María Estela Ocampo Echeverría

Expediente 1345/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1345/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
13/01/2023

Partes del expediente

  • María Estela Ocampo Echeverría

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1345/2022-IX. Puebla, Puebla, trece de enero de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase.

  2. Principal

    SE DEJO CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA JUICIO DE AMPARO 1345/2022-V. En Puebla, Puebla, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Se agrega al expediente el escrito de cuenta signado por María Estela Ocampo Echeverría, mediante el cual pretende desahogar el requerimiento formulado en proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, al precisar lo siguiente: ".1.- Señalar y a precisar como ACTO RECLAMADO la ORDEN DE PRESENTACIÓN que pretende ejercer en mi contra el AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA MESA DE TRAMITE MATUTINA DE LA DELEGACIÓN CENTRO, perteneciente a la fiscalía general de Justicia del Estado de Puebla, al ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO METROPOLITANA NORTE, al FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, a la AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN EN EL ESTADO DE PUEBLA y al DIRECTOR DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, todos con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de Puebla, en virtud que como lo he dejado señalado en mi escrito inicial de demanda, no he cometido delito alguno por el cual que estuviere en peligro mi libertad, sin saber que actualmente exista una acción legal penal en mi contra." Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 En el presente caso, se observa que la demanda presentada por la quejosa debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. De entrada, se hace notar que el reclamo planteado en la demanda fue circunscrito a los siguientes actos: La orden de presentación atribuida al agente del Ministerio Publico adscrito a la mesa de tramite matutina de la delegación centro, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, al Encargado de la Dirección de Agencias del Ministerio Publico Metropolitana Norte, al Fiscal General de Justicia del Estado de Puebla, a la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla y al Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, así como la ejecución de esa orden. De ellos, se actualizan las causas de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con la fracción V del diverso 107, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y el artículo16 constitucional3 . Se explica: En el sistema de justicia penal adversarial, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos: 1. Porque se le conduzca a proceso a través de un citatorio orden de presentación a través de la fuerza pública o se ejecute una orden de aprehensión en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Este tipo de actos sólo puede ser emitido por una autoridad jurisdiccional. 2. Se detenga a una persona en flagrancia en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. La detención puede realizarla cualquier persona o autoridad, con la condición de poner a la persona detenida de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, quien después de examinar la legalidad de la detención, podrá ordenar a retención por el plazo de constitucional. 3. El Ministerio Público ordene la detención de una persona por tratarse de caso urgente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que, en el caso, no es posible adjudicar al agente del Ministerio Publico adscrito a la mesa de tramite matutina de la delegación centro, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, al Encargado de la Dirección de Agencias del Ministerio Publico Metropolitana Norte, al Fiscal General de Justicia del Estado de Puebla, a la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla y al Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla señalados como autoridades responsables, porque como se explicó en párrafos precedentes, carecen de facultades legales y constitucionales para ordenar presentación de persona alguna, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco pueden ordenar su detención salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que ello sea posible se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el aquí quejoso pueda evadirse. Sin embargo, de los hechos descritos en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, la quejosa sólo mencionan que, agentes de la Policía Investigadora del Estado de Puebla se presentaron en el domicilio ubicado en el estado de Puebla, mencionando a sus familiares y vecinos argumentando que estaban buscándola para proceder a ejecutar una orden de aprehensión en su contra; y que por ello estuviere en peligro su libertad. Lo anterior, diluye cualquier posibilidad de que el representante social hubiera ordenado su detención de forma urgente. Lo que evidencia de manera indudable que, si acaso, existiera el desarrollo de una investigación en su contra, ello no implica que el representante social ordenara aprehenderlas o detenerlas. Ahora, aun si el representante social la llegara a citar con la calidad de persona investigada, primero, tendría que cumplir con la obligación de darle a conocer los registros de la investigación tal como lo dispone el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con los principio y derechos de adecuada defensa, igualdad ante la ley y debido proceso. Incluso, después de haber cumplido con tales exigencias, el agente del Ministerio Público sólo podría recabarle su entrevista a fin de incorporarla como dato de prueba, y no su declaración porque en el sistema penal acusatorio el representante social carece de facultades para obtener pruebas de manera unilateral, como lo hacían en el sistema penal mixto; ahora, para obtener algún tipo de prueba de lo que una persona imputada llegue a decir, es indispensable que se cumplan con los principios de inmediación y contradicción. Lo que en el caso, evidentemente no sucede. Además, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la cita de un inculpado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución General de la República, toda vez que a virtud de la orden de presentación, solamente se pide al inculpado a comparecer ante la fiscalía, pero ello no implica que se le obligue a ser entrevistado, pues al encontrarse ante la autoridad ministerial, el presentado puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo. Además, con ello, lejos de coartarle algún derecho, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que el peticionario del amparo, en su caso, se apersone ante dicha autoridad, aquel se encuentra en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación; asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aparte, de que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. En efecto, el agente del Ministerio Público, tiene la facultad constitucional de investigar los delitos y ese proceso de investigación para conocer determinados hechos no debe ser obstaculizado por cada acto de investigación que se pretenda llevar a cabo, como es la entrevista de quien es señalado como la persona que de manera probable participó en algún hecho que la ley señalada como delito Mención aparte merecen las técnicas de investigación que pueden afectar de manera directa e inmediata derechos fundamentales; sin embargo, para que el agente del Ministerio Público pueda llevar a cabo ese tipo de actuaciones, se requiere de la insaculación estricta del Juez de Control a través de un test de proporcionalidad, tal como lo prevé el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, si la quejosa reclama la presentación que el agente del Ministerio Público ha dado para recabársele su entrevista, con independencia de la calidad con la que lo cite (testigo o imputado); es inconcuso que, ese acto de molestia no le produce afectación alguna a sus derechos fundamentales de manera directa e inmediata. Por consiguiente, es improcedente el juicio de amparo contra la orden de presentación, reclamada a las autoridades ministeriales. Resulta aplicable la tesis de rubro, texto y datos de localización siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO. ASUME EL CARÁCTER DE AUTORIDAD DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO, POR LO QUE SUS ACTOS U OMISIONES SON IMPUGNABLES POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE AFECTEN DE MANERA DIRECTA E INMEDIATA SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 21, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 127, 211, fracción I, inciso b), 213, 216, 321, 324 y 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que en el procedimiento penal acusatorio, la etapa de investigación complementaria comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación, para lo cual, antes de finalizar la audiencia inicial el Juez de control determinará, previa propuesta de las partes, el plazo en que el Ministerio Público deberá concluir el cierre de la investigación complementaria; de lo que se colige que la representación social reasume la dirección de la investigación y, por ende, actúa con el carácter de autoridad, porque cuenta con facultades para reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para que pueda sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado, la reparación del daño, solicitar el sobreseimiento parcial o total, o bien, la suspensión del proceso. Así, durante el desarrollo de dicha fase, el imputado o su defensor podrá solicitar al órgano técnico la realización de todos aquellos actos de investigación que estime pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, a lo que el Ministerio Público, en uso de la potestad conferida y atento al principio de buena fe, decidirá si los lleva a cabo o no; cuya determinación podrá impugnarse en el juicio de amparo indirecto, siempre que afecte de manera directa e inmediata los derechos fundamentales del quejoso, en el entendido de que su procedencia estará supeditada a la satisfacción de los requisitos, presupuestos y cargas procesales exigidos constitucional y legalmente, lo que dependerá del caso concreto." (Registro digital: 2020800, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, Tesis: I.6o.P.146 P (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, página 3527, Tipo: Aislada): Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por la quejosa, por propio derecho, contra la orden de presentación, reclamada al agente del Ministerio Publico adscrito a la mesa de tramite matutina de la delegación centro, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, al Encargado de la Dirección de Agencias del Ministerio Publico Metropolitana Norte, al Fiscal General de Justicia del Estado de Puebla, a la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla y al Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, y la ejecución de esa orden, pues se actualizó la referida causa de improcedencia manifiesta e indudablemente. Pese a todo lo anterior, se le hace saber a la quejosa que quedan expeditos sus derechos para presentar una nueva demanda de amparo, pero ahora, contra autoridades facultadas para emitir las ordenes privativas de libertad (jueces). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A, que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Notifíquese; de manera personal a la quejosa; y cúmplase

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1345/2022-V. En Puebla, Puebla, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Se agrega al expediente el escrito de cuenta signado por María Estela Ocampo Echeverría, mediante el cual pretende desahogar el requerimiento formulado en proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, al precisar lo siguiente: ".1.- Señalar y a precisar como ACTO RECLAMADO la ORDEN DE PRESENTACIÓN que pretende ejercer en mi contra el AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA MESA DE TRAMITE MATUTINA DE LA DELEGACIÓN CENTRO, perteneciente a la fiscalía general de Justicia del Estado de Puebla, al ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO METROPOLITANA NORTE, al FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, a la AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN EN EL ESTADO DE PUEBLA y al DIRECTOR DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, todos con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de Puebla, en virtud que como lo he dejado señalado en mi escrito inicial de demanda, no he cometido delito alguno por el cual que estuviere en peligro mi libertad, sin saber que actualmente exista una acción legal penal en mi contra." Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 En el presente caso, se observa que la demanda presentada por la quejosa debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. De entrada, se hace notar que el reclamo planteado en la demanda fue circunscrito a los siguientes actos: La orden de presentación atribuida al agente del Ministerio Publico adscrito a la mesa de tramite matutina de la delegación centro, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, al Encargado de la Dirección de Agencias del Ministerio Publico Metropolitana Norte, al Fiscal General de Justicia del Estado de Puebla, a la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla y al Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, así como la ejecución de esa orden. De ellos, se actualizan las causas de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con la fracción V del diverso 107, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y el artículo16 constitucional3 . Se explica: En el sistema de justicia penal adversarial, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos: 1. Porque se le conduzca a proceso a través de un citatorio orden de presentación a través de la fuerza pública o se ejecute una orden de aprehensión en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Este tipo de actos sólo puede ser emitido por una autoridad jurisdiccional. 2. Se detenga a una persona en flagrancia en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. La detención puede realizarla cualquier persona o autoridad, con la condición de poner a la persona detenida de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, quien después de examinar la legalidad de la detención, podrá ordenar a retención por el plazo de constitucional. 3. El Ministerio Público ordene la detención de una persona por tratarse de caso urgente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que, en el caso, no es posible adjudicar al agente del Ministerio Publico adscrito a la mesa de tramite matutina de la delegación centro, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, al Encargado de la Dirección de Agencias del Ministerio Publico Metropolitana Norte, al Fiscal General de Justicia del Estado de Puebla, a la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla y al Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla señalados como autoridades responsables, porque como se explicó en párrafos precedentes, carecen de facultades legales y constitucionales para ordenar presentación de persona alguna, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco pueden ordenar su detención salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que ello sea posible se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el aquí quejoso pueda evadirse. Sin embargo, de los hechos descritos en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, la quejosa sólo mencionan que, agentes de la Policía Investigadora del Estado de Puebla se presentaron en el domicilio ubicado en el estado de Puebla, mencionando a sus familiares y vecinos argumentando que estaban buscándola para proceder a ejecutar una orden de aprehensión en su contra; y que por ello estuviere en peligro su libertad. Lo anterior, diluye cualquier posibilidad de que el representante social hubiera ordenado su detención de forma urgente. Lo que evidencia de manera indudable que, si acaso, existiera el desarrollo de una investigación en su contra, ello no implica que el representante social ordenara aprehenderlas o detenerlas. Ahora, aun si el representante social la llegara a citar con la calidad de persona investigada, primero, tendría que cumplir con la obligación de darle a conocer los registros de la investigación tal como lo dispone el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con los principio y derechos de adecuada defensa, igualdad ante la ley y debido proceso. Incluso, después de haber cumplido con tales exigencias, el agente del Ministerio Público sólo podría recabarle su entrevista a fin de incorporarla como dato de prueba, y no su declaración porque en el sistema penal acusatorio el representante social carece de facultades para obtener pruebas de manera unilateral, como lo hacían en el sistema penal mixto; ahora, para obtener algún tipo de prueba de lo que una persona imputada llegue a decir, es indispensable que se cumplan con los principios de inmediación y contradicción. Lo que en el caso, evidentemente no sucede. Además, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la cita de un inculpado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución General de la República, toda vez que a virtud de la orden de presentación, solamente se pide al inculpado a comparecer ante la fiscalía, pero ello no implica que se le obligue a ser entrevistado, pues al encontrarse ante la autoridad ministerial, el presentado puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo. Además, con ello, lejos de coartarle algún derecho, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que el peticionario del amparo, en su caso, se apersone ante dicha autoridad, aquel se encuentra en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación; asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aparte, de que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. En efecto, el agente del Ministerio Público, tiene la facultad constitucional de investigar los delitos y ese proceso de investigación para conocer determinados hechos no debe ser obstaculizado por cada acto de investigación que se pretenda llevar a cabo, como es la entrevista de quien es señalado como la persona que de manera probable participó en algún hecho que la ley señalada como delito Mención aparte merecen las técnicas de investigación que pueden afectar de manera directa e inmediata derechos fundamentales; sin embargo, para que el agente del Ministerio Público pueda llevar a cabo ese tipo de actuaciones, se requiere de la insaculación estricta del Juez de Control a través de un test de proporcionalidad, tal como lo prevé el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, si la quejosa reclama la presentación que el agente del Ministerio Público ha dado para recabársele su entrevista, con independencia de la calidad con la que lo cite (testigo o imputado); es inconcuso que, ese acto de molestia no le produce afectación alguna a sus derechos fundamentales de manera directa e inmediata. Por consiguiente, es improcedente el juicio de amparo contra la orden de presentación, reclamada a las autoridades ministeriales. Resulta aplicable la tesis de rubro, texto y datos de localización siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO. ASUME EL CARÁCTER DE AUTORIDAD DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO, POR LO QUE SUS ACTOS U OMISIONES SON IMPUGNABLES POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE AFECTEN DE MANERA DIRECTA E INMEDIATA SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 21, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 127, 211, fracción I, inciso b), 213, 216, 321, 324 y 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que en el procedimiento penal acusatorio, la etapa de investigación complementaria comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación, para lo cual, antes de finalizar la audiencia inicial el Juez de control determinará, previa propuesta de las partes, el plazo en que el Ministerio Público deberá concluir el cierre de la investigación complementaria; de lo que se colige que la representación social reasume la dirección de la investigación y, por ende, actúa con el carácter de autoridad, porque cuenta con facultades para reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para que pueda sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado, la reparación del daño, solicitar el sobreseimiento parcial o total, o bien, la suspensión del proceso. Así, durante el desarrollo de dicha fase, el imputado o su defensor podrá solicitar al órgano técnico la realización de todos aquellos actos de investigación que estime pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, a lo que el Ministerio Público, en uso de la potestad conferida y atento al principio de buena fe, decidirá si los lleva a cabo o no; cuya determinación podrá impugnarse en el juicio de amparo indirecto, siempre que afecte de manera directa e inmediata los derechos fundamentales del quejoso, en el entendido de que su procedencia estará supeditada a la satisfacción de los requisitos, presupuestos y cargas procesales exigidos constitucional y legalmente, lo que dependerá del caso concreto." (Registro digital: 2020800, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, Tesis: I.6o.P.146 P (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, página 3527, Tipo: Aislada): Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por la quejosa, por propio derecho, contra la orden de presentación, reclamada al agente del Ministerio Publico adscrito a la mesa de tramite matutina de la delegación centro, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, al Encargado de la Dirección de Agencias del Ministerio Publico Metropolitana Norte, al Fiscal General de Justicia del Estado de Puebla, a la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla y al Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, y la ejecución de esa orden, pues se actualizó la referida causa de improcedencia manifiesta e indudablemente. Pese a todo lo anterior, se le hace saber a la quejosa que quedan expeditos sus derechos para presentar una nueva demanda de amparo, pero ahora, contra autoridades facultadas para emitir las ordenes privativas de libertad (jueces). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A, que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Notifíquese; de manera personal a la quejosa; y cúmplase

  4. Principal

    ---JUICIO DE AMPARO 1345/2022-V. Puebla, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Se agrega al expediente el escrito de cuenta signado por la quejosa +++++++++++++++++, mediante el cual pretende desahogar la prevención que se le hizo en proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós. Pues insiste en señalar: ". solicito se admita mi demanda por la ejecución de la orden de DETENCIÓN Y/O INVESTIGACIÓN Y/O PRESENTACIÓN Y/O ORDEN DE CATEO Y/O LA INDEBIDA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O CARPETA DE INVESTIGACIÓN en contra de la que suscribe, así como en contra de la orden de cateo del domicilio ubicado en CALLE CIENTO TRECE "B" ORIENTE NÚMERO DOSCIENTOS TREINTA DE LA COLONIA LOMAS DEL SOL DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA." Por lo que no se puede tener por cumplida la prevención, pues omite señalar a que autoridad le atribuye la orden de cateo y el inmueble de su propiedad sobre el cual recae dicha técnica de investigación, porque el inmueble señalado - domicilio ubicado en calle ciento trece "B" Oriente, número doscientos treinta de la colonia Lomas Del Sol de esta ciudad de Puebla-, bajo protesta de decir verdad manifestó que es de su hijo. Por consiguiente, debe quedar subsistente la prevención a fin de que aquél delimite el acto concreto y a que autoridad se lo reclama, para que en caso de ser procedente el amparo, se fije la litis constitucional y las autoridades responsables estén en aptitud de rendir su informe justificado. A la luz de esas consideraciones, debe estimarse que sigue pendiente el desahogo de la prevención formulada a la quejosa, pues las manifestaciones del escrito aclaratorio no permiten identificar a que autoridad atribuye los actos reclamados. Por tanto, se deja subsistente la prevención formulada a la quejosa en el proveído inicial, en específico los puntos siguientes: ? Precise si lo que en realidad desea señalar como acto reclamado lo es la orden de aprehensión dictada en su contra, para lo cual deberá señalar la autoridad judicial a la que se lo atribuye ? Aclare si es su deseo señalar como acto reclamado la orden de cateo, y de ser así, deberá señalar a la autoridad judicial a la que se la atribuye y el inmueble de su propiedad sobre el cual recayó dicha técnica de investigación. ? Precise si es su deseo excluir como actos reclamados las órdenes de detención y/o investigación y/o presentación y/o la indebida integración de la averiguación previa y/o carpeta de investigación, debiendo considerar que en contra de ellas es improcedente el amparo indirecto. Conviene precisar a la quejosa que debe evitar la introducción de antecedentes novedosos, es decir, que presenten un escenario jurídico distinto al que ya informa la demanda origen de este juicio, porque ello podría implicar la comisión del delito especial previsto en el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, que debería informarse al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que le instruya una carpeta de investigación, como lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tesis jurisprudenciales recientes. Días restantes para desahogar la prevención. La quejosa presentó su escrito aclaratorio, el día siguiente al que se le notificó la prevención inicial (el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós mediante listas, previo citatorio). Luego, debe considerarse que tiene cinco días hábiles para subsanar las irregularidades de su demanda de amparo establecidas en el auto de prevención, los cuales habrán de iniciar al día siguiente de cuando surta efectos la notificación del presente acuerdo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de rubro: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO". En consecuencia, se requiere al quejoso que desahogue la prevención formulada en el proveído inicial, conforme a los lineamientos señalados en párrafos anteriores. Por último, se le hace notar que en caso de no presentar escrito en el cual aclare los puntos indicados en apartados precedentes, se le hará efectivo el apercibimiento formulado en el proveído inicial: tener la demanda como no presentada. Notifíquese; y de forma personal al quejoso en su domicilio procesal.

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