María Elvia Rodríguez Olvera

Expediente 1069/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1069/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • María Elvia Rodríguez Olvera

Actuaciones

  1. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto de nueve de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en ese precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, decrétese el valor correspondiente de este expediente judicial, y archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del numeral 20 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. 5. Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 34 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá plasmar mediante sello en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.

  2. Principal

    1. Recepción. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo presentado a nombre de ********************, firmado electrónicamente por ******************** (a quien designa como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo), contra actos del Magistrado del Tercer Tribunal Unitario, con residencia en Monclova, Coahuila de Zaragoza. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1069/2023, en el libro de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Análisis previo. Sin embargo, previo a proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 3.1 Actos reclamados. La parte quejosa en esencia señala como actos reclamados los siguientes: i) De la autoridad señalada como responsable se reclama su sentencia de doce de septiembre de dos mil veintitrés, emitida en el toca civil ******************** formado con motivo del recurso de apelación promovido en contra de la interlocutoria de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, que declaró improcedente la caducidad de la instancia en el Juicio ordinario civil reivindicatorio expediente ********************, promovido en su contra por el hoy tercero interesado ********************. En la inteligencia de que la parte aquí quejosa, manifestó bajo protesta de decir verdad que es parte demandada en el juicio de origen. Además, en el caso a estudio, esta demanda de amparo se presentó a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, carece de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de la quejosa directa ********************. 3.2 Causas de improcedencia manifiesta e indudable. En esas condiciones, se actualiza de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6, y 3, cuarto y quinto párrafo, numeral 107 fracción V, éstos últimos interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que legalmente no hay manifestación de voluntad para acudir a la instancia constitucional, y el acto reclamado es emitido dentro de juicio y no es considerado de imposible reparación. 3.3 Falta de firma electrónica. De acuerdo con los artículos invocados, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; esto es, sólo puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la legislación de la materia, por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicha legislación. En este sentido, tomando en cuenta que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos y, toda vez que la demanda de amparo no cuenta con la firma electrónica de la quejosa ********************, debe considerarse que no exteriorizó su voluntad para acudir a la vía constitucional; es decir, no hay instancia de parte. Conforme a los lineamientos del artículo 76, párrafo segundo, en relación con los diversos 59 y 64, todos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso, o en su caso, quién promovió la demanda, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma, que es equiparable a un documento de identidad con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. En efecto, la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Sin que tal requisito pueda suplirse con la firma electrónica de la persona que el quejoso señala como autorizado en su escrito de demanda, ni con la firma autógrafa de la impetrante, en virtud de que dicha acción fue intentada por la vía electrónica. Aunado a que en el caso en particular, no nos encontremos en el supuesto de excepción a que se refiere el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, conforme al cual no se requerirá la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 del mismo ordenamiento legal, toda vez que, en esencia, los actos que se pretenden reclamar en el presente asunto es la sentencia de doce de septiembre de dos mil veintitrés, emitida en el toca civil ******************** formado con motivo del recurso de apelación promovido en contra de la interlocutoria de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. En esas condiciones, resulta patente y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6 y 3, cuarto y quinto párrafo, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a) pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se invoca el amparo en revisión ******************** del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con sede en Saltillo. 3.4 Actos de imposible reparación. Ahora bien, de la interpretación sistemática de los preceptos transcritos es posible advertir que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos que sean de imposible reparación, conceptuados como aquéllos que lesionan los derechos sustantivos fundamentales del individuo a través de la afectación de los derechos humanos, no así los procesales, como lo es la resolución que aquí se impugna. Así, se distingue entre actos dentro del juicio que afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales y aquellos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Con el propósito de analizar esta última consideración, conviene precisar que existe por interpretación legal, distinción entre actos dentro del juicio que afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos y, aquellos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. En el primer caso, se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación; mientras que en el segundo caso, solamente pueden alegarse en el amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva dictada en el juicio respectivo, siempre y cuando hayan transcendido al resultado del fallo. Con excepción de aquéllas de magnitud preponderante, que afectan a las partes en grado predominante o superior, cuyas consecuencias trasciendan e impliquen una situación relevante para el procedimiento, por referirse a un presupuesto procesal o porque conlleve la posibilidad de evitar de manera innecesaria el desarrollo del proceso, como las resoluciones que resuelven una cuestión de competencia o a llamar a un tercero a juicio, entre otros, jurisprudencialmente determinados como susceptibles de impugnarse en amparo indirecto. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones. Ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Así se desprende de las tesis, la primera de ellas sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así como la sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bajo esa óptica, la determinación de doce de septiembre de dos mil veintitrés, emitida en el toca civil ******************** formado con motivo del recurso de apelación promovido en contra de la interlocutoria de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, que declaró improcedente la caducidad de la instancia en el Juicio ordinario civil reivindicatorio expediente ********************, promovido en su contra por el hoy tercero interesado ********************, debe estudiarse en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Ello, dado que se observa que la cuestión resuelta por la responsable en dicha determinación, se dictó antes de que la diversa autoridad judicial responsable dicte la sentencia definitiva respectiva. Esto es, la actuación de mérito, no ocasiona sobre las personas una ejecución de imposible reparación, en tanto que, lejos de incidir en la esfera de derechos subjetivos de la parte quejosa, incide en la posición procesal que asumen las partes dentro del juicio civil, del índice administrativo de la responsable, ya que sería en el dictado de la sentencia definitiva cuando podría darse el perjuicio derivado de la resolución que ahora reclama. Lo anterior, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; sin embargo, en el presente asunto no se dan los presupuestos legales exigidos en el precitado artículo. En ese sentido, se considera que la resolución reclamada, no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa y por ende, constituye una violación procesal dentro de la sustanciación de un juicio, lo que denota el carácter de violación procesal que no es de imposible reparación ni afecta derechos sustantivos, dado que los efectos legales de la resolución reclamada, podrán o no trascender en el dictado de la sentencia definitiva que corresponda. De considerar la parte quejosa que alguna violación procesal se cometió en su perjuicio y que ésta trasciende al fallo de la sentencia respectiva, podrá impugnarlo en amparo directo. En consecuencia, claro es que el acto reclamado no encuadra dentro de la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para ser examinado aisladamente en el juicio de amparo biinstancial, toda vez que se insiste, los perjuicios que pudiera irrogar, podrán ser reparados, en la sentencia definitiva que llegue a dictarse, en caso de obtenerla favorable a sus intereses, lo que tornarían intrascendentes las violaciones que pudieran derivarse de los actos reclamados. Apoya lo anterior, por razón de su contenido jurídico, la jurisprudencia por contradicción de tesis entre las sustentadas por el primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto circuito y el Segundo y Cuarto Tribunal Colegiado ambos del Tercer Circuito, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinte de mayo de dos mil catorce. Asimismo, es aplicable la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Igualmente se invoca la tesis (VIII Región) 2o.3 C (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias. Por tanto, con relación a los actos a que se aluden, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. 4. Desechamiento. En tales condiciones y al ser estas unas causas de improcedencia notorias, manifiestas e indudables, las cuales quedaron plenamente demostradas en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda intentada. Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito. Así también, esulta aplicable la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la diversa jurisprudencia IV.2o.C. J/2, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. 5. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en los estrados de este Juzgado de Distrito. Se tienen por autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados ********************y********************, por tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. 5.1 Correo electrónico. Se tiene a la parte promovente señalando el correo electrónico que indica en su libelo de cuenta, en el entendido de que el mismo se establecera para comunicaciones no procesales. 5.2 Consulta vía electrónica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica a la solicitante con el nombre de usuario "********************". En la inteligencia de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente el usuario respectivo; lo anterior, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 5.2.1 Instrucción al Oficial Judicial "A". Se instruye a la Oficial Judicial "A", para que bajo su más estricta responsabilidad, vincule al usuario antes señalado con este expediente. 6. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 7. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 8. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita.

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