María Esther Rivera Rivera
Expediente 69/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 29 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 69/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 29/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Esther Rivera Rivera
Actuaciones
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL QUEJOSO LA DETERMINACIÓN DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO QUE EN SINTESIS DICE: Morelia, Michoacán, veintinueve de enero de dos mil dieciocho. DEMANDA Agréguese el escrito de demanda que promueve María Esther Rivera Rivera, Bernardo Esteban Ibarrola Rivera, Andrés Ibarrola Rivera y Denisse Lucero Ibarrola Rivera, por su propio derecho, contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar y otra autoridad. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 69/2018. DESECHAMIENTO Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se desprende que la parte quejosa reclama: El auto de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete emitido por el juez del conocimiento dentro del incidente de cuantificación de alimentos definitivos adecuados por el ahora tercero interesado emanado del juicio familiar 278/2012 donde se negó emplazar al deudor por edictos. Se precisa que, conforme con lo narrado, bajo formal protesta de decir verdad en la reclamación constitucional, ese auto fue sustituido procesalmente por una determinación de segundo grado. En ese contexto, se estima que en relación con el acto reclamado, se surte de modo manifiesto e indudable una causal de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, impone la obligación para el juzgador federal, previo abordar el análisis de fondo, estudiar las causas de inviabilidad de la acción constitucional que en su caso hagan valer las partes o aquellas que advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. En concordancia con el precepto citado, en el caso específico, de oficio, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción fracción XXI, de la Ley de Amparo, esto es, la cesación de efectos del acto reclamado por sustitución procesal. Dicho precepto es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Para actualizar la citada causa de improcedencia es necesario que la autoridad responsable deje sin efecto el acto reclamado, con lo cual desaparece la materia de la litis constitucional, porque la cesación implica que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación alegada, como si el acto reclamado no hubiera trastocado la esfera jurídica del gobernado, o si lo hizo, sus efectos quedaran destruidos como si nunca hubiesen existido. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar los efectos del acto; lo que implica no solo un alto definitivo de éste, sino el desvanecimiento total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de su insubsistencia, pues lo que justifica la improcedencia de mérito no es la simple parálisis del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad, porque ya no afecta al quejoso, y tampoco dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que alude el artículo 77 de la ley de la materia, es decir, restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto sea de naturaleza positiva, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. La cesación de efectos se actualiza por dos hipótesis, a saber: a) por revocación,y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo opera por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el que se encontraba en suspenso, cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, cuando se interpone un recurso o medio de defensa contra el acto reclamado, la determinación dictada en aquél sustituye procesalmente el auto o resolución controvertido en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Lo anterior, porque cuando el acto reclamado ya fue materia de análisis en un medio por el cual se puede lograr su revocación o modificación, y recayó una resolución, la validez o insubsistencia de aquél ya depende de lo resuelto en la nueva determinación, la cual sustituye procesalmente al anterior. Entonces, será la nueva determinación, en todo caso, la que podrá ser materia del juicio constitucional. Orienta a lo anterior, la tesis: "Época: Novena Época Registro: 165869 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Civil Tesis: I.3o.C.769 C Página: 1492 CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En el caso, se reclama la resolución dictada el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, dentro del incidente de cuantificación de Alimentos Definitivos Adecuados número 278/2012, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad donde se negó emplazar por edictos al deudor alimentario. En contra de la resolución reclamada, la parte quejosa interpuso recurso de apelación, contra el auto de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, medio de impugnación que fue negado mediante proveído del trece de noviembre de dos mil diecisiete. Al negarse el recurso de apelación intentado, los peticionarios de amparo interpusieron recurso de queja en contra del auto relacionado con dicha negativa. En razón de turno correspondió conocer y resolver el aludido recurso de queja a la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, emitió fallo confirmó el auto recurrido. Lo anterior da noticia de la materialización del motivo de improcedencia en estudio dado que las consecuencias jurídicas del auto reclamado fueron sustituidas por las del proveído que confirmó el auto de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, en el cual se negó la procedencia del emplazamiento por edictos al obligado alimentista. Esto es, la decisión que recayó al recurso en comento, por virtud del análisis de legalidad que se pretendía hacer sobre ella por lo que será esta nueva determinación, y no la impugnada a través del juicio constitucional, la que realmente afecta la esfera jurídica de la parte peticionaria. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, Bajo tal escenario, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 187330 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Abril de 2002 Materia(s): Civil, Común Tesis: XVII.5o. J/1 Página: 998 AMPARO DIRECTO. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RELATIVO, CUANDO LO QUE SE RECLAMA ES LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SI ÉSTA FUE PREVIAMENTE RECURRIDA EN LA APELACIÓN. Cuando en amparo directo se reclama la sentencia de primera instancia, o se vierten conceptos de violación en contra de lo resuelto en ese fallo, si previamente fue recurrido en apelación, en dicho supuesto se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se refiere la fracción XVI del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, pues en tal caso cesaron los efectos de aquella sentencia, al haber sido sustituida por la de segunda instancia que resolvió el recurso de apelación, pues la subsistencia, modificación o revocación de la de primer grado, deriva de lo resuelto en la alzada; por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia mencionada, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto del acto reclamado al Juez de primera instancia, con apoyo en la fracción III del artículo 74 de la propia ley en cita." AUTORIZADOS Y DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase al promovente del juicio señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su escrito de demanda, y como autorizados a los profesionistas que indica para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la persona que indica, con las facultades a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas y c) acuses de recibo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Jesús Salud Méndez García, secretario que autoriza y da fe.
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