Maria Elena Morales Becerril
Expediente 1120/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1120/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Maria Elena Morales Becerril
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de diez de agosto de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia de ocho de abril de dos mil dieciséis, por una parte se sobreseyó en el juicio y por la otra se concedió el amparo solicitado para que el fiscal responsable realice lo siguiente: "NOVENA. Efectos del amparo. En las relatadas condiciones, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a María Elena Morales Becerril; y en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y el respeto al derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos, Primera Mesa de Trámite Par, con sede en la ciudad de Puebla: Atendiendo a las consideraciones vertidas en esta ejecutoria, determine si procede o no continuar integrando la averiguación previa 134/2015/RVSMT/RVPUE, a efecto de recabar más elementos de convicción para decidir si ejercita la acción penal correspondiente; en caso de que decida continuar con la investigación deberá indicar qué pruebas deben desahogarse o resultan necesarias, debiendo ordenar su preparación; o, en su caso, si procede solicitar la cesación del procedimiento o acordar el archivo de la indagatoria; todo ello de manera pronta y expedita. Sin que se considere necesario imponer un plazo para ello, pues deberá ser en el término que al efecto se le requiera el cumplimiento de la sentencia, una vez que cause ejecutoria; asimismo, no procede fijarle un plazo para que integre la averiguación y se pronuncie sobre el ejercicio de la acción penal, pues el caso particular el ministerio público deberá determinar qué elementos son necesarios para determinar si está en aptitud de ejercer, o no, acción penal, atendiendo a las facultades que le confiere el artículo 21 Constitucional, por lo que esta autoridad no se encuentra en posibilidad de emprender un estudio de su posible instauración, en razón a que le corresponde a la autoridad responsable, al no poder ser sustituida. (fojas 298 vuelta y 299)." Por auto de trece de mayo de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 371 a 373). Ahora bien, mediante oficio 1744 de veinte de mayo de dos mil dieciséis, la autoridad ministerial responsable, en vías de cumplimiento informó a este juzgado federal que si bien tomó conocimiento de una seria de hechos narrados por la quejosa que pudieran ser constitutivos del delito de encubrimiento por receptación, las diligencias practicadas respecto del comercio a que alude en su denuncia, no fue localizado en el domicilio que le fue proporcionado, por lo que desahogó diversas diligencias hasta agotar los medios a su alcance para lograr la ubicación de René Arangoa García (inculpado); que María Elena Morales Becerril (aquí quejosa) no se ha vuelto a presentar para aportar mayores medios de prueba y, no obstante ello se encuentra llevando a cabo las diligencias que considera pertinentes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del inculpado y, en su oportunidad resolver sobre el ejercicio de la acción penal (fojas 389 y 390). Mediante proveído de cuatro de julio de dos mil dieciséis, se tuvo a la autoridad ministerial responsable informando que la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Mesa de Trámite Zona Metropolitana Norte, es la autoridad que actualmente conoce de la averiguación previa 134/2015/RVSMT/RVPUE, por lo que se le requirió a esta última para que, dentro del término de veinte días contado a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho acuerdo diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito (fojas 422 a 424). Por oficio 1012 de veintinueve de julio de dos mil quince, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Turno Matutino de la Séptima Agencia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, exhibió copia certificada del oficio sin número de veintidós de julio de dos mil dieciséis relativo a la realización de las gestiones legales pertinentes para que la querellante la aquí quejosa María Elena Morales Becerril declare lo que a su interés convenga (foja 451), lo que se reiteró en el diverso oficio 1028 de ocho de agosto de dos mil dieciséis (foja 459). Atento a lo anterior, tomando en cuenta que la autoridad responsable del cumplimiento ha determinado procedente continuar integrando la averiguación previa 134/2015/RVSMT/RVPUE, y decidió recabar más elementos de convicción para estar en aptitud de establecer si ejercita la acción penal correspondiente, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que por una parte se sobreseyó en el juicio y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, y por la otra se negó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público Adscrita a la Mesa de Trámite Turno Matutino de la Séptima Agencia y, en atención a su contenido, téngasele informando las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y al efecto remite copia certificada del oficio 1026 de cinco de agosto de dos mil dieciséis, por medio del cual solicita al Fiscal General de la Ciudad de México le informe a que autoridad le fue asignada el desahogo de la diligencia de ratificación de escrito de María Elena Morales Becerril, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de julio de dos mil dieciséis. Agréguense a sus autos los oficios signados por la Agente del Ministerio Público en funciones del Titular de la Séptima Agencia del Ministerio Público Mesa de Trámite Turno Matutino y, en atención a su contenido, téngasele informando las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; de lo anterior queda enterada esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, solicita que este órgano de control constitucional requiera a María Elena Morales Becerril para que se presente en sus instalaciones, ello para estar en aptitud de dar cumplimiento a la sentencia amparadora; sin embargo, no ha lugar a proveer de conformidad su petición, toda vez que dicho representante social tiene la facultad que le otorga el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para tomar las medidas necesarias de apremio necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos. Ahora bien, requiérasele, para que en el término de tres días informe las gestiones que se encuentra realizando para dar cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, en el entendido de que subsite el apercibimiento decretado en el auto de trece de mayo de dos mil dieciséis.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de trece de mayo de dos mil dieciséis causó ejecutoria la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos, Primera Mesa de Trámite Par, con sede en la ciudad de Puebla, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la justicia federal, para los efectos siguientes: (.) NOVENA. Efectos del amparo. En las relatadas condiciones, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a María Elena Morales Becerril; y en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y el respeto al derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos, Primera Mesa de Trámite Par, con sede en la ciudad de Puebla: - Atendiendo a las consideraciones vertidas en esta ejecutoria, determine si procede o no continuar integrando la averiguación previa 134/2015/RVSMT/RVPUE, a efecto de recabar más elementos de convicción para decidir si ejercita la acción penal correspondiente; en caso de que decida continuar con la investigación deberá indicar qué pruebas deben desahogarse o resultan necesarias, debiendo ordenar su preparación; o, en su caso, si procede solicitar la cesación del procedimiento o acordar el archivo de la indagatoria; todo ello de manera pronta y expedita. Sin que se considere necesario imponer un plazo para ello, pues deberá ser en el término que al efecto se le requiera el cumplimiento de la sentencia, una vez que cause ejecutoria; asimismo, no procede fijarle un plazo para que integre la averiguación y se pronuncie sobre el ejercicio de la acción penal, pues el caso particular el ministerio público deberá determinar qué elementos son necesarios para determinar si está en aptitud de ejercer, o no, acción penal, atendiendo a las facultades que le confiere el artículo 21 Constitucional, por lo que esta autoridad no se encuentra en posibilidad de emprender un estudio de su posible instauración, en razón a que le corresponde a la autoridad responsable, al no poder ser sustituida. (.) Mediante proveído de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis se tuvo a la Agente del Ministerio Público de la Dirección en Investigación de Robo de Vehículos, Primera Mesa de Trámite Par, informando lo siguiente: Determinó procedente continuar integrando la averiguación previa 134/2015/RVSMT/RUPUE y, recabar las siguientes pruebas: a) copia certificada de la diversa averiguación previa FRVT/ORIENTE II/T3/01209/1408; b) informe relativo al estado del vehículo marca Nissan, línea Aprio, tipo sedán, gris, modelo dos mil ocho, serie 93yL62js08j016891, motor Q001920, para saber si se encuentra reportado como robado; y, c) requerimiento a la parte quejosa para que, de manera inmediata, aporte los medios de prueba que estén a su alcance y que corroboren su dicho; todo lo anterior a fin de estar en aptitud de decidir si ejerce o no acción la penal correspondiente. El veintiuno de junio de dos mil dieciséis se le requirió a la mencionada autoridad responsable para que dentro del término de veinticuatro horas informara las gestiones que ha llevado a cabo para cumplir la sentencia amparadora (foja 403), y en contestación a este requerimiento la mencionada autoridad responsable informó: ".EN VIRTUD DE QUE EL DELITO QUE DIO ORIGEN A LA MISMA ES EL DELITO DE FRAUDE, DIVERSO A LA COMPETENCIA DE ESTA FISCALÍA, EN CONSECUENCIA SE ACORDÓ REMITIR A LA INDAGATORIA AL DIRECTOR DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO ZONA METROPOLITANA NORTE, FIN DE QUE DE ACUERDO CON SUS FACULTADES DETERMINE CONFORME A DERECHO CORRESPONDA." (foja 408). Atento a lo anterior, mediante proveído de veintisiete de junio del presente año se le requirió a dicha responsable para que informara a qué Agencia del Ministerio Público le correspondió conocer dicha indagatoria (foja 413), lo que hizo mediante oficio de treinta de junio de dos mil dieciséis indicando que la Averiguación Previa 134/2015/RVSMT/RVPUE, es la Agencia del Ministerio Público Adscrita a la Mesa de Trámite Dos de la Dirección de Agencias del Ministerio Publico Zona Metropolitana Norte (foja 417), situación por la cual mediante proveído de cuatro de julio de dos mil dieciséis se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo que nos ocupa a la mencionada autoridad ministerial (foja 422). Por su parte el Fiscal General del Estado de Puebla mediante oficio 1606/2016 de siete de julio de dos mil dieciséis informó a esta autoridad que ordenó a la Agente de Ministerio Público Adscrita a la mesa de Trámite Dos Zona Metropolitana Norte, diera cabal cumplimiento al fallo protector dentro del presente juicio de garantías. Ahora bien, atento a lo anterior, requiérase al Agencia del Ministerio Público Adscrita a la Mesa de Trámite Dos de la Dirección de Agencias del Ministerio Publico Zona Metropolitana Norte, para que en el término de tres días informe las gestiones que se encuentra realizando para dar cabal cumplimiento a la sentencia de amparo.
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