Maria Elena del Carmen Trillo Hernandez

Expediente 657/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 21 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
657/2019
Año
2019
Actuaciones
21
Última actuación
11/12/2019

Partes del expediente

  • Jose Fernando Javier Madrid Rendón
  • Maria Elena del Carmen Trillo Hernandez
  • Agente del Ministerio Público de la Federacion Adscrito A la Unidad Especializada En Ivestigacion de Delitos Contra la Salud de la Coordinacion "C" de la Subprocuraduría Especializada En Investigacion de Delincuencia Organizada (Seido) de la Fiscalia Ge
  • JOSE FERNANDO JAVIER MADRID RENDÓN y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de diciembre de dos mil diecinueve.Vistos los autos y la certificación que antecede se aprecia que por sentencia de once de noviembre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María Elena del Carmen Trillo Hernández y José Fernando Javier Madrid Rendón, y como dicha determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria.Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (denominación actual), para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, realizando lo siguiente:"(.)OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo a María Elena del Carmen Trillo Hernández y José Fernando Javier Madrid Rendón, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria esta sentencia y se requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (denominación actual), realice lo siguiente: 1. Provea de manera fundada, motivada, congruente, completa y exhaustiva, lo que en derecho corresponda sobre la petición formulada por María Elena del Carmen Trillo Hernández y José Fernando Javier Madrid Rendón, en su escrito presentado el catorce de agosto de dos mil dieciocho, en la indagatoria PGR/SEIDO/UEIDCS/526/2015.Sin que lo anterior signifique necesariamente, que la mencionada autoridad tenga que acordar favorablemente la petición formulada, pues en uso de sus facultades, podrá proveer, como en derecho proceda y -se insiste- de manera fundada y motivada, lo que se le solicita; sin que el presente fallo implique necesariamente, que la pretensión de los peticionarios sea legítima, fundada en derecho o procedente, lo cual habrá de determinar la autoridad responsable, al contestar el escrito, tomando en consideración lo expresado en esta sentencia.2. Notifique la determinación que se sirva emitir en cumplimiento a este fallo a los aquí quejosos; y 3. Remita a este juzgado federal, las constancias que acrediten el cumplimiento dado a esta sentencia. (Foja 254 y vuelta del presente expediente)Asimismo, con fundamento en el artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere al superior jerárquico Fiscal General de la República, a fin de que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, ordene a la referida autoridad agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (denominación actual), dar cumplimiento en sus términos al fallo protector que se trata y remita a este juzgado de Distrito las constancias necesarias a efecto de constatar que dio la señalada orden; precisando que deberá hacer uso de todas las medidas e incluso sanciones que tenga a su alcance conforme a las disposiciones aplicables, a efecto de que su inferior cumpla con la ejecutoria del presente juicio de amparo.Al respecto, resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que enseguida se transcribe:"INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A QUIEN SE REQUIERE SU INTERVENCIÓN CUANDO EL INFERIOR NO CUMPLE, DEBE UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA CONSEGUIRLO, ENCONTRÁNDOSE SUJETO A QUE, DE NO HACERLO, SEA SEPARADO DE SU CARGO Y CONSIGNADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Conforme a lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y en el capítulo relativo a la ejecución de las sentencias de la Ley de Amparo, existe un sistema riguroso que debe seguirse cuando se otorga la protección constitucional al quejoso, conforme al cual no sólo se encuentra vinculada al cumplimiento de la sentencia la autoridad directamente responsable, sino todas las autoridades que lleguen a estar relacionadas con ese acatamiento y también, y de modo fundamental, los superiores jerárquicos de ellas. Esta vinculación no sólo se sigue del requerimiento que debe hacerle el Juez de Distrito cuando la autoridad directamente responsable no cumple con la sentencia, sino de la clara prevención del artículo 107 de la Ley de Amparo, de que 'las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo'. De esta disposición se sigue que el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin que el mismo se entere de que uno de sus subordinados no cumple con una sentencia de amparo y, cuando mucho, le envíe una comunicación en la que le pida que obedezca el fallo federal. El requerimiento de que se trata tiene el efecto de vincular a tal grado al superior que si la sentencia no se cumple, también procederá aplicar a éste la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y 105 y 107 de la Ley de Amparo, a saber, separarlo de su cargo y consignarlo ante un Juez de Distrito. De ahí que ante un requerimiento de esa naturaleza, el superior jerárquico deba hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del Juez. Es obvio, por otra parte, que si el subordinado se resiste a cumplir con la sentencia la deberá cumplir directamente el superior, independientemente de las sanciones que le pudiera imponer."Se apercibe a las citadas autoridades que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se les impondrá, de forma separada, una multa de cien veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo.De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisas al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerles la multa con la que se les apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de sus cargos y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Aunado a que de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurren en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículos 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso José Fernando Javier Madrid Rendón y, en atención a su contenido, se provee: Como lo solicita, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en los diversos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídase por duplicado, a su costa, copia simple de las constancias que indica, por conducto de las personas que refiere en su escrito de cuenta, debiendo comparecer con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma), en el horario comprendido de las diez a las doce horas en días hábiles, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a María Elena del Carmen Trillo Hernández y José Fernando Javier Madrid Rendón, contra el acto reclamado a la agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (denominación actual), en términos y para los efectos precisados en los considerandos séptimo y octavo de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el escrito signado por la quejosa María del Carmen Trillo Hernández; visto su contenido, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en los diversos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2°, expídase a su costa copia simple (por duplicado) de las constancias que indica; previa razón que de recibo de las mismas se asiente en autos, por conducto de la persona que autoriza, en el entendido de que dicho trámite sólo podrá realizarlo en el horario correspondiente de nueve a doce horas en días hábiles, ya que así lo permiten las labores del juzgado. Por otra parte, intégrese a sus autos, únicamente para que obre como corresponda, el oficio remitido por Martha Vianey Vera Vallejo, en su carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, en suplencia por ausencia vacacional de Erika Paola Oñate Montiel (encargada de la integración del expediente PGR/SEIDO/UEIDCS/526/2015), a través del cual rinde su informe justificado; sin embargo, no ha lugar a realizar pronunciamiento alguno al respecto, en virtud que ese oficio se recibió -vía correo electrónico- el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, y el veinticuatro de octubre siguiente, se proveyó lo conducente respecto a su contenido.

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