Maria Elizabeth Tanus Quiroz

Expediente 1221/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 22 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1221/2017
Año
2017
Actuaciones
22
Última actuación
21/05/2018

Partes del expediente

  • Maria Elizabeth Tanus Quiroz
  • Juez de Oralidad Y de Ejecución Con Sede En la Ciudad de Puebla (Aarón Hernández Chino)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veintiséis de abril al diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable Juez de Control de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele los cuatro discos versátiles digitales previa foja de sustitución (foja 212 y 322) y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de nueve de abril de dos mil dieciocho, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento realizado a la sentencia de amparo, realizándolo mediante escrito presentado ante esta autoridad el trece de abril de dos mil dieciocho (fojas 345 a 351), por lo que se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio se indica que en la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho (fojas 226 a 263), se sobreseyó por una parte y se concedió por la otra el amparo solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Juez de Control de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, realizara lo siguiente: "OCTAVO. Efectos de la concesión. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se CONCEDE el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por María Elizabeth Tanus Quiroz, para que el 1. Juez de Control de la Región Judicial Centro, con residencia en la ciudad de Puebla, una vez que adquiera firmeza esta sentencia y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: a. Deje sin efectos parcialmente la audiencia de tres de octubre de dos mil diecisiete, así como la diversa del día seis de los citados mes y año, ambas celebradas en la causa penal 948/2017/PUEBLA; y en su lugar, reponga la audiencia inicial, a partir del momento en que la aquí quejosa manifestó que no deseaba declarar en relación con los hechos respecto de los cuales formuló imputación la Ministerio Público, para que así, en caso de considerarlo procedente, la Ministerio Público solicite la vinculación a proceso, exponiendo los motivos por los que considera que los datos de prueba recabados, contenidos en la carpeta de investigación, acreditan la existencia del hecho delictivo y la probabilidad de que la imputada hubiera intervenido en su comisión; hecho lo cual, entonces, se explique y pregunte a la imputada si se acoge o no al plazo constitucional o a su ampliación y se continúe con las siguientes etapas de la audiencia inicial conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. b. Con libertad de jurisdicción resuelva la situación jurídica de la hoy quejosa. (.) Por otra parte, en virtud de la reposición ordenada, este órgano de control constitucional se encuentra imposibilitado para proceder al examen de la constitucionalidad del acto reclamado consistente en: c) La medida cautelar de prisión preventiva, porque atendiendo a que la reposición del procedimiento fue a partir del momento en que la aquí quejosa manifestó que no deseaba declarar en relación con los hechos respecto de los cuales formuló imputación la Ministerio Público; razón por la cual, de conformidad con el precepto 313 del CNPP, después de ello el agente del Ministerio Público puede solicitar al juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, y dicho juzgador, con libertad de jurisdicción, podrá resolver lo que en derecho proceda. La anterior concesión de amparo debe hacerse extensiva respecto a los actos de ejecución reclamados al 2. Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, en virtud de que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto atribuido a la autoridad responsable ordenadora, al no haberse reclamado por vicios propios." Resolución que en auto de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 309 y 310). Así, mediante oficio 3351 (foja 317), el Juez responsable informó a esta autoridad las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento con el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo al referir que dejó sin efectos parcialmente la audiencia de tres de octubre de dos mil diecisiete, así como la diversa de seis de los citados mes y año, ambas celebradas en la causa penal 948/2017/PUEBLA; ordenó la reposición del procedimiento a partir del momento en que la imputada María Elizabeth Tanus Quiroz manifestó que no deseaba declarar en relación con los hechos respecto de los cuales le formuló imputación el Ministerio Público, y señaló las quince horas del dos de abril de dos mil dieciocho, para el desahogo de la audiencia inicial en dicha causa penal. Por similar 3565/2018/JC, de dos de abril de dos mil dieciocho (fojas 321 y 322), el juez de la causa remitió un disco versátil digital (DVD) de la audiencia llevada a cabo dentro de la causa penal 948/2017/PUEBLA de su índice, de cuyo contenido se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos parcialmente la audiencia de tres de octubre de dos mil diecisiete, así como la diversa del día seis de los citados mes y año, ambas celebradas en la causa penal 948/2017/PUEBLA de su índice y, ordenó reponer la audiencia inicial, a partir del momento en que la aquí quejosa manifestó que no deseaba declarar en relación con los hechos respecto de los cuales formuló imputación el Ministerio Público (a las quince horas con cuarenta y cuatro minutos y cuarenta y ocho segundos de la grabación). - El Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso, exponiendo los motivos por lo que consideró que los datos de prueba recabados, contenidos en la carpeta de investigación, acreditaban la existencia del hecho que la ley señala como delito homicidio en razón de parentesco o relación y la probabilidad de que la imputada hubiera intervenido en su comisión (a las quince horas con cincuenta minutos y veinte segundos de la grabación). - El juez de la causa explicó y preguntó a la imputada si se acogía o no al plazo constitucional o a su ampliación, a lo que dijo que se acogía al término constitucional de setenta y dos horas (a las dieciséis horas con cincuenta y tres minutos y veinte segundos de la grabación); por lo que el juez continuó con las siguientes etapas de la audiencia inicial conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de procedimientos Penales, señalando las catorce horas del cuatro de abril de dos mil dieciocho para resolver la situación jurídica de la quejosa (a las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos con veinte segundos de la grabación). Mediante similar 3671/2018/JC de cuatro de abril de dos mil dieciocho (fojas 329 y 330), el juez responsable remitió un disco versátil digital (DVD) de la audiencia llevada a cabo en esa misma fecha dentro de la causa penal 948/2017/PUEBLA de su índice, de cuyo contenido se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y, con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, resolvió nuevamente la situación jurídica de la aquí quejosa María Elizabeth Tanus Quiroz, dictándole auto de vinculación a proceso por la probabilidad de su participación en los hechos que la ley señala como delito de homicidio en razón de parentesco o relación, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, inciso a), 336 y 337, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Vicente Vargas Ramírez (a las diecisiete horas con treinta y un minutos con cuarenta y cuatro segundos de la grabación). Posteriormente, el juez de la causa ordenó la continuación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa (a las diecisiete horas con cuarenta minutos y veinte segundos de la grabación). A continuación, la fiscalía solicitó al juez de la causa el plazo de cinco meses de investigación complementaria, detallando los actos de investigación que pretendía llevar a cabo (a las diecisiete horas con cuarenta minutos con cincuenta y siete segundos de la grabación); mismo plazo que también fue solicitado por la defensa de la aquí quejosa (a las diecisiete horas con cuarenta y dos minutos con cincuenta y cuatro segundos de la grabación). Sin embargo, el juez de la causa no acordó favorable dicha plazo, bajo el argumento de que con anterioridad ya se había otorgado el plazo de cinco meses, concediendo a petición de la defensa un mes más, es decir, ya les había otorgado seis meses, declarando cerrado en la misma fecha (cuatro de abril de dos mil dieciocho), el plazo de investigación complementaria, ordenando a la fiscalía diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales (a las diecisiete horas con cuarenta y siete minutos con treinta y tres segundos de la grabación). Discos versátiles digitales (DVD), a los cuales se les concede valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad, respecto de la valoración de las videograbaciones de las audiencias celebradas en el procedimiento penal, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora bien, por cuanto hace a las diversas manifestaciones vertidas por el Juez responsable -Aarón Hernández Chino-, en la audiencia de dos de abril de dos mil dieciocho al tenor siguiente "miren señores por más que no se estén de acuerdo con los criterios que estén adoptando los jueces de amparo, al final de cuentas es una autoridad de revisión, está facultado para ello, entonces el juez de primera instancia, el juez del fuero común, o incluso un juez del fuero federal, actuando como juez de primera instancia, está obligado a acatar las decisiones de los jueces de amparo, por más reitero que no se esté de acuerdo con sus criterios" (.) "el juez de amparo dice que esto no es correcto de acuerdo con un criterio que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación diciendo que genera indefensión, que en realidad el Ministerio Público debe hacer su exposición íntegra de vinculación a proceso desde la primera parte de la audiencia inicial y no cuando regresemos a la misma, una serie de cuestiones que incluso a mi consideración van en contra de lo que establece el 315 del Código procesal de la materia que dice que la continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes y resulta que las partes son tanto el Ministerio Público como el defensor, no solo la defensa por eso es que como lo dice y por principio de legalidad atendiendo a lo que establece la ley, la presentación o exposición de los datos de prueba se puede hacer en la continuación de la audiencia inicial por las partes incluyendo al Ministerio Público, no obstante para no incurrir en desacato a la decisión de amparo es que vamos a hacer esto, retrotraer, regresarnos en el tiempo, solo para escuchar todo aquello que ya escuchamos, ahora desde luego con la integración o incorporación de la nueva defensa particular, para que agotado el debate resolver lo que en derecho proceda" (quince horas con cuarenta y seis minutos), así como lo vertido por dicho juzgador al desahogar la audiencia de cuatro de abril de dos mil dieciocho en la causa penal 948/2017 al tenor siguiente: "es justo otro de los aspectos que a mi consideración chocan con estas decisiones que están emitiendo los jueces federales hasta qué punto se puede establecer que como acabamos de vincular a proceso, referirnos a medida cautelar y dados los actos procedimentales de la audiencia inicial se deba analizar el plazo de la investigación complementaria o no", (.) "se imaginan como es el derecho de la señora Elizabeth promueve nuevo amparo en contra de esta resolución y el juez de amparo que no quiera entrarle al fondo de la cuestión planteada, la verdad es que siempre se encuentran detalles, siempre se encuentran cosas, para no entrarle al fondo, para deshacerse del asunto, y para mandar la reposición, que implica que después de medio año después o más meses después tenga que darles otra vez sus tres, cinco, seis meses es un absurdo es un juego" (quince horas con cuarenta y siete minutos). En primer término, se le hace saber al Juez de origen, que en términos del artículo 236 de la Ley de Amparo, es obligación de las partes en un juicio de amparo (incluida dicha autoridad) conducirse con el respeto y la consideración debidos dentro del procedimiento, y que esto no riñe de manera alguna con la libertad de expresión como garantía constitucional; sin embargo, para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo las manifestaciones vertidas en cuanto a su interpretación del artículo 315 del Código procesal de la materia y que no se encuentra de acuerdo con los criterios de los jueces de amparo, constituyen actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo protector en el presente juicio de amparo. De igual forma, con independencia de que el juez de primera instancia no se encuentre de acuerdo con el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 120/2017 (10a.) de rubro siguiente: "VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO)" adoptado en la ejecutoria de amparo, se hace de su conocimiento que dicha Jurisprudencia de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, es de aplicación obligatoria, tanto para la suscrita Juzgadora Federal, como para dicho Juez responsable. Finalmente, por cuanto hace a su manifestación al tenor literal siguiente "se imaginan como es el derecho de la señora Elizabeth promueve nuevo amparo en contra de esta resolución y el juez de amparo que no quiera entrarle al fondo de la cuestión planteada, la verdad es que siempre se encuentran detalles, siempre se encuentran cosas, para no entrarle al fondo, para deshacerse del asunto, y para mandar la reposición, que implica que después de medio año después o más meses después tenga que darles otra vez sus tres, cinco, seis meses es un absurdo es un juego", dado que se advierte una falta de respeto ante este órgano constitucional, entendiéndose el respeto como la actitud de una persona de guardar la consideración debida, pues se esta soslayando la presunción de la que gozan los Jueces y Magistrados de la Federación de reunir los requisitos de imparcialidad, capacidad y honestidad, además de su incólume convicción de salvaguardar el principio de legalidad, pues la manifestación del Juez responsable Aarón Hernández Chino, se califica de una expresión sin utilidad alguna para el cumplimiento de amparo, y que por el contrario denosta la impartición de justicia del Poder Judicial de la Federación, al ser una frase injuriosa hacia los órganos de impartición de justicia. En consecuencia, SE CONMINA por única ocasión al Juez responsable -Aarón Hernández Chino- para que en lo sucesivo guarde el respeto y consideración debida ante este tribunal de garantías, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo establecido en los artículos 236, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Por otro lado, por cuanto hace a las manifestaciones realizadas por la parte quejosa mediante escrito presentado ante esta autoridad el trece de abril de dos mil dieciocho (fojas 345 a 351), en el sentido de que la ejecutoria de amparo no está cumplida, pues el juez de la causa negó a las partes el plazo de investigación complementaria solicitado, convalidando con ello un plazo de investigación complementaria el cual quedó sin efectos con motivo de la reposición del procedimiento ordenado en la ejecutoria de amparo. Dichas manifestaciones son infundadas, ya que como quedó asentado, el juez responsable sí da cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, en la cual se le otorgó libertad de jurisdicción y, con base en ésta fue que se pronunció respecto del plazo solicitado por las partes de la investigación complementaria; aunado a que en la ejecutoria de amparo no se le constriñó a otorgar otro plazo mayor. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, según párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  3. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de nueve de abril de dos mil dieciocho, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento realizado a la sentencia de amparo, realizándolo mediante escrito presentado ante esta autoridad el trece de abril de dos mil dieciocho (fojas 345 a 351), por lo que se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio se indica que en la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho (fojas 226 a 263), se sobreseyó por una parte y se concedió por la otra el amparo solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Juez de Control de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, realizara lo siguiente: "OCTAVO. Efectos de la concesión. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se CONCEDE el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por María Elizabeth Tanus Quiroz, para que el 1. Juez de Control de la Región Judicial Centro, con residencia en la ciudad de Puebla, una vez que adquiera firmeza esta sentencia y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: a. Deje sin efectos parcialmente la audiencia de tres de octubre de dos mil diecisiete, así como la diversa del día seis de los citados mes y año, ambas celebradas en la causa penal 948/2017/PUEBLA; y en su lugar, reponga la audiencia inicial, a partir del momento en que la aquí quejosa manifestó que no deseaba declarar en relación con los hechos respecto de los cuales formuló imputación la Ministerio Público, para que así, en caso de considerarlo procedente, la Ministerio Público solicite la vinculación a proceso, exponiendo los motivos por los que considera que los datos de prueba recabados, contenidos en la carpeta de investigación, acreditan la existencia del hecho delictivo y la probabilidad de que la imputada hubiera intervenido en su comisión; hecho lo cual, entonces, se explique y pregunte a la imputada si se acoge o no al plazo constitucional o a su ampliación y se continúe con las siguientes etapas de la audiencia inicial conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. b. Con libertad de jurisdicción resuelva la situación jurídica de la hoy quejosa. (.) Por otra parte, en virtud de la reposición ordenada, este órgano de control constitucional se encuentra imposibilitado para proceder al examen de la constitucionalidad del acto reclamado consistente en: c) La medida cautelar de prisión preventiva, porque atendiendo a que la reposición del procedimiento fue a partir del momento en que la aquí quejosa manifestó que no deseaba declarar en relación con los hechos respecto de los cuales formuló imputación la Ministerio Público; razón por la cual, de conformidad con el precepto 313 del CNPP, después de ello el agente del Ministerio Público puede solicitar al juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, y dicho juzgador, con libertad de jurisdicción, podrá resolver lo que en derecho proceda. La anterior concesión de amparo debe hacerse extensiva respecto a los actos de ejecución reclamados al 2. Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, en virtud de que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto atribuido a la autoridad responsable ordenadora, al no haberse reclamado por vicios propios." Resolución que en auto de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 309 y 310). Así, mediante oficio 3351 (foja 317), el Juez responsable informó a esta autoridad las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento con el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo al referir que dejó sin efectos parcialmente la audiencia de tres de octubre de dos mil diecisiete, así como la diversa de seis de los citados mes y año, ambas celebradas en la causa penal 948/2017/PUEBLA; ordenó la reposición del procedimiento a partir del momento en que la imputada María Elizabeth Tanus Quiroz manifestó que no deseaba declarar en relación con los hechos respecto de los cuales le formuló imputación el Ministerio Público, y señaló las quince horas del dos de abril de dos mil dieciocho, para el desahogo de la audiencia inicial en dicha causa penal. Por similar 3565/2018/JC, de dos de abril de dos mil dieciocho (fojas 321 y 322), el juez de la causa remitió un disco versátil digital (DVD) de la audiencia llevada a cabo dentro de la causa penal 948/2017/PUEBLA de su índice, de cuyo contenido se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos parcialmente la audiencia de tres de octubre de dos mil diecisiete, así como la diversa del día seis de los citados mes y año, ambas celebradas en la causa penal 948/2017/PUEBLA de su índice y, ordenó reponer la audiencia inicial, a partir del momento en que la aquí quejosa manifestó que no deseaba declarar en relación con los hechos respecto de los cuales formuló imputación el Ministerio Público (a las quince horas con cuarenta y cuatro minutos y cuarenta y ocho segundos de la grabación). - El Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso, exponiendo los motivos por lo que consideró que los datos de prueba recabados, contenidos en la carpeta de investigación, acreditaban la existencia del hecho que la ley señala como delito homicidio en razón de parentesco o relación y la probabilidad de que la imputada hubiera intervenido en su comisión (a las quince horas con cincuenta minutos y veinte segundos de la grabación). - El juez de la causa explicó y preguntó a la imputada si se acogía o no al plazo constitucional o a su ampliación, a lo que dijo que se acogía al término constitucional de setenta y dos horas (a las dieciséis horas con cincuenta y tres minutos y veinte segundos de la grabación); por lo que el juez continuó con las siguientes etapas de la audiencia inicial conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de procedimientos Penales, señalando las catorce horas del cuatro de abril de dos mil dieciocho para resolver la situación jurídica de la quejosa (a las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos con veinte segundos de la grabación). Mediante similar 3671/2018/JC de cuatro de abril de dos mil dieciocho (fojas 329 y 330), el juez responsable remitió un disco versátil digital (DVD) de la audiencia llevada a cabo en esa misma fecha dentro de la causa penal 948/2017/PUEBLA de su índice, de cuyo contenido se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y, con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, resolvió nuevamente la situación jurídica de la aquí quejosa María Elizabeth Tanus Quiroz, dictándole auto de vinculación a proceso por la probabilidad de su participación en los hechos que la ley señala como delito de homicidio en razón de parentesco o relación, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, inciso a), 336 y 337, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Vicente Vargas Ramírez (a las diecisiete horas con treinta y un minutos con cuarenta y cuatro segundos de la grabación). Posteriormente, el juez de la causa ordenó la continuación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa (a las diecisiete horas con cuarenta minutos y veinte segundos de la grabación). A continuación, la fiscalía solicitó al juez de la causa el plazo de cinco meses de investigación complementaria, detallando los actos de investigación que pretendía llevar a cabo (a las diecisiete horas con cuarenta minutos con cincuenta y siete segundos de la grabación); mismo plazo que también fue solicitado por la defensa de la aquí quejosa (a las diecisiete horas con cuarenta y dos minutos con cincuenta y cuatro segundos de la grabación). Sin embargo, el juez de la causa no acordó favorable dicha plazo, bajo el argumento de que con anterioridad ya se había otorgado el plazo de cinco meses, concediendo a petición de la defensa un mes más, es decir, ya les había otorgado seis meses, declarando cerrado en la misma fecha (cuatro de abril de dos mil dieciocho), el plazo de investigación complementaria, ordenando a la fiscalía diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales (a las diecisiete horas con cuarenta y siete minutos con treinta y tres segundos de la grabación). Discos versátiles digitales (DVD), a los cuales se les concede valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad, respecto de la valoración de las videograbaciones de las audiencias celebradas en el procedimiento penal, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora bien, por cuanto hace a las diversas manifestaciones vertidas por el Juez responsable -Aarón Hernández Chino-, en la audiencia de dos de abril de dos mil dieciocho al tenor siguiente "miren señores por más que no se estén de acuerdo con los criterios que estén adoptando los jueces de amparo, al final de cuentas es una autoridad de revisión, está facultado para ello, entonces el juez de primera instancia, el juez del fuero común, o incluso un juez del fuero federal, actuando como juez de primera instancia, está obligado a acatar las decisiones de los jueces de amparo, por más reitero que no se esté de acuerdo con sus criterios" (.) "el juez de amparo dice que esto no es correcto de acuerdo con un criterio que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación diciendo que genera indefensión, que en realidad el Ministerio Público debe hacer su exposición íntegra de vinculación a proceso desde la primera parte de la audiencia inicial y no cuando regresemos a la misma, una serie de cuestiones que incluso a mi consideración van en contra de lo que establece el 315 del Código procesal de la materia que dice que la continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes y resulta que las partes son tanto el Ministerio Público como el defensor, no solo la defensa por eso es que como lo dice y por principio de legalidad atendiendo a lo que establece la ley, la presentación o exposición de los datos de prueba se puede hacer en la continuación de la audiencia inicial por las partes incluyendo al Ministerio Público, no obstante para no incurrir en desacato a la decisión de amparo es que vamos a hacer esto, retrotraer, regresarnos en el tiempo, solo para escuchar todo aquello que ya escuchamos, ahora desde luego con la integración o incorporación de la nueva defensa particular, para que agotado el debate resolver lo que en derecho proceda" (quince horas con cuarenta y seis minutos), así como lo vertido por dicho juzgador al desahogar la audiencia de cuatro de abril de dos mil dieciocho en la causa penal 948/2017 al tenor siguiente: "es justo otro de los aspectos que a mi consideración chocan con estas decisiones que están emitiendo los jueces federales hasta qué punto se puede establecer que como acabamos de vincular a proceso, referirnos a medida cautelar y dados los actos procedimentales de la audiencia inicial se deba analizar el plazo de la investigación complementaria o no", (.) "se imaginan como es el derecho de la señora Elizabeth promueve nuevo amparo en contra de esta resolución y el juez de amparo que no quiera entrarle al fondo de la cuestión planteada, la verdad es que siempre se encuentran detalles, siempre se encuentran cosas, para no entrarle al fondo, para deshacerse del asunto, y para mandar la reposición, que implica que después de medio año después o más meses después tenga que darles otra vez sus tres, cinco, seis meses es un absurdo es un juego" (quince horas con cuarenta y siete minutos). En primer término, se le hace saber al Juez de origen, que en términos del artículo 236 de la Ley de Amparo, es obligación de las partes en un juicio de amparo (incluida dicha autoridad) conducirse con el respeto y la consideración debidos dentro del procedimiento, y que esto no riñe de manera alguna con la libertad de expresión como garantía constitucional; sin embargo, para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo las manifestaciones vertidas en cuanto a su interpretación del artículo 315 del Código procesal de la materia y que no se encuentra de acuerdo con los criterios de los jueces de amparo, constituyen actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo protector en el presente juicio de amparo. De igual forma, con independencia de que el juez de primera instancia no se encuentre de acuerdo con el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 120/2017 (10a.) de rubro siguiente: "VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO)" adoptado en la ejecutoria de amparo, se hace de su conocimiento que dicha Jurisprudencia de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, es de aplicación obligatoria, tanto para la suscrita Juzgadora Federal, como para dicho Juez responsable. Finalmente, por cuanto hace a su manifestación al tenor literal siguiente "se imaginan como es el derecho de la señora Elizabeth promueve nuevo amparo en contra de esta resolución y el juez de amparo que no quiera entrarle al fondo de la cuestión planteada, la verdad es que siempre se encuentran detalles, siempre se encuentran cosas, para no entrarle al fondo, para deshacerse del asunto, y para mandar la reposición, que implica que después de medio año después o más meses después tenga que darles otra vez sus tres, cinco, seis meses es un absurdo es un juego", dado que se advierte una falta de respeto ante este órgano constitucional, entendiéndose el respeto como la actitud de una persona de guardar la consideración debida, pues se esta soslayando la presunción de la que gozan los Jueces y Magistrados de la Federación de reunir los requisitos de imparcialidad, capacidad y honestidad, además de su incólume convicción de salvaguardar el principio de legalidad, pues la manifestación del Juez responsable Aarón Hernández Chino, se califica de una expresión sin utilidad alguna para el cumplimiento de amparo, y que por el contrario denosta la impartición de justicia del Poder Judicial de la Federación, al ser una frase injuriosa hacia los órganos de impartición de justicia. En consecuencia, SE CONMINA por única ocasión al Juez responsable -Aarón Hernández Chino- para que en lo sucesivo guarde el respeto y consideración debida ante este tribunal de garantías, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo establecido en los artículos 236, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Por otro lado, por cuanto hace a las manifestaciones realizadas por la parte quejosa mediante escrito presentado ante esta autoridad el trece de abril de dos mil dieciocho (fojas 345 a 351), en el sentido de que la ejecutoria de amparo no está cumplida, pues el juez de la causa negó a las partes el plazo de investigación complementaria solicitado, convalidando con ello un plazo de investigación complementaria el cual quedó sin efectos con motivo de la reposición del procedimiento ordenado en la ejecutoria de amparo. Dichas manifestaciones son infundadas, ya que como quedó asentado, el juez responsable sí da cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, en la cual se le otorgó libertad de jurisdicción y, con base en ésta fue que se pronunció respecto del plazo solicitado por las partes de la investigación complementaria; aunado a que en la ejecutoria de amparo no se le constriñó a otorgar otro plazo mayor. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, según párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por Julio Cesar Ramírez Serrato autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y anexo, por medio del cual realiza diversas manifestaciones respecto a la vista que se le otorgó en proveído de nueve de abril de dos mil ocho, y por ende al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, mismas que con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, serán tomadas en consideración al momento de pronunciarse sobre el cumplimiento realizado a la ejecutoria de amparo.

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