Maria Felicitas Flores Reyes
Expediente 908/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 25 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 908/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 25/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Maria Felicitas Flores Reyes
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por la quejosa xxxx, por propio derecho, contra omisiones del agente del Ministerio Público Investigador en xxxx y otras autoridades responsables. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo,1 establece la obligación de examinar la demanda de tutela constitucional, porque de encontrarse una causa indudable y manifiesta de improcedencia, se desechará de plano. Lo anterior se relaciona con el derecho de justicia pronta y expedita, consagrado en el artículo 17 de la constitución federal, porque este permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes. Sobre todo porque debe evitarse la creación de falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, en particular que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Bajo ese contexto, se ha examinado la demanda de amparo presentada por la quejosa xxxx, por derecho propio, y se detectó un reclamo específico: ".La violación al derecho de petición contenida (sic) en el artículo 8 de la Constitución Política del País (sic), en razón de que no ha acordado mucho menos se ha notificado el acuerdo que debió recaer a la petición como defensor que realicé por escrito, el día 07 de agosto de 2023.". Pero los antecedentes que relató la quejosa, bajo protesta de decir verdad, informan lo siguiente: ".manifiesto que el día 18 de agosto de 2023 intenté presentar un nuevo escrito reiteré (sic) mi solicitud de que se me expidieran copia autentificada de todos los registros y actos de investigación y asimismo solicitando se señalará (sic) fecha y hora para tener acceso a los registros de la investigación e imponerme de la presente carpeta de investigación, pero el Ministerio Público se negó a recibir dicha solicitud aduciendo que ya lo habían cambiado de adscripción -aunque se encontraba ahí- y que no me podía recibir ningún escrito y que me contactara con mis abogados.". Ello permite visualizar que el reclamo de la quejosa, va más allá de la falta de acuerdo al escrito presentado el siete de agosto de dos mil veintitrés, pues también pretende combatir la negativa del agente del Ministerio Público a recibir escritos y permitir el acceso a la carpeta de investigación, que se abrió con una denuncia de aquélla bajo las reglas del sistema penal acusatorio. Sin embargo, la omisión y negativas relatadas, que atañen al curso de la mencionada carpeta, pueden ser reclamadas con un recurso ordinario que debe agotar la quejosa antes de promover el juicio de amparo, razón por la cual es válido imponer desde este momento una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. En efecto, la omisión y negativas que se atribuyen directamente al agente del Ministerio Público, en la carpeta de investigación iniciada bajo las reglas del sistema penal acusatorio, tienen prevista una ruta ordinaria de impugnación que debe agotarse antes de solicitar el control de legalidad extraordinario, en la vía de amparo indirecto. Así se obtiene del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales,3 porque ese precepto dispone que el impacto de omisiones o negativas del Ministerio Público, contra las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, son impugnables ante un juez de control. Esa ruta ordinaria de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria -el juicio de amparo-. Por ello se afirma que las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, están obligados a acudir a la ruta ordinaria contra las omisiones y negativas del Ministerio Público, desde el inicio de la carpeta de investigación y hasta la eventual conclusión de la misma. En particular impugnarlas ante un juez de control para que este revise la legalidad de esas omisiones y negativas, entre las cuales deben subsumirse las reclamadas por la quejosa. Sobre todo porque el juez de control, en términos del precepto citado, puede ordenar al agente del Ministerio Público encargado de la carpeta, que examine la petición formulada por la quejosa, también que le reciba peticiones escritas y que le permita el acceso a los registros de investigación, es decir, que abandone el estado de inactividad en que parece encontrarse. Todo ello se obtuvo de la contradicción de tesis 233/2017, que generó el criterio invocado en párrafos anteriores, pues la ejecutoria de la referida contradicción, determinó la obligación de las víctimas u ofendidos de impugnar cualquier omisión y negativas del Ministerio Público, a través de la ruta ordinaria establecida en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por consiguiente, se afirma que el reclamo planteado por la quejosa, contra los actos relacionados con una inactividad del Ministerio Público en la carpeta de investigación, deben llevarse primero a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el invocado artículo 258, a fin de cumplir el principio de definitividad. En efecto, la quejosa debe agotar la ruta ordinaria de impugnación, contra la inactividad que se desprende de la demanda de amparo; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar la conducta del agente del Ministerio Público, fuera adversa o pudiera transgredir derechos fundamentales previstos en la constitución federal, surgirá la posibilidad de instaurar juicio de amparo indirecto contra esa resolución (del juez de control). Bajo este contexto, se declara que la omisión y negativas reclamadas por la quejosa, relativas a una inactividad en la carpeta de investigación tramitada bajo las reglas del sistema penal acusatorio, encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Máxime que los datos proporcionados en la demanda, reflejan las condiciones de la quejosa para acudir a la ruta ordinaria de impugnación: es la víctima en la carpeta de investigación tramitada con las reglas del sistema penal acusatori. Entonces, procede desechar la demanda de protección constitucional, pues la omisión y negativas reclamadas por la quejosa a las autoridades ministeriales señaladas como responsables, encuentran la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, con las características de manifiesta e indudable.
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