María Eugenia Moran del Campo
Expediente 399/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 399/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María Eugenia Moran del Campo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el secretario de acuerdos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el cual acusa recibo del oficio 17759/2018, con el que se le remitió el toca civil 67/2018 del índice de esa Sala, así como el cuaderno de copias certificadas del expediente 410/2016, del control del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Finalmente, devuélvase a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado el toca civil 67/2018 de su índice, así como un cuaderno de copias certificadas relativas al expediente 410/2016, del control del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, mismos que remitió en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 399/2018; y, R E S U L T A N D O: I.- Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta población, MARÍA EUGENIA MORÁN DEL CAMPO, por su propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a sus derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, de quien reclamó: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La resolución de fecha cuatro de abril del año en curso, que dictó en el Toca Civil número 67/2018." II. ADMISIÓN Y TRÁMITE. Por cuestión de turno, dicha demanda fue remitida a este órgano jurisdiccional, radicándose el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, con el número 399/2018, ordenándose admitir a trámite, solicitar su informe justificado a la autoridad señalada como responsable; dar la intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Téngase presente que en la audiencia constitucional que antecede, se tuvo acreditada la personalidad de Raúl Pérez Juárez, como apoderado del tercero interesado Felipe de Jesús García Gómez, y en consecuencia por apersonado al presente juicio con tal carácter. III. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. La audiencia constitucional tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; por lo que es procedente pronunciar sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción V, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que se trata de un asunto de naturaleza civil; que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado en el presente juicio de amparo: La resolución de cuatro de abril de dos mil dieciocho, dictada por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca civil 67/2018 de su índice, que ordena admitir la prueba confesional en el incidente de falta de personalidad tramitado por cuerda separada en el juicio ordinario civil de nulidad de compraventa número 410/2016, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El presidente de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias del toca civil 67/2018, que anexó a dicho informe. Documentales a las que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. 1.- Ante el Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, se tramita el incidente de falta de personalidad promovido por Raúl Pérez Juárez, apoderado del aquí tercero interesado Felipe de Jesús García Gómez, en contra de la hoy quejosa María Eugenia Morán del Campo (Tomo II de pruebas anexo a este juicio, consistente en el testimonio de apelación remitido a la responsable para la sustanciación del recurso). El veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, el titular de ese juzgado determinó no admitir a trámite la prueba confesional a cargo de la Primer Oficial del Registro Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca (fojas 11 vuelta a 15 del tomo II de pruebas anexo a este juicio). 2.- No conforme con esa determinación, el incidentista, aquí tercero interesado, interpuso en su contra recurso de apelación del que correspondió conocer a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien lo radicó con el número de toca penal 67/2018. 3.- Mediante resolución de cuatro de abril de dos mil dieciocho, la citada Sala Civil responsable, determinó revocar la parte relativa del auto impugnado y ordenó al A quo admitir la prueba confesional a cargo de la Primer Oficial del Registro Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca (fojas 11 vuelta a 15 del tomo II de pruebas anexo a este juicio). Esta determinación es la que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO: Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este Tribunal advierta de oficio, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; y con apoyo además, en la jurisprudencia número 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, bajo el rubro y texto: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, este juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en tanto que el acto atacado, por su naturaleza y efectos, no es de imposible reparación para efecto de la procedencia del juicio que nos ocupa. En efecto, los citados normativos establecen: ".Artículo 61.El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. [.]" Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. En esas condiciones, es evidente que el acto reclamado por la quejosa consistente en la resolución de cuatro de abril de dos mil dieciocho, dictada por los magistrados de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado en el toca civil 67/2018 de su índice, en la que revoca la parte relativa del auto de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, emitido en el incidente de falta de personalidad, relativo al juicio ordinario civil de nulidad de compraventa número 410/2016, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y ordena admitir la prueba confesional a cargo del Primer Oficial del Registro Civil del Distrito Judicial del Centro, ofrecida por Raúl Pérez Juárez, apoderado del aquí tercero interesado Felipe de Jesús García Gómez, sólo produce efectos meramente intraprocesales, pero no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos personales del inconforme. En efecto, los artículos 172, fracciones III y XII, y 174, primer párrafo, del ordenamiento de la materia, disponen: "ARTÍCULO 172. En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: . III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la Ley; . XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." "Artículo 174. En la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo." Conforme a lo anterior, se arriba al conocimiento que el acto reclamado encuadra en la fracción XII, del artículo 172 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III del citado numeral, pues se trata de temas vinculados con el ofrecimiento, admisión, desechamiento o desahogo de pruebas, que, en su caso, sólo afecta derechos adjetivos, que por el momento, no es posible determinar si trascenderá al resultado de la resolución que en su caso pronuncie el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, en el incidente de falta de personalidad, anexo a su expediente 410/2016, pues esa circunstancia dependerá del sentido favorable o desfavorable en que se dicte. En el primer supuesto, puede ser remediada, si tal resolución es favorable a los intereses del promovente; de lo contrario, para el caso de que la resolución del mismo le sea desfavorable, se está en posibilidad de impugnarla mediante los medios de impugnación relativos y en su oportunidad invocarla como violación procesal en el juicio de amparo directo, que en su momento promueva. Por ello, el desahogo de la prueba confesional a cargo del Primer Oficial del Registro Civil del Distrito del Centro, que se ordenó admitir al juez Segundo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, no puede catalogarse como de carácter irreparable, en términos del citado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo; pues no presenta, desde luego y por sí, un menoscabo directo en los derechos sustantivos de la promovente del amparo; de ahí que el acto reclamado no sea impugnable a través del juicio de garantías indirecto. Resulta aplicable la tesis número LVII/2004, localizable en la página nueve, del tomo XX, octubre de dos mil cuatro, Novena Época, Pleno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Así también, la jurisprudencia 3a.43, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 291, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación de rubro y textos siguientes: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Y la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo 56, agosto de 1992, Materia Común, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Por todo lo anterior, válidamente puede decirse que los actos precisados no constituyen una actuación de imposible reparación que justifique la procedencia de esta vía, porque sus consecuencias no afectan de forma material, inmediata y cierta los derechos fundamentales previstos en nuestra carta magna, ni ocasiona al quejoso un perjuicio actual, real y presente. En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, en relación con los diversos preceptos 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, y 172, fracciones III y XII, todos de la Ley de Amparo; se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. SEXTO. Por otra parte, en términos de los artículos 1 al 9 y 12 a 23 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debido a que las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente; únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener esta resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por MARÍA EUGENIA MORÁN DEL CAMPO, por las razones expuestas en el penúltimo considerando de este fallo. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a lo ordenado en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE.Así lo resolvió y firma el licenciado Amado Chiñas Fuentes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Maribel Leocadia García Melchor, secretaria que autoriza y da fe, el día de su audiencia veintiuno de mayo de dos mil dieciocho Doy Fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos se advierte, en proveído de tres de mayo del año en curso, se agregó el informe justificado de la autoridad responsable, por lo que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere para las DOCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo. De igual forma, del estado de los autos se advierte que el tercero interesado Felipe de Jesús García Gómez, ha quedado legalmente emplazado a este juicio de amparo, y que el plazo de tres días otorgado a fin de que señalara domicilio en la ciudad de Oaxaca de Juárez, zona conurbada a esta, o bien en esta población, para oír y recibir notificaciones, transcurrió del nueve al once de mayo del año en curso, sin que lo haya señalado; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de tres de mayo de dos mil dieciocho, y se ordena hacerle las subsecuentes notificaciones en este juicio de amparo, aun las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, hasta en tanto subsane tal omisión, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, incorpórese a los autos el escrito de cuenta, signado por Manuel Tomás López Pérez, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; visto su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la referida Ley, téngasele por hechas las manifestaciones que realiza en vía de alegatos, las que se ordena tomar en consideración en el momento procesal oportuno. Respecto a la prueba instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana que ofrece, al no tener vida propia, llegado el momento procesal oportuno, el suscrito tomará en consideración la totalidad de las actuaciones del presente juicio y deducirá las presunciones que en su favor se aprecien. Apoya la consideración anterior, la tesis sostenida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 291 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV, enero de 1995, que dice: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." NOTIFÍQUESE.
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