María Estela Alvarado García

Expediente 377/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
377/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
24/05/2023

Partes del expediente

  • María Estela Alvarado García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dicta por este juzgado en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a la autoridad responsable, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se negó el amparo en el juicio en que se actúa, por tanto no le depara perjuicio alguno. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte del expediente electrónico para lo cual se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por tanto, con apoyo en los artículos 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, deberá depurarse el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en los referidos numerales; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. 4. Incidente de suspensión. Consecuentemente, de conformidad con el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva, se determina que el original del incidente de suspensión es DESTRUIBLE. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del mencionada Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. 5. Devolución de constancias. En atención a que resulta innecesario conservar el tomo de prueba que se formó con las constancias que adjuntó a su informe justificado el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con residencia en esta ciudad, se ordena su devolución en un tomo de pruebas, sin que sea necesario acusar de recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. 6. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  2. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 377/2023, promovido por María Estela Alvarado García, por conducto de su apoderado jurídico, por alegada violación del artículo 14 de la Constitución Federal, atribuida a la magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Seis, con residencia en Morella, Michoacán, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de la magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, lo siguiente: La resolución dictada el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el expediente 79/2022, relativo al juicio sucesorio intestamentario promovido por Maria Estela Alvarado García, por conducto de su apoderado jurídico a bienes de la extinta Ma. Dolores Alvarado González o María Dolores Alvarado González, que decidió improcedente el sumario por no acreditar que no existen personas con mejor prerrogativa a heredar los derechos de la de cujus, tampoco que dependió económicamente de la finada ejidataria y que laboró con ella las parcelas que le correspondían o realizó actos dirigidos a lograr su aprovechamiento. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer de este juicio, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclama una determinación declarativa carente de ejecución material y la autoridad que la dictó reside en Morelia, Michoacán, territorio en que este órgano judicial ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Son ciertos los actos que se reclaman a la magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ya que así lo aceptó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias originales del expediente 79/2022, que remitió en apoyo al mismo, del cual se advierte la resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, reclamada. Elemento de juicio que cuenta con valor probatorio pleno, al ser constancias auténticas emitidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con los dispositivos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, no se advierte actualizada alguna causal de improcedencia. Sin que se soslaye que la magistrada responsable hizo valer la relativa a la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 34 y 170, fracción I, párrafo segundo del mismo ordenamiento legal, bajo el argumento de que la resolución reclamada fue dictada en un juicio no contencioso y la parte quejosa instó el juicio de amparo en la vía directa y contra dichas determinaciones procede el biistancial. Empero, ello fue analizado por la magistrada presidenta del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo al emitir el acuerdo de quince de marzo del año en curso, en el juicio de amparo directo 125/2023, en que decidió declararse incompetente para conocer de la demanda propuesta en vía directa y remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en turno, para que fuera tramitada en la vía indirecta. QUINTO. Conceptos de violación. Los motivos de inconformidad son los que se contienen en la demanda y no se transcriben al no existir disposición que obligue a ello. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. Se precisan los antecedentes destacados del juicio de origen. Maria Estela Alvarado García, por conducto de su apoderado jurídico denunció la sucesión intestamentaria a bienes de la extinta Ma. Dolores Alvarado González o María Dolores Alvarado González, solicitando en su favor los derechos agrarios que en vida le pertenecieron, bajo el argumento de que la finada no contrajo matrimonio, tampoco vivió en concubinato, no procreó hijos, era dependiente económica de la de cujus y la apoyó antes de su muerte, con gastos médicos y alimenticios, además se hizo cargo de lo erogado con motivo de su funeral. El ocurso fue tramitado por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Seis, donde se le asignó el número 79/2022 y el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, su magistrada titular dictó sentencia definitiva en que declaró improcedente el juicio porque la promovente Maria Estela Alvarado García no acreditó que no existen personas con mejor derecho a heredar los bienes de la de cujus, tampoco que dependió económicamente de la finada ejidataria y que laboró con ella las parcelas que le correspondían o realizó actos dirigidos a lograr su aprovechamiento. SÉPTIMO. Estudio de la constitucionalidad de la norma, acto u omisión reclamada. Consideración previa. Se precisa que el fondo del asunto se resuelve sin atender el beneficio de suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación que refiere el numeral 79, fracción IV, de la Ley de Amparo, no obstante de haber sido solicitado por la parte quejosa, ello, en virtud de que no acreditó acudir a esta instancia en calidad de ejidataria o comunera en defensa de sus bienes o derechos agrarios y el asunto tampoco versa sobre actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Pues si bien, en el juicio de origen la justiciable acudió a denunciar la sucesión intestamentaria sobre los derechos ejidales que en vida pertenecieron a Ma. Dolores Alvarado González o María Dolores Alvarado González, lo cierto es que en la sentencia rebatida no le fueron conferidos tales derechos y estimar lo contrario, sería constituir derechos en pro de la quejosa, los cuales no tiene previamente reconocidos a la tramitación de la demanda que dio origen a este juicio, por ello, se dará respuesta a los conceptos de violación en los términos originalmente planteados, sin suplir su deficiencia. Es inoperante el concepto de violación, por no controvertir la totalidad de motivos y fundamentos en que se apoyó la magistrada al emitir la determinación reclamada. En la sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, la magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Seis determinó declarar improcedente el juicio sucesorio intestamentario subyacente. Para fundamentar su determinación en principio relacionó las pruebas aportadas por María Estela Alvarado García, de la siguiente forma: Documentales públicas: Constancia de vigencia de derechos expedida por el registrador integral adscrito al Registro Agrario. Impresión de la copia certificada electrónica del acta de defunción de María Dolores Alvarado González. Original del certificado negativo de testamento suscrito por el director del Notariado y Archivo General de Notarías del Estado. Reproducción impresa de la copia certificada del acta de nacimiento de Maria Estela Alvarado García. Copia simple de los certificados parcelarios números 000000092457 y 000000026757. Copia xerográfica de la credencial emitida por el Instituto Nacional Electoral en favor de Maria Estela Alvarado García. Constancia de inexistencia de matrimonio respecto de María Dolores Alvarado González, expedida por la Dirección General del Registro Civil de este Estado. Impresión del acta de nacimiento de María Dolores Alvarado. Original de las constancias de inexistencia de defunción a nombre de Vicenta González y Rafael Alvarado. A los cuales confirió de forma individual valor probatorio de conformidad con el numeral 189 de la Ley Agraria, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Documental privada. Constancia sin fecha, expedida por los integrantes del comisariado ejidal del poblado Sauz de Arriba, municipio de Zamora, Michoacán; a la que otorgó valor convictivo de acuerdo con el artículo 189 de la Ley Agraria, en relación con los diversos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Testimonial. Desahogada el once de octubre de dos mil veintidós, a la cual le confirió valor acorde al dispositivo 189 de la Ley Agraria, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Instrumental de actuaciones, así como presuncional legal y humana. En seguida, la magistrada responsable expresó las inferencias que obtuvo de cada elemento de juicio aportado. Dijo que de la constancia de vigencia de derechos agrarios obtenía que Ma. Dolores Alvarado González fue ejidataria y que se encuentran vigentes sus prerrogativas, así como que es titular de las parcelas amparadas por los certificados parcelarios 92456 y 92457, asimismo de la tierra de uso común indicada en el título 26757, todas del ejido denominado Sauz de Arriba, municipio de Zamora, Michoacán. Indicó que se demostró que María Dolores Alvarado González falleció el veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y ocho, sin realizar designación de sucesores conforme lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Agraria, por lo cual, estimó el asunto encuadra en la hipótesis del numeral 18 de la misma normativa, el cual expresa que cuando no existe lista de sucesión debe atenderse a un orden de preferencia para la asignación de los derechos ejidales, que es la siguiente: a) Al cónyuge; b) A la concubina o concubinario; c) A una de las hijas o uno de los hijos del ejidatario; d) A uno de sus ascendientes; y e) A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él. Expresó que en primer orden de preferencia a heredar los derechos agrarios de la finada Alvarado González se encuentra José Guadalupe Arias Rodríguez, persona que la promovente bajo protesta de decir verdad dijo que falleció y que la de cujus no contrajo matrimonio nuevamente, tampoco vivió en concubinato, sin embargo, no acreditó con medio probatorio su dicho, pues fue omisa en exhibir copia certificada de su acta de defunción, menos aún de la inexistencia de su matrimonio o concubinato. Manifestó que del acta de defunción de María Dolores Alvarado González advirtió que se citó como su esposo a José Guadalupe Arias Rodríguez y como compareciente a su "nieta" María Teresa Mora Arias, por lo que concluyó que para encontrarse en posibilidades de tener actualizada la fracción V, del numeral 18 de la Ley Agraria, esto es, que se otorgue el derecho a heredar a cualquier otra persona que dependa económicamente de la finada, en principio la promovente debió acreditar el fallecimiento del esposo y descendientes de la autora de la sucesión. Adicionalmente a ello, agregó que el supuesto de dependencia económica a que se refiere el artículo 18, fracción V, de la Ley Agraria, no implica únicamente la manutención por parte del titular de la sucesión en favor de la persona que argumenta ser su dependiente, sino que además involucra la explotación, colaboración y participación en el riego, siembra y cosecha de la tierra, ya que el objetivo de no desamparar a los dependientes del titular al momento de su fallecimiento conlleva a que con posterioridad sean protegidos, pues la dependencia económica en materia agraria, se acredita de forma diversa al derecho común. Para apoyar dicha consideración, citó la tesis VIII.2o.34 A, de registro digital 195782, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, de rubro "SUCESIÓN DE DERECHOS EJIDALES. EL REQUISITO DE DEPENDENCIA ECONÓMICA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 18, FRACCIÓN V, DE LA LEY AGRARIA VIGENTE, DEBE DARSE HASTA EL MOMENTO DEL FALLECIMIENTO DEL TITULAR DE LOS DERECHOS AGRARIOS." También se apoyó en el criterio II.1o.A.104 A, de registro digital 184747, sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, titulado "SUCESIÓN LEGÍTIMA. LA DEPENDENCIA ECONÓMICA A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY AGRARIA, NO IMPLICA EXCLUSIVAMENTE VIVIR A EXPENSAS DEL TRABAJO PERSONAL DEL DE CUJUS." Seguidamente, refirió que del análisis integral del asunto con las constancias del caso, acorde con el numeral 189 de la Ley Agraria, debía resolver conforme a la verdad sabida y en consciencia con la finalidad de acreditar los hechos de forma lógica, por ello, no podía tener colmada la inexistencia del matrimonio de María Dolores Alvarado González, porque en el estado civil de su acta de defunción aparece como "viuda" y como su cónyuge figura José Guadalupe Arias Rodríguez y nieta María Teresa Mora Arias, por lo que la promovente en principio debió acreditar que la autora de la sucesión no cuenta con personas con mejor derecho a heredar, de acuerdo con los supuestos contenidos en las fracciones I a IV, del artículo 18 de la Ley Agraria. Refirió que, para que la transmisión de los derechos agrarios que pertenecieron a Ma. Dolores Alvarado González o María Dolores Alvarado González se diera en favor de María Estela Alvarado García, por ser ésta su dependiente económica, debió probar la necesidad de manutención que tenía a su cargo la titular hasta el momento de su muerte, que participó en su consentimiento en forma directa con la explotación, colaboración del riego, siembra y cosecha de las tierras y que es el único sostén o recurso con que contaba para asegurar su subsistencia a fin de no quedar desamparada. Extremos que indicó la magistrada responsable, no satisfizo María Estela Alvarado García, por lo que concluyó que sus pretensiones son improcedentes al no actualizarse la hipótesis del numeral 18, fracción V, de la Ley Agraria, por ello, no le reconoció el carácter de sucesora de los derechos agrarios de Ma. Dolores Alvarado González o María Dolores Alvarado González, tampoco como ejidataria por sucesión del ejido Sauz de Arriba, del municipio de Zamora, Michoacán. Ahora bien, frente a las consideraciones expresadas por la responsable, la parte quejosa expuso en su motivo de inconformidad que la autoridad responsable viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal porque la sentencia reclamada no se encuentra debidamente fundada y motivada, pues no realizó una correcta valoración de las pruebas ofertadas y desahogadas, pues aportó constancias expedidas por el oficial del Registro Civil de Zamora, Michoacán, que indican la inexistencia en dicha oficina de registro de matrimonio o actas en que conste que la finada tuvo hijos registrados en su favor, por lo que ello debe generar plena convicción, de acuerdo con el Código Civil Federal y el Código Familiar del Estado de Michoacán. Enunció que la magistrada responsable dictó su determinación en base a presunciones al determinar la existencia de que la autora de la sucesión tuvo cónyuge e hijos, sin demostrarlo con las actas de matrimonio y nacimiento respectivas. De una confrontación entre las consideraciones de la resolución impugnada y las inconformidades de la parte quejosa, se advierte que éstas últimas se limitan a expresar sucintamente que la sentencia reclamada carece de debida fundamentación y motivación porque la magistrada responsable no realizó una correcta valoración de las constancias de inexistencia de registro de matrimonio e hijos expedidas respecto de María Dolores Alvarado González, por el oficial del Registro Civil de Zamora, Michoacán y contrario a ello, determinó en base al registro de su acta de defunción que tiene cónyuge y descendientes, al haberse asentado dicha circunstancia, empero, bajo la óptica de la justiciable, ello no basta, pues debieron constar las partidas que avalen tal circunstancia. No obstante, no rebatió la totalidad de argumentos considerados por la magistrada para desestimar la procedencia del juicio sucesorio intestamentario intentado. Pues si bien dijo que la autoridad responsable no realizó una correcta valoración de las pruebas ofertadas y desahogadas, no refutó el valor convictivo que la magistrada confirió a cada elemento de juicio aportado, tampoco dijo porqué debía otorgarse uno diverso. Omitió expresar por qué debió conferirse mayor convicción a las constancias expedidas por el oficial del Registro Civil de Zamora, Michoacán, en que hizo constar que no localizó acta de matrimonio relativa a María Dolores Alvarado González, tampoco registro de que figurara como madre de alguna persona, ello, frente a las actas de defunción de la autora de la sucesión, en las que el oficial del Registro Civil hizo costar que su cónyuge fue José Guadalupe Arias Rodríguez y la comparecencia de su nieta María Teresa Mora Arias. Pues, en todo caso, debió hacer manifestaciones, citando los preceptos que estimara aplicables, para exponer que no debía otorgarse valor convictivo a dichas partidas de defunción que la misma promovente presentó con el objeto de fundar sus pretensiones, o bien, decir porqué, aunque en las mismas actas se plasmaron dichas circunstancias, debía desestimarse esa parte. Tampoco indicó, porqué no era viable que se advirtiera de dichas actas que la autora de la sucesión tuvo cónyuge e hijos y contrario a ello, dicho factor únicamente era susceptible de verificarse con actas de matrimonio y nacimiento respectivas. La justiciable fue omisa en expresar porqué bastaba lo aseverado por el oficial del Registro Civil de Zamora, Michoacán, para asegurar que la constancia relativa a que en dicha región no hubiese existencia de matrimonio o que María Dolores Alvarado González procreó hijos, era suficiente para acreditar que, en otra municipalidad, no había registro de que la finada estuvo casada o tuvo hijos. Menos aún refirió porqué si a la de cujus se le conocía indistintamente como María Dolores Alvarado González o Ma. Dolores Alvarado González, bastaba con exhibir las constancias de inexistencia del primer nombre y apellidos citados, no así, respecto del segundo con que de acuerdo con su dicho también se le conocía. Si bien manifestó que, de acuerdo con el Código Civil Federal y el Código Familiar del Estado de Michoacán, debían tenerse acreditadas sus aseveraciones, no dijo qué precepto legal las apoya y es aplicable supletoriamente por falta de disposición expresa de la Ley Agraria, que rige la substanciación del juicio de origen, tampoco indicó que numeral de dicha ley indica que la normativa familiar estatal es supletoria de la Ley Agraria. Adicional a lo anterior, la justiciable no refutó la totalidad de consideraciones expuestas por la magistrada responsable, pues no indicó por qué es incorrecto que expusiera que Ma. Dolores Alvarado González o María Dolores Alvarado González era titular de derechos agrarios sobre dos parcelas y un terreno de uso común, sin embargo, falleció sin dejar lista de sucesión, por lo que, respecto de las prerrogativas hereditarias, debía atenderse el orden de prelación referido en el ordinal 18 de la Ley Agraria. No dijo por qué no le revestía la carga de probar con elementos de juicio que José Guadalupe Arias Rodríguez y María Teresa Mora Arias, cónyuge y nieta de la finada, así como sus descendientes habían muerto, o bien, no tenían dicho entroncamiento, ello, con la finalidad de poder encuadrarse en la hipótesis de la fracción V, del numeral 18 de la Ley Agraria, esto es, que se otorgue el derecho a heredar a cualquier otra persona de las que dependan económicamente de la autora de la sucesión. Además, aunque la quejosa hubiera demostrado que el cónyuge de la extinta María Dolores Alvarado González o Ma. Dolores Alvarado González, había muerto, así como sus descendientes, ello, únicamente constituía un cerrojo para demostrar que era susceptible estimar que debía acudirse a la fracción V, del ordinal 18, de la Ley Agraria, pues una vez satisfecho ese requerimiento, debía demostrar que era dependiente económica de la autora de la sucesión, de acuerdo con los lineamientos del fallo, circunstancia que no rebatió. Fue omisa en decir porque fue incorrecto que la autoridad responsable estimara que la manutención por parte del titular de la sucesión en favor de la persona que argumenta ser su dependiente, involucra la explotación, colaboración y participación en el riego, siembra y cosecha de la tierra, con el objetivo de no desampararlos al momento de su fallecimiento, lo cual conlleva que con posterioridad sean protegidos, pues la dependencia económica en materia agraria se acredita de forma diversa al derecho común. Menos aún expresó porque fue incorrecta la consideración relativa a que debió probar la necesidad de manutención que tenía a su cargo la titular hasta el momento de su muerte, que participó en su consentimiento en forma directa con la explotación, colaboración del riego, siembra y cosecha de las tierras y que es el único sostén o recurso con que contaba para asegurar su subsistencia a fin de no quedar desamparada. La quejosa no dijo porqué es incorrecto que la magistrada estime que cada extremo de las pretensiones de la denunciante deben estar acreditadas fehacientemente acorde al numeral 189 de la Ley Agraria. Tópicos que indicó la magistrada responsable, no satisfizo María Estela Alvarado García, por lo que concluyó que sus pretensiones son improcedentes al no actualizarse la hipótesis del numeral 18, fracción V, de la Ley Agraria, por ello, no le reconoció el carácter de sucesora de los derechos agrarios de Ma. Dolores Alvarado González o María Dolores Alvarado González, tampoco como ejidataria por sucesión del ejido Sauz de Arriba, del municipio de Zamora, Michoacán. Por otra parte, no redarguyó los criterios ya citados, en que la magistrada se apoyó para dar mayor fundamento y motivación a su determinación. En suma, la parte quejosa no combatió la totalidad de motivos y fundamentos legales, en los cuales la magistrada responsable se apoyó para determinar improcedente el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Ma. Dolores Alvarado González o María Dolores Alvarado González; en cambio, se limitó a exponer que no se realizó una correcta valoración de las pruebas porque de las constancias expedidas por el Registro Civil de Zamora, Michoacán, se hizo constar que no se localizó partida de matrimonio o hijos en su favor de acuerdo con el Código Civil Federal y el Código Familiar del Estado de Michoacán, lo cual, en todo caso debió acreditarse con las actas respectivas. De ahí que el concepto de violación es inoperante, al no combatir la totalidad de motivos y fundamentos que sustentan la determinación reclamada, mismos que quedaron precisados. Sirve de sustento la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 61, de registro digital 185425 y contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. Así como la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen CXXVI, Cuarta Parte, página 27, de registro digital 269435, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable. En ese tenor, al calificarse inoperante el motivo de inconformidad, por los motivos y fundamentos expuestos, se niega el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitado por María Estela Alvarado García, por conducto de su apoderado jurídico respecto del acto reclamado a la magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Seis, con residencia en Morella, Michoacán. Finalmente, no pasa inadvertido el alegato formulado por la agente del Ministerio Público de la adscripción; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Por expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Estela Alvarado García contra el acto reclamado a la magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Seis, con residencia en Morella, Michoacán, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en que concluyó la emisión del fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo. veintiocho de abril de dos mil veintitrés Citlali Linda Fraga Salcedo

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. 1. Pedimento ministerial. Incorpórese al sumario el pedimento suscrito por la fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado, por medio del cual formula alegatos que a esa representación social corresponde, los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. 1.2. Solicita copias. Asimismo, solicita se le expidan copias certificadas de la resolución que se emita en este expediente; al respecto, una vez que ello acontezca, se le hará la entrega de las copias solicitadas. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  4. Incidental

    La secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Acto continuo, para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 144 de la Ley de Amparo, la secretaria da cuenta con las constancias necesarias para resolver, y el juez acuerda lo conducente: CUENTA ACUERDO INFORME PREVIO En este momento, se da cuenta con un oficio signado por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Seis, con sede en esta ciudad, a través del cual rinde informe previo; registrado con folio 5091.Visto el oficio de cuenta, se tiene a la autoridad responsable Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Seis, con sede en esta ciudad, rindiendo informe previo. PRUEBASSe hace constar que las partes fueron omisas en ofertar medios de prueba.Se toma conocimiento y se cierra esta etapa.ALEGATOSSe da cuenta que ninguna de la Fiscal Federal adscrita hizo manifestaciones en esta vía. Se toma conocimiento y se cierra esta fase. Finalmente, el juez procede a dictar la siguiente resolución: VISTOS y RESULTANDO: PRIMERO. Solicitud de suspensión. En su escrito de demanda de amparo María Estela Alvarado García, por conducto de su apoderado legal, solicitó la suspensión de los actos reclamados. SEGUNDO. Trámite. El incidente se tramitó por su cauce legal y la audiencia de ley fue celebrada en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 en relación con el 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. Precisión de la norma, actos u omisiones reclamados. En el caso, la parte quejosa en el escrito inicial de demanda reclama de la autoridad responsable: La sentencia dictada el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el expediente agrario 79/2022, formado con motivo de la denuncia formulada por María Estela Alvarado García, sobre sucesión intestamentaria en materia agraria a bienes de Ma. Dolores Alvarado González, en la que se determinó que la quejosa no acreditó la procedencia de la acción ejercida en la vía de jurisdicción voluntaria. TERCERO. Actos inexistentes. Al rendir su informe previo la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado. CUARTO. Pretensión de la suspensión. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto de que "las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran." Cabe señalar que este órgano jurisdiccional se pronunciará únicamente respecto de la suspensión definitiva atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, sin soslayar que la parte quejosa es omisa en precisar para qué efectos la requiere. Interés suspensional. Se tiene por acreditado el interés de la parte quejosa, al ser parte actora en el procedimiento de origen, como se corrobora con las manifestaciones vertidas por la autoridad responsable en su informe previo. Tiene aplicación al respecto la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "INTERES JURÍDICO PARA LA SUSPENSION PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SE SURTE SI QUIEN LA SOLICITA ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO. Es verdad que a cargo del promovente del amparo pesa la obligación de probar en el incidente de suspensión su interés jurídico para obtener la medida cautelar de que se trata, empero en dicho incidente no se requiere la plena demostración del referido interés, bastando la prueba indiciaria, deducida de lo asentado por el quejoso en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que es parte demandada en el juicio del que emana el acto reclamado." QUINTO. Procedencia de la suspensión. Es menester precisar que para que proceda conceder la suspensión del acto reclamado, de conformidad con el dispositivo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos 128 y 152 de la Ley de Amparo, se requiere tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. Que el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza sea susceptible de suspenderse; 2. Que exista la solicitud del agraviado; 3. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese tenor, habida cuenta que si bien existe petición expresa de la parte quejosa respecto a la suspensión provisional; sin embargo, atendiendo a su naturaleza no es posible suspenderse. En la especie, la parte quejosa reclama la sentencia dictada el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dictada en el expediente agrario 79/2022, formado con motivo de la denuncia formulada por María Estela Alvarado García, sobre sucesión intestamentaria en materia agraria a bienes de Ma. Dolores Alvarado González, en la que se determinó que la quejosa no acreditó la procedencia de la acción que ejerció en la vía de jurisdicción voluntaria. Por lo tanto, atento a su naturaleza, el acto no lleva implícito un principio de ejecución, sino que sólo se limita a evidenciar una situación jurídica determinada, sin implicar modificación alguna de derechos o situaciones existentes, que pueda suspenderse. Por ello, se niega a la quejosa María Estela Alvarado García la suspensión definitiva, toda vez que el acto reclamado, reviste el carácter de declarativo, cuyos efectos son negativos, lo que torna improcedente conceder la medida cautelar solicitada. Tiene aplicación la tesis visible en la página 312, Tomo XI, Junio de 1993, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSION, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida." Por tanto, con apoyo en el artículo 146, fracción IV, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva a María Estela Alvarado García, en términos del considerando quinto de esta resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Maira Flor López Valencia.

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