María Elvia Rodríguez Olvera
Expediente 254/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 254/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- María Elvia Rodríguez Olvera
Actuaciones
- Principal
I. Causa estado. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la parte promovente no impugnó el acuerdo de veintitrés de abril del año en curso (fojas 15 a 19), mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. II. Se ordena el archivo correspondiente. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. III. Valoración del expediente principal. Toda vez que se tuvo por desechada la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
. Escrito aclaratorio. Visto el escrito de cuenta, se tiene a la parte quejosa desahogando la prevención de demanda contenida en el proveído de diez de abril del año en curso (fojas 10 a 12), y al respecto exhibe una copia de su escrito de demanda. II. Acto reclamado. Ahora bien, del contenido integral del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable denominada Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, la resolución interlocutoria de doce de febrero de dos mil diecinueve, que declaró procedente el recurso de reconsideración interpuesto en contra del acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil quince, mediante el cual se tuvo por precluido el derecho de la parte actora para el desahogo de la prueba pericial topográfica ofrecida por ésta última, y además, se revocó el nombramiento de un perito y se designó a uno diverso, dentro del juicio ordinario civil reinvindicatorio número 266/2015, promovido por Ricardo Rodríguez Olvera en su contra. III. Se desecha la demanda de amparo indirecto. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo actio de amparo y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen. En el entendido de que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A.J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los Órganos Jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso concreto, este Juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo y en concordancia con lo señalado en el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, normativas que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan;" Los preceptos antes señalados establecen una regla de carácter general que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento -como es el caso-, el juicio de amparo sólo es procedente contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. El artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, define a los actos de imposible reparación como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Una vez precisado lo anterior, debe decirse que para determinar la procedencia o improcedencia del juicio constitucional, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Acorde a lo anterior, cabe señalar que los actos en juicio, que tienen una ejecución de imposible reparación y por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. De lo hasta aquí expuesto, válidamente se puede desprender que la vía constitucional constituye el medio para hacer efectiva la finalidad de legalidad de todo acto de autoridad, mediante la restitución a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales en los que éste sufra una perturbación, restricción, privación u otra lesión, sin respeto de los requisitos o formalidades establecidas como derechos fundamentales; sin embargo, se insiste, la procedencia del juicio de amparo obliga a que los actos que se realicen dentro de juicio, deban ser de aquellos cuya ejecución sea considerada como de imposible reparación, es decir, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Ley Suprema. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, página once, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En este contexto, es oportuno precisar que en términos generales, el juicio de amparo indirecto actualmente ya no es procedente en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, ya que éstas, en todo caso, son impugnables en amparo directo, cuando se reclama el fallo definitivo. En efecto, atento al nuevo contexto de la Ley de Amparo, como lo ha determinado nuestro máximo tribunal, ese criterio ya no es rector para identificar actos de imposible reparación, pues ahora se proporciona mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra ese tipo de actos, que sólo son los que afecten materialmente derechos sustantivos y con ello se ha cerrado la puerta para impugnar cuestiones procesales, independientemente de la gravedad de su afectación; pero, sin perjuicio de que en cada caso se puedan analizar las afectaciones que, aunque procesales, puedan trascender en lo inmediato a derechos sustantivos que rebasen lo estrictamente procesal. Esas características de los actos en juicio de imposible reparación, ahora definidas por la ley, son reveladoras de la intención legislativa de refrendar el carácter excepcional del juicio de amparo en relación con los procedimientos ordinarios, así como de evitar la dilación de éstos por la utilización del control de constitucionalidad de cuestiones procesales que, al final y de resultar relevantes para el dictado de las sentencias definitivas, pueden repararse mediante el amparo directo. Expuesto lo anterior, conviene recalcar que el acto reclamado deriva del juicio ordinario civil reivindicatorio número 266/2015, del índice del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, en el cual la quejosa es parte demandada. En ese sentido, lo reclamado en esta instancia, consiste en: La resolución interlocutoria de doce de febrero de dos mil diecinueve, que declaró procedente el recurso de reconsideración interpuesto en contra del acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil quince, mediante el cual se tuvo por precluido el derecho de la parte actora para el desahogo de la prueba pericial topográfica ofrecida por ésta última, y además, se revocó el nombramiento de un perito y se designó a uno diverso, dentro del juicio ordinario civil reinvindicatorio número 266/2015, promovido por Ricardo Rodríguez Olvera en su contra. Se trata de una violación formal, que no goza de las características de ejecución de imposible reparación, ya que no afecta materialmente derechos sustantivos de la promovente de amparo, que se encuentren consagrados en la Constitución Federal, como lo pueden ser la vida, libertad, propiedad, honra, etcétera. Ello es así, pues si bien se declaró procedente el recurso de reconsideración en contra del acuerdo mediante el cual se tuvo por precluido el derecho de la parte actora para el desahogo de la prueba pericial topográfica ofrecida, y en razón de ello, se declaró desierta dicha prueba, además de que se revocó el nombramiento de perito que realizó el juzgado, y se designó a uno diverso, dicho acto no evidencia objetivamente que afecte algún derecho sustantivo, sino en su caso sólo lo afecta de manera procesal en el juicio natural, es decir, los efectos de los actos que reclama son meramente formales, pues la lesión jurídica que tienen no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 7, junio de dos mil catorce, tomo I, con número de registro 2006589, Décima Época, la cual es del tenor siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Por otro lado, en caso de que la resolución que ponga fin al procedimiento de origen sea adverso a los intereses de la aquí quejosa, estará en aptitud de interponer el medio de defensa legal procedente e invocarlo como violación procesal en el amparo directo que, de ser el caso promueva, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, y 172, fracción III, de la Ley de Amparo ; lo anterior, habida cuenta que a la parte quejosa le reviste el carácter de demandada en el juicio ordinario civil, quien lógicamente se encuentra haciendo valer sus derechos y cargas procesales, es decir, se le escucha en juicio. Por consiguiente, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo indirecto.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *** contra actos de la autoridad responsable denominada Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno respectivo, y radíquese bajo el número de expediente 254/2019, por ser el numeral progresivo que le correspondió. Ahora bien, respecto a la solicitud de la promovente en el sentido de admitir la demanda de amparo, se debe decir que previo a acordar lo conducente es necesario seguir los lineamientos establecidos en la ley de la materia, uno de los cuales es el que marca el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en lo referente establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura". El normativo anterior dispone previo a acordar sobre la admisión de la demanda, estudiar el escrito inicial para verificar que se hayan colmado los requisitos que marca la ley en cita y que no existan irregularidades en el mismo. Así, del estudio integral de la demanda que se provee, se advierte la falta de un requisito formal, el cual es necesario para el análisis de la viabilidad de la admisión de la demanda. Al respecto, resulta aplicable, la jurisprudencia número I.4o.C.26K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página sesenta y tres, tomo IX, febrero de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 220365, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. S II. Prevención. En esa tesitura a efecto de estar en aptitud de acordar lo conducente, con fundamento en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, exhiba una copia de su escrito de demanda, para ser distribuidas de la siguiente manera: Una para la autoridad que señaló como responsable. Una para dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. Una para emplazar al tercero interesado que señala. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, en el plazo que se le otorga, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, como lo prevé el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, se emitió la jurisprudencia número 1ª./J. 106/2005, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercero Circuito, visible en la página ciento setenta, tomo XXII, octubre de dos mil cinco, Novena Época, del Seminario Judicial de la Federación, con número de registro 177046, que a la letra dice: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. III. Autorizados y domicilio. Se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados *** y ***, toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado. V. Habilitación de días y horas inhábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. VI. Autorización de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. VII. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporadas al expediente impreso. VIII. Depuración. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente o recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capitulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. IX. Transparencia Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los articulas 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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