María Eugenia Durán Tinoco
Expediente 1484/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1484/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/04/2023
Partes del expediente
- María Eugenia Durán Tinoco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, catorce de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula II-1 Toluca, Estado de México, de la Fiscalía General de la República, solicita se le informe si ** tiene calidad de quejoso en este juicio de amparo, y en caso positivo, se le remita copia certificada de la demanda de amparo, con las documentales aportadas por el quejoso y de la resolución que se haya emitido; asimismo, precisa que en caso de que no tenga dicha calidad en este asunto, pide se le informe si dentro del índice de este órgano jurisdiccional existe algún juicio de amparo en el cual el quejoso sea el citado García Hernández, indicándole el número del juicio y estado procesal del mismo. Atento a lo anterior, es de precisarse que Enrique Alejandro García Hernández, no tiene la calidad de quejoso dentro del presente juicio de amparo, pues este asunto fue iniciado con la demanda de amparo presentada por diversa persona. Así las cosas, y en atención a la petición del oficiante, de la certificación de cuenta se desprende que de una revisión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y de los Libros de Gobierno que obran en este órgano jurisdiccional, dentro del índice de este órgano jurisdiccional existen los diversos juicios de amparo formados con motivo de las demandas de amparo promovidas por el quejoso Enrique Alejandro García Hernández: 1.- Juicio de amparo indirecto 1384/2022-III; el cual se desechó por auto de doce de septiembre de dos mil veintidós, y se remitió al archivo definitivo en seis de diciembre siguiente. 2.- Juicio de amparo indirecto 1654/2022-I; el cual sobreseyó fuera de audiencia en veintisiete de octubre de dos mil veintidós, y se remitió al archivo definitivo en veintinueve de noviembre de dicha anualidad. 3.- Juicio de amparo indirecto 735/2022-II; dentro del cual en veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se sobreseyó en dicho juicio, y toda vez que no se presentó recurso de revisión contra dicha resolución, en veintisiete de octubre de dicho año, se declaró que la misma causó ejecutoria y se remitió al archivo definitivo. Por otro lado, se toma conocimiento del domicilio físico que indica, así como del número telefónico y correos electrónicos que señala. Finalmente, reingrésese el presente expediente al archivo en el que se encontraba. Cúmplase.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto por el que se sobreseyó ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese orden de ideas, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo); a través del cual, el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, remite copia certificada del laudo dictado el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en el expediente 80/2020 de su índice. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, se advierte, que la parte quejosa, señaló como acto reclamado La omisión de dictar el laudo dentro del expediente laboral 80/2020. Establecido lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de amparo. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido del artículo antes mencionado de la Ley de Amparo el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar dicha actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, página 81, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis 103, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Noviembre 1997, Novena época, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Se estima lo anterior, pues de la lectura integra de la demanda de amparo, presentada por María Eugenia Durán Tinoco, se advierte que señaló como acto reclamado la abstención por parte de la responsable al no emitir laudo laboral del juicio laboral 80/2020. Ahora, de la copia certificada que anexa el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en la presente determinación, a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones de servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones, se aprecia que los efectos de dicho acto reclamado cesaron en virtud a que la autoridad responsable el veintiuno de octubre del año en curso, emitió laudo dentro del juicio laboral 80/2020 de su índice. De tal manera, procede sobreseer en este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 356, cuyo contenido es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, visible en la página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), asimismo, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con treinta minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se deja sin efectos en razón a la determinación anterior.
- Principal
MESA VI. Toluca, Estado de México, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), a través del cual, el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve Federal de Conciliación y Arbitraje, rinde su informe justificado dentro del presente juicio de amparo; asimismo, remite copia certificada del auto de fecha diez de junio del año dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio laboral 80/2020 de su índice. Por tanto, con su contenido dése vista a las partes para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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