María Eunice Guillermo Moo
Expediente 1517/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1517/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María Eunice Guillermo Moo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia definitiva firmada el treinta y uno de agosto del presente año. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia que su primer resolutivo sobreseyó en el presente juicio y en su segundo resolutivo la justicia de la Unión no Amparó ni Protegió a la quejosa, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que este expediente es susceptible de depuración toda vez que se negó el amparo en el presente juicio. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el presente expediente deberán digitalizarse. Ahora, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto depurable. Finalmente, toda vez que se advierte que obra en autos documento exhibido por la parte quejosa en su demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, en día y hora hábil ante este juzgado, a recogerlo previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Por tanto, con apoyo en el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se deja en aptitud a la parte quejosa de ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Agenda OJ", a fin de obtener la cita correspondiente, ya sea el quejoso o cualquier persona que autorice, para estar en aptitud de acudir al Juzgado y recoger el documento de referencia que anexó a su citado ocurso, previo acuse de recibo del mismo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Presentación de la demanda. Por demanda presentada el catorce de junio de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, turnada el día hábil siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito, María Eunice Guillermo Moo solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, todos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada en el Libro de Gobierno bajo el número 1517/2022-VI; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía. TERCERO. Celebración de la audiencia. Seguido el juicio por su secuela procedimental, el veintiocho de julio de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional en este asunto. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Competencia. Esta Juzgadora Federal es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo conforme a los preceptos 103, fracción l y 107 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, y 37, último párrafo de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados fueron atribuidos a autoridades con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y tienen ejecución en esta ciudad; donde tiene jurisdicción territorial este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a fin de cumplir con lo establecido en la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, se proceden a precisar los actos reclamados, que se desprenden del análisis integral de la demanda de amparo y no sólo del capítulo que lo refiere; a fin de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con la tesis de rubro' "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que María Eunice Guillermo Moo reclama: Del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad: La omisión de ejercer su facultad de vigilancia en términos del artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán. De los Jueces Segundo y Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad: Las contestaciones dadas a su escrito de veintidós de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual solicitó los números de expedientes de los juicios ejecutivos mercantiles promovidos ante los extintos Jueces Segundo y Tercero de lo Civil de Hacienda del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, por los cuales se trabó embargo sobre el predio número doscientos ocho, letra "A", de la calle catorce, de la colonia México Oriente, de esta ciudad. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto que se reclama del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó el Secretario Ejecutivo al rendir el informe justificado en su representación. Máxime que de las constancias remitidas por el Secretario Ejecutivo del Consejo responsable como anexo a su informe de ley, a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que aún no se encontraba en posibilidad de realizar la actuación procesal que le reclama la parte quejosa. Lo anterior, en virtud de que no existía solicitud expresa por parte de la impetrante del amparo relativa a la investigación y sanción del actuar de los operadores del sistema jurídico con motivo de las respuestas obtenidas por los Jueces Segundo y Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. Bajo esa tesitura, se actualiza el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo. Pues resulta que a la fecha en que la parte quejosa presentó la demanda, es decir, el catorce de junio de dos mil veintidós, no existía la omisión que ahora se le reclama, tal como se aprecia de las constancias que integran el presente juicio, ya que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado se encontraba imposibilitado procesalmente para tramitar el procedimiento correspondiente a la investigación del actuar los aludidos juzgadores. Así, al no existir solicitud alguna realizada por la parte interesada, el Consejo responsable no podía dar trámite al procedimiento relativo a la investigación y sanción de las conductas que se duele la parte quejosa en su escrito de demanda y, por ende, menos puede estimarse que se encontraba en posibilidad de sancionar a los referidos juzgadores, puesto que procesalmente primero tiene que existir la solicitud correspondiente, para estar en aptitud de proveer lo relativo al procedimiento de investigación y sanción de los operadores judiciales. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Se concluye lo anterior, en virtud de lo dispuesto en los artículos 4, 7, 8, 105, 115, fracción XXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, de los cuales se desprende que el Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de las cuestiones no jurisdiccionales tales como la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, así como que los jueces están obligados a emitir sus resoluciones conforme a la certeza de los hechos y de acuerdo con el derecho aplicable, en estricto apego a los principios procesales de la materia. Siendo que la investigación de la conducta de los empleados y funcionarios públicos del Poder Judicial en relación con hechos que puedan constituir irregularidades que transgredan cualquier disposición legal contenida en la normatividad aplicable, deberá realizarse de oficio o petición de parte. Por lo que, contrario a lo alegado por la parte quejosa, al no existir solicitud previa de la parte interesada ante el Consejo de Judicatura para realizar la investigación de la conducta que se duele, ni advertir de oficio irregularidad alguna, la responsable se encontraba imposibilitada para iniciar su trámite al no considerarla una cuestión que deba ser atendida de oficio. De tal forma que lo anterior conlleva a que este órgano de control no pueda realizar el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por ser inexistente como ya se vio; por ende, procede sobreseer en este juicio, en relación con la citada autoridad responsable, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia número XXI.1º.102 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, bajo el rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, ya que así lo reconoció al rendir su informe justificado. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." De igual manera, es cierto el acto que se reclama de la Jueza Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, toda vez que, si bien es verdad, lo negó al rendir su informe justificado, realizó manifestaciones que evidencian su existencia; lo que se corrobora con el contenido del mismo. Cobra aplicación, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-Julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Causas de improcedencia. En el caso, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la ley de la materia; por lo que procede el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, los que se tienen por reproducidos, ya que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al análisis de fondo, es importante realizar una breve síntesis de los antecedentes del juicio de amparo. Ahora bien, de las documentales que los Jueces responsables remitieron como justificación de su informe, las que tienen valor probatorio pleno por ser documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, aunado a que no fueron objetadas por las partes; se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: 1. Escrito de veintidós de febrero de dos mil veintidós, con el que solicitó al Magistrado Presidente e Integrantes que conforman el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán información respecto al número de expediente y juzgados ante los cuales se ventilan los siguientes asuntos: a) Del juicio ejecutivo mercantil promovido por la persona moral "Productora Veterinaria", Sociedad Anónima, en contra de Enrique Quintal Alpuche ante el extinto Juzgado Tercero de Civil de Hacienda del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en cual se trabó un embargo sobre el predio número doscientos ocho, letra "A", de la calle catorce, de la colonia México Oriente, en esta ciudad, mediante oficio 212, de fecha veintiséis de marzo de mil novecientos ochenta y dos. b) Del juicio ejecutivo mercantil promovido por la persona moral "Distribuidora de Autos de Itzimna", Sociedad Anónima, en contra de Enrique Quintal Alpuche ante el extinto Juzgado Segundo de Civil de Hacienda del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en cual se trabó un embargo sobre el predio número doscientos ocho, letra "A", de la calle catorce, de la colonia México Oriente, en esta ciudad, mediante oficio 319, de fecha seis de junio de mil novecientos ochenta y tres. c) Del juicio ejecutivo mercantil promovido por la persona moral "Distribuidora de Autos de Itzimna", Sociedad Anónima, en contra de Enrique Quintal Alpuche ante el extinto Juzgado Segundo de Civil de Hacienda del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en cual se trabó un embargo sobre el predio número doscientos ocho, letra "A", de la calle catorce, de la colonia México Oriente, en esta ciudad, mediante oficio 107, de fecha veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y uno. 2. Oficio 2633 de la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con el cual remite al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, el escrito de la quejosa de veintidós de febrero de los corrientes, para su tramitación. 3. Oficios 1310 y 1311 del Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, mediante los cuales turnó el escrito de la aquí quejosa, entre otros, a los Jueces Segundo y Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. 4. Oficio 904 de la Jueza Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, dirigido al Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con el cual remite la información solicitada por la quejosa, en los términos siguientes: "Que en atención al oficio número mil trescientos once (1311) de fecha siete del presente mes y año, por el que remite copia del escrito de fecha veintidós de febrero del año en curso, signado por la ciudadana María Eunice Quintal Guillermo, con el que solicita información respecto de diversos Juicios Ejecutivos Mercantiles; me permito informarle a Usted, que atento lo solicitado por la ciudadana María Eunice Quintal Guillermo, se ha realizado una búsqueda exhaustiva en los libros de control de inicios del índice de este Juzgado a mi cargo, respecto de los años de mil novecientos ochenta, mil novecientos ochenta y uno y mil novecientos ochenta y dos, sin embargo, no se encontró registro de juicio alguno en que figuren como partes la persona moral denominada PRODUCTORA VETERINARIA S.A., y el ciudadano ENRIQUE QUINTAL ALPUCHE; por tanto, la suscrita no puede proporcionar un número de expediente." 5. Acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintidós dictado en autos del expedientillo 4/2022 del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, formado con motivo del oficio 1310 del Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en el cual se proveyó lo siguiente: "Mérida, Yucatán, a diecinueve de mayo del año dos mil veintidós. VISTOS: con el oficio y anexo fórmese expedientillo y provéase: Se tiene por recibido del SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL ESTADO, su atento oficio número mil trescientos diez, de fecha doce de abril del año dos mil veintidós, mediante el cual remite copia simple del escrito de fecha veintidós de febrero del año en curso suscrito por la ciudadana MARÍA EUNICE QUINTAL GUILLERMO para su atención; en tal virtud y atención a lo solicitado por la citada QUINTAL GUILLERMO hágase saber que este Juzgado solo atenderá sus peticiones realizadas al JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE HACIENDA DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO ahora JUZGADO SEGUNDO MERCANTIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, asimismo infórmesele que en las libretas de gobierno correspondientes a los años mil novecientos ochenta y dos, mil novecientos ochenta y tres, mil novecientos noventa y mil novecientos noventa y uno que obran en este juzgado así como del sistema digital el único juicio que aparece registrado del cual es parte el ciudadano ENRIQUE QUINTAL ALPUCHE es el expediente número 1405/1982 relativo al JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL promovido por RAUL MEDINA H en contra de ENRIQUE QUINTAL ALPUCHE, en el cual en auto de fecha doce de septiembre del año dos mil dieciocho se levantó embargo trabado sobre el predio marcado con el número Doscientos ocho Letra "A" de la Calle Catorce de la Colonia México Oriente de esta ciudad de Mérida, Yucatán, inscrito a Folio Electrónico cuatrocientos veinte mil ciento cuarenta (420140) del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Mismo expediente que fue remitido al archivo judicial en fecha ocho de noviembre del año dos mil diecinueve, no habiendo expedientes donde las partes involucradas sean la PERSONA MORAL DISTRIBUIDORA DE AUTOS ITZIMNA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra de ENRIQUE QUINTAL ALPUCHE. Finalmente, remítase los presentes autos a la central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares de este Departamento Judicial del Estado, a fin de que el Actuario en turno proceda a notificar a MARIA EUNICE QUINTAL GUILLERMO en este auto en el PREDIO MARCADO CON EL NÚMERO CIENTO NOVENTA Y SEÍS DE LA CALLE VEINTICUATRO CON CRUZAMIENTOS CON LAS CALLES VEINTIUNO (AV. COLON) Y DIECINUEVE DE LA COLONIA GARCÍA GINERES DE ESTA CIUDAD. Notifíquese personalmente a la referida QUINTAL GUILLERMO y Cúmplase." 6. Oficio sin número del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, dirigido al Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con el cual remite la información solicitada por la quejosa, en los términos siguientes: "En contestación a su atento oficio número 1777 de fecha 16 de mayo de dos mil veintidós, me permito informarle que con fecha diecinueve de mayo de del presente año, se formó un expedientillo número 04/2022 con su oficio número 1310 de fecha siete de abril de dos mil veintidós y la copia simple del escrito suscrito por María Eunice Quintal Guillermo, en el cual, se ordenó hacer saber a esta última de forma personal que, previa búsqueda y revisión realizada por la Secretaría de Acuerdos de este juzgado en la base de datos del sistema informático denominado Sistema Integral de Gestión Judicial de Yucatán (Gobierno Digital), así como de las libretas de gobierno de los años mil novecientos ochenta y dos, mil novecientos ochenta y tres, mil novecientos noventa y mil novecientos noventa y uno, que el único expediente en el cual aparece el ciudadano Enrique Quintal Alpuche es el número 1405/1982 relativo a un Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por Raúl Medina H en contra del citado Quintal Alpuche, en el que por auto de fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho se levantó el embargo trabado sobre el predio número 28 letra A de la calle 14 de la Colonia México Oriente de esta ciudad de Mérida, Yucatán; no habiendo encontrado expediente alguno donde las partes involucradas sean la persona moral Distribuidora de Autos Itzmina, Sociedad Anónima en contra del mencionado Quintal Alpuche." 7. Oficio 1795 del Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, mediante el cual comunica a la aquí quejosa las respuestas dadas por los Juzgados en materia Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en relación con su solicitud de veintidós de febrero de dos mil veintidós; en los términos siguientes: "En cumplimiento de lo instado por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante oficio 2633, recibido en esta Secretaría Ejecutiva el día veintidós de marzo del actual, con el que remitió su atento escrito de fecha veintidós de febrero del año en curso, y en respuesta a lo solicitado en el mismo, me permito comunicarle que de la búsqueda minuciosa en la base de datos que obra en el Departamento de Servicios y Redes de este Poder Judicial, correspondiente a los Juzgados en materia Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, no se localizaron Juicios Ejecutivos Mercantiles que coincidan con los datos proporcionados por usted; no obstante lo anterior, se giró oficio a cada Juzgado Mercantil remitiendo su solicitud a fin de que sea atendida de la manera que corresponda. Como resultado de lo anterior, se recibieron diversos informes referentes a los litigios que se reseñan en su petitoria, mismos que fueron comunicados a esta Secretaría mediante oficios 1717/2022, del índice del Juzgado Primero Mercantil, 904, del índice del Juzgado Tercero Mercantil, 1013, del índice del Juzgado Cuarto Mercantil y memorial de fecha 20 de mayo, del índice del Juzgado Segundo Mercantil, todos del Primer Departamento Judicial del Estado, cuyas copias se adjuntan al presente. Por último, con respecto a su solicitud de que, en caso de que no se le pueda proporcionar la información que requiere, se envíe oficio a cada Juzgado Mercantil a efecto de que le permitan comparecer en los juicios mencionados, le comunico que no es posible acceder a lo que solicita, toda vez que el Pleno del Consejo de la Judicatura no se encuentra facultado para intervenir o tener injerencia en la tramitación de los procedimientos jurisdiccionales en los juzgados de primer instancia; no obstante lo anterior, se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía legal que corresponda." Los hechos relacionados con los numerales 4, 5 y 6, constituyen los actos impugnados en esta instancia constitucional. Sin que sea obstáculo lo anterior, el hecho de que de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables se advierta que el escrito de solicitud de veintidós de febrero de dos mil veintidós fue signado por María Eunice Quintal Guillermo, toda vez que la parte quejosa, en su escrito de demanda de amparo manifestó, bajo protesta de decir verdad, que dicho nombre fue asentado por error en su aludida solicitud, sin embargo, que la firma plasmada al calce del mismo corresponde a su firma; lo cual acreditó con la copia certificada de su credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral. Máxime que la quejosa María Eunice Guillermo Moo realizó la referida solicitud a fin de cancelar los embargos trabados sobre el predio número doscientos ocho, letra "A", de la calle catorce, de la colonia México Oriente, de esta ciudad, el cual, al parecer, es de su propiedad, como lo acredita con la copia certificada del testimonio de la escritura pública con acta número treinta y cinco, de fecha dieciséis de mayo de dos mil once, pasada ante la fe de la Notaria Pública número cuarenta y cuatro, del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SÉPTIMO. Análisis de los conceptos de violación. Resultan infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, motivo por el que deberá negársele el amparo y protección que solicita. Así, con la intención de controvertir las respuestas dadas por las autoridades responsables, como motivos de inconformidad, la peticionaria del amparo aduce violación a sus derechos de petición, seguridad y certeza jurídica, derivado de las ilegales, vagas e incongruentes respuestas dadas por las autoridades responsables. Lo anterior, pues refiere que las respuestas dadas por las responsables no corresponden a las anotaciones registrales que obran asentadas ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán con respecto al predio con número de folio electrónico 420140, de las cuales se desprenden diversos embargos trabados en relación con el predio número doscientos ocho, letra "A", de la calle catorce, de la colonia México Oriente, de esta ciudad, entre ellos, por los extintos Juzgados Segundo y Tercero de lo Civil y de Hacienda de Yucatán; en virtud de que las autoridades niegan categóricamente la existencia de los juicios ejecutivos mercantiles en los cuales se trabaron dichos embargos. Son infundados tales motivos de inconformidad, por las consideraciones siguientes: En el presente caso, contrario a lo manifestado por la citada promovente, no se conculcaron los derechos fundamentales de petición, legalidad y seguridad jurídica, previstos en los artículos 8, 14, párrafo segundo, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque tales actos se encuentran debidamente fundamentados, motivados y congruentes con lo solicitado. Para mayor claridad, se citan los referidos artículos: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." "Artículo 14. ... Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Al respecto, cabe señalar que el derecho fundamental consagrado en el artículo 8º Constitucional, corresponde al derecho de petición, el cual es entendido como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente de Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, a una petición que en su caso, le haya formulado éste. Siendo que, del análisis del precepto constitucional antes transcrito se desprende que los requisitos que el gobernado debe observar para que se le respete ese derecho, son los siguientes: a) Deberá formularlo por escrito. b) De manera pacífica y respetuosa. Mientras que a la autoridad a quien se le haya dirigido, se le imponen las siguientes obligaciones: 1. Le deberá recaer un acuerdo escrito. 2. Deberá hacerlo conocer en breve término al peticionario. Asimismo, por lo que hace a la respuesta recaída a la solicitud de mérito, ésta debe de ser emitida de forma congruente con lo solicitado, entendiéndose por "congruente" que la respuesta relativa debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado, sin omisión de alguna cuestión y sin consideraciones contrarias entre sí. Por tanto, a fin de que el derecho humano contenido en el artículo 8º constitucional quede satisfecho, la respuesta de las autoridades ante quien se formule una petición debe resolverse en forma clara, directa y total sobre la pretensión deducida, para dar al peticionario una respuesta congruente, toda vez que las respuestas evasivas, ambiguas, imprecisas, parciales o las que únicamente contestan parte de lo solicitado no satisfacen dicha prerrogativa (derecho de petición). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27 sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que señala lo siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." En el entendido que el citado derecho fundamental, se conforma a su vez de diversos derechos que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa. Las diversas prerrogativas derivadas del derecho de petición son las siguientes: 1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva y la pretensión de la parte quejosa consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada. 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto de que la parte quejosa conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de amparo, dando lugar a la oportunidad de ampliar el ocurso inicial en contra de la respuesta o a la promoción de un nuevo juicio de amparo; por lo que el acto reclamado en esta hipótesis será de naturaleza positiva, con la pretensión del quejoso de obligar a que la responsable emita una nueva contestación que sea congruente con lo pedido. 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio de amparo en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer la parte quejosa, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo la parte quejosa pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido. Por otra parte, por lo que hace a los artículos 14 y 16 Constitucionales, se infiere que nadie puede ser privado de sus derechos sin que se siga un juicio ante tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y con base en leyes emitidas con anterioridad al hecho; además, se colige la obligación constitucional de las autoridades de fundar y motivar los actos que emitan dentro del ámbito de sus competencias. Tal precepto alude a la obligación que tienen todas las autoridades de fundar y motivar sus determinaciones, pues ésta es la única forma por la cual, el gobernado se encuentra en posibilidad de conocer las causas que originan la determinación y de poder combatirlas legalmente. Así, por fundamentación se entiende la cita de los preceptos legales aplicables al caso concreto; y por motivación, la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se consideraron para emitir el acto; siendo necesaria, además, la adecuación entre los motivos expuestos y las normas aplicables, para estimar configurada la hipótesis normativa. Bajo tales premisas, nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; lo que exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley y especifiquen tanto la normativa de que se trate, como los artículos que sirvan de apoyo al mandamiento relativo, así como los motivos y razones que tomen en consideración para emitir su fallo en determinado sentido; todo ello a fin de cumplir con los requisitos formales contenidos en dicho derecho humano. Lo que es así, ya que tal exigencia de fundar en ley, tiene como propósito que el gobernado tenga la posibilidad de atacar dichos fundamentos si éstos no fueron correctos; o bien, si no fueron acordes con la motivación expuesta; lo que tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios por parte de autoridades. De esta forma, este derecho fundamental constriñe el deber que tiene la autoridad de expresar sus actos por escrito, así como los preceptos legales que regulen el hecho, las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con ese acto autoritario, y la obligación de expresar las razones por las cuales la autoridad considera legal su acto. Es decir, no sólo es necesario que exprese sus actos por escrito sino que debe fundarlos y motivarlos, estableciendo sobre bases objetivas su racionalidad y legalidad, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y arbitrariedad de las decisiones de la autoridad; lo que además permite la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a actos de autoridades que considere afectan o lesionan su interés jurídico, y así asegurar la prerrogativa de defensa de aquéllos, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, tesis 204, página 166, con registro digital 238212; de la literalidad siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo al artículo 16, de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." De igual forma, la referida exigencia de fundamentación y motivación está concatenada con otros principios, como exhaustividad y congruencia, conforme a los cuales, al emitir su fallo, la autoridad competente está obligada a dilucidar todas y cada una de las pretensiones planteadas por las partes. Bajo esa premisa, la congruencia, como principio normativo, delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben pronunciarse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes; mientras que la incongruencia, tiene dos vertientes, una interna, cuando no existe una relación lógica entre los razonamientos que expuso la autoridad jurisdiccional en la parte considerativa de su resolución, con la parte resolutiva; y otra externa, cuando se omite pronunciarse en forma total o parcial respecto a las consideraciones formuladas por el inconforme y la contraparte; o bien, va más allá o con menos de lo pedido. Así, el principio de congruencia de las resoluciones jurisdiccionales exige que el Juez o Tribunal correspondiente, resuelva la totalidad de las pretensiones deducidas en la demanda y/o medio de defensa legal interpuesto, sin rebasarlas u omitirlas; salvo que lo haga en uso de una facultad para actuar de esa manera contemplada en la legislación, lo cual, evidentemente requiere una justificación debidamente fundada y motivada. Por su parte, la exhaustividad está relacionada con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir alguno de ellos, es decir, este principio implica la obligación de la autoridad de resolver la controversia sometida a su conocimiento, tomando en consideración todos los argumentos aducidos, tanto de acción como de defensa, dilucidando todos y cada uno de los puntos litigiosos, de manera que si una resolución toma en cuenta únicamente una parte de éstos, debe decirse que no es exhaustiva. Es aplicable la jurisprudencia 1a,/J.139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento sesenta y dos, del Tomo XXII, Diciembre de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Ahora bien, para dar respuesta a los planteamientos de mérito, cabe destacar que la parte quejosa solicitó ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en esencia, le proporcionaran los números de expedientes de los juicios ejecutivos mercantiles radicados ante los extintos Juzgados Segundo y Tercero de lo Civil de Hacienda del Primer Departamento Judicial del Estado, en los cuales se trabaron diversos embargos sobre el predio número doscientos ocho, letra "A", de la calle catorce, de la colonia México Oriente, de esta ciudad, a fin de realizar la cancelación de los aludidos embargos; misma solicitud que, en atención a su naturaleza, fue remitida al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, para su debida tramitación. Por lo que, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General número OR05-090506-01 relativo a la Especialización por materia de los Juzgados Civiles de Primera Instancia del Primer Departamento Judicial del Estado, por el que se determinó que los Juzgados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado se especializarían en materia mercantil y cambiarían su denominación a Juzgados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado; el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado turnó la aludida solicitud a los Juzgados Mercantiles del Primer Departamento Judicial del Estado. Siendo que, en lo que nos interesa, el Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán negó la existencia de algún juicio ejecutivo mercantil promovido por "Distribuidora de Autos Itzimna", Sociedad Anónima en contra de Enrique Quintal Alpuche, toda vez que no obra registro del mismo en la base de datos del Sistema Integral de Gestión Judicial de Yucatán, así como en las libretas de gobierno correspondientes a los años mil novecientos ochenta y dos, mil novecientos ochenta y tres, mil novecientos noventa y mil novecientos noventa y uno. Sin embargo, informó que el único expediente registrado es el juicio ejecutivo mercantil 1405/1982, promovido por la diversa persona física Raúl Medina H en contra del citado Enrique Quintal Alpuche, en el cual por auto de fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho se levantó el embargo trabado sobre el predio número doscientos ocho, letra "A", de la calle catorce, de la colonia México Oriente, de esta ciudad. Mientras que, la Jueza Tercera Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán negó categóricamente la existencia de juicio ejecutivo mercantil alguno promovido por "Productora Veterinaria", Sociedad Anónima en contra de Enrique Quintal Alpuche, en virtud de que no obra registro alguno en los libros de control de inicios correspondientes a los años mil novecientos ochenta, mil novecientos ochenta y uno y mil novecientos ochenta y dos. De lo anterior, se observa que los Jueces responsables precisaron que de la búsqueda exhaustiva realizada en los archivos documentales y bases de datos institucionales, no se advertía juicio ejecutivo mercantil en los cuales figuraran como partes "Distribuidora de Autos Itzimna", Sociedad Anónima, "Productora Veterinaria", Sociedad Anónima, y Enrique Quintal Alpuche, mismas que fueron proporcionadas por la aquí quejosa en su escrito de solicitud; por lo que, las autoridades responsables se encontraban imposibilitadas materialmente para proporcionar los números de expedientes respectivos a la parte solicitante. De lo expuesto se observa que las respuestas de las autoridades responsables fueron congruentes con lo solicitado y que éstas se encuentran debidamente fundadas y motivadas, pues precisaron que no encontraron la información solicitada por la parte aquí quejosa y, por ende, se encontraban imposibilitadas para proporcionar algún número de expediente. Por ello, se concluye que no le asiste razón a la parte quejosa al alegar que las autoridades responsables no fueron claras y precisas al dar contestación a su escrito de veintidós de febrero de dos mil veintidós. Máxime que, la solicitud realizada no obligaba a las autoridades responsables a acordar de conformidad con lo solicitado, pues el derecho de petición consagrado en el artículo 8° Constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por el interesado, sino sólo las obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 130, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 89 del tomo III, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. NO CONSTRIÑE A RESOLVER DE CONFORMIDAD. Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido." En consecuencia, se estima correcto el proceder de los Jueces responsables al emitir sus correspondientes respuestas, pues se advierte que fueron congruentes y exhaustivas en lo solicitado por la aquí quejosa, al responder los puntos planteados en su escrito en cuestión, y realizar una búsqueda en sus diversos bases de datos, a fin de que localizar los expedientes solicitados, con base a la información planteada en el multicitado escrito. Siendo que, por cuanto hace a la competencia de las autoridades responsables, el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado la precisó en los oficios número 1310 y 1311, por medio de los cuales les remitió el escrito de María Eunice Guillermo Moo a los Jueces Segundo y Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, a fin de que le dieran debida contestación, por ser las autoridades competentes para proporcionar la información solicitada, de conformidad con el Acuerdo General número OR05-090506-01 relativo a la Especialización por materia de los Juzgados Civiles de Primera Instancia del Primer Departamento Judicial del Estado. En las relatadas condiciones, se determina que las contestaciones dadas por las responsables, sí se encuentran debidamente fundadas, motivadas y congruentes con lo solicitado, toda vez que de las constancias de autos se advierte que se citó el fundamento que les otorga competencia para responder a la solicitud de la promovente, así como que justificaron su actuar en atención a la información proporcionada, lo que se adecua al sentido de la respuesta. Máxime que, incluso al respecto, el Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado agregó que sólo encontró un expediente en el que es parte Enrique Quintal Alpuche, a saber, el 1405/1982, en el cual por auto de doce de septiembre de dos mil dieciocho, se levantó el embargo sobre el predio número doscientos ocho, letra "A", de la calle catorce, de la colonia México Oriente, de esta ciudad; por lo que se deduce sí se proporcionó la información solicitada, con base en los datos aportados, no advirtiéndose negligencia u omisión alguna al respecto; allegándose a la peticionaria los elementos necesarios para gestionar su pretensión originaria, consistente en la cancelación de los embargos que al parecer, subsisten en el inmueble de su propiedad. De ahí que, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por la quejosa María Eunice Guillermo Moo, lo que legalmente procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María Eunice Guillermo Moo, contra el acto que reclamó del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a María Eunice Guillermo Moo, contra los actos que reclamó de los Jueces Segundo y Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad; por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
En Mérida, Yucatán, a las diez horas con diecisiete minutos del veintiocho de julio de dos mil veintidós, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 1517/2022-VI, promovido por María Eunice Guillermo Moo; estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Seguidamente, el Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos, y da cuenta con los informes justificados de las autoridades responsables Jueces Segundo y Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, todas con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, los cuales ya obran agregado en autos. A lo que la Jueza acuerda: Ténganse por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades responsables, para que sean tomados en consideración como corresponda. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, continúese con la celebración de la presente audiencia. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa en su demanda de amparo y con las documentales adjuntadas por las autoridades responsables a sus informes justificados. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas de referencia, en virtud de su especial naturaleza jurídica, las cuales serán tomadas en consideración como corresponda; sin más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrada esta etapa. Abierto el período de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon, por lo que se declara cerrada la presente etapa. A continuación, no habiendo diligencia pendiente por desahogar, la suscrita resolutora, declara visto el expediente para dictar la resolución que proceda, firmando la presente actuación, los que en ella intervinieron. Doy fe. KARLA ALEXANDRA DOMÍNGUEZ AGUILAR JUEZA TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. MIGUEL ÁNGEL SOSA CALDERÓN SECRETARIO DE JUZGADO.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos el informe justificado rendido por la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida y un anexo que acompaña; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista con dichos documentos a las partes en este juicio y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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