Maria Elena Ortega Torres (Representante Legal)

Expediente 41/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
41/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
30/01/2017

Partes del expediente

  • Maria Elena Ortega Torres (Representante Legal)

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de trece de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual SE DESECHÓ la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de enero de dos mil diecisiete. Visto el escrito de demanda presentado por María Elena Ortega Torres, en su carácter de representante legal de la persona moral "Productores de Durazno Criollo Tepetzala", Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, personalidad que acredita en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, con la copia certificada del Acta siete mil setecientos noventa y siete (7797), de veinticinco de marzo de dos mil trece, pasada ante la fe del Corredor Público número dos del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente de amparo y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 41/2017-I-D. En principio, debe indicarse que la suscrita Jueza Federal se pronuncia respecto de la personalidad con la que comparece la ocursante, la que es dable examinar porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a continuación se citan: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo. Así, la personalidad de la aquí ocursante se tiene por acreditada con la copia certificada del acta que exhibió, en donde se advierte que María Elena Ortega Torres tiene el carácter de Presidenta del Consejo Administrativo de la persona moral quejosa "Productores de Durazno Criollo Tepetzala", Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada; asimismo, se aprecia que cuenta con Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio, de manera específica cuenta con facultades para promover juicio de amparo. En consecuencia, téngase por reconocida la personalidad de María Elena Ortega Torres, en su carácter de representante legal de la persona moral "Productores de Durazno Criollo Tepetzala", Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, únicamente como presupuesto procesal para analizar la demanda de amparo. Asimismo, vista la certificación secretarial, téngase a la vista los autos del juicio 636/2016 del índice de este Juzgado, sin que sea necesario agregar copia de las constancias respectivas. En la inteligencia de que se acude a éstas, en virtud de que obran en un expediente que se instruye en este Juzgado de Distrito y, precisamente, está relacionado con este juicio de garantías; de tal manera que constituye UN HECHO NOTORIO, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia y tesis siguientes: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2o. de este ordenamiento, resulta válida la invocación de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integran tanto el Pleno como las Salas de este Alto Tribunal, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias de aquellos, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al sumario, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ser ejercida para resolver la contienda judicial." Ahora bien, la parte quejosa reclama del Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Investigación de Robo de Vehículo sin detenido Delegación II, Segundo Turno, y Ministerio Público adscrito a la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos Segunda Mesa de Trámite Non, el aseguramiento y en consecuencia la imposición de sellos, que se pretende realizar a la bodega ubicada en calle seis (6) sur, número setecientos veinte (720), en la cuarta sección del municipio de Acajete, Puebla y su ejecución; emitidos en la averiguación previa 571/2016/RV-II. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, párrafo primero, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En relación al tema de los plazos para promover la demanda de amparo, existe la jurisprudencia, la cual no contraviene lo dispuesto en la Nueva Ley de Amparo, conforme a lo establecido en su artículo 6° transitorio, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De la lectura de los preceptos y jurisprudencia transcrita se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente en que: a) Haya surtido efectos conforme a la ley del acto reclamado la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: Se reclame una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días. Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años. Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En el caso, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia, por consistir el acto reclamado en una determinación emitida en la averiguación previa, por tanto, debe ajustarse al plazo citado. Plazo, que debe computarse acorde a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que la notificación del acto reclamado surte sus efectos, conforme a la Ley de la materia. En el presente juicio, al tratarse de un auto en materia penal, aplica lo establecido en el artículo 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla; por tanto, el plazo se contará desde el día siguiente en que se hubiere hecho la notificación. Ahora bien, de las constancias del juicio de amparo 636/2016 promovido por la persona moral "Productores de Durazno Criollo Tepetzala", Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, por conducto de su representante legal María Elena Ortega Torres, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos sin detenido Delegación II, segundo turno de la ciudad de Puebla, consistente en el aseguramiento y la imposición de sellos en el bien inmueble ubicado en calle 6 sur, número 720, cuarta sección, Acajete, Puebla, dentro de la averiguación previa 571/2016/RV-II, de su índice, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2º, se advierte lo siguiente: 1. La demanda de garantías se presentó el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, contra los mismos actos y autoridades que aquí reclama, en la cual refirió bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de los hechos el diez de marzo de dos mil dieciséis. 2. Por sentencia firmada y autorizada el doce de agosto de dos mil dieciséis dictada por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, se sobreseyó en el juicio, al haberse actualizado la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa carece de interés jurídico para promover dicha instancia constitucional, en relación al bien inmueble citado del que refirió ser propietaria. 3. Por ejecutoria de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, dicha determinación fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, emitida en el recurso de revisión 322/2016, de su ordinal. Lo anterior revela que, la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados en esta instancia constitucional desde el diez de marzo de dos mil dieciséis, manifestación que reitera en la presente demanda de amparo; lo que constituye una confesión expresa por parte de ésta. Entonces el plazo de quince días para promover la demanda que dio origen a este asunto, transcurrió del once de marzo al siete de abril de dos mil dieciséis, previo descuento de los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis, veintisiete de marzo, dos y tres de abril de dos mil dieciséis, y del veintiuno al veinticinco de marzo por ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo y de acuerdo a la Circular 4/2016, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal. Luego, si la instancia se presentó el doce de enero de dos mil diecisiete, es claro que su promoción fue inoportuna, ya que se ejerció fuera del plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo en concordancia con el Quinto Transitorio del mismo ordenamiento; de ahí que su presentación extemporánea trae la consecuencia de que el acto de que se trata, sea considerado consentido tácitamente. En consecuencia, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, esta Juzgadora no desatiende que la finalidad del juicio de amparo es tutelar los derechos humanos de los gobernados así como de las garantías para su protección, de manera tal que no solamente les evite perjuicio que puedan ocasionarse con la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, sino también, que dicho juicio constitucional resulta ser un medio eficaz para que se les restituya en el goce de sus derechos fundamentales afectados. Así las cosas, de la interpretación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que los mismos deben ser efectivos; es decir, ser capaces de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, sin que ello se entienda que debe concederse, al final, lo que pide el promovente, sino solo analizar legalmente y de manera completa sus peticiones. Así, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que el mismo debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida; y que además para su procedencia que sea oportuno. Por tanto, aun cuando tiene el derecho a un recurso efectivo no lo exime de la obligación de cumplir con los términos y plazos establecidos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Además, esta Juzgadora estima que también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)". En relación con la institución de la cosa juzgada, existe la jurisprudencia siguiente, cuyo contenido no es contrario a la Ley de Amparo vigente: "COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU EXISTENCIA. Para que proceda la excepción de cosa juzgada en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta se invoque concurran identidad en la cosa demandada (eadem res), en la causa (eadem causa pretendi), y en las personas y la calidad con que intervinieron (eadem conditio personarum). Ahora bien, si la identidad en la causa se entiende como el hecho generador que las partes hacen valer como fundamento de las pretensiones que reclaman, es requisito indispensable para que exista cosa juzgada se atienda no únicamente a la causa próxima (consecuencia directa e inmediata de la realización del acto jurídico) sino además a la causa remota (causal supeditada a acontecimientos supervenientes para su consumación) pues sólo si existe esa identidad podría afirmarse que las cuestiones propuestas en el segundo procedimiento ya fueron materia de análisis en el primero, y que por ello deba declararse procedente la excepción con la finalidad de no dar pauta a posibles sentencias contradictorias. Lo anterior, en el entendido de que cuando existan varias acciones contra una misma persona respecto de una misma cosa, deben intentarse en una sola demanda todas las que no sean contrarias, ya que el ejercicio de una extingue las otras, salvo que fuera un hecho superveniente debidamente acreditado. Por tanto, es claro que esto último no se daría si la causa remota que se involucra en uno y otro son distintas, con mayor razón si la causa próxima también es otra". (Jurisprudencia 1a./J. 161/2007, registro 170353, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Página 197, Materia Común, Novena Época). El artículo y jurisprudencia transcritos revelan que para que se actualice la causa de improcedencia consistente en la cosa juzgada deben concurrir los supuestos siguientes: a) Se hayan promovido diversos juicios de garantías (dos o más). b) En uno de ellos exista resolución ejecutoriada, respecto del mismo acto que se reclama en el otro u otros. c) Que tales juicios hayan sido promovidos por el mismo quejoso contra las mismas autoridades responsables, aunque las violaciones constitucionales sean distintas. Así las cosas, en el caso, de las constancias de autos del juicio de amparo 636/2016 del índice de este Juzgado, se aprecia lo siguiente: 1) Mediante escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, tanto la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, como en este Juzgado; "Productores de Durazno Criollo Tepetzala", Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, por conducto de su representante legal María Elena Ortega Torres solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Investigación de Robo de Vehículo sin detenido, Delegación II, Segundo Turno, y Ministerio Público adscrito a la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos Segunda Mesa de Trámite Non, consistente en el aseguramiento y en consecuencia la imposición de sellos, que se pretende realizar a la bodega ubicada en calle seis (6) sur, número setecientos veinte (720), en la cuarta sección del municipio de Acajete, Puebla y su ejecución; emitidos en la averiguación previa 571/2016/RV-II. 2) Por sentencia firmada y autorizada el doce de agosto de dos mil dieciséis, emitida por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, se sobreseyó en el juicio, al haberse actualizado la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5º, fracción, de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa carece de interés jurídico para promover dicha instancia constitucional, en relación al bien inmueble citado del que refirió ser propietaria, en virtud de que no existe identidad entre el predio que aduce la quejosa ser propietaria, con el que fue objeto de aseguramiento en la averiguación previa 571/2016/RV-II. 3. Por ejecutoria de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, dicha determinación fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, emitida en el recurso de revisión 322/2016, de su ordinal. En ese contexto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues como quedó asentado en párrafos anteriores, los actos reclamados por la quejosa en este juicio de amparo, ya fue motivo de diversa resolución en un amparo anterior (636/2016, del índice de este Juzgado), el cual fue promovido por la misma parte quejosa ("Productores de Durazno Criollo Tepetzala", Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, por conducto de su representante legal María Elena Ortega Torres y contra las mismas autoridades; determinación que causó ejecutoria el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. Además, en este juicio de amparo, la quejosa exhibe las mismas documentales que fueron valoradas en el juicio previo ya mencionado, con la que, como se dijo, no acreditó su interés jurídico. No pasa inadvertido lo manifestado por la quejosa, en el sentido de que promovió un primer juicio 636/2016, del índice de este Juzgado, donde le concedieron la suspensión definitiva para el efecto de que las autoridades responsables, sin perjuicio de que continuaran con el procedimiento correspondiente, procedieran a levantar los sellos y otorgaran a la peticionaria de garantías, la posesión del bien asegurado, por lo que se traduce en que deberá disfrutar de él, pero no disponer del mismo, hasta en tanto se dictara sentencia definitiva; lo que en el caso aconteció. Sin embargo, la litis constitucional lo fue el aseguramiento y la imposición de sellos en el bien inmueble ubicado en calle 6 sur, número 720, cuarta sección, Acajete, Puebla, dentro de la averiguación previa 571/2016/RV-II, lo cual ya fue analizado en el juicio de amparo 636/2016 referido; además, la medida cautelar que aduce, decretada en dicho juicio ya quedó sin efectos en virtud de la ejecutoria pronunciada en ese controvertido. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en la demanda de garantías; y por autorizados con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, en virtud de que no acreditan encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, ni proporcionan los datos correspondientes en el escrito de cuenta, de conformidad con el numeral citado (reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis); sin perjuicio de que con posterioridad puedan acreditar contar con tal calidad. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

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