María Eugenia Díaz Miranda
Expediente 803/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 803/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 30/11/2021
Partes del expediente
- Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México
- María Eugenia Díaz Miranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de dieciocho de agosto del año en curso, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado. En ese sentido, del estado de autos se advierte que el presente sumario constitucional se encuentra debidamente integrado; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En ese contexto, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 18 del referido acuerdo el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se concedió el amparo de la justicia federal. c) El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva, lo que se determina de conformidad con el artículo 21, inciso c) del citado acuerdo. d) El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que se cumplan seis meses de archivo como asunto concluido, pues existe el original, esto, en términos del artículo 20 fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo. e) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el cuaderno principal e incidental permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, se proceda a su destrucción y depuración, respectivamente. Asimismo, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Además, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Finalmente, dado que el Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Lerma de Villada, Estado de México, al rendir su informe justificado, como complemento al mismo, remitió copias certificadas de todo lo actuado en el expediente 597/2020 de su índice; toda vez que ya no es de utilidad para este órgano jurisdiccional, mediante oficio devuélvasele a la citada autoridad.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta; a través del cual María Eugenia Díaz Miranda, en lo sustancial manifiesta su desacuerdo respecto de la resolución que dictó la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, pues de su análisis se deduce que se deberá dar cumplimiento a las peticiones para cubrir las necesidades de su hijo y de la promovente, por lo que solicita se gire oficio al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y se le paguen las cantidades adeudadas, así mismo refiere que se debe respetar el inmueble ubicado en 24 de diciembre, número ciento trece, Colonia Guadalupe la Ciénega, Lerma de Villada, México, ya que su contraparte está dilapidando los bienes con otras personas. En esa tesitura, ténganse por hechas las manifestaciones de la parte quejosa; asimismo, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: - Auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte, por el que inadmite el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veinte de octubre de dos mil veinte, emitido en el expediente 597/2020 y su notificación. Previa substanciación del juicio de amparo, el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, se emitió la sentencia correspondiente, misma que fue revocada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito; y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a María Eugenia Díaz Miranda, para los siguientes efectos: Deje insubsistente el auto de veinte de octubre de dos mil veinte. Dicte otro acuerdo en el cual se pronuncie respecto de la procedencia o no de la pensión alimenticia provisional solicitada, partiendo de la consideración de que sí existe solicitud expresa en las prestaciones reclamadas y medidas provisionales en favor de la quejosa y de su hijo - Armando Candelas Díaz-. Con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda." El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento; luego por acuerdos de ocho de julio y cinco de agosto de dos mil veintiuno, a través de los oficios 1976 y 2218/2021 se tuvo al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, remitiendo copias certificadas de los proveídos de cinco julio y dos de agosto ambos del año en curso, a través de los cuales dejó insubsistente el auto de veinte de octubre de dos mil veinte y el auto de veintitrés de ese mes y año por derivar de aquel, emitidos en el expediente 597/2020 de su índice, y emitió una nueva resolución interlocutoria con libertad de jurisdicción, ello en cumplimiento a la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, constancias que por ser remitidas por la autoridad responsable y ser documentos públicos tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión del amparo, es decir, dejó insubsistente la determinación de veinte de octubre de dos mil veinte y de veintitrés de ese mes y año por derivar de aquel y en su lugar dictó otra en la que, con libertad de jurisdicción, pero subsanando las deficiencias que le fueron precisadas, resolvió lo conducente. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha cumplido el fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado como lo indica la parte quejosa, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento a la parte quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. No se soslaya que la quejosa refiera, en esencia, que la responsable deberá dar cumplimiento a las peticiones para cubrir las necesidades de su hijo y de la promovente, por lo que se deberá girar oficio al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y se le paguen las cantidades adeudadas, asimismo refiere que se deberá respetar el inmueble ubicado en 24 de diciembre, número ciento trece, Colonia Guadalupe la Ciénega, Lerma de Villada, México, ya que su contraparte está dilapidando los bienes con otras personas. Sin embargo, de la resolución emitida por la autoridad responsable, se advierte que si realizó pronunciamiento respecto a la pensión alimenticia provisional solicitada ya que indicó que deberá estarse al pronunciamiento efectuado en auto de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, realizado en el expediente 278/2016, en el cual se impuso a Samuel Candelas Badillo, como pensión alimenticia provisional a favor tanto de la promovente María Eugenia Díaz Miranda, como de su hijo Armando Candelas Díaz, el equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias que percibe como empleado del Centro Médico del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y se ordenaron las gestiones respectivas, lo que la autoridad responsable precisó que hasta este momento se encuentra vigente y materializado; asimismo, prohibió al demandado cualquier acto jurídico sobre el bien inmueble ubicado en calle 24 de diciembre, número ciento trece, Colonia Guadalupe, Lerma de Villada, Estado de México, y le hizo del conocimiento a Samuel Candelas Badillo, que todo acto jurídico relacionado con el citado inmueble debe ser ventilado en la liquidación de la sociedad conyugal, por lo cual se debe declarar por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente sumario constitucional; máxime que los efectos de la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo fueron para que la autoridad responsable dejara insubsistente la determinación de veinte de octubre de dos mil veinte; y, en su lugar dictara otra en la que, se pronunciara respecto de la procedencia o no de la pensión alimenticia provisional solicitada, partiendo de la consideración de que sí existe solicitud expresa en las prestaciones reclamadas y medidas provisionales en favor de la quejosa y de su hijo Armando Candelas Díaz y con plenitud de jurisdicción resolviera lo que en derecho procediera, situación esta última que fue uno de los efectos para los que se le concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión dentro de la sentencia emitida el nueve de junio de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión 19/2021, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Laura Guadalupe López Quezada, secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Principal
MESA III. Toluca, Estado de México, ocho de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexos); mediante el cual el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por este juzgado, hace del conocimiento que el cinco de julio pasado, dictó auto en el que se acataron los lineamientos de la ejecutoria de amparo en revisión 19/2021 de nueve de junio de dos mil veintiuno, remitiendo en copia certificada la determinación en comento, la notificación de la parte quejosa y del oficio 2001, pidiendo se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo. Ahora bien, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que por lo que respecta a las medidas provisionales tocante a los alimentos y custodia que solicita María Eugenia Díaz Miranda para su hijo Armando Candelas Díaz, se encuentra en espera de las constancias relativas al expediente 278/2016 del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Lerma, Estado de México; se le requiere para que, una vez que cuente con ellas y se pronunciarse conforme a derecho, lo haga del conocimiento a este órgano jurisdiccional; lo anterior, con la finalidad de contar con los elementos suficientes a fin de emitir el pronunciamiento correspondiente al cumplimiento del fallo protector; lo anterior, en el entendido que subsiste el apercibimiento con el que se le conminó.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Lerma de Villada, Estado de México, mediante el cual informa que no se la ha remitido la resolución emitida por el órgano colegiado y solicita se envíe copia de la misma para estar en aptitud de conocer los lineamientos de la ejecutoria de amparo a cumplimentar; en consecuencia, mediante oficio que al efecto se genere, remítase a la autoridad oficiante, copia del testimonio de nueve de junio de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión 19/2021, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, para los efectos a que haya lugar.
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