Maria Eugenia Estrada Obando
Expediente 407/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 407/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Maria Eugenia Estrada Obando
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, once de julio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial con sede en Cárdenas, San Luis Potosí, mediante el cual solicita información sobre el estado que guardan los presentes autos, para estar en aptitud de integrar debidamente el procedimiento 259/1994, de su índice. En razón de lo anterior, toda vez que del escrito de demanda se advierte que la autoridad oficiante está señalada como responsable, mediante oficio hágase del conocimiento de dicho juez, que el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el oficio 23795/2018 de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, por el cual la Juez Octavo de Distrito, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, remitió los autos del juicio de amparo 1108/2018-VI de su índice, promovido por María Eugenia Estrada Obando, en el que mediante auto de veintidós de octubre del año pasado, declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda en razón de territorio, toda vez que dicho juzgado no tiene jurisdicción en Cárdenas, San Luis Potosí, lugar donde tendría ejecución material el acto reclamado. Posteriormente, mediante auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho (fojas 70 a 84), este juzgado de distrito se avocó al conocimiento del presente asunto, por lo que se formó y registró el presente expediente bajo el número 407/2018-III, así las cosas se examinó la demanda de amparo en la que de su lectura íntegra se tuvo como acto reclamado el consistente en el auto de uno de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el Juicio de Controversia Familiar y Alimentos, número 259/94, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Cárdenas, San Luis Potosí, promovido por María Eugenia Estrada Obando (promovente) en contra de Gustavo Gasca Torres, por el que se desechó de plano la recusación con causa interpuesta por la citada promovente, al no estar en tiempo. En este orden de ideas, del acto reclamado descrito con antelación, este órgano jurisdiccional estimó que se encontraba actualizada la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107 fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; razón por la cual, se procedió a desechar la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Por tanto, dicho proveído al no ser recurrido por el medio de defensa que la Ley de Amparo prevé, por auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 153 y 154), causó estado el acuerdo por el cual se desechó la demanda de amparo y se ordenó el archivo del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por María Eugenia Estrada Obando, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese, y personalmente a la parte promovente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de donde se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la promovente María Eugenia Estrada Obando, para que señalara domicilio en esta ciudad a fin de recibir notificaciones de su parte, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento que contiene el proveído en cita y se ordena realizarle las notificaciones, aún la de carácter personal a través de lista que se fija en los estrados de este tribunal. Resulta aplicable la Tesis de jurisprudencia número 2a./J. 24/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradicción de tesis número 19/2002-PL, visible en el Tomo XIX, Marzo de 2004, página 321, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE ORDENA ACLARARLA DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE, AUN CUANDO EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES SE ENCUENTRE FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL CONOCIMIENTO. De lo dispuesto en los artículos 146 y 178, en relación con los numerales 28, fracción II, último párrafo y 29, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se advierte que el proveído por el que se manda aclarar la demanda de garantías debe notificarse en forma personal, a fin de que pueda subsanar las irregularidades de su escrito, aun cuando haya señalado un domicilio para recibir notificaciones fuera del lugar de residencia del órgano jurisdiccional del conocimiento. Lo anterior es así, toda vez que la obligación de señalar domicilio convencional en el lugar del juicio constituye un requisito de la demanda, cuya omisión no puede originar su sanción inmediata, sino el requerimiento previo en el sentido de que, en caso de no cumplir con dicha obligación procesal, las subsecuentes notificaciones, aun las personales, se harán por medio de lista. Además, el auto por el que se manda aclarar una demanda de amparo es de tal trascendencia, que su falta de conocimiento oportuno puede llevar a tenerla por no interpuesta, por lo que debe garantizarse plenamente al quejoso la posibilidad material, no sólo formal, de subsanar las irregularidades de su escrito inicial, pues de lo contrario carecerían de toda eficacia jurídica los requerimientos y apercibimientos contenidos en la prevención, y se atentaría contra el derecho de acción de quien acude al amparo." (Lo subrayado es nuestro). Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por la Juez Octavo de Distrito del Estado de San Luis Potosí, con residencia en la capital, a través del cual remite la demanda de amparo promovida por María Eugenia Estrada Obando, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Cárdenas, San Luis Potosí, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en virtud de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital, mediante resolución de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el amparo directo civil 716/2018, de su índice, se declaró que carece de competencia legal por razón de vía, para conocer del asunto planteado y ordenó su remisión al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la capital, avocándose de dicho sumario el Juzgado Octavo de Distrito del Estado de San Luis Potosí, con residencia en la capital, el que a su vez por medio de acuerdo de veintidós del mes y año en curso, se declaró igualmente carente de competencia legal por razón de territorio, remitiendo las constancias que integran el juicio de amparo indirecto 1108/2018, de su índice, al Juzgado de Distrito con residencia en Ciudad Valles, en turno, por lo que le correspondió conocer del mismo a este Juzgado Federal. En este orden de ideas, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente asunto por lo que se ordena acusar de recibo a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) por vía interconexión (IOJ). Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 407/2018-III. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo y en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que, respecto del acto que aquí reclama la promovente del amparo consiste en el auto de uno de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el Juicio de Controversia Familiar y Alimentos, número 259/94, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Cárdenas, San Luis Potosí, promovido por María Eugenia Estrada Obado (promovente) en contra de Gustavo Gasca Torres, por el que se desechó de plano la recusación con causa interpuesta por la citada promovente, al no estar en tiempo. En tales condiciones, por lo que ve a los actos que se reclaman descritos con antelación, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Los artículos y fracciones en comento disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En este orden de ideas, se evidencia que existen otro tipo de actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, pero no de imposible reparación que hagan procedente el amparo indirecto en su contra de modo inmediato, los cuales, por ende, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo. En efecto, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Actualmente el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional, interpretó lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión juridica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes juridicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desgloce del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consideraciones que encuentran su sustento en la jurisprudencia número P.J/. 37/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 39, libro 7, junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aun que no lesionara derechos sustantivos, ya que con esta decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento; la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en esos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "..aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así pues, como se adelantó, el referido acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata, toda vez que no reviste la categoría de un derecho "sustantivo", consagrado en la Constitución o en los Tratados Internacionales en los que nuestro país sea parte. Ello es así, toda vez que la afectación que provoca el mencionado acto no es actual, sino que producen solamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, en cuya hipótesis podrá hacer valer esa situación al inconformarse contra la sentencia que decida el fondo del Juicio Civil aludido; donde podrá reclamar dicha situación como violación a las leyes del procedimiento al momento de promover el juicio de amparo correspondiente. Se afirma lo anterior, dado que el auto en donde la recusación con causa formulada contra el Juez Mixto de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Cárdenas, San Luis Potosí, se desecha por no estar en tiempo, no afecta de modo actual derechos sustantivos, pues no lesiona directamente derechos fundamentales de la aquí promovente. Resulta aplicable la tesis sostenida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable la página 58, Tomo C, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 344705, que a la letra dice: "RECUSACIÓN, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN LOS CASOS DE. Si los actos reclamados se hacen consistir en que el Juez responsable continuó actuando en el juicio y en que desechó de plano la recusación interpuesta por el quejoso, el amparo indirecto debe estimarse improcedente, pues la violación que se hace valer es de carácter procesal y sólo puede reclamarse en la vía de amparo al interponerse la demanda contra la sentencia definitiva, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 44, 45, 158, fracción I, y 159, fracción X, de la ley reglamentaria del juicio de garantías." En efecto, el juzgador natural al tener el imperativo legal de observar las formalidades esenciales del procedimiento hasta llegar al dictado de la sentencia y a emitir ésta en apego a derecho. De donde se observa que la continuación del juicio y la resolución no se ve afectada de manera grave con el sólo acto intraprocesal, consistente en el desechamiento de la recusación, puesto que tal como se ha dicho el procedimiento continúa y puede llegar a dictarse sentencia válida en donde no resulten afectados los derechos de la parte que la propuso, al serle favorable. De ahí que, el acuerdo que desechó de plano la recusación intespuesta por la aquí promovente por no estar en tiempo, no puede considerarse que afecta de manera actual derechos sustantivos, puesto que depende de que llegue a trascender al desenlace del controvertido de origen, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva, en caso de serle desfavorable la sentencia que se emita a la parte que propuso la recusación; y, en caso contrario, de serle desfavorable la sentencia y considerar que ello no se debe a una causa objetiva derivada de la propia controversia, sino a la falta de imparcialidad de la autoridad ordinaria, el gobernado puede plantear la violación procesal correspondiente y alegar las causas por las que considera que trascendió al resultado del fallo; y, hacer valer los medios ordinarios y extraordinarios de defensa que le confiera la ley. Resulta ilustrativa por analogía, la tesis número XI.5o.(III Región) 5 A (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, publicada en la página 1873, libro X, julio de 2012, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2001126, que a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE UN INCIDENTE DE RECUSACIÓN EN UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA.- De acuerdo con la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías biinstancial procede contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; sin embargo, esa hipótesis no se actualiza tratándose de la interlocutoria que resuelve un incidente de recusación por la Comisión Federal de Competencia, porque tal resolución no genera una afectación imposible de reparar, pues sólo tiene efectos intraprocesales, en la medida en que las partes no resienten una afectación grave o trascendental en sus derechos subjetivos, concretamente en el de defensa, porque el procedimiento continuará tramitándose conforme a las directrices plasmadas en la ley por los funcionarios que no tienen impedimento y puede inclusive culminar con una resolución favorable; por tanto respecto de ese tipo de resoluciones, se actualiza la causal prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con la citada fracción II del artículo 114, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu y procede sobreseer en el juicio con apoyo en el diverso 74, fracción III del propio ordenamiento." Asimismo, resulta ilustrativa respecto del tema y en lo conducente la jurisprudencia por contradicción número 1a./J. 108/2006, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el página 11, tomo XXV, Abril de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 172834, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE NO ADMITIR O NO RESOLVER LA RECUSACIÓN FORMULADA CONTRA EL JUEZ EJECUTOR.- Del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se advierte que el sistema de procedencia del juicio de garantías contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, distingue entre: 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución. Respecto de los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento); siendo la razón que originó esta regla de procedencia, el impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva; de ahí que el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin al procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa al quejoso. En congruencia con lo anterior, se concluye que la interlocutoria que decide no admitir o no resolver la recusación formulada contra el Juez ejecutor, al tratarse de una resolución intraprocesal que no causa agravio por sí misma, no debe reclamarse de manera inmediata en la vía indirecta del amparo, sino que puede impugnarse a través del amparo que se intente contra la resolución final con la que culmine el procedimiento de ejecución." En consecuencia y, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1186, del Tomo XXVII, Mayo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." Sin que la presente determinación pueda estimarse como nugatoria del derecho de acceso a la justicia, pues, justamente, el cumplimiento de los presupuestos procesales y requisitos legales tiene por objeto no generar un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio, así como, preservar la subgarantías de prontitud, eficacia y expedites previstas en el segundo párrafo artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 98/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 909, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2007621, que a la letra dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Aunado a lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Sirve de apoyo al caso la jurisprudencia número 1a./J. 104/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, en la página 906 de la Décima Época, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Por otro lado, toda vez que la parte quejosa María Eugenia Estrada Obando, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones en calle Juan de la Cosa número 118, colonia Himno Nacional, en la ciudad de San Luis Potosí, esto es, fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la capital, en turno, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a efecto de que en auxilio de este juzgado, comisione al Actuario de su adscripción para que notifique el contenido íntegro del presente proveído, a la promovente María Eugenia Estrada Obando y, además la requiera para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en Ciudad Valles, San Luis Potosí; apercibido que de no hacerlo en el término indicado, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados en este juzgado federal, de conformidad con lo que dispone el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Sin necesidad de solicitar el acuse de la comunicación oficial que aquí se ordena, pues el propio sistema electrónico lo proporciona automáticamente. Se solicita atentamente, que el exhorto de mérito sea devuelto únicamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Asimismo, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Javier de Jesús Guzmán Mier, Ricardo Mancilla Luna, Héctor Adrián Almazán Luna, Antonio Quetzalcoatl Márquez Santos y Hermes Antonio Alanis Pérez, en virtud de que cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Del mismo modo, se autoriza en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisco Javier Zuñiga Ramos, Luis Arturo Mancilla Tenorio, Juan Pablo Rico Arredondo y Xavier Arizmendi Arizmendi, en virtud de dichos profesionistas no cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por el Actuario adscrito a este juzgado, solo en caso de que no le sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Notifíquese, y personalmente a la promovente por medio de exhorto. Lo proveyó y firma Luis Ignacio Arredondo Veytia, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Juez de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/1603/2018 de diez de abril de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Jorge Francisco Bañales Camberos, Secretario que autoriza y da fe.
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