María Epifania de León Pérez
Expediente 132/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 132/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- María Epifania de León Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de junio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no haya realizado el computo a efecto de saber si ya transcurrió el término a la autoridad responsable, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer en el presente juicio; por tanto, dicha resolución no le irroga perjuicio alguno. Resulta aplicable por identidad de razón la tesis número I.1o.A.37 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada el viernes 10 de Agosto de 2018 en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017556, que a la letra dice: "LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CARECEN DE ÉSTA CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO NEGÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL RESPECTO DE LOS ACTOS QUE SE LES ATRIBUYERON. Conforme al artículo 87, primer párrafo, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les reclame. Así, de la interpretación de esa disposición se colige que cuando el Juez de Distrito niega la protección de la Justicia Federal respecto de los actos que a aquéllas se atribuyeron, carecen de legitimación para instar el medio de defensa indicado, pues esa determinación no les depara perjuicio. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que los agravios propuestos estén encaminados a demostrar la improcedencia del juicio, ya que aun cuando se pudiera considerar que el sobreseimiento tendría consecuencias jurídicas de diversa naturaleza que les reportarían un beneficio distinto, ese examen sólo sería posible si el quejoso interpone el recurso para impugnar la negativa del amparo, supuesto en el que las responsables estarán en posibilidad de hacer valer, vía revisión adhesiva, motivos de improcedencia o robustecer los que abordó y desestimó el juzgador, en virtud de que, de prosperar los alegatos del promovente, se dejaría insubsistente la decisión que, en principio, les favoreció." Del mismo modo, es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 6/2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el diez de febrero de dos mil diecisiete, Decima Época, con número de registro 2013630, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Por otra parte, devuélvase al Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, las constancias que se sirvió acompañar a su informe justificado consistentes en copias certificadas del expedientillo número 69/2019 respecto del juicio ordinario civil de divorcio necesario 42/2007, de su índice, en un tomo; solicitando el acuse respectivo. Por lo que una vez que el presente cuaderno de amparo se encuentre debidamente integrado, se acordará lo conducente al archivo del mismo. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama la quejosa María Epifanía de León Pérez es: "Reclamo de la Autoridad Responsable Ordenadora, LA OMISIÓN de emitir acuerdo respecto de la petición que se le presentó con fecha 07 de febrero del año 2019". En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, para darle la oportunidad a la quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Dicho precepto legal establece que los controvertidos constitucionales devienen improcedentes cuando el acto de autoridad que se considera lesivo de los derechos fundamentales de la quejosa, cesó en sus efectos; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Sobre dicho tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En ese sentido, el citado tribunal constitucional refirió que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, expone la referida Sala del Máximo Tribunal de este país que la improcedencia que se invoca se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija; por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, concluye la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio constitucional, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. De lo expuesto, adquiere relevancia las condiciones que pueden ocurrir para determinar si se está ante una cesación de los efectos del acto de autoridad refutado de inconstitucional, es decir, la Segunda Sala del Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la figura en estudio se actualiza al ocurrir cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y ello da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o bien, b) Cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En el particular, se actualiza el supuesto descrito en el inciso b) que antecede, toda vez que de las constancias que acompañó a su informe justificado se advierte que el Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, acordó el escrito presentado por la quejosa el siete de febrero del año en curso, en la oficialía de partes del juzgado de su adscripción, mediante acuerdo de siete de mayo de dos mil diecinueve, y proveyó el trámite que consideró necesario a la petición de la aquí demandante de amparo, para lo cual acompañó a su informe justificado copia certificada del expedientillo número 69/2019, derivado del juicio ordinario civil de divorcio necesario 42/2007, subsanando la omisión que la parte quejosa reclama; constancias a la que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Actuación que tiene como consecuencia la constitución de una situación jurídica que destruyó aquella que motivó el reclamo a la afectación de los derechos fundamentales de la demandante de garantías. Así, es evidente que la responsable emitió una determinación que constituyó una situación jurídica que destruyó la diversa que originó la presentación de la demanda de amparo, en la que se reclamó la afectación de los derechos primarios de la promovente, habida cuenta que con tal actuación tuvo como consecuencia la destrucción del acto tildado de inconstitucional en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la citada particular. En estas condiciones, la relatada cesación de efectos implica que el Juzgado responsable ha dejado de afectar la esfera jurídica de la peticionaria de amparo, siendo patente lo innecesario que resultaría examinar su legalidad o ilegalidad; aunado a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la justiciable que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. A mayor abundamiento, cabe precisar que si hubiere resultado fundada la pretensión de la parte quejosa, se haría nugatorio lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que no habría que reestablecer ni que reintegrarle a la demandante de garantías, ya que fue restituido en el pleno goce del derecho humano violado. Sin perjuicio de que la promovente tenga expedito su derecho para impugnar el acuerdo emitido por el juez responsable mediante el medio de defensa correspondiente que al efecto establece la ley, en caso de estar en desacuerdo con la respuesta que le fue dada a su petición. Consecuentemente, al haberse actualizado de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, deviene incontrovertible que este juicio de garantías debe sobreseerse con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional (diez horas con veinte minutos del siete de junio de dos mil diecinueve). Finalmente, en lo tocante al escrito de cuenta, signado por la quejosa, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de catorce de mayo del año en curso (foja 50), señalando diverso domicilio en cual puede ser emplazado el tercero interesado Pablo Aguilar Espinoza; a lo anterior, dígasele que en párrafos anteriores se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio en el que se actúa; por lo tanto, ya que la falta de emplazamiento no vulnera derecho alguno ni le irroga perjuicio al referido tercero, agréguese únicamente para que obre como corresponda; dejándose sin efectos el requerimiento y apercibimiento decretados en el referido acuerdo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, catorce de mayo de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la razón actuarial de cuenta, mediante la cual el actuario de la adscripción manifiesta su imposibilidad para emplazar al tercero interesado Pablo Aguilar Espinoza, en el domicilio que señala, por las razones que ahí expone. En tales condiciones, en términos en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles en aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proporcione el domicilio correcto donde pueda ser emplazado el tercero interesado Pablo Aguilar Espinoza, con el apercibimiento que de no hacerlo, después de realizar la investigación señalada en el artículo 27 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo y en el supuesto de no lograr la localización de ésta, se ordenará el emplazamiento por edictos a su costa, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 315 del primero de los ordenamientos jurídicos invocados. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de mayo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia respectiva. Ahora bien, la responsable de referencia, en apoyo de su informe con justificación acompaña copias certificadas en un tomo del expedientillo número 69/2019 respecto del juicio ordinario civil de divorcio necesario número 42/2007, de su índice; documentales que se tienen desahogadas por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo. Dada la voluminosidad de las constancias que exhibe la autoridad responsable de referencia, fórmese el anexo uno de pruebas. Ahora bien, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el auto admisorio se reservó acordar lo conducente respecto del emplazamiento del tercero interesado, hasta en tanto se tuviera el informe justificado de la autoridad responsable, situación que ya aconteció y del anexo que remite el Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, se advierte que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, le resulta el carácter de tercero interesado a Pablo Aguilar Espinoza, el cual ubica su domicilio en calle Escontría número 203, Zona Centro de esta ciudad. Por tanto, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional a fin de que le corra traslado con copia de la demanda de amparo, del auto admisorio, del presente proveído y, emplace a juicio al tercero interesado Pablo Aguilar Espinoza, en el domicilio señalado en el párrafo anterior. Del mismo modo, se concede al Actuario de la adscripción la facultad de investigación, a efecto de realizar todas aquellas gestiones tendentes a la localización del domicilio de dicho tercero interesado, en caso de que el proporcionado no sea el correcto. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar la referida notificación; facultad que debe ser utilizada por el Actuario adscrito a este juzgado, solo en caso de que no le sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional que estaba fijada para esta fecha y, en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. Notifíquese, y personalmente al tercero interesado.
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