Maria Elena Garcia de Leon
Expediente 37/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 37/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Maria Elena Garcia de Leon
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 2, fracciones I y II, y 20 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el apartado II, punto 16 de la circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se reanudan los plazos y términos que en el presente asunto estuvieron suspendidos en el periodo del uno al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, con motivo de dicha contingencia. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veintiocho de enero del año en curso, que desechó la demanda promovida por ..., no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el Artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al Artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó desechar la demanda de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido, conforme al artículo 8.1.2.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el siete de enero de dos mil veintiuno, se tuvo al Subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Pediatría, interponiendo recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, del cual se emitieron diversos oficios, entre esos, el 161/2021 dirigido a la autoridad responsable Director del Instituto de Salud para el Bienestar. Sin embargo, a la fecha no obra el acuse de recibo del oficio en comento, por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, requiérase a la responsable en cita al correo electrónico carlos.roldan@salud.gob.mx que pertenece al Director de lo Contencioso Administrativo y Laboral de dicho Instituto (quien rindió el informe justificado en representación de éste); para que dentro del término de tres días, informe a este órgano de control constitucional, al correo electrónico institucional 7jdo9cto@correo.cjf.gob.mx, si recibió el oficio en mención y de ser así, indique la fecha de su recepción. Se apercibe a la responsable de mérito, que de ser omisa al respecto, se le podría imponer una multa de cincuenta veces el valor diario de unidad de medida y actualización, en términos del artículo 237, fracción II, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Ahora bien, en relación con el oficio derivado del presente acuerdo, dirigido a la autoridad administrativa, cuyas actividades se encuentran suspendidas con motivo de la contingencia sanitaria generada por el virus COVID-19, se instruye al Actuario de la adscripción, a efecto de que tal comunicación quede a su resguardo hasta en tanto dicha autoridad reanude sus actividades, y una vez que ello acontezca proceda a su entrega de manera inmediata. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en la circular SECNO 9/2021, emitida el seis de febrero de dos mil veintiuno por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, por la que se comunica la aprobación del punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 10 al 15 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid 19", el presente acuerdo se elabora de manera remota o a distancia y se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), anexándose al efecto la evidencia criptográfica respectiva; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al local que ocupa este órgano jurisdiccional, una vez que se ordene la continuación de los plazos y términos correspondientes. Notifíquese mediante lista de acuerdos, una vez que se reanuden las labores presenciales en este órgano jurisdiccional. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Luis Ignacio Arredondo Veytia, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Demanda de amparo Téngase por recibida la demanda de amparo que promueve ****, en contra de actos del Juez de Primera Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí con residencia en esta ciudad y otra autoridad, que considera violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desechamiento de la demanda. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que se tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. En esa virtud, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIV, con relación en los diversos 17 y 18, todos de la ley invocada. Dichos dispositivos legales estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Por lo que toca a la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, señala que el consentimiento expreso implica la conducta que desarrolla el quejoso, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente a una ley o acto que le cause un agravio o perjuicio presente, lo que implica la manifestación de voluntad que entraña el consentimiento del acto reclamado, al no impugnarse dentro del término que puntualizan los ordinales 17 y 18 de la Ley de Amparo, por regla general de quince días, el amparo se vuelve inadmisible. En la inteligencia de que el lapso referido se computará de la siguiente manera: a) Al día siguiente al en que surta sus efectos, conforme a la ley del acto, la resolución o acuerdo que se reclame; b) Al día siguiente en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al día siguiente en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Conforme a estas disposiciones, el juicio de amparo es improcedente si se promueve después de los quince días siguientes a que surta efectos la notificación del acto reclamado conforme a la ley que lo rige, como lo establece el artículo 18 de la Ley de Amparo. En ese contexto, atento al contenido del escrito inicial de demanda y el diverso aclaratorio de cuenta, se advierte que en la especie, la parte quejosa señala como acto reclamado en su escrito de demanda: "La falta de emplazamiento, la sentencia, su ejecución y el lanzamiento y en general todo acto tendiente a desposeerme del bien inmueble de mi propiedad del que soy poseedora". Ahora, la parte que demanda el amparo, manifiesta bajo protesta de decir verdad que no ha sido notificada de la iniciación de procedimiento judicial que se lleva dentro del juicio 841/2018 del índice del Juez Primero de lo Civil en esta ciudad; sin embargo, en el índice de este juzgado federal obra el diverso juicio de amparo 195/2020 promovida por María Elena García de León. Al respecto debe decirse que la existencia del juicio de amparo, constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en tanto que de la consulta del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el juicio de amparo radicado bajo el número 195/2020 del índice de este juzgado federal, fue promovido por la aquí quejosa "en contra de la resolución de seis de marzo de dos mil veinte, emitida por el juez responsable en el juicio ordinario civil reivindicatorio de número 841/2018 de su índice, por la que declaro infundado el incidente de actuaciones planteado por dicha quejosa", mismo que causó estado el dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Cabe mencionar que la demanda de amparo que dio origen al juicio en comento fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, el cinco de agosto de dos mil veinte, y en ésta la aquí quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de la resolución dictada en el juicio natural por el juez de origen, de la cual se hizo sabedora mediante notificación por lista, el día nueve de marzo de dos mil veinte. En ese contexto, si la quejosa reconoce expresamente que tuvo conocimiento desde el nueve de marzo del año pasado de la existencia del juicio ordinario civil reivindicatorio 841/2018 del índice del Juzgado Primero Civil Sexto Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, e incluso promovió demanda de amparo en contra de una resolución emitida dentro de dicho juicio, y en el presente asunto, combate la falta de emplazamiento a dicho juicio y en vía de consecuencia la sentencia, su ejecución y el lanzamiento del bien inmueble que dice poseer, derivados del juicio ordinario en mención, ostentándose como tercera extraña a juicio, procede computar el plazo de quince días previsto por el artículo 15 de la Ley de Amparo a partir de la data en que existe certeza de que tuvo conocimiento pleno de la existencia del juicio de origen. Así, al existir evidencia de que la quejosa tuvo conocimiento del juicio ejecutivo mercantil 841/2018, al menos desde el nueve de marzo de dos mil veinte, en que reconoció expresamente que le fue notificada la resolución de seis del mismo mes y año, y considerando que dicha notificación surtió sus efectos el diez siguiente; el plazo para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del día hábil siguiente, esto es, del once de marzo al diecisiete de agosto, sin contar el catorce, quince de marzo, dieciséis de marzo, uno, dos, ocho y nueve, quince y dieciséis de agosto, todos del año dos mil veinte, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el periodo comprendido del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, de conformidad con los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En tales condiciones, si la presente demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, resulta evidente que la promoción del juicio de amparo es extemporánea. Es menester destacar que la parte promovente de amparo no se encuentra dentro de algún caso de excepción al plazo de quince días a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales para la presentación de su demanda, en tanto que el acto que reclama no se ubica en alguna de esas hipótesis. En conclusión, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la transcrita fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo; por lo que SE DESECHA la demanda de amparo de que se trata. Domicilio. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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