Maria Eugenia del Pilar Dzul

Expediente 714/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
714/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
19/09/2018

Partes del expediente

  • Maria Eugenia del Pilar Dzul

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA V. Agréguese a estos autos al escrito de Gustavo Alfonso Magaña Ucán, autorizado de la quejosa María del Pilar Dzul, y en atención a lo que solicita, expídanse a su costa copias simples de las constancias que señala y entréguensele por el conducto que indica, previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    V. Agréguese a estos autos al escrito de ********************, autorizado de la parte quejosa, y en atención a lo que solicita, expídase a su costa copias simples de las constancias que señala, y entréguensele previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos.

  3. Principal

    MESA V. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de veintiuno de junio del presente año, pronunciado en este juicio de garantías; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    MESA V. Vista la demanda de amparo promovida por en representación de María Eugenia del Pilar Dzul, contra el acto que reclama del Fiscal Investigador adscrito a la Agencia Trigésima Quinta de la Fiscalía General del Estado; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo deben ser analizadas en forma previa, por tratarse de una cuestión de orden público en el juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso a estudio, el suscrito resolutor federal, estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal, que conlleva a sobreseer en el juicio de amparo por los motivos que se expondrán más adelante. En este orden de ideas, y como se anunció en párrafos arriba, en el caso a estudio se actualiza una causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Art. 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." De los numerales transcritos se desprende, que el juicio de amparo es improcedente cuando la improcedencia se desprenda de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Por otro lado, el numeral 20 de la Ley Fundamental establece que la víctima u ofendido puede impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. La citada disposición también se encuentra en el Código Nacional de Procedimientos Penales, legislación que rige el actuar de las autoridades ministeriales en la carpeta de investigación origen de este amparo. En efecto, el artículo 109 de la citada legislación procesal penal a la letra dice... Luego, de los numerales preinsertos se desprende, que el Constituyente previó el derecho de la víctima u ofendido de impugnar ante la autoridad judicial, es decir, ante el Juez de Control, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Así, en el presente juicio de amparo nos encontramos en el supuesto de que el presente juicio, no es la vía para impugnar dicha omisión. Establecido lo anterior, de los trascritos numerales constitucionales y adjetivo, relativos a los derechos fundamentales de las víctimas, se destaca el estatuido para la impugnación de las decisiones o abstenciones del ministerio público ante un órgano jurisdiccional, situación que antaño no era concebida. Así las cosas la abstención del ministerio público a ejercitar la acción penal de acuerdo a los ordenamientos constitucionales en el nuevo sistema de justicia, deberán ser impugnadas directamente ante el juez de control. En el caso, es pertinente señalar que, la implementación del nuevo sistema de Justicia Penal tiene por objeto abandonar las tendencias inquisitivas para adoptar un proceso con características acusatorias, resaltando la separación de las tareas de investigación, acusación y juzgamiento en distintos órganos, con base en los principios de publicidad, oralidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad, en donde las partes tienen una situación de igualdad. En este contexto, analizadas en su conjunto las disposiciones constitucional y procesal, se deriva la legitimación para impugnar el actuar del ministerio público en la fase de investigación, por los efectos negativos que produce, pues se establece como un derecho fundamental de la víctima a su favor dentro de la Carta Magna, máxime que dicho sujeto es el que se ve afectado en sus intereses con la negación o paralización de sus pretensiones. En atención a lo anterior, ha quedado sentado sin duda que el promovente del amparo tiene que acudir ante el juez de control a impugnar la abstención del agente del Ministerio Público responsable de ejercitar la acción penal. Por tanto, en contra de la omisión reclamada por la quejosa al agente del Ministerio Público, es improcedente el juicio de amparo, por las razones ya asentadas. Finalmente, no escapa a este juzgador federal señalar, que el diverso numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, indica la forma en que ante el juez de control pueden ser impugnadas las omisiones entre otros actos de la autoridad ministerial, esto es, interponiendo el medio de defensa innominado contemplado en el indicado ordinal, donde el juez convocará a una audiencia para decidir en definitiva, audiencia donde deberán comparecer la víctima u ofendido, el ministerio público y el imputado y su defensor. ... En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS PROMOVIDA por María Eugenia del Pilar Dzul, con fundamento en el artículo 61, fracción IX, de la ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala para ello en su escrito de demanda; y como sus autorizados para oír y recibir notificaciones a Gustavo Alfonso Magaña Ucán, en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. Por otra parte se les autoriza, para la utilización de medios tecnológicos para reproducir las constancias que obran en el presente juicio de garantías, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, estos es para que haga uso de aparatos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos.

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