación del procedimiento administrativo que corresponde, y el segundo, cancelar dichas inscripciones por consentimiento de las partes o bien, por mandato judicial, conducen a este tribunal a concluir que cuando los solicitantes de la cancelación de una inscripción son las propias partes que celebraron el acto jurídico de que se trate, bien puede el director del Registro Público de la Propiedad, previa la tramitación del procedimiento respectivo ordenar su cancelación, porque en ese caso no existe controversia alguna y sí una voluntad plenamente manifestada; empero, ello no sucede en el caso de que la inscripción de un embargo se efectúe por mandato de un Juez y quien solicite la cancelación sea un tercero ajeno a la relación contractual, porque es evidente que en ese supuesto debe respetarse y acatarse la orden del Juez por constituir un mandato judicial. De ahí que ante ese evento, la intervención del director del Registro Público de la Propiedad debe circunscribirse a la tramitación del procedimiento de cancelación, sin emitir ninguna decisión al respecto, ya que ésta se tomará, en su caso, por el Juez que ordenó la inscripción, una vez que sea informado del estado del procedimiento llevado al efecto". Sin que lo anterior implique dejar sin efectos todo lo actuado dentro del juicio de origen, ya que en el presente sumario se combate una afectación de carácter patrimonial de una persona tercera extraña a dicho sumario, cuya consecuencia es la de obligar a la responsable a que respete el derecho de propiedad de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VII.2o.C. J/21 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Julio de 2005, visible a página 1305, del rubro y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado, con sede en esta ciudad, por no reclamarse por vicios propios. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia número 89, Quinta Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que señala: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS. La ejecución que lleven a cabo, de órdenes o fallos que constituyan una violación de garantías, importa también una violación constitucional." Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra los actos de las autoridades responsables, por la razón señalada en el considerando octavo de este fallo, para el efecto indicado en el diverso considerando último. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos los oficios signados por el Director Jurídico de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexos que acompaña, con los que atiende al requerimiento realizado por este órgano de control constitucional e informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Ahora bien, toda vez que de las constancias que remite se advierte que la autoridad responsable informa la imposibilidad de cumplimiento en virtud de que el quejoso debe ofrecer por escrito las pruebas con los que acredite la legal de permanencia de las mercancías embargadas precautoriamente durante el procedimiento administrativo en materia aduanera. En ese contexto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días siguientes a que se le haga de conocimiento lo anterior, remita las constancias relativas al acuerdo en el que se le otorgó el termino de pruebas a la quejosa, así como las constancias de notificación. Se apercibe a la responsable, que en caso de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del plazo señalado se le impondrá multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. Asimismo, se hace saber a la autoridad responsable del cumplimiento de la sentencia, que conforme a la Ley de Amparo, cuando la ejecutoria no queda cumplida tras el primer requerimiento, se procederá hacer efectiva la multa y remitir los autos al Tribunal Colegiado por inejecución, otorgando una prórroga de plazo por una sola y única ocasión. Por ello, se le conmina a cumplir la ejecutoria del presente juicio de manera completa y oportuna, pues la Ley Amparo no autoriza la elaboración de múltiples requerimientos para el cumplimiento de las sentencias. NOTIFÍQUESE. (....)

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