María Fernanda Reyes Villar

Expediente 146/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
146/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
05/12/2019

Partes del expediente

  • María Fernanda Reyes Villar

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, (punto Vigésimo Primero, fracción I, párrafos primero y segundo de dicho Acuerdo). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad con el punto Décimo Primero del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se procederá a la destrucción del mismo. Ahora, dado que en el presente asunto obran documentos originales, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días comparezca a recoger los mismos; apercibido que de no hacerlo así dentro de ese término, se procederá a destruirlos. Finalmente, de conformidad, con el Punto Décimo Primero, párrafo segundo, del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  2. Principal

    Mesa Vi. Toluca, Estado de México, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada ******contra actos del Juzgado Primero Civil de Tenango del Valle, Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 146/2019-VI. Ahora, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. ." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa ******, por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada M.F.R.V., señala como acto reclamado el auto admisorio de demanda emitido por el Juez Primero Civil de Tenango del Valle, Estado de México, en el expediente 1064/2019 de su índice. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional estima que respecto al citado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. En principio, es necesario señalar que el artículo 107, fracciones III, incisos b), y c), IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.; IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. XII.- La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII. Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca;" A su vez, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso." De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de los derechos fundamentales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Es aplicable la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1304, del Tomo XLV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/52, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 401, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio - diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 224841, que establece: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. ." Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal y artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XX). c) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal (artículo 107, fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo; y, f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones dictadas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). g) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso (inciso d), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo). Es aplicable la tesis LVI/2000, aprobada por la Segunda Sala, publicada en la página 156, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2000, Novena Época, con número de registro 191539, que establece: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ." Aunado a lo anterior, es menester destacar que no constituye una excepción al principio de definitividad que para el caso esté involucrado un menor de edad, tal como lo establece la jurisprudencia 1a./J. 113/2013, visible en la página 350, Tomo I, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Diciembre 2013, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. ." Luego, el acto que aquí reclama la quejosa, no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados y, por ende, no está exenta de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en contra del acto reclamado. Lo anterior se afirma, en razón a que cuando se reclaman infracciones de legalidad reguladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, de acuerdo con lo previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, existe la obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo, lo cual acontece en el caso concreto, pues tal como se advierte del escrito de demanda, la parte aquí quejosa es parte formal en el procedimiento de origen, a saber, parte demandada; de ahí la obligación de agotar los recursos ordinarios previstos en la legislación común. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la Ley que rige el acto reclamado. Ahora bien, para que se actualice la causa de improcedencia en análisis, es menester que se satisfagan los siguientes requisitos: a) El acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el citado precepto. Por tanto, se abordará a continuación el estudio para determinar si previamente a la promoción del juicio de amparo contra actos que se rijan por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, debe agotarse el recurso de revocación previsto en el artículo 1.360, fracción I, del citado ordenamiento, en términos de lo dispuesto en el diverso 5.74 del libro quinto, de dicho cuerpo legal, relativo a las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar; dispositivos legales que establecen: "Artículo 1.360. Se reconocen como recursos los siguientes: I. Revocación; [.]" "Artículo 5.74. Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales." En atención a los artículos transcritos se evidencia que contra el acto reclamado en la presente vía procede el recurso de revocación, de conformidad con lo establecido por el artículo 5.74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, medio de defensa ordinario por virtud del cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, aunado a que de conformidad con el artículo 5.50 del mismo ordenamiento legal, al momento de verificarse la audiencia inicial las medidas provisionales fijadas por el órgano jurisdiccional serán revisadas de conformidad con el artículo 5.58 del código procedimental en comento; por lo tanto, es inconcuso que previo a acudir al juicio de amparo indirecto la parte quejosa debe agotar los recursos ordinarios previstos por la Ley que rige la controversia de origen, pues el acto aquí reclamado consiste en una determinación emitida dentro del expediente 1064/2019 del índice del Juzgado Primero Civil de Tenango del Valle, Estado de México. En consecuencia, por lo motivos desarrollados en el cuerpo de la presente determinación procede desechar la demanda intentada por la quejosa, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por otro lado, toda vez que la quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado de Distrito, y el mismo no se encuentra contemplado en la Ley de Amparo, practíquese la presente determinación, así como las subsecuentes por medio de lista, en términos del artículo 27, fracción III inciso a), de la ley en cita; asimismo, se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Ángel Reyes Vázquez, y en términos del artículo 24 de la legislación citada a María Esther Guadalupe Cabrera, Lorenzo Efraín Cortes Reyes, Felipe Estrada de la Cruz, Marco Molina Guijon, Mayra Anahí Olvera Salinas, Carlos Alfredo Jacobo, Miguel Ángel Reyes Horta, Ramón Aguilar Sánchez, Francisca Hernández Hernández; por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente y, así como al pasante en derecho Emmanuel Reyes Horta, limitación que se establece hasta en tanto cuente con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberá hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, de la Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." En términos del artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Ahora, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, se faculta a la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual.

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