María Enriqueta Ibarra Valdez

Expediente 453/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
453/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
22/07/2019

Partes del expediente

  • María Enriqueta Ibarra Valdez

Actuaciones

  1. Principal

    I. Causa Estado y Archivo. Visto el estado procesal que guardan los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que la promovente María Enriqueta Ibarra Valdez, no impugnó el proveído de veintiuno de junio del año en curso (fojas 18 a 23), por el que se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. III. Valoración del expediente principal. Toda vez que se desechó la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    I. Se presenta demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. II. Formación de expediente. Fórmese expediente y regístrese con el número progresivo de juicio de amparo indirecto 453/2019, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Precisión del acto reclamado. Del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables: Comisión Federal de Electricidad; Oficina de Facturación y Cobranza de la Comisión Federal de Electricidad; y Departamento de Revisión al Sistema de Medición y la Instalación Eléctrica de Comisión Federal de Electricidad, todas las anteriores con residencia en esta ciudad. El acto reclamado consistente en: ".La injusta determinación de imponerme una multa según de $ 65, 407.00 (SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.) por parte de Comisión Federal de Electricidad, esto sin hacer me saber quién los llevo a tal determinación, o sea un tribunal competente que determine que efectivamente se cometió una severa violación al servicio eléctrico y te hago acreedora a la sanción impuesta, no imponérmela con una tabulador y decir te toca pagar tanto, siendo una violación a los artículos 14, 16 y 17, Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y así no dejar que la hoy quejosa se defienda contra su unilateral efecto, donde además alego desde ahora que nunca fui notificada de dicha multa, ni de ningún otro procedimiento que se haya iniciado en mi contra, si fuera así yo misma hubiera acudido a la instancia correspondiente pero así a más de tres meses ya que hubo preclusión de mi derecho de acudir a las instancias correspondientes motivo por el cual solo quedaba el presente juicio de amparo". Autoridad Responsable Acto reclamado COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PIEDRAS NEGRAS COMO ORDENADORA OFICINA FACTURACION Y COBRANZA. a) El número de ajuste 214/2009, así como el oficio 214/2009, de fecha 29 de Marzo del 2019, mismo que determina el cobro de una multa dándoseme el plazo de tres días para pagar con el 6% anual. DEPARTAMENTO DE REVISION AL SISTEMA DE MEDIACION Y LA INSTALACION ELECTRICA DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. a) Quienes según determinaron anomalías en el consumo de energía eléctrica sin precisión, ni pericia, lo que llevo en base a su información a determinar la injusta multa. Es aplicable la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y dos, tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". IV. Se desecha demanda de amparo indirecto. Al respecto el precepto 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, se emitió la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos tres, tomo XIV, octubre de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196923, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso concreto, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo; misma que a la letra estipula: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, los artículos 1, fracción I, 5, fracción II, de la ley de la materia, respectivamente, disponen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación sintáctica, armonizada y sistemática de los numerales transcritos, se colige que para los efectos del juicio de amparo, el concepto de autoridad responsable converge en establecer que, es aquella con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En la especie, se reclama un acto que no proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, y que tampoco es dable considerarlo acto de particular que se conduce como autoridad, según se verá a continuación. En primer término, se considera conveniente transcribir el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a lo que se entiende como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo que dice: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal; y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Del anterior precepto, así como de los diversos 1, fracción I. y 5, fracción II, de la Ley de Amparo transcritos, es dable inferir que la procedencia del juicio de amparo está supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esas consideraciones, a través del juicio de amparo únicamente es posible impugnar actos que provengan de autoridad o de un particular que actúe con el carácter de autoridad (con imperio), a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación de legalidad que se hayan aducido en su contra. Además cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El criterio en comento, fue sostenido en la siguiente tesis de jurisprudencia 2a./J. 164/2011; con número de registro 161133, visible en la página mil ochenta y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 201, cuyo rubro y texto imponen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Dicho criterio orienta para determinar en términos del arábigo 5, fracción II, párrafo segundo, cuales actos de particulares pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es decir, si el acto desplegado por la autoridad como órgano de Gobierno del Estado, es unilateral, porque no requiere la aprobación del ciudadano, imperativo en razón de que se impone al particular contra su voluntad, y coercitivo porque su inobservancia daría lugar a imponer alguna sanción prevista en la ley, se dice que la relación entre el Estado y sus ciudadanos es de supra a subordinación; puesto que la misma surge entre dos entes ubicados en una posición distinta; esto es, emana, entre el Estado como persona jurídico política a través de sus órganos de autoridad, y el ciudadano, y porque aquél, desempeña frente a éste la autoridad soberana o de gobierno que le fue encomendada. En cambio, cuando la relación surge entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, jurídicamente se está en presencia de una relación de coordinación, la cual puede ser de naturaleza privada, sujeta al derecho privado, o socioeconómica, regulada al amparo del derecho social. En el asunto, el acto reclamado consistente medularmente en la orden de cobro de un ajuste por consumo de energía eléctrica por la cantidad de $65,407.00 (sesenta y cinco mil cuatrocientos siete pesos 00/100 moneda nacional), respecto de la cuenta 33DD16E010134580, al medidor instalado en el domicilio particular ubicado en calle Águilas Aztecas número 288, colonia Municipio Libre, en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, y su ejecución, derivada de acciones efectuadas por la Comisión Federal de Electricidad, atendiendo a la relación contractual celebrada con María Enriqueta Ibarra Valdez, como lo refirió la citada quejosa en su demanda, teniendo que dicha dependencia, en el caso concreto, no puede considerarse autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que el origen de su actuación es un acuerdo de voluntades entre la prestadora del servicio y el usuario, que adquieren derechos y obligaciones recíprocas. Pues aún y cuando señale que personal de Comisión Federal de Electricidad le mencionó que después de realizar una revisión a los instrumentos de medición instalados en el inmueble de su propiedad, y que éstos reflejaran anomalías, sobrevino el cobro de que se duele; ello deriva precisamente de la relación contractual que celebraron. De lo que se concluye, que al no tener la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la emisión del acto reclamado, el carácter de autoridad para efectos del presente asunto, entendiéndose como tales aquéllas que disponen de la fuerza pública, en razón de circunstancias legales o de hecho, y que por lo mismo están en la posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, dictando resoluciones obligatorias para los gobernados, se actualiza la causal de improcedencia antes mencionada. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.) y 2a./J. 43/2014 (10a.), emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo" "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo, ni realiza actos equiparables a los de autoridad, tratándose de la determinación y el cobro del servicio de suministro de energía eléctrica, pues: 1) el origen de dicha actuación es un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio y el usuario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, por lo que se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y particular; 2) la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una de coordinación entre el organismo descentralizado y el particular usuario del servicio; y, 3) el corte del suministro de energía eléctrica ante el incumplimiento del usuario no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sino sólo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes, sin que ello conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos, para lo cual se tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Esto es, no todo acto emitido por un órgano de la administración pública ni la aplicación de cláusulas contractuales de retención de la obligación ante el incumplimiento de la contraparte constituyen un acto de autoridad o son equiparables a éste para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que conlleven el ejercicio de una potestad administrativa que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular. Así, el aviso recibo por concepto de suministro de energía eléctrica emitido por la Comisión Federal de Electricidad, inclusive cuando contenga una advertencia de corte del servicio, no constituye ni es equivalente a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" Finalmente, si bien por regla general el auto inicial de trámite de la demanda no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo o no, ya que sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y las pruebas que se anexan; sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), definió que si existe criterio jurisprudencial que puntualice la naturaleza de los actos de Comisión Federal de Electricidad, ello, constituye una causa manifiesta e indudable de improcedente para desechar la demanda de amparo, lo cual acontece en la especie. Por consiguiente, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. VI. Domicilio y autorizado. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional y únicamente autorizado en términos a que se refiere el artículo 12, párrafo segundo, parte final, de la Ley de Amparo, a ***, hasta en tanto acredite de manera fehaciente que tiene registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VII. Días y horas hábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo. VIII. Autorización de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. IX. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporadas al expediente impreso. X. Depuración. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente o recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capitulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. XI. Transparencia Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los articulas 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la promovente.

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