María Eugenia Zarate Gijon

Expediente 534/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
534/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
24/10/2017

Partes del expediente

  • María Eugenia Zarate Gijon
  • Pedro de Jesús Ortiz Paz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Incidental

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete Vista la certificación que antecede, tomando en consideración que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que ya se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, y al advertirse que se negó a la parte quejosa la medida cautelar, con fundamento en lo establecido en el punto cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este Juzgado estima que por sus particularidades, el presente incidente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que, procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no se promovió incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, ni existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. Vistos; por cuanto a la certificación de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes, hubiera interpuesto el recurso de inconformidad en contra del auto que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, dentro del término de quince días, es de estimarse que consintieron tácitamente el cumplimiento dado a la misma. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; b) es susceptible de depuración, c) en su oportunidad, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas y procederse a su digitalización; Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose de la razón levantada por el Actuario de este Juzgado, que no le fue posible notificar el proveído de veintitrés de agosto último, al tercero interesado Jaime de Jesús López Allende o Jesús López Allende, por las razones que expone; por lo tanto, tomando en consideración que es el domicilio señalado por el tercero interesado mediante escrito de cinco de julio del año en curso (foja 24), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificarle el mismo por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Tribunal. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el término otorgado en proveído de diez de agosto actual (foja 48); en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se pronuncia sobre el particular. La concesión del amparo y protección otorgada a la inconforme, fue para el efecto de que la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, dejara insubsistente el acuerdo de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ordinario civil 665/2016, en el apartado donde fijó una pensión alimenticia provisional a favor de la quejosa MARÍA EUGENIA ZÁRATE GIJÓN, y con libertad de jurisdicción, emitiera uno nuevo en el cual reiterara las razones y fundamentos invocados en dicho acuerdo, precisando si la pensión a pagarse deberá ser semanal, quincenal o mensual (fojas 25 a 31). Ahora, del oficio 1998/2017, remitido por la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, se advierte existe imposibilidad jurídica para acatar en sus términos el fallo protector, toda vez que de las constancias que anexó la misma, se advierte que mediante oficio 1352, el apoderado legal de Teléfonos de México, S.A.B de C.V., informó el cumplimiento a lo ordenado en proveído de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ordinario civil 665/2016, consistente en descontar el diez por ciento de sueldo y demás prestaciones que perciba mensualmente el trabajador Pedro de Jesús Ortiz Paz, siendo retroactivo a partir del dieciocho de abril de esta anualidad (fojas 41 a 47). Atento a lo anterior, se concluye que en la especie existe imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que no es posible exigir el cumplimiento de la ejecutoria, pues con ello se retrasaría injustificadamente la recepción de la pensión alimenticia por parte de la quejosa, además de que se advierte la misma será pagada mensualmente, para lo cual fue concedido el amparo y la protección de la justicia federal de la quejosa. Tiene aplicación en lo conducente, la tesis III/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XVII, Febrero de 2003, visible a página 216 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración; máxime que conforme a la ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera, y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." El criterio invocado, a pesar de haber sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, resulta aplicable al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se oponen a ésta. En ese sentido, de conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional declara que existe imposibilidad legal para cumplir con la sentencia de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

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