María Eugenia Moran del Campo

Expediente 937/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
937/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
12/12/2019

Partes del expediente

  • María Eugenia Moran del Campo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido el auto dictado por este Juzgado el quince de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 20 y 21), por el que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales, ni se promovió recurso alguno. Finalmente, devuélvase a la responsable las constancias que anexó a su informe como justificación del mismo, deducidas del expediente 306/2009 de su índice; así como del incidente de ejecución de sentencia. Solicitando el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Vistos los autos, se advierte que transcurrió el plazo concedido al tercero interesado en auto de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, para que proporcionara domicilio para oír y recibir notificaciones. Por tanto, con fundamento en el artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto, y se ordena notificar al tercero interesado Felipe de Jesús García Gómez por lista de acuerdos las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal. Finalmente, en atención a la razón de diecinueve de noviembre del año en curso, suscrita por el actuario de la adscripción en la que informa no le fue posible notificar al tercero interesado el auto de quince de noviembre de dos mil diecinueve, por las razones que expone; en consecuencia se ordena notificar al tercero interesado Felipe de Jesús García Gómez tal proveído, atendiendo lo acordado en el párrafo anterior. NOTIFÍQUESE. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO, NOTIFICO AL TERCERO INTERESADO EL AUTO QUE ENSEGUIDA SE INSERTA: - - - - San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el oficio de la Juez Tercero de lo Familiar del Centro, Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena glosar a los autos para los efectos legales consiguientes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite como prueba de su parte la documental que anexa, la que se tiene por desahogada en este acto en razón de su propia y especial naturaleza; por tanto, fórmese tomo de pruebas con las copias certificadas que remite del expediente principal e incidente de ejecución respectivo, respetando el sello, folio y rúbrica del mismo, el que quedará bajo el resguardo de la mesa y a disposición de las partes para su consulta, identificándose como tomos I y II de pruebas. Por otro lado, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa María Eugenia Moran del Campo reclama: La falta de acuerdo y notificación de su escrito presentado el cuatro de junio del año en curso, en el incidente de liquidación relativo al expediente familiar 306/2009 del índice de la Juez Tercero de lo Familiar del Distrito del Centro del Estado de Oaxaca. Luego, la juez responsable al rendir su informe justificado remitió copias certificadas del cuaderno del incidente de ejecución de sentencia relativo al juicio familiar 306/2009 de su estadística, en el que se observa el escrito de la quejosa María Eugenia Moran del Campo, de cuatro de junio del presente año, con el que le solicita a la responsable se abra el incidente a prueba para el desahogo de las pruebas ofrecidas (foja 22 del tomo II de pruebas). Mediante auto de dos de septiembre de dos mil diecinueve, la juez responsable acordó favorable el escrito de la quejosa María Eugenia Moran del Campo, aperturando la dilación probatoria en el incidente de ejecución de sentencia por un plazo de cinco días comunes a las partes; auto que fue notificado el catorce de noviembre del año en curso, a la quejosa por conducto de su autorizado Federico Javier Santos Vásquez (folios 21 y 30 del tomo II de pruebas). En este orden de ideas, resulta evidente que al haberse acordado la petición de la quejosa y haberlo hecho de su conocimiento, los actos reclamados dejaron de subsistir y, en consecuencia, de producir efectos; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, habida cuenta que los actos reclamados cesaron en sus efectos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª/J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diez, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE en el juicio fuera de audiencia. En virtud de lo anterior, quedan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (doce horas del veintiuno de noviembre del año en curso), pues no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer en el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. Se cita en apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, páginas 386 y 387, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando con la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Los criterios invocados, a pesar de haber sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, resultan aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se oponen a ésta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Vistos los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido al Juez Tercero de lo Familiar del Distrito del Centro del Estado de Oaxaca, para que rinda su informe justificado; en consecuencia, resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, difiriéndose para las DOCE HORAS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por María Eugenia Moran del Campo, contra actos del Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Fórmese expediente en los términos del artículo 3º de la Ley de Amparo; regístrese con el número 937/2019, que le correspondió; tramítese este juicio sin incidente de suspensión. Requerimiento de informes. Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, donde expondrá las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento y según el caso, acompañará copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Apercibimientos. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, apercíbase a la autoridad responsable que de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario. Además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado, es decir, quince días, o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100, moneda nacional ($8,449.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($84.49) por cien (100), al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Asimismo, cualquiera de las partes deberá informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 70/100, moneda nacional ($2,534.70), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($84.49) por treinta (30); en términos del artículo 251 de la ley de la materia. Requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado, manifieste si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente, del cual emana el acto reclamado, y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó y remita las constancias relativas que acredite dicha circunstancia, apercibiéndola a que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional ($4,224.50), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($84.49) por cincuenta (50), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento. Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. Emplazamiento a terceros interesados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercero interesado a Felipe de Jesús García Gómez; en tal circunstancia, se comisiona al Actuario adscrito, para que con copia simple de la demanda de amparo la emplace a ésta instancia constitucional con ese carácter, en el domicilio ubicado en el número trece del edificio número ciento dieciséis de la calle de Doctor Valdivieso, en el Centro de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, a fin de que si a sus intereses conviene se apersone al juicio y esté en aptitud de promover lo conducente, debiendo requerirlo para que en el acto del emplazamiento, o bien, dentro del término de tres días siguientes a éste, señale domicilio en la Ciudad de Oaxaca o zona conurbada, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, las subsecuentes, aun aquéllas de carácter personal, se le harán mediante lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 26 fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto subsane tal omisión. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda; así como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Manuel Tomás López Pérez, y solo para recibir notificaciones a las restantes personas que indica, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes que acrediten están legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado en término del artículo 12 de la ley de la materia. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Intervención. Se otorga a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, para ello, entréguesele copia simple de la demanda. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. NOTIFÍQUESE.

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