Maria Eugenia Garcia Romero
Expediente 62/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 62/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Maria Eugenia Garcia Romero
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 62/2022-II. Puebla, Puebla, catorce de febrero de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se 1 Plazo del cual deben descontarse los días cinco, seis y siete de febrero de dos mil veintidós por haber sido inhábiles. declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la quejosa. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE DEJO AVISO DE NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA JUICIO DE AMPARO 62/2022-II. Puebla, Puebla, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que presentó , por derecho propio, contra actos del Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, licenciado . Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, se tiene una demanda de amparo presentada por la quejosa , en la que reclama el auto de vinculación a proceso de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, dictado, al parecer, dentro de la causa penal , del índice del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, , tras una revisión exhaustiva de la demanda, se advirtió la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, la cual refiere: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Se explican las razones de dicha aseveración. De la fracción XIV en cita, se desprende que el juicio constitucional es improcedente cuando la quejosa no lo promueve dentro de los plazos previstos para tal efecto, pues se entiende que lo ha consentido tácitamente. Al respecto, es necesario referir el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo, porque éste prevé el plazo para la presentación de la demanda de derechos fundamentales: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De lo anterior se obtienen cinco plazos para la presentación de la demanda: uno genérico y cuatro específicos. Sin embargo, dada la naturaleza del acto reclamado por la quejosa, el mismo debe someterse al plazo genérico; esto, quince días. Ello, porque no se trata de una norma general, de una sentencia definitiva en materia penal, no involucra derechos agrarios de núcleos de población ejidal o comunal, ni se reclama alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la constitución. Ahora, según lo manifiesta la propia promovente -bajo protesta de decir verdad-, la resolución reclamada fue emitida en audiencia celebrada el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno y en ésta misma les fue notificada4. Por tanto, en términos de los artículos 63 y 82, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales, la quejosa quedó notificada de dicha determinación en la propia audiencia en la que fue emitida, esto es, el mismo veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Asimismo, de conformidad con el último párrafo del numeral citado, dicha notificación surtió efecto el día hábil siguiente. "Artículo 63. Notificación en audiencia Las resoluciones del Órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos previstos en este Código." "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal; c) En las instalaciones del Órgano jurisdiccional, o d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes: [.] Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación." Por tanto, es concluyente que para el propio veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno la quejosa tenía pleno conocimiento de la determinación emitida en su contra, y el plazo para presentar la demanda de amparo comenzó a computarse el veintitrés del mismo mes y año. De tal modo que el plazo de quince días le transcurrió del veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno al doce de enero de dos mil veintidós, tal como se puede observar en la siguiente tabla: Diciembre de 2021 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 (Inhábil) 5 (Inhábil) 6 7 8 9 10 11 (Inhábil) 12 (Inhábil) (Inhábil) ........Día 15 13 14 15 16 Entonces, si la demanda de amparo se presentó hasta el veintiuno de enero de dos mil veintidós (como se desprende del sello de recepción plasmado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla) es claro que la quejosa excedió el plazo de quince días que tenía para ello. Dicha circunstancia se convierte en un consentimiento tácito del acto reclamado, pues no se advierte ninguna circunstancia que justificara ese retardo en la presentación de la demanda. Ahora, no se pierde de vista el criterio invocado por la quejosa, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 414/2011. En éste, como parte final de la ejecutoria, se señala que el juicio de amparo indirecto en contra del auto de vinculación a proceso, puede promoverse en cualquier tiempo. Dicho criterio quedó plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Sin embargo, el conflicto materia de la contradicción fue resuelto a la luz del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca y el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México; es decir, con base en las legislaciones aplicables antes de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme al cual fue resuelta la vinculación reclamada en este asunto por la quejosa. Por lo anterior, en opinión de esta autoridad, en el caso que nos ocupa, es inaplicable dicho criterio. En consecuencia de lo expuesto, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda presentada por ...Requerimiento especial al juez de control. Con independencia del desechamiento de la demanda determinado en el apartado precedente, a fin de contar con mayor sustento para el mismo,.. se requiere al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, sede San Martín Texmelucan, Estado de Puebla, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, informe la fecha en la que tuvo por notificada a la quejosa María Eugenia García Romero y su defensa, respecto de la resolución de vinculación a proceso emitida el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal *** (la que se le instruya). Lo anterior bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, le será impuesta una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se hace la precisión de que su oficio de contestación únicamente deberá enviarlo vía correo electrónico a la dirección oficial de este juzgado: Domicilio procesal y autorizados. Como lo solicita la quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle *** , Puebla. Por otra parte, quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, Samir Amin Begines Nava y Alonso Caballero Gómez, porque la promovente les otorgó esas facultades y se encontró registro de sus cédulas profesionales en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Consulta física del expediente. Notifíquese; de manera personal a la quejosa; y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 62/2022-II. Puebla, Puebla, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que presentó , por derecho propio, contra actos del Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, licenciado . Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, se tiene una demanda de amparo presentada por la quejosa , en la que reclama el auto de vinculación a proceso de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, dictado, al parecer, dentro de la causa penal , del índice del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, , tras una revisión exhaustiva de la demanda, se advirtió la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, la cual refiere: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Se explican las razones de dicha aseveración. De la fracción XIV en cita, se desprende que el juicio constitucional es improcedente cuando la quejosa no lo promueve dentro de los plazos previstos para tal efecto, pues se entiende que lo ha consentido tácitamente. Al respecto, es necesario referir el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo, porque éste prevé el plazo para la presentación de la demanda de derechos fundamentales: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De lo anterior se obtienen cinco plazos para la presentación de la demanda: uno genérico y cuatro específicos. Sin embargo, dada la naturaleza del acto reclamado por la quejosa, el mismo debe someterse al plazo genérico; esto, quince días. Ello, porque no se trata de una norma general, de una sentencia definitiva en materia penal, no involucra derechos agrarios de núcleos de población ejidal o comunal, ni se reclama alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la constitución. Ahora, según lo manifiesta la propia promovente -bajo protesta de decir verdad-, la resolución reclamada fue emitida en audiencia celebrada el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno y en ésta misma les fue notificada4. Por tanto, en términos de los artículos 63 y 82, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales, la quejosa quedó notificada de dicha determinación en la propia audiencia en la que fue emitida, esto es, el mismo veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Asimismo, de conformidad con el último párrafo del numeral citado, dicha notificación surtió efecto el día hábil siguiente. "Artículo 63. Notificación en audiencia Las resoluciones del Órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos previstos en este Código." "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal; c) En las instalaciones del Órgano jurisdiccional, o d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes: [.] Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación." Por tanto, es concluyente que para el propio veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno la quejosa tenía pleno conocimiento de la determinación emitida en su contra, y el plazo para presentar la demanda de amparo comenzó a computarse el veintitrés del mismo mes y año. De tal modo que el plazo de quince días le transcurrió del veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno al doce de enero de dos mil veintidós, tal como se puede observar en la siguiente tabla: Diciembre de 2021 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 (Inhábil) 5 (Inhábil) 6 7 8 9 10 11 (Inhábil) 12 (Inhábil) (Inhábil) ........Día 15 13 14 15 16 Entonces, si la demanda de amparo se presentó hasta el veintiuno de enero de dos mil veintidós (como se desprende del sello de recepción plasmado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla) es claro que la quejosa excedió el plazo de quince días que tenía para ello. Dicha circunstancia se convierte en un consentimiento tácito del acto reclamado, pues no se advierte ninguna circunstancia que justificara ese retardo en la presentación de la demanda. Ahora, no se pierde de vista el criterio invocado por la quejosa, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 414/2011. En éste, como parte final de la ejecutoria, se señala que el juicio de amparo indirecto en contra del auto de vinculación a proceso, puede promoverse en cualquier tiempo. Dicho criterio quedó plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Sin embargo, el conflicto materia de la contradicción fue resuelto a la luz del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca y el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México; es decir, con base en las legislaciones aplicables antes de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme al cual fue resuelta la vinculación reclamada en este asunto por la quejosa. Por lo anterior, en opinión de esta autoridad, en el caso que nos ocupa, es inaplicable dicho criterio. En consecuencia de lo expuesto, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda presentada por ...Requerimiento especial al juez de control. Con independencia del desechamiento de la demanda determinado en el apartado precedente, a fin de contar con mayor sustento para el mismo,.. se requiere al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, sede San Martín Texmelucan, Estado de Puebla, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, informe la fecha en la que tuvo por notificada a la quejosa María Eugenia García Romero y su defensa, respecto de la resolución de vinculación a proceso emitida el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal *** (la que se le instruya). Lo anterior bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, le será impuesta una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se hace la precisión de que su oficio de contestación únicamente deberá enviarlo vía correo electrónico a la dirección oficial de este juzgado: Domicilio procesal y autorizados. Como lo solicita la quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle *** , Puebla. Por otra parte, quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, Samir Amin Begines Nava y Alonso Caballero Gómez, porque la promovente les otorgó esas facultades y se encontró registro de sus cédulas profesionales en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Consulta física del expediente. Notifíquese; de manera personal a la quejosa; y cúmplase.
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