María Eloisa Juárez Cuin

Expediente 587/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
587/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
31/12/2021

Partes del expediente

  • María Eloisa Juárez Cuin
  • Juez de Primera Instancia en Materia Civil en Pátzcuaro, Mich
  • María Eloisa Juárez Cuin y Otros.
  • María Esperanza Juárez Cuin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada el veintidós de noviembre de la presente anualidad, en el presente juicio; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó en el juicio, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones de la Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/5024/2021, de seis de diciembre de dos mil veintiuno, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    SENTENCIA VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 587/2021. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El treinta de abril de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial del Poder Judicial de la Federación, en esta ciudad, MARÍA ESPERANZA JUÁREZ CUIN y MARÍA ELOISA JUÁREZ CUIN, por propio derecho, presentaron demanda de amparo indirecto, contra actos de autoridad. En la misma, narraron los antecedentes del caso y formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes. En este sentido, consideraron violados en su perjuicio los artículos 14 y 16, de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. La demanda de amparo por razón de turno correspondió al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien la registró con el número 392/2021; por auto de veintiséis de mayo del año en curso, se ordenó la separación de los juicios, por lo que se remitieron copias certificadas a la Oficina de Correspondencia Común para el turno respectivo, respecto del acto que se atribuye al Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán, consistente en la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil 464/2020. El asunto se turnó a este Juzgado de Distrito, el veintidós de junio del año en curso, registrándose con el número 587/2021, por auto de la misma fecha se solicitó al Juzgado Tercero de Distrito remitiera copias certificadas completas de las constancias de su juicio de amparo 392/2021, para el trámite correspondiente. En proveído de uno de julio de dos mil veintiuno, recibidas las constancias solicitadas, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, reservándose el emplazamiento del tercero interesado, y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. En auto de tres de agosto del año en curso, se reconoció a Gloria Valencia Téllez, el carácter de tercera interesada, ordenándose su emplazamiento, el que fue practicado el dieciséis de agosto siguiente. Así las cosas, previo los trámites de ley, el tres de septiembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. De acuerdo con lo anterior, el acto reclamado por el quejoso a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán, es: La falta de emplazamiento al juicio ordinario civil 464/2020, sobre prescripción positiva o adquisitiva, promovido por Gloria Valencia Téllez, frente a la sucesión intestamentaria a bienes de María Salud Cuin Rosas, y demás consecuencias legales. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable al rendir su informe justificado reconoció la certeza del acto reclamado; además, se corrobora con el testimonio autorizado del juicio ordinario civil 464/2020 que allegó a dicho informe. Las constancias remitidas por la autoridad adquieren valor probatorio de documental, con eficacia demostrativa plena, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número doscientos veintiséis, del rubro y tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia. Previo al análisis acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, se aborda el estudio de las causas de improcedencia del juicio, sea que las propongan las partes o que se hagan valer de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Esta juzgadora de oficio advierte la actualización de la causal de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo. Artículos del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. ." Los preceptos anteriores engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo, conforme lo establece el artículo 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En términos de dichos numerales, para la procedencia del amparo se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico, entendido éste como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él para solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. Para contar con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, por parte de la autoridad responsable; y desde luego que dentro del juicio de garantías debe acreditar que existe a su favor ese derecho. De igual forma, aquéllos normativos regulan la procedencia del juicio de amparo, cuando el quejoso ostenta un interés legítimo, mismo que requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no como una simple posibilidad; por lo que, debe existir un vínculo entre la persona y la afectación aducida. Los elementos del interés jurídico son: La existencia de un derecho protegido por la norma: Derecho público subjetivo. La titularidad de ese derecho, lo cual debe quedar plenamente acreditado. El acto de autoridad que lesione de manera actual y directa ese derecho público subjetivo. Tratándose de actos emitidos por tribunales judiciales-como en el caso acontece-, administrativos, agrarios o del trabajo, es un requisito de procedibilidad que el quejoso sea titular de un derecho subjetivo que le afecte de manera personal y directa. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, destacándose que dicho interés debe acreditarse fehacientemente, de tal manera que no se infiera con base en meras presunciones. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Además, cabe precisar que el interés jurídico, tratándose del juicio de amparo, debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, según lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 82, Octubre de 1994, Página: 17, Octava Época, que establece: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Ahora bien, el interés jurídico se materializa o se refleja de modo distinto en cada caso en particular, con base en la naturaleza jurídica del hecho o del acto que haya originado el acto de autoridad, o bien, de aquél que esté vinculado con el propio acto reclamado. En el caso que aquí se analiza, las quejosas comparecen a esta instancia constitucional en defensa del derecho de propiedad y posesión que dicen les corresponde de los bienes de su madre, la extinta María Salud Cuin Rosas. Lo anterior, derivado de la tramitación del juicio ordinario civil 464/2020, promovido por Gloria Valencia Téllez, contra la sucesión intestamentaria a bienes de la mencionada María Salud Cuin Rosas, donde se reclama la prescripción positiva o adquisitiva del resto de un solar ubicado en el Barrio de San Miguel, de la tenencia de Cuanajo, perteneciente al municipio de Patzcuaro, Michoacán, inscrito a nombre de la de cujus. Asimismo, las quejosas en su escrito aclaratorio de demanda de amparo sostienen que el inmueble objeto de dicho juicio ordinario es el que tienen en posesión y del cual pretenden privarles y despojarles. Dicho planteamiento permite advertir que las quejosas reclaman la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad y posesión que dicen tener sobre el predio perteneciente a la demandada en el juicio natural. Además, de las constancias que allegó la autoridad responsable se advierte que a las quejosas les reviste la calidad de terceras extrañas a juicio, en estricto sentido, ya que no son parte en el juicio ordinario civil. De ahí, que para promover el juicio de amparo el acto de autoridad que se reclama tendrá que incidir o relacionarse en la esfera jurídica de las quejosas. En el particular se estima que las promoventes del amparo carecen de interés jurídico para instar el juicio constitucional, debido a que no demostraron la titularidad del derecho lesionado por el acto de autoridad reclamado. Es así ya que indican que la autoridad responsable pretende privarles de la propiedad que les corresponde de los bienes de su extinta madre, específicamente, del predio materia del juicio ordinario civil que promovió la aquí tercera interesada Gloria Valencia Téllez, y que dicha autoridad les molesta en la posesión que ostentan del mismo. Asimismo, los antecedentes que narran en su demanda de amparo señalan la existencia del juicio sucesorio intestamentario número 212/2020, a bienes de la extinta María Salud Cuin Rosas, en el cual no se les ha reconocido el derecho de heredar; acto que incluso constituye materia del diverso juicio de amparo que se tramita ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, radicado con el número 392/2021. De lo anterior se advierte que las aquí quejosa en la fecha en que presentaron su demanda de amparo, no tenían reconocida la calidad de herederas dentro del juicio sucesorio que se tramita a bienes de la extinta María Salud Cuin Rosas; ni allegaron durante la tramitación del presente amparo constancia de la que se advierta que esa calidad les haya sido reconocida. Sino que la afectación que dicen tener con la tramitación del ordinario civil, la sustentan en ser hijas de la titular de la sucesión, entroncamiento que pretenden justificar con las actas de nacimiento que allegaron a este amparo. Sin embargo, no basta tener esa calidad -hijas de la de cujus- para alcanzar la legitimación que se requiere para para acudir al presente juicio constitucional; puesto que es necesario el reconocimiento de un derecho jurídicamente tutelado que les dé la potestad de exigencia oponible a la autoridad. Lo anterior, debido a que el juicio ordinario civil sobre prescripción positiva, al cual se ostentan tercero extrañas, fue promovido por Gloria Valencia Téllez, frente a María Salud Cuin Rosas, la que se encuentra representada por su albacea provisional, Fisco del Estado, quien fue emplazado en el juicio natural. Por tal motivo, el hecho de que las quejosas consideren ser herederas de la sucesión de su madre, no las legitima para pedir el amparo en defensa de un bien inmueble que en vida perteneció a aquélla, pues si no se les ha reconocido o declarado el carácter de herederas ni mucho menos se les ha adjudicado el bien inmueble, no existe la certeza de que ello ocurrirá. De ahí que en tal supuesto, esto es, una vez reconocido el carácter de herederas dentro de la sucesión intestamentaria a bienes de María Salud Cuin Rosas, es cuando podrán resentir un perjuicio de manera concreta, actual, personal, directa e inmediata; y no en este momento, pues todavía no son titulares de un derecho legítimamente tutelado. Luego, si las quejosas reclaman la omisión de emplazamiento al juicio ordinario civil 464/2020, sobre prescripción positiva o adquisitiva, promovido por Gloria Valencia Téllez, frente a la sucesión intestamentaria a bienes de María Salud Cuin Rosas, y demás consecuencias legales, procedimiento en el que se ventilaron cuestiones relativas al inmueble del que se ostentan como poseedoras y propietarias, derivado de la calidad de hijas de demandada, y por tanto, herederas de ésta, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, ya que mientras no exista la declaratoria por autoridad competente en cuanto a su calidad de herederas, no puede estimarse afectado su interés jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "HEREDEROS PRESUNTOS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, éste sólo puede promoverse por la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y cierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien en sus propiedades o posesiones. En ese tenor, y en atención a que el artículo 24 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco faculta a los herederos a ejercer las acciones, defensas y recursos que correspondan a la masa de la herencia, si no está en funciones el interventor o el albacea de la sucesión, se concluye que quien no sea heredero declarado por la autoridad correspondiente o no esté reconocido como tal y solamente tenga la calidad de presunto heredero carece de legitimación para promover el juicio de garantías en defensa de la masa hereditaria, pues si aún no se le ha reconocido ni declarado el carácter de heredero, ni se le han adjudicado los bienes, no existe la certeza de que ello ocurrirá y tampoco de que de llegar a tener esa calidad, no cederá sus derechos hereditarios a otra persona, antes de la adjudicación o de la división de los bienes; de ahí que en ese supuesto, al ser futuro e incierto, el presunto heredero no podría sufrir un perjuicio de manera concreta, actual, personal, directa e inmediata, en tanto que todavía no es titular de un derecho legítimamente tutelado." Aunado a lo anterior se destaca que las quejosas tampoco exhibieron medio de prueba para acreditar que ostentan la posesión del inmueble materia del juicio civil de origen. En efecto, no acreditaron tener la posesión del inmueble que refieren, y por ende su derecho a poseer con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal que le genere tal derecho, de manera que tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tienen derecho de posesión sobre el bien de que se trata, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Por lo que la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 Constitucional y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Dicho criterio se encuentra en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En consecuencia, al no acreditar la existencia de un derecho legítimamente tutelado, respecto del cual las quejosas sean titulares, se concluye que no se encuentran legitimadas para solicitar la protección constitucional en contra del acto de la autoridad que tildan de inconstitucionales. Por tal motivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Ante la improcedencia del juicio de amparo, esta juzgadora, se encuentra impedida para el análisis de los conceptos de violación formulados, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." QUINTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SEXTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por MARÍA ESPERANZA JUÁREZ CUIN y MARÍA ELOISA JUÁREZ CUIN, en términos del considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando quinto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, KATIA OROZCO ALFARO, hasta el día de hoy veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, ante la secretaria Maira Flor López Valencia, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA GLORIA VALENCIA TÉLLEZ, LA RESOLUCIÓN DE VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, toda vez que no acudió dentro de los días hábiles a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante haberle dejado el citatorio respectivo en el domicilio señalado para recibir notificaciones, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: SENTENCIA VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 587/2021. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El treinta de abril de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial del Poder Judicial de la Federación, en esta ciudad, MARÍA ESPERANZA JUÁREZ CUIN y MARÍA ELOISA JUÁREZ CUIN, por propio derecho, presentaron demanda de amparo indirecto, contra actos de autoridad. En la misma, narraron los antecedentes del caso y formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes. En este sentido, consideraron violados en su perjuicio los artículos 14 y 16, de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. La demanda de amparo por razón de turno correspondió al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien la registró con el número 392/2021; por auto de veintiséis de mayo del año en curso, se ordenó la separación de los juicios, por lo que se remitieron copias certificadas a la Oficina de Correspondencia Común para el turno respectivo, respecto del acto que se atribuye al Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán, consistente en la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil 464/2020. El asunto se turnó a este Juzgado de Distrito, el veintidós de junio del año en curso, registrándose con el número 587/2021, por auto de la misma fecha se solicitó al Juzgado Tercero de Distrito remitiera copias certificadas completas de las constancias de su juicio de amparo 392/2021, para el trámite correspondiente. En proveído de uno de julio de dos mil veintiuno, recibidas las constancias solicitadas, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, reservándose el emplazamiento del tercero interesado, y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. En auto de tres de agosto del año en curso, se reconoció a Gloria Valencia Téllez, el carácter de tercera interesada, ordenándose su emplazamiento, el que fue practicado el dieciséis de agosto siguiente. Así las cosas, previo los trámites de ley, el tres de septiembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. De acuerdo con lo anterior, el acto reclamado por el quejoso a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán, es: La falta de emplazamiento al juicio ordinario civil 464/2020, sobre prescripción positiva o adquisitiva, promovido por Gloria Valencia Téllez, frente a la sucesión intestamentaria a bienes de María Salud Cuin Rosas, y demás consecuencias legales. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable al rendir su informe justificado reconoció la certeza del acto reclamado; además, se corrobora con el testimonio autorizado del juicio ordinario civil 464/2020 que allegó a dicho informe. Las constancias remitidas por la autoridad adquieren valor probatorio de documental, con eficacia demostrativa plena, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número doscientos veintiséis, del rubro y tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia. Previo al análisis acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, se aborda el estudio de las causas de improcedencia del juicio, sea que las propongan las partes o que se hagan valer de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Esta juzgadora de oficio advierte la actualización de la causal de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo. Artículos del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. ." Los preceptos anteriores engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo, conforme lo establece el artículo 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En términos de dichos numerales, para la procedencia del amparo se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico, entendido éste como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él para solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. Para contar con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, por parte de la autoridad responsable; y desde luego que dentro del juicio de garantías debe acreditar que existe a su favor ese derecho. De igual forma, aquéllos normativos regulan la procedencia del juicio de amparo, cuando el quejoso ostenta un interés legítimo, mismo que requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no como una simple posibilidad; por lo que, debe existir un vínculo entre la persona y la afectación aducida. Los elementos del interés jurídico son: La existencia de un derecho protegido por la norma: Derecho público subjetivo. La titularidad de ese derecho, lo cual debe quedar plenamente acreditado. El acto de autoridad que lesione de manera actual y directa ese derecho público subjetivo. Tratándose de actos emitidos por tribunales judiciales-como en el caso acontece-, administrativos, agrarios o del trabajo, es un requisito de procedibilidad que el quejoso sea titular de un derecho subjetivo que le afecte de manera personal y directa. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, destacándose que dicho interés debe acreditarse fehacientemente, de tal manera que no se infiera con base en meras presunciones. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Además, cabe precisar que el interés jurídico, tratándose del juicio de amparo, debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, según lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 82, Octubre de 1994, Página: 17, Octava Época, que establece: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Ahora bien, el interés jurídico se materializa o se refleja de modo distinto en cada caso en particular, con base en la naturaleza jurídica del hecho o del acto que haya originado el acto de autoridad, o bien, de aquél que esté vinculado con el propio acto reclamado. En el caso que aquí se analiza, las quejosas comparecen a esta instancia constitucional en defensa del derecho de propiedad y posesión que dicen les corresponde de los bienes de su madre, la extinta María Salud Cuin Rosas. Lo anterior, derivado de la tramitación del juicio ordinario civil 464/2020, promovido por Gloria Valencia Téllez, contra la sucesión intestamentaria a bienes de la mencionada María Salud Cuin Rosas, donde se reclama la prescripción positiva o adquisitiva del resto de un solar ubicado en el Barrio de San Miguel, de la tenencia de Cuanajo, perteneciente al municipio de Patzcuaro, Michoacán, inscrito a nombre de la de cujus. Asimismo, las quejosas en su escrito aclaratorio de demanda de amparo sostienen que el inmueble objeto de dicho juicio ordinario es el que tienen en posesión y del cual pretenden privarles y despojarles. Dicho planteamiento permite advertir que las quejosas reclaman la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad y posesión que dicen tener sobre el predio perteneciente a la demandada en el juicio natural. Además, de las constancias que allegó la autoridad responsable se advierte que a las quejosas les reviste la calidad de terceras extrañas a juicio, en estricto sentido, ya que no son parte en el juicio ordinario civil. De ahí, que para promover el juicio de amparo el acto de autoridad que se reclama tendrá que incidir o relacionarse en la esfera jurídica de las quejosas. En el particular se estima que las promoventes del amparo carecen de interés jurídico para instar el juicio constitucional, debido a que no demostraron la titularidad del derecho lesionado por el acto de autoridad reclamado. Es así ya que indican que la autoridad responsable pretende privarles de la propiedad que les corresponde de los bienes de su extinta madre, específicamente, del predio materia del juicio ordinario civil que promovió la aquí tercera interesada Gloria Valencia Téllez, y que dicha autoridad les molesta en la posesión que ostentan del mismo. Asimismo, los antecedentes que narran en su demanda de amparo señalan la existencia del juicio sucesorio intestamentario número 212/2020, a bienes de la extinta María Salud Cuin Rosas, en el cual no se les ha reconocido el derecho de heredar; acto que incluso constituye materia del diverso juicio de amparo que se tramita ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, radicado con el número 392/2021. De lo anterior se advierte que las aquí quejosa en la fecha en que presentaron su demanda de amparo, no tenían reconocida la calidad de herederas dentro del juicio sucesorio que se tramita a bienes de la extinta María Salud Cuin Rosas; ni allegaron durante la tramitación del presente amparo constancia de la que se advierta que esa calidad les haya sido reconocida. Sino que la afectación que dicen tener con la tramitación del ordinario civil, la sustentan en ser hijas de la titular de la sucesión, entroncamiento que pretenden justificar con las actas de nacimiento que allegaron a este amparo. Sin embargo, no basta tener esa calidad -hijas de la de cujus- para alcanzar la legitimación que se requiere para para acudir al presente juicio constitucional; puesto que es necesario el reconocimiento de un derecho jurídicamente tutelado que les dé la potestad de exigencia oponible a la autoridad. Lo anterior, debido a que el juicio ordinario civil sobre prescripción positiva, al cual se ostentan tercero extrañas, fue promovido por Gloria Valencia Téllez, frente a María Salud Cuin Rosas, la que se encuentra representada por su albacea provisional, Fisco del Estado, quien fue emplazado en el juicio natural. Por tal motivo, el hecho de que las quejosas consideren ser herederas de la sucesión de su madre, no las legitima para pedir el amparo en defensa de un bien inmueble que en vida perteneció a aquélla, pues si no se les ha reconocido o declarado el carácter de herederas ni mucho menos se les ha adjudicado el bien inmueble, no existe la certeza de que ello ocurrirá. De ahí que en tal supuesto, esto es, una vez reconocido el carácter de herederas dentro de la sucesión intestamentaria a bienes de María Salud Cuin Rosas, es cuando podrán resentir un perjuicio de manera concreta, actual, personal, directa e inmediata; y no en este momento, pues todavía no son titulares de un derecho legítimamente tutelado. Luego, si las quejosas reclaman la omisión de emplazamiento al juicio ordinario civil 464/2020, sobre prescripción positiva o adquisitiva, promovido por Gloria Valencia Téllez, frente a la sucesión intestamentaria a bienes de María Salud Cuin Rosas, y demás consecuencias legales, procedimiento en el que se ventilaron cuestiones relativas al inmueble del que se ostentan como poseedoras y propietarias, derivado de la calidad de hijas de demandada, y por tanto, herederas de ésta, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, ya que mientras no exista la declaratoria por autoridad competente en cuanto a su calidad de herederas, no puede estimarse afectado su interés jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "HEREDEROS PRESUNTOS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, éste sólo puede promoverse por la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y cierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien en sus propiedades o posesiones. En ese tenor, y en atención a que el artículo 24 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco faculta a los herederos a ejercer las acciones, defensas y recursos que correspondan a la masa de la herencia, si no está en funciones el interventor o el albacea de la sucesión, se concluye que quien no sea heredero declarado por la autoridad correspondiente o no esté reconocido como tal y solamente tenga la calidad de presunto heredero carece de legitimación para promover el juicio de garantías en defensa de la masa hereditaria, pues si aún no se le ha reconocido ni declarado el carácter de heredero, ni se le han adjudicado los bienes, no existe la certeza de que ello ocurrirá y tampoco de que de llegar a tener esa calidad, no cederá sus derechos hereditarios a otra persona, antes de la adjudicación o de la división de los bienes; de ahí que en ese supuesto, al ser futuro e incierto, el presunto heredero no podría sufrir un perjuicio de manera concreta, actual, personal, directa e inmediata, en tanto que todavía no es titular de un derecho legítimamente tutelado." Aunado a lo anterior se destaca que las quejosas tampoco exhibieron medio de prueba para acreditar que ostentan la posesión del inmueble materia del juicio civil de origen. En efecto, no acreditaron tener la posesión del inmueble que refieren, y por ende su derecho a poseer con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal que le genere tal derecho, de manera que tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tienen derecho de posesión sobre el bien de que se trata, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Por lo que la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 Constitucional y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Dicho criterio se encuentra en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En consecuencia, al no acreditar la existencia de un derecho legítimamente tutelado, respecto del cual las quejosas sean titulares, se concluye que no se encuentran legitimadas para solicitar la protección constitucional en contra del acto de la autoridad que tildan de inconstitucionales. Por tal motivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Ante la improcedencia del juicio de amparo, esta juzgadora, se encuentra impedida para el análisis de los conceptos de violación formulados, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." QUINTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SEXTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por MARÍA ESPERANZA JUÁREZ CUIN y MARÍA ELOISA JUÁREZ CUIN, en términos del considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando quinto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, KATIA OROZCO ALFARO, hasta el día de hoy veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, ante la secretaria Maira Flor López Valencia, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    por este medio se notifica a la parte quejosa el auto de veintidós de noviembre de os mil veintiuno, que dice: Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por MARÍA ESPERANZA JUÁREZ CUIN y MARÍA ELOISA JUÁREZ CUIN, en términos del considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando quinto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, KATIA OROZCO ALFARO, hasta el día de hoy veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, ante la secretaria Maira Flor López Valencia, con quien actúa y da fe.

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