Maria Enith Hernandez Huesca

Expediente 314/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
314/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
12/05/2021

Partes del expediente

  • Maria Enith Hernandez Huesca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 314/2021-IV. Puebla, Puebla, doce de mayo de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintidós de abril de dos mil veintiuno, en el cual se declaró no presentada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes a la fecha cuando quede cumplido el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que este sumario tiene un acuerdo en el que se declaró no presentada la solicitud de amparo Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico del juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la quejosa. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la quejosa, porque ningún derecho procesal puede ejercer dado que ha quedado firme el proveído que declaró no presentada la demanda. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde será publicado este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar a la quejosa por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo se tuvo no presentada, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Demanda no presentada. Visto el estado procesal del presente juicio, se advierte que el plazo de cinco días otorgado a la quejosa en proveído de seis de abril de dos mil veintiuno, transcurrió del quince al veintiuno de los cursantes, como se desprende de la certificación secretarial previa. Además, ese plazo transcurrió sin que la quejosa desahogara la prevención contenida en el proveído inicial, de seis de abril de dos mil veintiuno. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho acuerdo, y se declara no presentada la demanda que originó el presente juicio de tutela constitucional. Anotaciones internas. Se ordena hacer las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno de este juzgado, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese; de forma personal a la quejosa (en su domicilio procesal con las medidas de seguridad sanitarias); y cúmplase.

  3. Principal

    SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.- Puebla, Puebla, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Demanda no presentada. Visto el estado procesal del presente juicio, se advierte que el plazo de cinco días otorgado a la quejosa en proveído de seis de abril de dos mil veintiuno, transcurrió del quince al veintiuno de los cursantes, como se desprende de la certificación secretarial previa. Además, ese plazo transcurrió sin que la quejosa desahogara la prevención contenida en el proveído inicial, de seis de abril de dos mil veintiuno. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho acuerdo, y se declara no presentada la demanda que originó el presente juicio de tutela constitucional. Anotaciones internas. Se ordena hacer las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno de este juzgado, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese; de forma personal a la quejosa (en su domicilio procesal con las medidas de seguridad sanitarias); y cúmplase.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, seis de abril de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por la quejosa *** por derecho propio, contra actos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (sic), y otras autoridades responsables. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-2 -que causa la enfermedad COVID-19-. Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta a la quejosa a que continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio de amparo bajo dicha modalidad, le permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar, que de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias, en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos, no implica el permiso para notificar resoluciones judiciales de manera electrónica. De ahí que para estar en aptitud de tramitar el presente asunto bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico, pues, para ello, es indispensable que en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Prevención. La lectura integral que se hizo a la demanda de protección, llevó a encontrar irregularidades en el nombre de la quejosa, las autoridades responsables y en los actos combatidos, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. Sobre todo porque las imprecisiones desde el nombre de aquélla hasta en el reclamo planteado, habrán de impedir la pronta integración del presente juicio e incluso podrían generar una causal de improcedencia, en detrimento de la justicia expedita que debe asegurarse en este juicio de amparo -si fuera admitido-. Para demostrar lo primero, se hace notar que el acápite inicial de la demanda contiene el nombre de la quejosa como ***. Sin embargo, la última hoja del referido escrito, tiene la firma de aquella con el nombre de ****. Ello genera incertidumbre sobre el nombre de quien solicita la protección constitucional; y tiene relevancia porque impedirá a las autoridades responsables efectuar una búsqueda exacta en sus bases de datos, al existir imprecisión en el nombre de la quejosa. De ahí la necesidad de que se aclare la demanda en la mencionada irregularidad. Por otro lado, debe indicarse que el capítulo de autoridades responsables ordenadoras, contiene un señalamiento impreciso en la autoridad judicial denominada: ".Jueces de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro.". Tal autoridad resulta imprecisa, porque la citada denominación no corresponde a las autoridades judiciales que han rendido informes previo y justificado en otros expedientes constitucionales de este juzgado -los cuales representan hechos notorios en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo-. Es más, debe indicarse que la Jueza de Control Mirian Huerta Lechuga, adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, informó que las causas tramitadas en los distintos juzgados del sistema penal acusatorio, no requieren de un juez específico, porque el diseño del sistema penal acusatorio descansa en una serie de etapas, para las cuales basta la participación de cualquier juez de control del Poder Judicial del Estado de Puebla. De ahí que la citada jueza hubiera rendido en forma individual, los informes previo y justificado que se requirieron a los jueces de control de la Región Judicial Centro, en el juicio de amparo e incidente de suspensión *** de este órgano -el cual se invoca porque constituye un hecho notorio en términos del invocado artículo 88-. Entonces, resulta irregular el señalamiento que hizo la quejosa contra la transcrita autoridad judicial, pues debió haberse limitado a precisar un solo juez de control, sin nombre, conforme a lo expuesto en líneas anteriores, en particular: Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, Estado de Puebla. Por otro lado, se detectó que el capítulo de autoridades responsables ordenadoras, también involucra a una fiscalía y diferentes agentes del Ministerio Público que parecen corresponder a la Fiscalía General del Estado de Puebla. Sin embargo, el señalamiento de esas autoridades resulta impreciso, porque fue dirigido a la Fiscalía General del Estado de Puebla, es decir, sin precisar los servidores públicos específicos a quienes habría de requerirse informe en este juicio. En otras palabras, la quejosa no especificó el servidor público encargado de esa fiscalía, aun cuando ello resultaba indispensable porque varios funcionarios públicos laboran en la mencionada institución (señalada en forma genérica). Lo cual impediría la notificación de los oficios que llegaran a expedirse para esa dependencia en el presente juicio -si fuera admitido-, como ha sucedido en otros asuntos de este órgano jurisdiccional y que han terminado con resoluciones de sobreseimiento, por falta de autoridades responsables concretas. Pero también se advierte que las demás autoridades ordenadoras, esto es, los diferentes agentes del Ministerio Público no tienen facultades legales para librar órdenes de aprehensión contra un imputado, es decir, para que comparezca a la audiencia inicial con el uso de la fuerza pública. De modo que el señalamiento de esos agentes ministeriales -señalados sin especificar la dependencia a la cual pertenecen-, obligaría a actualizar una causal de improcedencia respecto de la orden de aprehensión combatida en la demanda, conforme al diseño del sistema penal acusatorio en el que parece haber sido emitida esa orden reclamada por la quejosa -entre otros actos-. Esa consideración se apoya en la tesis aislada I.8o.P.23 P (10a.), del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con registro digital 2020129 y de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. UNA VEZ QUE JUDICIALIZA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SU CALIDAD PROCESAL CAMBIA DE AUTORIDAD (ENTE ACUSADOR) A SUJETO DEL PROCEDIMIENTO CON LA CALIDAD DE PARTE, POR LO QUE SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA SUS ACTOS EMITIDOS CON POSTERIORIDAD A ESTA FASE, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE". Es más, debe indicarse a la quejosa lo siguiente: aun cuando precisara los servidores públicos que asumirían el carácter de responsables ordenadoras -respecto de la Fiscalía General del Estado de Puebla-, e indicara la dependencia a la que pertenecen los agentes del Ministerio Público, tampoco sería viable el ejercicio de la acción de tutela constitucional respecto de esas autoridades. Lo anterior obedece a que las supuestas órdenes de ".detención, presentación, arraigo.", que se encuentran en la demanda de amparo dentro del capítulo de actos reclamados, convergen a la figura jurídica de la orden de presentación con fines de investigación emitida por autoridad ministerial, bajo las reglas del sistema penal acusatorio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese tipo de órdenes, no implica la restricción de la libertad para el quejoso aun cuando vaya dirigida a este, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la presentación. Asimismo, es conveniente explicar que la actuación de la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un imputado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque la orden de presentación solamente se emite para el imputado con el propósito de que comparezca ante el fiscal investigador. En otras palabras, la orden de presentación jamás genera la obligación de que declare, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede el imputado manifestar su voluntad de abstenerse a declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al imputado, se estima que la autoridad investigadora satisface los derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquel puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo que resulta patente que una orden de presentación ministerial, ya no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, porque en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, dado que todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos con apariencia de delitos que es de orden público. Bajo este contexto, es válido afirmar que si la quejosa intentara precisar a las autoridades ordenadoras citadas en la demanda de amparo, como Fiscalía General del Estado de Puebla, e indicara la dependencia a la cual pertenecen los agentes del Ministerio Público, también encontraría una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en términos de la fracción XXIII del numeral 61, relacionada con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu, y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Máxime que la regulación de la orden de presentación, traducida en un acto de investigación de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual regula las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Lo anterior encuentra sustento en la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 351, tomo XX, diciembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 180028, titulada: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Asimismo, tiene aplicación en lo conducente, la tesis jurisprudencial I.2o.P. J/11, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 689, tomo V, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA". Todo lo cual obliga a requerir la aclaración de la demanda de amparo, con el propósito de que la quejosa manifieste su deseo de retirar el señalamiento de responsables ordenadoras, a la Fiscalía General del Estado de Puebla (sic) y a los diferentes agentes del Ministerio Público que introdujo en el capítulo de autoridades ordenadoras. Lo anterior, con el fin de que evite una causal de improcedencia, porque de insistir con esas autoridades ministeriales como responsables ordenadoras, tendría que exponer los antecedentes por los cuales sería procedente el juicio de amparo, sin variar los que relató en la demanda porque estos ya tienen la protesta de decir verdad. De modo que si en el escrito aclaratorio intentara mantener el señalamiento contra la fiscalía y agentes mencionados, con antecedentes novedosos, podría incurrir en la comisión del delito previsto en el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, por haber omitido hechos que le constaran al momento de presentar la demanda de protección. Por consiguiente, deberá evaluar la quejosa la pertinencia de excluir de su demanda, a la fiscalía y agentes del Ministerio Público que pretendió señalar como autoridades responsables ordenadoras. Ello, a fin de evitar la introducción de antecedentes novedosos que pudieran implicar la comisión del mencionado delito. Por otro lado, debe indicarse que el capítulo de autoridades responsables ejecutoras, contiene una denominación irregular: ".Titular de Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla.". Esa denominación es imprecisa porque no corresponde a los informes justificados y previos que se han recibido en otros juicios de amparo -los cuales representan hechos notorios en términos del invocado artículo 88-, relacionados con la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. No obstante, la transcrita denominación podría corresponder al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla Por consiguiente, la quejosa tendrá que perfeccionar la denominación de la transcrita autoridad ejecutora, para evitar un señalamiento impreciso que obligue a una eventual declaración de autoridad inexistente, como ha sucedido en otros juicios de amparo tramitados en este juzgado, los cuales también representan hechos notorios en términos del invocado artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Incluso permitiría que quedaran señalados como autoridades ejecutoras, el Fiscal General y el Director General de la Agencia Estatal de Investigación, ambos del Estado de Puebla. Lo cual bastaría para la efectividad de la suspensión provisional que llegare a otorgarse a la quejosa -si el juicio fuera admitido-, porque el fiscal y el director mencionados, son los servidores públicos que tienen conocimiento directo de las órdenes de aprehensión emitidas por la autoridad judicial citada en la demanda. Sólo resta decir que la irregularidad de los actos reclamados, estriba en las supuestas órdenes de ".detención, presentación, arraigo.", que introdujo la quejosa en el capítulo relativo. Esas órdenes encontrarían una causal de improcedencia, porque derivarían de las facultades de investigación asignadas al Ministerio Público, conforme a lo expuesto con antelación, razón por la cual es necesaria la aclaración de la demanda para que se limiten los actos reclamados a la orden de aprehensión y detención emitida por autoridad judicial, y la consecuente ejecución a cargo del fiscal y director mencionados. Sobre todo porque ninguna autoridad judicial federal está señalada en la demanda como responsable. No obstante, la aclaración debe realizarla la quejosa porque la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable perfeccionar el señalamiento de autoridades responsables y actos reclamados, dado que esto corresponde a quien suscribe la demanda en términos del artículo 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo. Así, con fundamento en los artículos 108, fracciones I, III, IV, 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito con la protesta de decir verdad en el cual: Indique su nombre correcto, es decir, el que concuerde con su acta de nacimiento y credencial expedida por el Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, motivo por el cual deberá manifestar si corresponde a **o **; Manifieste si desea perfeccionar el señalamiento de la autoridad judicial ordenadora que denominó ".Jueces de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro.", para dejar en su lugar al Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, Estado de Puebla -denominación correcta-; Exprese si desea retirar de la demanda a las autoridades ordenadoras que señaló de forma genérica como Fiscalía General del Estado de Puebla y diferentes agentes del Ministerio Público, porque ya otorgó la protesta de decir verdad para los antecedentes e incluso para evitar una causal de improcedencia, conforme a las razones expuestas con antelación; Indique si desea perfeccionar el señalamiento de la autoridad ejecutora citada como ".Titular de Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla.", para dejar en su lugar al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla; y Manifieste si desea limitar los actos combatidos a la orden de aprehensión y detención librada en su contra (de la quejosa), por la única autoridad judicial señalada en la demanda, y la consecuente ejecución a cargo del fiscal y director mencionados, para evitar la causal de improcedencia que se actualizaría respecto de los demás actos reclamados en la demanda: ".detención, presentación, arraigo .". Conviene indicar a la quejosa que la exclusión de autoridades responsables, en los términos del anterior punto 3, le permitiría evitar la introducción de antecedentes novedosos que pudieran implicar la comisión del delito mencionado en líneas previas, aunado a que justificaría la procedencia del juicio de amparo únicamente respecto del juez de control señalado como ordenador, porque intentar mantener a las autoridades ministeriales con el carácter de autoridades ordenadoras, actualizaría una causal de improcedencia. Además, ningún perjuicio tendría si perfeccionara el señalamiento de autoridades ejecutoras. Sobre todo porque el Fiscal General del Estado de Puebla y el Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, quedarían señalados como autoridades ejecutoras y son quienes reciben los oficios para la ejecución de cualquier orden de captura librada por el único juez de control nombrado en la demanda. Al margen de lo anterior, se informa a la quejosa que las diferencias que llegaran a detectarse en la firma de su escrito aclaratorio -si lo presenta-, con la firma puesta en la demanda de amparo, podría obligar a disponer un requerimiento para que la ratifique, conforme a los lineamientos aplicables a la situación actual de contingencia sanitaria. Indicación que también se hizo en el diverso juicio de amparo *** -el cual se invoca porque constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria-. Escrito aclaratorio. Se requiere a la quejosa que presente escrito aclaratorio, para lo cual deberá atender el numeral 110 de la Ley de Amparo, el cual dispone la obligación de exhibir copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión. Pese a lo anterior, se le informa que si presenta su escrito aclaratorio, con su firma electrónica y a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, quedará exento de la obligación de exhibir copias del escrito aclaratorio e incluso de algún escrito posterior. Apercibimiento. Se formula a la quejosa el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Publicación de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a la quejosa el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Consulta física del expediente. Se hace saber a la quejosa de este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberá registrar en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programada para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a la quejosa de este juicio que la recepción de todas las promociones que desee presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías). Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a la quejosa que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, que deberá registrar en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, el inmueble que citó para ese propósito en el escrito de demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, queda autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, el profesionista de nombre ***, porque el texto de la demanda conduce a visualizar que aquélla decidió otorgarle facultades amplias, y el nombrado profesionista tiene registrada su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Mientras las demás personas nombradas en la demanda, quedan autorizadas en términos restringidos, porque la quejosa las designó únicamente para recibir notificaciones, tomar fotografías y consultar el expediente. Correo electrónico y número telefónico. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la quejosa que en el mismo plazo otorgado en líneas anteriores, proporcione una dirección de correo electrónico y número de teléfono. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación (teléfono móvil y correo electrónico), sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran (y de estimarse necesario). Entonces, las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la prevención formulada. Digitalización. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Indicaciones especiales para la actuaria. Se ordena a la actuaria encargada de este juicio, realizar las notificaciones en forma personal conforme al "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y utilizar el kit de seguridad que se la ha proporcionado para salvaguardar su integridad física, en la contingencia sanitaria actual. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se ordena a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que revise las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Integración de la demanda original al expediente. Por último, debido a las circunstancias de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Notifíquese; en forma personal a la quejosa (en su domicilio procesal con las medidas de seguridad indicadas); y cúmplase.

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