Maria Eugenia Rivera Guzman
Expediente 139/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 139/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Sala Colegiada Civil Y Familiar del Estado de Yucatan
- Maria Eugenia Rivera Guzman
Actuaciones
- Principal
MESA VI. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de seis de febrero pasado, pronunciado en este juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en el que se desechó la presente demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la presente demanda de amparo, y que por ende, no se tramitó el incidente de suspensión, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
MESA VI. Vista la demanda de amparo promovida por María Eugenia Rivera Guzmán, contra el acto que reclama a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, se advierte en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, último párrafo, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;.". De los preceptos legales transcritos se obtiene que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el amparo sólo puede promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, y en lo que interesa al presente estudio, en los casos de remate, aquella última resolución es aquélla en la que, en forma definitiva, se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, momento en el que pueden hacerse valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. En relación con los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para la procedencia del juicio de amparo biinstancial, una regla genérica y una especial: la primera, consiste en que el amparo indirecto procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativo o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, aun cuando lo sea por homologación, es decir, no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, los cuales de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del País, gozan de autonomía. Y la segunda, una específica, introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo indirecto podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia P./J. 108/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, enero de 2011, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Criterio que resulta aplicable al caso concreto del procedimiento de remate, pues como los actos dictados en el período de ejecución de sentencia son emitidos después de juicio, para la procedencia del juicio de amparo, habrá de verificar si tienen como finalidad la ejecución de dicho fallo, y si esto no es así, si violentan derechos sustantivos. Regla que continúa vigente en la Ley de Amparo en vigor, en el numeral 107, fracción V, pero con una ligera variación en relación con lo que debe entenderse como última resolución, al señalar que: "En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior" Sustenta lo anterior, el criterio sustentado en la tesis I.9o.C. 18C, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, XXV, octubre de 2013, tomo 3, página 1856, que prevé: "REMATE. LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA LA ADJUDICACIÓN Y ORDENA LA ESCRITURACIÓN DEL BIEN, ES LA ÚLTIMA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE). El artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, indica que la última resolución dictada en el procedimiento de remate es la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; sin embargo, en la práctica judicial no necesariamente debe existir una resolución que, como documento y acto jurídico, satisfaga esos dos requisitos, sino que pueden estar separados, y cuando esto sucede, la orden de entrega depende o es consecuencia de que exista la resolución que decrete la adjudicación y la orden de escrituración, que por su naturaleza y alcances debe considerarse como la última resolución en el procedimiento de remate, para determinar la procedencia del amparo, pues no debe esperarse hasta que exista la orden de entrega del bien rematado para considerar que este acto hace procedente al juicio, ya que no pudiera existir si no se hubiera resuelto en definitiva la adjudicación y escrituración." Conforme a lo anterior, las violaciones cometidas en los procedimientos de remate deberán ser impugnadas hasta el dictado de la última resolución en dicho segmento procesal, pudiéndose impugnar, excepcionalmente, los que se dicten en dicho período que afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Criterio que ha sido sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimocuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 5/2014 en sesión de veintiséis de febrero de dos mil catorce. En el caso, la quejosa señala como acto reclamado la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictado por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos del toca 982/2017 de su índice, en el que confirmó el auto de dos de junio de dicha anualidad, en la que el Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, aprobó el auto de remate en subasta pública del predio número doscientos noventa de la calle cuarenta y nueve letra "A" del fraccionamiento Francisco de Montejo de esta ciudad de Mérida, derivado del Juicio Extraordinario Hipotecario 1214/2001. No obstante, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, porque el acto reclamado no se encuentra dentro de los actos que son susceptibles de examen en el juicio constitucional, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, ya que constituye un acto dictado después de concluido el juicio extraordinario hipotecario, concretamente en la etapa de remate, por lo que el amparo indirecto sólo puede promoverse contra la última resolución, entendiéndose como aquella la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso, pueden hacerse valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Se estima así, porque si bien en el auto que constituye el acto reclamado la aprobación del remate en subasta pública del predio número doscientos noventa de la calle cuarenta y nueve letra "A" del fraccionamiento Francisco de Montejo de esta ciudad de Mérida a favor del cesionario, válidamente permite colegir que esta resolución no es la que constituye la última resolución dictada en el aludido procedimiento de remate, porque por virtud de aquélla aun no se ha ordenado en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación. A mayor abundamiento, también debe señalarse que en el aludido procedimiento, la juez de los autos aun no ordena la entrega material del inmueble, tal como dispone el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero de la Ley de Amparo. De ahí que se concluya que contra dicho acto reclamado no proceda el juicio de amparo indirecto, porque no se trata de la última resolución dictada en dicho segmento procesal de remate, y aunque pudiera afectar derechos sustantivos, para que su impugnación sea viable, es necesario que sea ajeno a la cosa juzgada, lo que en el caso no acontece, toda vez que para que pueda considerarse así, se requiere que no trascienda al desarrollo normal del procedimiento relativo. Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, último párrafo, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por María Eugenia Rivera Guzmán, contra los actos que reclamó del Juez Primero de lo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y de otra autoridad.
- Principal
MESA VI. Vista la demanda de amparo promovida por María Eugenia Rivera Guzmán, contra el acto que reclama a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, se advierte en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, último párrafo, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;.". De los preceptos legales transcritos se obtiene que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el amparo sólo puede promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, y en lo que interesa al presente estudio, en los casos de remate, aquella última resolución es aquélla en la que, en forma definitiva, se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, momento en el que pueden hacerse valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. En relación con los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para la procedencia del juicio de amparo biinstancial, una regla genérica y una especial: la primera, consiste en que el amparo indirecto procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativo o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, aun cuando lo sea por homologación, es decir, no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, los cuales de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del País, gozan de autonomía. Y la segunda, una específica, introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo indirecto podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia P./J. 108/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, enero de 2011, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Criterio que resulta aplicable al caso concreto del procedimiento de remate, pues como los actos dictados en el período de ejecución de sentencia son emitidos después de juicio, para la procedencia del juicio de amparo, habrá de verificar si tienen como finalidad la ejecución de dicho fallo, y si esto no es así, si violentan derechos sustantivos. Regla que continúa vigente en la Ley de Amparo en vigor, en el numeral 107, fracción V, pero con una ligera variación en relación con lo que debe entenderse como última resolución, al señalar que: "En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior" Sustenta lo anterior, el criterio sustentado en la tesis I.9o.C. 18C, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, XXV, octubre de 2013, tomo 3, página 1856, que prevé: "REMATE. LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA LA ADJUDICACIÓN Y ORDENA LA ESCRITURACIÓN DEL BIEN, ES LA ÚLTIMA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE). El artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, indica que la última resolución dictada en el procedimiento de remate es la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; sin embargo, en la práctica judicial no necesariamente debe existir una resolución que, como documento y acto jurídico, satisfaga esos dos requisitos, sino que pueden estar separados, y cuando esto sucede, la orden de entrega depende o es consecuencia de que exista la resolución que decrete la adjudicación y la orden de escrituración, que por su naturaleza y alcances debe considerarse como la última resolución en el procedimiento de remate, para determinar la procedencia del amparo, pues no debe esperarse hasta que exista la orden de entrega del bien rematado para considerar que este acto hace procedente al juicio, ya que no pudiera existir si no se hubiera resuelto en definitiva la adjudicación y escrituración." Conforme a lo anterior, las violaciones cometidas en los procedimientos de remate deberán ser impugnadas hasta el dictado de la última resolución en dicho segmento procesal, pudiéndose impugnar, excepcionalmente, los que se dicten en dicho período que afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Criterio que ha sido sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimocuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 5/2014 en sesión de veintiséis de febrero de dos mil catorce. En el caso, la quejosa señala como acto reclamado la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictado por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos del toca 982/2017 de su índice, en el que confirmó el auto de dos de junio de dicha anualidad, en la que el Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, aprobó el auto de remate en subasta pública del predio número doscientos noventa de la calle cuarenta y nueve letra "A" del fraccionamiento Francisco de Montejo de esta ciudad de Mérida, derivado del Juicio Extraordinario Hipotecario 1214/2001. No obstante, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, porque el acto reclamado no se encuentra dentro de los actos que son susceptibles de examen en el juicio constitucional, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, ya que constituye un acto dictado después de concluido el juicio extraordinario hipotecario, concretamente en la etapa de remate, por lo que el amparo indirecto sólo puede promoverse contra la última resolución, entendiéndose como aquella la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso, pueden hacerse valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Se estima así, porque si bien en el auto que constituye el acto reclamado la aprobación del remate en subasta pública del predio número doscientos noventa de la calle cuarenta y nueve letra "A" del fraccionamiento Francisco de Montejo de esta ciudad de Mérida a favor del cesionario, válidamente permite colegir que esta resolución no es la que constituye la última resolución dictada en el aludido procedimiento de remate, porque por virtud de aquélla aun no se ha ordenado en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación. A mayor abundamiento, también debe señalarse que en el aludido procedimiento, la juez de los autos aun no ordena la entrega material del inmueble, tal como dispone el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero de la Ley de Amparo. De ahí que se concluya que contra dicho acto reclamado no proceda el juicio de amparo indirecto, porque no se trata de la última resolución dictada en dicho segmento procesal de remate, y aunque pudiera afectar derechos sustantivos, para que su impugnación sea viable, es necesario que sea ajeno a la cosa juzgada, lo que en el caso no acontece, toda vez que para que pueda considerarse así, se requiere que no trascienda al desarrollo normal del procedimiento relativo. Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, último párrafo, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por María Eugenia Rivera Guzmán, contra los actos que reclamó del Juez Primero de lo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y de otra autoridad.
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