María Elena Herrera Gómez

Expediente 569/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
569/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • María Elena Herrera Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Se recibe oficio. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual informa que aceptó la incompetencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ***, quien se ostenta apoderado legal de , radicándola bajo el juicio de amparo de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Archivo...Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Demanda de amparo e identificación de partes Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por conducto de quien aduce ser su apoderado legal ***contra los actos que reclama del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, y otra autoridad, que considera violatorio del derecho fundamental reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE- bajo el número 569/2023. Digitalización Procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 3, fracción II, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo (reformado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós). Expediente físico y electrónico Se hace del conocimiento de las partes que el expediente físico del juicio de amparo en que se actúa, se integrará, únicamente, con los documentos que se reciban físicamente y las constancias de notificación que se realicen. En la inteligencia de que el expediente electrónico se integrará con la totalidad de las constancias que se reciban de forma física y/o electrónica, además de las actuaciones que se lleven a cabo en este juicio, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Actos reclamados Ahora bien, la parte quejosa reclama del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí: - La omisión de requerir al Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado para que le informe si admite o no a trámite el planteamiento de declaración de beneficiaria promovido el once de mayo de dos mil veintidós por la peticionaria de amparo dentro del expediente ********************. Asimismo, se duele del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado: - La omisión de determinar si admite o no a trámite el planteamiento de declaración de beneficiaria promovido el once de mayo de dos mil veintidós por la quejosa dentro del expediente ********************. Incompetencia Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 61, de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, como se demuestra enseguida. Marco normativo Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Interpretación del marco normativo La competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso. Del segundo precepto transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo; reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de llevarse a cabo, se realice o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Caso concreto Como se indicó, la parte quejosa reclama del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí la omisión de requerir al Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado para que le informe si admite o no a trámite el planteamiento de declaración de beneficiaria promovido el once de mayo de dos mil veintidós por la peticionaria de amparo dentro del expediente ******************** y del citado Tribunal se duele de la omisión de determinar si admite o no a trámite el planteamiento de declaración de beneficiaria de referencia. De la narración de hechos efectuada en la demanda bajo protesta de decir verdad se advierte que la quejosa María Elena Herrera Gómez es cónyuge supérstite del finado actor Juan Cruz Hernández en el juicio laboral natural y su contraria lo es Autonaves Potosinas, Sociedad Anónima de Capital Variable. De todo lo anterior se colige que en la especie se actualiza la hipótesis de incompetencia a que se refiere el inciso a) antes precisado, consistente en que es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de llevarse a cabo, se realice o se haya ejecutado el acto reclamado; ello, porque los actos de omisión reclamados tienen un principio de ejecución en tanto sus efectos se actualizan dentro del procedimiento laboral de referencia, cuya tramitación y desahogo tendrá ejecución ante el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, o en caso ante el Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado. Cierto, como lo explica la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión, puesto que en el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación; en ese sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Desde la Sexta Época, la Suprema Corte de Justicia de la Nación entendía que dentro de los actos negativos se encuentran las decisiones, ejecuciones u omisiones. En su jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los actos negativos -omisivos- en realidad producen efectos meramente declarativos; es decir, que no alteran el estado de las cosas ni modifican el entorno o la esfera jurídica de un particular, consecuentemente, carecen de ejecución material, empero, ha precisado que los actos negativos -omisivos- con efectos positivos o los de carácter estrictamente positivo, producen un cambio en la realidad o modifican un estado existente en las cosas. Ahora, para fijar la competencia por cuestión de territorio, respecto de actos que requieren de ejecución material, no basta que los actos omisivos únicamente produzcan efectos positivos en virtud de un cambio en la realidad o modifiquen un estado existente en las cosas, sino que esos efectos generen o puedan generar materialmente una ejecución. Sentado lo anterior, es inconcuso que el reclamo de la parte quejosa versa en un "no hacer" de las autoridades respecto de algo que inminentemente tendrían la obligación de efectuar, en la especie, la omisión por parte del Presidente responsable de requerir y del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de determinar si admite o no a trámite el planteamiento de declaración de beneficiaria promovido el once de mayo de dos mil veintidós por la quejosa dentro del expediente ********************. Esto es así, ya que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta; la violación a ese derecho se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Entonces, de conformidad a la forma en que se plantean los actos reclamados en la demanda de amparo, éstos tienen la naturaleza jurídica de un acto omisivo con efectos positivos, pues debe puntualizarse que no siempre los actos de carácter omisivo carecen de ejecución material, ya que si bien, la parte quejosa reclama la omisión del Presidente responsable de requerir y del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de determinar si admite o no a trámite el planteamiento de declaración de beneficiaria promovido el once de mayo de dos mil veintidós por la quejosa dentro del expediente ********************, en apariencia son actos puramente de carácter omisivo, lo cierto es que, ese "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras las autoridades responsables continúen con la abstención que se les impugna, ineludiblemente provocan que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos de la parte quejosa, como son los de seguridad jurídica y de acceso a la justicia; ya que se dilatan las etapas del procedimiento laboral. En ese orden de ideas, al establecerse que los actos reclamados tienen la naturaleza jurídica de actos omisivos con efectos positivos, esto implica que se reconoce que conllevan un principio de ejecución, ya que de esa manera, se materializan los "efectos positivos" que tienen las omisiones que han sido apuntadas. De manera que, resulta legalmente competente para conocer de la acción constitucional intentada, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde tienen ejecución los actos reclamados, esto es el que ejerce jurisdicción en la ciudad de San Luis Potosí, capital, que en el caso lo es alguno de los residentes en ese Municipio, como lo establece el Acuerdo General 3/2013, en su artículo 4, fracción XIX. Lo anterior de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 17/2022 (11a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 13, Mayo de 2022, Tomo IV, página 3668, registro digital 2024553, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada-, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada. Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo". Conclusión En consecuencia, este órgano jurisdiccional, carece de competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo. Remítase este asunto, copias de la demanda y este auto, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para que proceda a turnarlo al Juzgado de Distrito que corresponda, a fin de que esté en aptitud de resolver lo que en su opinión proceda, dejándose en su lugar, el cuaderno de antecedentes correspondiente, lo anterior previa notificación a la parte promovente de éste proveído. Por lo cual, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juzgado de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada; asimismo, acuse el recibo de estilo correspondiente a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. De la atención a las partes a través de los medios electrónicos y digitales para la consulta del expediente electrónico Por otro lado, las personas que acudan a los órganos jurisdiccionales podrán hacer uso del equipo de cómputo que este órgano jurisdiccional ha dispuesto para la consulta del expediente electrónico, o a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con su usuario respectivo. Lo anterior, debido a que todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente; en la inteligencia de que sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que deberán dar de alta su usuario; pues de esa manera, siempre tendrán disponible las constancias electrónicas que integren el expediente electrónico del que sean parte procesal. Lo anterior, con fundamento en los artículos 261, 262 y 263, fracciones I y II, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Protección de datos personales Conforme a los artículos 23, 70, fracción XXXVI, y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación al actuario En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique los subsecuentes proveídos aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expedites en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Ahora, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario para realizar notificaciones en zonas conurbadas; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la zona conurbada, si así se requiere. Sirve de apoyo a ello, en lo conducente la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA". Exhortación para utilizar el "juicio en línea" En otro aspecto, se exhorta a la totalidad de las partes, para que proporcionen un correo electrónico y un usuario, a efecto de que puedan consultar el expediente electrónico de este controvertido; además, presentar promociones a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y si es su deseo solicitar se les notifique aquellos acuerdos que deban ser de manera personal, en forma electrónica (por ser dicha notificación equiparable a una personal) a través del usuario que faciliten; ello, en términos de los artículos 14, 15, 16 y 19 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese y personalmente por única ocasión en el domicilio señalado en el escrito de demanda.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN A LA PARTE QUEJOSA QUE DICE: Número de expediente: 569/2023 Acuerdo: Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Demanda de amparo e identificación de partes Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por conducto de quien aduce ser su apoderado legal ***contra los actos que reclama del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, y otra autoridad, que considera violatorio del derecho fundamental reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE- bajo el número 569/2023. Digitalización Procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 3, fracción II, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo (reformado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós). Expediente físico y electrónico Se hace del conocimiento de las partes que el expediente físico del juicio de amparo en que se actúa, se integrará, únicamente, con los documentos que se reciban físicamente y las constancias de notificación que se realicen. En la inteligencia de que el expediente electrónico se integrará con la totalidad de las constancias que se reciban de forma física y/o electrónica, además de las actuaciones que se lleven a cabo en este juicio, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Actos reclamados Ahora bien, la parte quejosa reclama del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí: - La omisión de requerir al Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado para que le informe si admite o no a trámite el planteamiento de declaración de beneficiaria promovido el once de mayo de dos mil veintidós por la peticionaria de amparo dentro del expediente ********************. Asimismo, se duele del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado: - La omisión de determinar si admite o no a trámite el planteamiento de declaración de beneficiaria promovido el once de mayo de dos mil veintidós por la quejosa dentro del expediente ********************. Incompetencia Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 61, de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, como se demuestra enseguida. Marco normativo Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Interpretación del marco normativo La competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso. Del segundo precepto transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo; reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de llevarse a cabo, se realice o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Caso concreto Como se indicó, la parte quejosa reclama del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí la omisión de requerir al Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado para que le informe si admite o no a trámite el planteamiento de declaración de beneficiaria promovido el once de mayo de dos mil veintidós por la peticionaria de amparo dentro del expediente ******************** y del citado Tribunal se duele de la omisión de determinar si admite o no a trámite el planteamiento de declaración de beneficiaria de referencia. De la narración de hechos efectuada en la demanda bajo protesta de decir verdad se advierte que la quejosa María Elena Herrera Gómez es cónyuge supérstite del finado actor Juan Cruz Hernández en el juicio laboral natural y su contraria lo es Autonaves Potosinas, Sociedad Anónima de Capital Variable. De todo lo anterior se colige que en la especie se actualiza la hipótesis de incompetencia a que se refiere el inciso a) antes precisado, consistente en que es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de llevarse a cabo, se realice o se haya ejecutado el acto reclamado; ello, porque los actos de omisión reclamados tienen un principio de ejecución en tanto sus efectos se actualizan dentro del procedimiento laboral de referencia, cuya tramitación y desahogo tendrá ejecución ante el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, o en caso ante el Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado. Cierto, como lo explica la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión, puesto que en el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación; en ese sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Desde la Sexta Época, la Suprema Corte de Justicia de la Nación entendía que dentro de los actos negativos se encuentran las decisiones, ejecuciones u omisiones. En su jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los actos negativos -omisivos- en realidad producen efectos meramente declarativos; es decir, que no alteran el estado de las cosas ni modifican el entorno o la esfera jurídica de un particular, consecuentemente, carecen de ejecución material, empero, ha precisado que los actos negativos -omisivos- con efectos positivos o los de carácter estrictamente positivo, producen un cambio en la realidad o modifican un estado existente en las cosas. Ahora, para fijar la competencia por cuestión de territorio, respecto de actos que requieren de ejecución material, no basta que los actos omisivos únicamente produzcan efectos positivos en virtud de un cambio en la realidad o modifiquen un estado existente en las cosas, sino que esos efectos generen o puedan generar materialmente una ejecución. Sentado lo anterior, es inconcuso que el reclamo de la parte quejosa versa en un "no hacer" de las autoridades respecto de algo que inminentemente tendrían la obligación de efectuar, en la especie, la omisión por parte del Presidente responsable de requerir y del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de determinar si admite o no a trámite el planteamiento de declaración de beneficiaria promovido el once de mayo de dos mil veintidós por la quejosa dentro del expediente ********************. Esto es así, ya que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta; la violación a ese derecho se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Entonces, de conformidad a la forma en que se plantean los actos reclamados en la demanda de amparo, éstos tienen la naturaleza jurídica de un acto omisivo con efectos positivos, pues debe puntualizarse que no siempre los actos de carácter omisivo carecen de ejecución material, ya que si bien, la parte quejosa reclama la omisión del Presidente responsable de requerir y del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de determinar si admite o no a trámite el planteamiento de declaración de beneficiaria promovido el once de mayo de dos mil veintidós por la quejosa dentro del expediente ********************, en apariencia son actos puramente de carácter omisivo, lo cierto es que, ese "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras las autoridades responsables continúen con la abstención que se les impugna, ineludiblemente provocan que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos de la parte quejosa, como son los de seguridad jurídica y de acceso a la justicia; ya que se dilatan las etapas del procedimiento laboral. En ese orden de ideas, al establecerse que los actos reclamados tienen la naturaleza jurídica de actos omisivos con efectos positivos, esto implica que se reconoce que conllevan un principio de ejecución, ya que de esa manera, se materializan los "efectos positivos" que tienen las omisiones que han sido apuntadas. De manera que, resulta legalmente competente para conocer de la acción constitucional intentada, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde tienen ejecución los actos reclamados, esto es el que ejerce jurisdicción en la ciudad de San Luis Potosí, capital, que en el caso lo es alguno de los residentes en ese Municipio, como lo establece el Acuerdo General 3/2013, en su artículo 4, fracción XIX. Lo anterior de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 17/2022 (11a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 13, Mayo de 2022, Tomo IV, página 3668, registro digital 2024553, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada-, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada. Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo". Conclusión En consecuencia, este órgano jurisdiccional, carece de competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo. Remítase este asunto, copias de la demanda y este auto, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para que proceda a turnarlo al Juzgado de Distrito que corresponda, a fin de que esté en aptitud de resolver lo que en su opinión proceda, dejándose en su lugar, el cuaderno de antecedentes correspondiente, lo anterior previa notificación a la parte promovente de éste proveído. Por lo cual, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juzgado de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada; asimismo, acuse el recibo de estilo correspondiente a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. De la atención a las partes a través de los medios electrónicos y digitales para la consulta del expediente electrónico Por otro lado, las personas que acudan a los órganos jurisdiccionales podrán hacer uso del equipo de cómputo que este órgano jurisdiccional ha dispuesto para la consulta del expediente electrónico, o a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con su usuario respectivo. Lo anterior, debido a que todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente; en la inteligencia de que sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que deberán dar de alta su usuario; pues de esa manera, siempre tendrán disponible las constancias electrónicas que integren el expediente electrónico del que sean parte procesal. Lo anterior, con fundamento en los artículos 261, 262 y 263, fracciones I y II, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Protección de datos personales Conforme a los artículos 23, 70, fracción XXXVI, y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación al actuario En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique los subsecuentes proveídos aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expedites en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Ahora, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario para realizar notificaciones en zonas conurbadas; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la zona conurbada, si así se requiere. Sirve de apoyo a ello, en lo conducente la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA". Exhortación para utilizar el "juicio en línea" En otro aspecto, se exhorta a la totalidad de las partes, para que proporcionen un correo electrónico y un usuario, a efecto de que puedan consultar el expediente electrónico de este controvertido; además, presentar promociones a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y si es su deseo solicitar se les notifique aquellos acuerdos que deban ser de manera personal, en forma electrónica (por ser dicha notificación equiparable a una personal) a través del usuario que faciliten; ello, en términos de los artículos 14, 15, 16 y 19 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese y personalmente por única ocasión en el domicilio señalado en el escrito de demanda.

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