María Elvia Rodríguez Olvera
Expediente 141/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 141/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- María Elvia Rodríguez Olvera
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de veintinueve de febrero del año en curso, que desechó la demanda de amparo presentada ante este Juzgado de Distrito; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a la parte quejosa, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. Por último, toda vez que se desechó la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por María Elvia Rodríguez Olvera, contra actos de la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 141/2016, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la parte promovente en esta instancia se hace consistir en: "ACTOS RECLAMADOS.- De la autoridad señalada como responsable se reclama su resolución interlocutoria de fecha 8 de Diciembre del 2015, emitida en el Recurso de Reconsideración que promoví en contra del auto de fecha 29 de Septiembre del 2015 y auto complementario de fecha 2 de Octubre del 2015, esto en el Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio Expediente 266/2015, promovido en mi contra por el hoy tercero interesado.". En ese sentido, procede desechar de plano la demanda de amparo que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada en sentido contrario, ambos preceptos de la Ley de Amparo. En principio, cabe destacar el contenido de los citados preceptos legales: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" Tales preceptos establecen una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento (como lo es el juicio ordinario civil reivindicatorio 266/2015, de donde emana el acto reclamado), el juicio de amparo sólo es procedente contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Así es, el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, que quedó transcrito, define a los actos de imposible reparación como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en esta porción normativa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que, mediante una definición legal, reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos jurisdiccionales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material inmediata a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. De tal suerte, que con apego a dicho criterio, el amparo indirecto procede únicamente contra actos de imposible reparación que afecten materialmente derechos, lo que sucede cuando el acto de autoridad impide el libre ejercicio de éstos; pero además, los derechos deben ser sustantivos, es decir, que no deben ser derechos de naturaleza formal o adjetiva, pues la afectación de éstos no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, siendo hasta ese momento en el que pueden consumarse de forma efectiva y se pueden hacer valer dichas violaciones. Debe decirse también, que la actual Ley de Amparo, al conceptualizar los actos de imposible reparación, no contempla aquellos actos intraprocesales, aunque causen una afectación en grado predominante o superior, por ejemplo, los que pudieran impedir la integración de algún presupuesto procesal insubsanable; ocasionar el retardo grave del fallo definitivo; provocar que el juicio continúe ociosamente o excluir de la contienda acciones o sujetos. Por tanto, cuando se reclaman en amparo indirecto actos dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna, esto es, que incidan, afectando materialmente derechos sustantivos y que esos daños, no puedan ser reparados ni con la obtención de una sentencia favorable. En ese contexto, como se dijo, a la luz de la nueva Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, los actos procesales considerados como de grado predominante o superior, ya no pueden ser estudiados en el juicio de amparo indirecto, al no tratarse de actos de imposible reparación. Luego entonces, si en el caso concreto se reclama la resolución interlocutoria dictada el ocho de diciembre de dos mil quince, en el recurso de reconsideración por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad, en los autos del juicio ordinario civil reivindicatorio número de expediente 266/2015, promovido por Ricardo Rodríguez Olvera, en contra de la aquí quejosa María Elvia Rodríguez Olvera, en el que el Juez responsable declaró procedente el recurso de reconsideración promovido por la parte actora, el cual se relaciona con el desahogo de una prueba pericial dentro del citado juicio, es evidente que dicho acto sólo produce efectos meramente procesales que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme; por tanto, las consecuencias de dicha resolución no revisten el carácter de imposible reparación. Inclusive, la violación que en su caso se llegare a cometer con el dictado de la resolución que por esta vía se combate, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses de la peticionaria de amparo, pero de no ser así, esta última podrá reclamarla en amparo directo, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172 fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, que disponen en lo conducente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.". "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo..." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;." Por tanto, si el acto reclamado en este asunto, corresponde a uno dictado dentro de juicio, con carácter intraprocesal, que no tiene una ejecución de imposible reparación, en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto, ya que no se ubica en la hipótesis normativa contenida en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, que alude a la afectación material de algún derecho sustantivo reconocido, que amerite su inmediato análisis constitucional, porque sus consecuencias, de momento, no son susceptibles de afectar inmediatamente y de modo irreversible alguno de los derechos fundamentales. Consecuentemente, en el presente asunto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del mismo ordenamiento; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, procede desechar de plano la demanda de amparo. Por otro lado, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Irma Morales Ramos y Mauro Manuel Garcez Gallegos. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo. Hágase de conocimiento a la parte quejosa, que las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, constituyen información pública; sin embargo, independientemente de que exprese o no su oposición a dicha publicación, se ordena suprimir en este asunto los datos personales de éste, así como la información reservada. Lo anterior, en términos del artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 5, 6, 7 y 8, del reglamento del reglamento de la Suprema Corle de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley; y en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a le información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.
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