María Elena Yeo Ayala
Expediente 1382/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1382/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Elena Yeo Ayala
Actuaciones
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1382/2023, promovido por María Elena Yeo Ayala, por alegada violación de los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, este órgano jurisdiccional ha decidido: CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión de dictar laudo dentro del juicio ordinario laboral 357/2015, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos de naturaleza omisiva ocurridos dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. La autoridad responsable, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado, esto es, la omisión de dictar el laudo, pues así lo manifestó al momento de rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las copias certificadas remitidas por la responsable, con pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de este último ordenamiento. CUARTO. Conceptos de violación. El concepto de violación expresado por la parte quejosa es tal y como consta en el escrito de demanda, el cual se tiene por reproducido en este considerando, como si se insertase a la letra, por economía procesal y porque la ley de la materia no exige su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados. Son fundados los conceptos de violación suplidos en su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. La quejosa sostiene que la autoridad responsable no ha tomado las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, por lo cual no ha respetado el procedimiento y los términos señalados por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, ni lo dispuesto por la ley supletoria, Ley Federal del Trabajo. Al respecto el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuáles emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La característica de prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En sentido inverso, esta garantía constitucional impone la prohibición de tramitar y resolver controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes, es decir, no debe transcurrir demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, pues la justicia tardía es una forma de injusticia. En ese contexto, es evidente que el Tribunal responsable inobservó lo establecido en el artículo 17 Constitucional, en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta. Primeramente, conviene tener en cuenta lo dispuesto por artículo 114 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, que dispone: "ARTICULO 114. Cualquier término no especificado en esta Ley, será de tres días hábiles." Por su parte, los artículos 99, 103 y 104 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, establecen: "ARTICULO 99. El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal de Conciliación y Arbitraje consistirá en la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia; contestación que se hará en igual forma; una sola audiencia en la que se recibirán, las pruebas y alegatos de las partes, y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y, una vez desahogadas, se dictará el laudo." "ARTICULO 103. El Tribunal, tan luego como reciba la contestación de la demanda o una vez transcurrido el plazo para contestarla, ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias y citará a las partes, y en su caso, a los testigos y peritos, para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. "ARTICULO 104. En el caso de no lograrse el arreglo conciliatorio, el Tribunal, tendrá a las partes como inconformes y concederá el uso de la palabra al reclamante o a su representante legal para que ratifique, rectifique o amplíe su escrito inicial de demanda, en cuya ampliación sólo podrá aportar nuevos datos respecto a los hechos o incluir mayores prestaciones, sin poder demandar en ese acto a quien no haya incluido en su escrito inicial. Se concederá a las partes el derecho a la réplica y contrarréplica. En seguida se abrirá el período de ofrecimiento y admisión de pruebas; el Tribunal recibirá y calificará las mismas, admitiendo las que estime pertinentes y desechando aquellas que resulten notoriamente improcedentes, contrarias a la Ley y a las buenas costumbres o que no tengan relación con la litis. Acto continúo, señalará el orden de su desahogo, primero, las del actor y después las del demandado en la forma y términos que el Tribunal estime oportuno tomando en cuenta la naturaleza de las mismas y procurando la celeridad en el procedimiento". De dichos numerales se advierte que en una sola audiencia se recibirán las pruebas y alegatos de las partes, y se pronunciará la resolución correspondiente, salvo cuando a juicio del tribunal laboral se requiera la práctica de otras diligencias, caso en el cual se ordenará su desahogo. El día y hora de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, se abrirá el período de ofrecimiento y recepción de pruebas; el Tribunal calificará las mismas, admitiendo las que estime pertinentes y desechando aquellas que no. Posteriormente, señalará el orden de su desahogo, en la forma y términos que estime oportuno, tomando en cuenta la naturaleza de las mismas y procurando la celeridad en el procedimiento; por lo que una vez desahogadas dictará el laudo correspondiente. En el particular, la autoridad responsable trasgredió el contenido de los numerales que rigen el procedimiento, pues, de las constancias que allegó y de los autos que integran el expediente 357/2015, se desprende que a la fecha no se ha emitido laudo dentro del juicio de origen, pese a que desde el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, declaró cerrado el periodo de instrucción y ordenó poner los autos en estado de emisión de laudo, sin que posterior a ese pronunciamiento obre diversa actuación por parte del Tribunal responsable. De lo que se tiene que la autoridad responsable ha omitido sujetar su actuar al contenido de los numerales 99, 103 y 104 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, pues al día de hoy no se ha emitido el laudo correspondiente, así es que, la abstención que se reclama en esta vía constitucional resulta violatoria de la garantía que pregona el artículo 17 Constitucional relativa a la impartición de justicia pronta y expedita. Consecuentemente, con fundamento en el precepto 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal a la accionante de esta instancia constitucional. SEXTO. Efectos del amparo. La concesión de la protección otorgada es para el efecto de que el Tribunal responsable: Dicte el laudo correspondiente en el juicio ordinario laboral 357/2015. Lo anterior, a fin de restituir a la impetrante en el goce del derecho humano vulnerado, de conformidad con el numeral 77, fracción II, de la Ley de la Materia. Con relación a los alegatos formulados por la Agente del Ministerio Público adscrita, resulta innecesario pronunciarse al respecto, pues constituyen simples opiniones o apreciaciones que no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y a los informes. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Elena Yeo Ayala, contra la omisión reclamada al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos y para los efectos precisados en las consideraciones quinta y sexta de este fallo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Gonzalo Moreno Solís y María del Consuelo Martínez Hincapié, apoderados jurídicos de María Elena Yeo Ayala, -carácter que se les reconoce en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, de conformidad con la carta poder que anexan, así como del diverso numeral 11 del citado ordenamiento, por tenerlo acreditado ante la autoridad responsable, al tenor de la copia autorizada del auto de veintinueve de septiembre de dos mil quince que igualmente anexan-, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1382/2023. 2. Suspensión. No se tramita incidente de suspensión, por no haberse solicitado. 3. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. 4. Informe justificado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá: 4.1. Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia constitucional, lo que deberá hacer por correo electrónico a la cuenta 1jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando su recepción al teléfono 443 3226960 extensión 1181, salvo que por la propia naturaleza de las constancias que haya de remitir se haga necesario que las presente directamente ante el juzgado, verbigracia cuando envíe tomos de prueba, discos compactos y otros documentos análogos. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a ******************** ********************20,748.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. 5. Ministerio público. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. 6. Tercero interesado. Dada la naturaleza del acto reclamado se considera que no le revista tal carácter a persona alguna. 7. Domicilio. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda. 8. Usuario. Por otra parte, atento a su diversa solicitud, con fundamento en el artículo 35, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se tiene como usuario "********************" que proporciona, a fin de que tenga acceso al expediente electrónico. 9. Pruebas. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su parte las documentales que anexa, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y tenerlas por recibidas en ese acto. 10. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 11. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
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