María Eugenia Vallado Castilla
Expediente 138/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 138/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María Eugenia Vallado Castilla
Actuaciones
- Principal
Vista la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio de amparo el trece de octubre de dos mil veinte; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que la expresada resolución que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Asimismo, el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa, en el que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 21, inciso c), del Acuerdo antes citado; por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte final del acuerdo antes citado. De igual modo, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Asimismo, glósese copia autorizada del presente auto en los cuadernos incidentales. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que la parte quejosa anexó a su de demanda de amparo diversas documentales que ofreció como pruebas en el presente asunto y toda vez que no existe razón legal para que continúen al resguardo de la secretaría de este Juzgado, prevéngase a la parte quejosa para que acuda a este Tribunal con identificación oficial, a fin de recoger los documentos de referencia; en el entendido que de no hacerlo, dentro el plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, serán destruidos junto con el presente juicio de amparo. Para lo cual, toda vez que mediante Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se determinó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales, anteriormente decretada; asimismo, se establecieron las reglas bajo las cuales los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación operarán a partir del tres de agosto al treinta y uno de octubre, ambos de dos mil veinte, garantizando la continuidad de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Por tanto, con apoyo en el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se deja en aptitud a la parte quejosa de ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Agenda OJ", a fin de obtener la cita correspondiente, y estar en aptitud de acudir al Juzgado a recoger los documentos correspondientes. Asimismo, se hace del conocimiento a la parte quejosa, que de conformidad al artículo 3, del mencionado Acuerdo General 21, el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios, a fin de que tome sus precauciones.
- Principal
En Mérida, Yucatán, a las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo I-138/2020, promovido por Maria Eugenia Vallado Castilla; estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. La Jueza declara abierta la audiencia.El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con los informes justificados rendidos por el Director de Desarrollo Urbano y el Jefe de Inspección Urbana de la Dirección de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Mérida, con residencia en esta ciudad.Acto seguido, la Jueza acuerda: Téngase por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables, para que sean tomados en consideración como corresponda.Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales que la parte quejosa adjuntó a su demanda consistente en: copia certificada del primer testimonio de la escritura pública número doscientos quince, de once de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, otorgada ante la Fe del Notario Público Veintiuno del Estado de Yucatán, entre otras, relativa a la compraventa del predio número trescientos sesenta y tres letra "A" de la calle cuarenta y dos de la Colonia Benito Juárez Norte de esta ciudad; y con las que adjuntó la autoridad responsable Director de Desarrollo Urbano a su informe con justificación en copia certificada. En mérito de lo anterior, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas antes citadas, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica.Abierto el período de alegatos, se da cuenta con el escrito de la quejosa presentado el veintiuno de febrero del presente año, en la Oficialía de Partes de este Juzgado, con el que realiza diversas manifestaciones en este asunto y con el pedimento número 101/2020, de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; por tanto, la Jueza acuerda: Se tienen por formulados los alegatos realizados por la quejosa y por la representación social federal, los cuales serán tomados en consideración al momento de emitir la sentencia de amparo, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. A continuación, la Jueza procede a dictar la siguiente resolución. VISTO, para resolver, el presente juicio de amparo 138/2020-I, promovido por Maria Eugenia Vallado Castilla, contra los actos que reclama del Director de Desarrollo Urbano y el Jefe de Inspección Urbana de la Dirección de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Mérida, por estimarlo violatorio de los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y,R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y que por razón de turno le tocó conocer a este órgano jurisdiccional, Maria Eugenia Vallado Castilla, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el Director de Desarrollo Urbano y el Jefe de Inspección Urbana de la Dirección de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Mérida, señalando como acto reclamado, la expedición de la licencia de construcción en un complejo de departamentos, expedida a favor del María Gabriela Pinto Baeza y Leonardo Coello Barredos, posesionarios del predio urbano número trescientos treinta y uno, de la calle cuarenta y dos, entre las calles cuarenta y siete y cuarenta y cinco, de la colonia Benito Juárez Norte de esta ciudad.SEGUNDO. Admisión de demanda. Previo auto aclaratorio de veintinueve de enero de dos mil veinte, en proveído de seis de febrero del presente año, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Maria Eugenia Vallado Castilla; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados María Gabriela Pinto Baeza y Leonardo Coello Barredos, lo cual se realizó oportunamente; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y,C O N S I D E R A N D O:PRIMERO. Competencia. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 36 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 28/2016 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque los actos reclamados tiene ejecución en esta entidad, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción.SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En el caso, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto que por esta vía se impugna como inconstitucional y que se desprende del análisis integral del escrito de demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte solicitante del amparo, con la finalidad de estar en posibilidad de resolver la litis efectivamente planteada y determinar lo que la parte quejosa dijo o quiso decir, armonizando los datos proporcionados en la demanda. Lo anterior, tiene sustento además, en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así las cosas, analizada la demanda en su integridad, se advierte que la impetrante de amparo, reclama:1.- La expedición de la licencia de uso de suelo para el trámite de la licencia de construcción con número de trámite 0000165480, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, con uso autorizado para multifamiliares de dos a cien unidades, expedida a favor de María Gabriela Pinto Baeza y Leonardo Coello Barredos, posesionarios del predio urbano número trescientos treinta y uno, de la calle cuarenta y dos, entre las calles cuarenta y siete y cuarenta y cinco, de la colonia Benito Juárez Norte de esta ciudad.2.- La expedición de la licencia de construcción con número de trámite 167264, con vigencia del treinta de diciembre de dos mil diecinueve al treinta de diciembre de dos mil veintiuno, con uso autorizado para multifamiliares de dos a cien unidades, expedida a favor de los referidos Pinto Baeza y Coello Barredos, en relación con el predio citado con antelación.Encuentra aplicación el criterio que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el número P. VI/2004. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Jefe de Inspección Urbana de la Dirección de Desarrollo Urbano, del Ayuntamiento de Mérida, al rendir su informe justificado, manifestó que no son ciertos los actos reclamados; sin prueba en contrario de la agraviada que desvirtuara dicha negativa. Máxime que de las constancias que obran en el presente asunto, no existe prueba alguna que conlleve a determinar la existencia del acto que niega la autoridad responsable. En esas condiciones, respecto de los actos reclamados atribuidos a la aludida autoridad, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y la tesis jurisprudencial número 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo".CUARTO.- Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, al rendir su informe con justificación, admitió la existencia de los actos reclamados; esto es, la expedición de la licencia de uso de suelo y la licencia de construcción, con uso autorizado para multifamiliares de dos a cien unidades, expedida a favor de María Gabriela Pinto Baeza y Leonardo Coello Barredos, posesionarios del predio urbano número trescientos treinta y uno, de la calle cuarenta y dos, entre las calles cuarenta y siete y cuarenta y cinco, de la colonia Benito Juárez Norte de esta ciudad.QUINTO. Análisis de procedencia del juicio constitucional. El estudio de las causas de improcedencia, de oficio o a petición de parte, es una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales.El Director de Desarrollo Urbano de la Dirección de Desarrollo Urbano, adujo en su informe justificado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados no afectan el interés jurídico ni legítimo de la quejosa, pues no se produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, pues no acredita que con la construcción autorizada, se produzca un riesgo para su desarrollo y bienestar, al no ofrecer prueba que lo acredite.Es fundada la aludida causal propuesta por la autoridad responsable, cuenta habida, que respecto a los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en virtud de las consideraciones que se expondrán.En efecto, numeral en comento establece lo siguiente:Así, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone:Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley.Así, por cuestión de orden, resulta precisar que el artículo 5° de la Ley de Amparo, en su fracción I, indica que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la ley de la materia, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; de la misma manera, el numeral y fracción de referencia, es claro en indicar que el interés simple en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo.Aunado a lo anterior, cabe hacer mención a lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que dispone:Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.De acuerdo con el precepto constitucional transcrito, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de "parte agraviada".Para explicar lo anterior, conviene acudir a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado, a partir de la base doctrinal y jurisprudencial, respecto de los conceptos de interés jurídico e interés legítimo.Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal, la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho, y supone la conjunción de dos elementos inseparables: a) una facultad de exigir; y, b) una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia.De tal manera que en esta hipótesis, tendrá legitimación sólo quien tenga interés jurídico y no quien únicamente tenga una mera facultad o potestad, o se tenga un interés simple, esto es, cuando la norma jurídica objetiva no establezca a favor del individuo alguna facultad de exigir.En cambio, por interés legítimo se ha entendido el interés que tienen las personas por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma. Son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio; esto es, cuando la ofensa a los derechos del gobernado comprenda una situación particular que tenga aquél en el orden jurídico.Aunado a lo anterior, cuando el particular atribuye a la autoridad algún acto que lesione su derecho de propiedad, que se ejecute o pretenda ejecutar sobre un inmueble, deberá demostrar -a través del medio de prueba idóneo- que aquél acto de autoridad se ejecuta o se ejecutará sobre el bien inmueble que precise el quejoso, esto es, la "identidad del inmueble" o en su caso que el acto reclamado le causa alguna afectación en su derecho de propiedad o posesión.Al respecto, se considera ilustrativa la tesis VIII.2o.14 C, consultable en la página 555, tomo II, Diciembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 203637, del rubro:PROPIEDAD Y POSESIÓN DE INMUEBLE. NECESARIA IDENTIFICACIÓN CUANDO SE RECLAMA PRIVACIÓN DE LA.Así, la afectación que en esencia reclama la quejosa consiste en que al otorgarse la licencia de uso de suelo 0000165480 y la licencia de construcción con número de trámite 167264 con vigencia del treinta de diciembre de dos mil diecinueve al treinta de diciembre de dos mil veintiuno, con uso autorizado para multifamiliares de dos a cien unidades, expedida a favor de los citados Pinto Baeza y Coello Barredos, en relación con el predio trescientos treinta y uno, de la calle cuarenta y dos, entre las calles cuarenta y siete y cuarenta y cinco, de la colonia Benito Juárez Norte de esta ciudad, por el Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, se realizó sin considerar que la construcción, colinda con el inmueble número trescientos sesenta y tres letra "A", de la calle cuarenta y dos, entre las calles cuarenta y siete y cuarenta y cinco, de la colonia Benito Juárez Norte de esta ciudad, que aduce es de su propiedad, sin intervención previa a su otorgamiento. Indicando que con dicha construcción se viola en su perjuicio el contenido de los artículos 1º 14, 16 y 17 Constitucionales, toda vez que no fue oída y vencida en algún procedimiento administrativo, previo al otorgamiento de dicha licencia, con la que se le causa un daño inminente e irreparable a sus derechos y propiedad.Del mismo modo, la quejosa aduce ser tercero extraña al procedimiento administrativo natural y, además, ser propietaria del inmueble que colinda con el inmueble en donde se realiza trabajos de construcción.Ahora, por persona extraña, debe entenderse aquélla que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las determinaciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, la parte que no fue citada o que fue citada incorrectamente.Lo anterior se advierte del criterio jurisprudencial P./J.7/98 emitido por el Pleno del más Alto Tribunal del país, al resolver la contradicción de tesis 11/95, entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 56, Tomo VII, enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 196932, de rubro siguiente:PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE.Ahora bien, de un análisis de las copias certificadas del trámite administrativo realizado previo a la expedición de la licencia de uso de suelo 0000165480 y la licencia de construcción número 167264, llevado a cabo ante la responsable Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, y que anexó como justificación de su informe, ciertamente se desprende que María Eugenia Vallado Castilla, no es parte material ni formal en dicho trámite.Sin embargo, tal circunstancia no es suficiente para reconocer una afectación a la esfera de derechos de la promovente del amparo, pues para que ello suceda, es menester que los actos de autoridad efectivamente vulneren o restrinjan su esfera jurídica, lo que de suyo implica que tenga la carga de probar, por un lado, esa afectación y, por el otro, el derecho tutelado, a fin de legitimarla a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, de manera que si no se demuestra lo anterior, indefectiblemente el juicio constitucional será improcedente.En el caso, la quejosa no demostró su interés jurídico para instar el presente juicio de amparo, porque no demostró que en el inmueble respecto del cual se otorgó la licencia de construcción 167264 y la licencia de uso de suelo 0000165480 a fin de construir una unidad de cinco viviendas en tres niveles, ubicado en la calle cuarenta y dos número trescientos treinta y uno, entre las calles cuarenta y cinco y cuarenta y siete de la Colonia Benito Juárez Norte, de esta ciudad, colinde con el inmueble del que aduce ser propietaria (predio número trescientos sesenta y tres letra "A", de la calle cuarenta y dos, entre las calles cuarenta y siete y cuarenta y cinco, de la colonia Benito Juárez Norte de esta ciudad) y en su caso, que el acto de construcción que avala dichas licencias le genera un perjuicio.Así, para demostrar la afectación a su interés jurídico, la quejosa exhibió:Copia certificada del primer testimonio de la escritura pública número doscientos quince de once de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, otorgada ante la Fe del Notario Público Veintiuno del Estado de Yucatán, relativa a la compraventa del predio número trescientos sesenta y tres letra "A" de la calle cuarenta y dos de la Colonia Benito Juárez Norte de esta ciudadDocumental que cuenta con valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°; al tratarse de documento público, además de que no fue objetada por alguna de las partes.Sin embargo, al realizar un examen exhaustivo del anterior medio de convicción, se advierte que no adquiere eficacia probatoria plena para acreditar el interés jurídico requerido para la procedencia del presente juicio de amparo, respecto de que se expidió una licencia de uso de suelo y licencia de construcción en un inmueble que colinda con un bien raíz propiedad de la quejosa, y en la cual se pretenda construir cinco viviendas en tres niveles. Es así, en atención a que, de su análisis, no se acredita que los actos reclamados le producen una afectación a la esfera de su interés jurídico ni legítimo, por no demostrar ser una vecina contigua del lugar en el que se realiza la obra, como se advierte de la aludida escritura pública número doscientos quince, de donde se proporciona los elementos fácticos sobre la distancia aproximada entre el inmueble que dice ocupar y la construcción a la que se opone, siendo este el siguiente: "II.- Predio urbano, marcado con el número TRECIENTOS SESENTA Y TRES letra A de la calle CUARENTA Y DOS, de la colonia Benito Juárez Norte de esta ciudad y municipio de Mérida, ubicado en la manzana trecientos cincuenta y nueve de la sección catastral dieciséis, con superficie de quince metros cuadrados, con las medidas y colindantes siguientes; al noreste, en un metro cincuenta centímetros, con la calle cuarenta y dos, que constituye su frente; al noroeste, en veinte metros, con el predio número ciento ochenta y dos A de la calle cuarenta y cinco; al sureste, en veinte metros cincuenta centímetros, con el predio número trescientos sesenta y tres de la calle cuarenta y dos.De lo anterior se desprende, que el predio de la quejosa, no colinda con el que señala se está construyendo un complejo de departamentos (cinco), en el número trescientos treinta y uno de la calle cuarenta y dos, entre las calles cuarenta y cinco y cuarenta y siete de la colonia Benito Juárez Norte, pues el inmueble de la agraviada colinda con la calle cuarenta y dos, que constituye su frente con vista al Noreste, al Noroeste con el predio ciento ochenta y dos letra "A" de la calle cuarenta y cinco y al Sureste, con el diverso trescientos sesenta y tres de la calle cuarenta y dos; en consecuencia, con los medios de convicción aportados, no se acredita de manera fehaciente el daño inminente e irreparable que se podría causar a la esfera de derechos fundamentales de la aquí quejosaEn efecto, dichos medios de convicción son insuficientes para demostrar que al otorgarse las licencias de uso de suelo y de construcción reclamadas, haya sido en relación con un bien raíz colindante con el inmueble propiedad de la quejosa y que esta construcción, en su caso, le genere un perjuicio; pues al efecto era menester que la solicitante del amparo hubiese aportado la prueba pericial, pues con los datos que en su caso aportara se podría acreditar que dicho inmueble propiedad de la quejosa efectivamente colinda con el bien raíz del cual son posesionarios los aquí terceros interesados, a quienes se les otorgó una licencia de uso de suelo y de construcción en este último predio.Lo anterior, en virtud de que a este órgano jurisdiccional no le es permitido utilizar su conocimiento privado para fijar la identidad material de los bienes inmuebles, ni tampoco inferir con base en indicios que el predio que defiende la quejosa efectivamente colinda con el predio en donde se otorgó una licencia de construcción; por lo que es indudable que con las pruebas aportadas no benefician las pretensiones de la quejosa, sin el desahogo de la prueba pericial correspondiente.En tales condiciones, la peticionaria del amparo no demostró sus pretensiones; lo cual únicamente podía verse acreditada con la prueba pericial topográfica o de agrimensura, que son las idóneas para corroborar tal extremo, ya que se necesitan conocimientos técnicos especiales para establecer si efectivamente hubo o no afectación dentro del inmueble de su propiedad.Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud de razón, la jurisprudencia VI.1o.C. J/13, publicada a fojas 1606, Tomo XIII, Enero 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 190377, del rubro: PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES.No pasa inadvertido para este Juzgadora Federal que mediante escrito presentado el doce de febrero de dos mil veinte, en los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, la aquí quejosa ofreció diversas probanzas consistentes en: acta número veinte de once de febrero de dos mil veinte, relativa a la certificación de hechos realizada por el Notario Público número Cincuenta y nueve, con residencia en esta ciudad; certificación relativa a la constancia de inscripción no vigente del predio ciento sesenta y uno de la calle cuarenta y siete de esta ciudad y constancia de inscripción vigente del predio número trescientos treinta y uno de la calle cuarenta y dos entre las calles cuarenta y siete y cuarenta y cinco de la Colonia Benito Juárez Norte de esta ciudad; sin embargo, la peticionaria de amparo no adjuntó a dicho escrito copias suficientes para agregar al cuaderno principal, para que previo cotejo fueran certificadas y agregadas a este asunto como pruebas documentales, según se advierte del sello de recepción de la Oficialía de Partes de este Juzgado (presentadas sin copias), y de la lectura del aludido ocurso, tampoco se desprende que la quejosa expresamente haya solicitado que tal documento se agregue al expediente principal en que se actúa. Por tanto, toda vez que la peticionaria de amparo omitió acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas las documentales que anexó a su ocurso de doce de febrero de dos mil veinte en el cuaderno incidental a este cuaderno principal, debe entenderse que estimó que éstas son prescindibles para resolver el presente asunto y de ahí, que no es dable realizar un juicio de valoración al respecto.Encuentra exacta aplicación a lo anterior, la jurispduencia del Pleno de la Suprema Corte de la Nación, con los rubros y textos siguientes:PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver.En conclusión, la afirmación en el sentido de que las autoridades responsables otorgaron las licencias de uso de suelo y de construcción en el predio número trescientos treinta y uno de la calle cuarenta dos, entre las calles cuarenta y cinco y cuarenta siete, de la colonia Benito Juárez Norte, de esta ciudad, con la cual colinda un inmueble propiedad del quejoso, es insuficiente para demostrar su afectación en el presente juicio, pues para ello, como se anotó, era menester que la solicitante del amparo demostrara que el acto reclamado lesionaba un derecho existente y legítimamente tutelado a su favor; circunstancia que, según se expuso, no aconteció en el caso; lo que conduce a determinar actualizada la causa de improcedencia a estudio.Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 16/94, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Tomo 82, Octubre de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 206338, del rubro:INTERES JURÍDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.Igualmente, es aplicable en lo conducente la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, IV, Segunda Parte-1, Julio de Diciembre de 1989, visible en la página 216, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 226921, del epígrafe:DESPOSESION. TERCEROS EXTRAÑOS AL JUICIO. LA SOLA EXHIBICION DE UN INSTRUMENTO NOTARIAL NO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR LA AFECTACION A SU INTERES JURIDICOEn tales condiciones, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo.En ese contexto, al resultar improcedente la acción de amparo y ante el sobreseimiento decretado respecto de todos los actos reclamados, esta juzgadora se encuentra legalmente impedida para realizar el estudio de los conceptos de violación expuestos, pues el sentido de este fallo imposibilita el análisis de las cuestiones del fondo del asunto.Sobre el particular deviene ilustrativa la jurisprudencia VI. 2o. J/3, registro: 230809 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 688, Época: Octava Época, del rubro: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO".sEXTO. Versión pública de la sentencia. Asimismo, en cumplimiento a los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, y el publicado el quince de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, relativos al uso obligatorio del módulo de sentencias contenido en el SISE, como programa automatizado para la captura y consulta de las sentencias que dicten los órganos jurisdiccionales, y a las atribuciones de órganos en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, así como los procedimientos relativos, y garantizar los derechos previstos en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la información que tienen bajo su resguardo las áreas administrativas y los órganos jurisdiccionales; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en su versión pública, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.SÉPTIMO. Datos personales. Se tiene a las partes en este juicio constitucional por opuestos a la publicación de sus datos personales.Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E:PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Maria Eugenia Vallado Castilla contra los actos que reclama del Director de Desarrollo Urbano y el Jefe de Inspección Urbana de la Dirección de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Mérida, con residencia en esta ciudad, precisados en el resultando primero de esta resolución, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto.SEGUNDO. Captúrese el día de su publicación la presente sentencia en su versión pública, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.TERCERO. Se hace constar que las partes en este juicio constitucional se opusieron a la publicación de sus datos personales.Notifíquese.
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