María Esther Avilés Esquivel y Otros.
Expediente 1671/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1671/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/01/2023
Partes del expediente
- María Esther Avilés Esquivel y Otros.
- María Esther Avilés Esquivel
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21 inciso b) de dicho Acuerdo. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado tres años contados a partir de la presente orden de archivo, plazo después del cual se procederá a la destrucción del mismo. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de José Miguel Castillo Pérez, Secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que la determinación de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, se notificó a los quejosos María Esther Avilés Esquivel, Ana Isabel Batres Avilés y Liliana de Jesús Lara Chávez, por medio de lista; sin embargo, la misma corresponde a las que deben realizarse personalmente, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j) de la Ley de Amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del artículo 2°, de éste ordenamiento, con la finalidad de regularizar el procedimiento del juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se comisiona de nueva cuenta a cualesquiera de los actuarios judiciales adscritos a este Juzgado de Distrito, para que notifiquen personalmente a la citada parte, la determinación de referencia. Cúmplase.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por María Esther Avilés Esquivel, Ana Isabel Batres Avilés y Liliana de Jesús Lara Chávez, integrantes del Frente Nacional Ciudadano (FRENA), contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1671/2022-II. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, previo a la admisión de la demanda, el juez de Distrito debe examinar la misma y si de ese análisis advierte que hubiese alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. En esas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 114, fracción I, II y IV, en relación con el 108, fracción III y IV de la Ley de Amparo, dado que es requisito formal para la presentación de la demanda entre otros, precisar el acto que reclama, la forma en que se lo reclama a cada una de las autoridades responsables, así como, narrar los hechos o abstenciones que dieron origen a ese acto, se considera pertinente requerir a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, con las copias necesarias de éste, bajo protesta de decir verdad, y sabedora de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio de amparo a los que declaran con falsedad para tener una ventaja procesal indebida, en términos de lo dispuesto en la legislación precitada: 1. Precise de manera concreta el acto que reclama en este sumario constitucional, toda vez que en el apartado que titula "ACTO RECLAMADO", refiere lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO. Reclamamos por su sola entrada en vigor (forma autoaplicativa) del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Publica, publicado el nueve de septiembre de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, y que entró en vigor al día siguiente de dicha publicación", los siguientes artículos: Artículo Primero del Decreto aludido, en específico el artículo 29, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Articulo Segundo del Decreto, en específico los artículos 7, fracción VII, 12, fracción I, 13 Bis, fracciones I, II, Ill, V y VI, 14, primer párrafo, 15, fracción II, VII y VIII, 32 Bis, 39 y 86 fracción III, de la Ley de la Guardia Nacional. Artículo Tercero del Decreto, en específico los artículos, 2/o Bis, 138, fracción VII, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Artículos Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno Transitorios del Decreto citado. En ese orden de ideas, enseguida reiteramos las normas generales reclamadas mencionadas pero redactado de otra manera, que a través de este amparo reclamamos los siguientes artículos vigentes por su sola entrada en vigor: El artículo 29, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se añadió a dicha ley a través del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil vientillos. Los artículos 7, fracción VII, 12, fracción I, 13 Bis, fracciones I, II, Ill, V y VI, 14, primer párrafo, 15, fracción II, VII y VIII, 32 Bis, 39 y 86 fracción III, de la Ley de la Guardia Nacional, que se añadieron a dicha ley a través del decreto de reforma publicado en el Diana Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós. Los artículos 2/o Bis, 138, fracción VII, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que se adhirieron a dicha ley a través del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós. Los artículos Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno Transitorios del Decreto citado Transitorios del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós. Finalmente, en este capítulo precisamos que: La aprobación y contenido de las normas anteriores las reclamo a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. La promulgación, expedición y contenido de las normas anteriores las reclamo al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Las consecuencias de las normas reclamadas se las atribuimos y reclamamos al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al Secretario de la Defensa Nacional, at Secretario de Marina y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que sean vinculadas al cumplimiento de la suspensión y de la sentencia que se concedan." (Sic). Sin embargo, del apartado de antecedentes, se aprecia que manifestó lo siguiente: "Por lo anterior, consideramos imperiosa la necesidad de ampararnos contra las normas generales que se reclaman en el capítulo anterior, porque los integrantes de FRENA con frecuencia nos manifestamos públicamente para defender derechos humanos y hacer notar los abusos del Titular del Ejecutivo Federal, por lo que estamos expuestos a actos de imposible reparación y que de no realizar una revisión Constitucional y Convencional, a conciencia, de las normas reclamadas mediante este amparo después podría ser demasiado tarde porque ya no podríamos promover un amparo privados de la vida, incomunicados o desaparecidos y un deber Constitucional del Estado según el artículo 1 es prevenir más violaciones a los derechos humanos, máxime que mediante las normas reclamadas ya se están violando .." (Sic). De lo anterior, se considera necesario precisar cuál es el acto que desea reclamar, esto es, si reclama el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Publica, publicado el nueve de septiembre de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, y que entró en vigor al día siguiente de dicha publicación o la posibilidad de ser privados de la vida, incomunicados o desaparecidos. 2. Precise si señala como autoridades responsables al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda vez que en su escrito de demanda vincula a éstas con el cumplimiento de la futura sentencia de amparo que resuelva este sumario derivado del escrito inicial. Y, para el caso de que sí las señale como responsables, precise el acto que les reclama a cada una de ellas. Lo anterior es así, ya que se advierte que la parte quejosa fue omisa en exponer el acto que reclama a cada una de las autoridades antes citadas, y que señaló como responsables, motivo por el cual, no es factible integrar debidamente la litis constitucional en el presente sumario, ya que resulta indispensable que la parte promovente del amparo precise el acto que a cada una de las responsables en ejercicio de sus funciones reclama, para así, cuando rindan su informe con justificación estén en aptitud de remitir las constancias con las que acrediten su dicho. Máxime que las autoridades en comento resultan ajenas a los actos que pretende reclamar la parte quejosa en esta instancia constitucional, pues los actos y omisiones aquí impugnados, están encaminados a funciones legislativas. 3. Bajo protesta de decir verdad, de manera correcta, narre la totalidad de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación planteados. Es decir, establezca de manera cronológica y sucinta los hechos que dieron origen a la existencia de los actos que reclama en la presente instancia, o, aquellas circunstancias que le pusieron de manifiesto la existencia de los actos reclamados, pues dichos antecedentes son la base de la petición de protección constitucional incoada, mismos que son necesarios para establecer tanto las pretensiones del accionante del amparo, como la procedencia del juicio en trato. En este aspecto, se enfatiza a la parte quejosa que, si para cumplir lo prevenido toma como base notas periodísticas, las mismas tendrán que ser citadas y deberá de acreditar su existencia y fiabilidad, toda vez que, las mismas carecen de valor probatorio al no constituir un documento público, pues dichas notas son emitidas por un privado que carece de información oficial, y se basa en las interpretaciones que haga su autor. Orienta a lo anterior, la tesis I.13o.T.168 L, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1827, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, febrero de 2007, de rubro y texto siguiente: "NOTAS PERIODÍSTICAS. AL TENER EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL EL CARÁCTER DE INSTRUMENTOS PRIVADOS CARECEN DE EFICACIA PROBATORIA, POR SÍ MISMAS, PARA ACREDITAR LOS HECHOS CONTENIDOS EN ELLAS SI NO SON CORROBORADAS CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA. Las publicaciones contenidas en los medios informativos, como los periódicos, únicamente son aptas para acreditar que se realizaron en el modo, tiempo y lugar en ellas referidos; sin embargo, en el procedimiento laboral carecen de eficacia probatoria, por sí mismas, para acreditar los hechos a que se contraen, por no reunir las características que deben contener los documentos públicos en términos del artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo, y si bien podría considerarse que los ejemplares de los medios de comunicación impresos o diarios informativos son instrumentos privados, sin embargo, no los hace aptos para estimar que la información que contienen y que hacen del conocimiento público se encuentre apegada a la realidad, toda vez que ésta surge de la investigación periodística y de la interpretación personal que haga su redactor. Por tanto, lo consignado en una nota periodística no debe tenerse como un hecho verídico, pues al margen de que el reportaje fuere o no desmentido por quien resultare afectado con su publicación, su veracidad se encuentra supeditada a que se corrobore por otros medios de prueba." Lo anterior con la finalidad de obtener mayores elementos que permitan a este órgano jurisdiccional fijar la litis constitucional, y estar en aptitud de pronunciarse sobre la procedencia del juicio que se intenta. Apoya lo anterior, la jurisprudencia III.2o.C. J/3, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 84, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE MANDA ACLARARLA. De la lectura del artículo 146 de la Ley de Amparo, se viene a conocimiento que para que proceda un requerimiento previo a la admisión de una demanda de garantías y se pueda, en su caso, tenerla por no interpuesta, es necesario que exista irregularidad en el escrito en que se formula; omisión de alguno de los requisitos que señala la ley de la materia; que no se indique con precisión el acto reclamado, o que no se exhiban las copias reglamentarias. En esas condiciones, si la prevención que manda hacer un juez de Distrito no encuadra en alguno de esos supuestos, resulta evidente que el auto ulterior que la tiene por no interpuesta causa agravio, porque las exigencias apuntadas son de tipo limitativo y no ejemplificativo." Así como la diversa, tesis XX.57 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, visible en la página 871, que dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Es oportuno establecer que conforme a lo dispuesto por el sexto transitorio de la Ley de Amparo, se continuarán aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada en tanto no se oponga alguna disposición vigente. En ese sentido, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común de la parte quejosa a María Esther Avilés Esquivel a efecto de que por su conducto se notifique a la parte quejosa. Apercibida que, de no dar cumplimiento en los términos indicados en el plazo establecido, de conformidad con el numeral 114, penúltimo y último párrafo, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita; asimismo, por cuanto hace al correo electrónico que proporciona, comisiónese a los actuarios adscritos para que tomen nota del mismo para el desempeño de sus funciones. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Finalmente, en términos del artículo 22 del Acuerdo General a que se ha hecho referencia, se exhorta a las partes que integran el juicio, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente.
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