María Eugenia Zarate Gijón
Expediente 422/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 422/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María Eugenia Zarate Gijón
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de abril del año en curso, este órgano de control constitucional dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, en relación al cumplimiento que dio la autoridad responsable al fallo protector. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366 del Tomo XIV, Octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA." Ahora bien, en la sentencia engrosada el veintiocho de febrero del año en curso, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso MARCOS GÓMEZ ROSALES, para el efecto de que: ".las autoridades responsables Director General, Director, y Subdirector de Seguridad y Custodia, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "C.P.S.", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en el ámbito de sus atribuciones: 1.- Ordenen el cese de cualquier acto de tortura física o emocional, y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, en relación con el quejoso, lo que deberán acreditar oportunamente. 2.- Implementen mecanismos adecuados para asegurar que el quejoso no sea objeto de tortura o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional." En auto de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, causó ejecutoria dicha sentencia, por lo que se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. La Directora Jurídica del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXACA" con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en ausencia del Director General de dicho centro penitenciario mediante oficio NO. SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS13/DG/07571/2017 informó que periódicamente se le brinda atención psicológica al quejoso, anexando constancia de dicha asistencia brindada, asimismo en las constancias que remite en apoyo a dicho informe de cumplimiento de ejecutoria, se advierte, mediante MEMORÁNDUM NO. CFRS13/DG/03484/2017 la autoridad oficiante, instruyó al Psicólogo Penitenciario, Director de Seguridad y a la Directora Técnica del Centro de internamiento de referencia, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones cumplieran con la sentencia de mérito, informando cada una de las autoridades requeridas los trámites realizados para tal efecto. Por tanto, se considera que la autoridad responsable, cumplió con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional, de tal manera que en el caso, la sentencia de amparo ha quedado cumplida, al acatarse en sus términos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por María Eugenia Zarate Gijón, contra actos del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; fórmese expediente y regístrese en este Juzgado, con el número 422/2017. Ahora bien, la demanda debe desecharse de plano por causa manifiesta e indudable de improcedencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, se concreta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Articulo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." Conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos emanados de procedimientos jurisdiccionales o administrativos seguidos en forma de juicio que sean de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales en los que México sea parte, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no que sólo produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. En el caso, el acto controvertido que se hace consistir en la omisión del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, de acordar la petición formulada por escrito de fecha ocho de marzo anterior, en el expediente de divorcio 665/2016, no transgrede un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano, sino que se trata de una cuestión de carácter adjetiva, surgida dentro del propio procedimiento jurisdiccional, en el que el particular debe atender a las reglas que rigen en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada (derechos de debido proceso y acción). En esas condiciones, es evidente que el citado acto de procedimiento que se pretende combatir en esta instancia constitucional sólo produce efectos meramente intraprocesales, mas no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos personales de la inconforme (propiedades, posesiones o derechos). Por tanto, la omisión reclamada, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no causar un daño de imposible reparación a la promovente, en atención al concepto de irreparabilidad citado, pues el hecho de que se omita acordar sus promociones, no priva a la parte quejosa del derecho de defensa que tiene en el procedimiento, y tampoco altera las cuestiones debatidas en los mismos, además de tener a su alcance los medios establecidos en la legislación local para obligar a la responsable a dar respuesta a su petición. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan la Jurisprudencia 8/2015 (10a.), relativa a la contradicción de tesis 130/2014, resuelta el veintiuno de enero de dos mil quince, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8º CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la citada causa de improcedencia, en términos del 113 de la invocada ley de la materia, se desecha de plano la demanda de garantías. Se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, así como por autorizadas para tal efecto a las personas que señala en su escrito de demanda. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, puede oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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