María Estela Sotelo Figueroa

Expediente 1529/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1529/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • María Estela Sotelo Figueroa

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Se reciben autos. Téngase por recibido el oficio suscrito por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, remite los autos del juicio de amparo directo 885/2********************, de su índice, en razón de que el acto reclamado no encuadra en alguno de los supuestos en los que resulta procedente la vía de amparo directo, ya que se impugna las resoluciones de dieciséis de agosto y ******************** de mayo de dos mil veintitrés, emitidas, respectivamente, por la Magistrada de la Segunda Sala civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del toca I-227/2********************, y por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Los Reyes, Michoacán, en el juicio sucesorio testamentario ********************, la primera, que confirma la interlocutoria dictada por el juez responsable, que declara fundado el incidente de oposición a la rendición de cuentas sobre la administración general de albaceazgo presentada por la albacea testamentaria. Acúsese recibo. 2. Avocamiento. Al surtirse el supuesto del artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho y en cuanto albacea testamentaria de la sucesión a bienes de ********************, contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad. 2.1. Fórmese expediente y regís********************e en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1529/2********************. 2.2. Con las constancias remitidas por el Tribunal de Alzada, que corresponden a las que remitió la magistrada responsable como soporte de su informe justificado, fórmense un tomos de pruebas por separado para mejor manejo del expediente, identificándolos como Tomo I. 3. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que la quejosa reclama lo siguiente: La resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, emitida por la Magistrada de la Segunda Sala civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del toca I-227/2********************, que confirma la interlocutoria de ******************** de mayo del año en curso, emitida por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Los Reyes, Michoacán, en el juicio sucesorio testamentario ********************, que declara fundado el incidente de oposición a la rendición de cuentas sobre la administración general de albaceazgo presentada por la albacea testamentaria; así como ésta última. 4. Causa de improcedencia. Cabe precisar que el numeral 113 de la Ley de Amparo, establece que se deberá examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo, aunado a que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el particular, resulta improcedente el juicio de amparo al actualizarse la causal prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Por su parte, el numeral 18 de la Ley de la materia dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Así, de los preceptos legales transcritos, se evidencia que el plazo genérico al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contado de la forma que estatuye el artículo 18 del propio ordenamiento legal, que por regla general es de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente al en que hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que lo rija; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción que la propia Ley de Amparo contempla en el referido artículo 17. En el particular, las resoluciones que reclama la quejosa no encuadran en ninguno de los supuestos de excepción que establece el artículo 17 en mención, pues no se trata de una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición; no priva total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; no es un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; ni la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales; entonces el plazo para promover la demanda es el plazo genérico de quince días. Ahora bien, para efecto de computar el plazo de quince días con que contaba la quejosa para instar el juicio constitucional, se toma en consideración la certificación que emitió la magistrada responsable, así como las constancias que remitió como complemento a su informe, consistente en el toca I-227/2********************, donde se advierte que la resolución de dieciséis de agosto del año en curso, le fue notificada el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, mediante instructivo fijado en el domicilio señalado para estos efectos. Por lo cual, se surte la primera hipótesis que contempla el artículo 18 de la Ley de Amparo, por lo que el plazo de quince días para la promoción del juicio, se contará desde el día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acto reclamado; de ahí que dicho término transcurrió del veintiuno de agosto al ocho de septiembre del año en curso, sin contar los días inhábiles. Entonces, si la demanda de amparo se presentó el trece de octubre de dos mil veintitrés, ante la propia autoridad responsable, como se advierte del sello de recepción, es evidente que fue extemporánea su promoción, pues en esa data ya había fenecido el término de quince días señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Conforme a lo anterior, es evidente que la presentación de la demanda de amparo resulta extemporánea. Por los motivos expuestos, es de concluirse que la peticionaria del amparo consintió tácitamente el acto reclamado, y por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente; ante ello, con apoyo en el diverso precepto 113 de la misma, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se acuerda. 5. Domicilio. Tomando en consideración que la parte quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal en calle ********************, número ********************, esquina con calle ********************, colonia ********************; es decir, fuera de la residencia de este juzgado, con apoyo en los numerales 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles por disposición de su precepto 2º, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, para que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado, comisione a quien corresponda, notifique el presente proveído a la quejosa ********************, en el domicilio señalado. Una vez cerciorado de que efectivamente corresponde al domicilio en el cual puede ser notificada, la requiera para que al momento de la notificación o en el término de ******************** días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, señale domicilio para recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad de Morelia, Michoacán; con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin previo acuerdo, las subsecuentes que sean de esa naturaleza, se le practicarán por lista de acuerdos que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, como lo establecen los dispositivos 26, fracción III, y 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otra parte, con apoyo en el precepto 21 de la ley de la materia, se autoriza al Juez que conozca de la comunicación oficial para que, de estimarlo necesario, habilite días y horas inhábiles para que el actuario lleve a cabo la diligencia encomendada, o cualquier otra diligencia relacionada con la notificación de mérito; asimismo, para que en caso de que la presente comunicación se remita a un órgano diferente al que deba prestar auxilio, lo envíe directamente al que corresponda. En el entendido de que si no fuera posible la notificación en el domicilio indicado, y al momento de la diligencia le fuere proporcionado diverso domicilio de la referida quejosa; y, se encontrare dentro de su jurisdicción, proceda a realizar la diligencia sin previo acuerdo; lo anterior, a fin de evitar mayores dilaciones procesales. Hecho lo anterior, deberá devolver la encomienda con las constancias que acrediten su cumplimiento, o bien, manifestar el impedimento que tuvo para ello. 6. Autorizados. Se tiene como autorizados de la parte quejosa a las personas que nombra, de los cuales ********************, gozará de las amplias facultades que otorga el numeral 12 de la Ley de Amparo, dado que tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, y en términos estrictos del citado numeral a las personas restantes, por así haberlo solicitado expresamente. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 8. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese, vía exhorto a la quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

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