Maria Elena Hernandez Linares

Expediente 905/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
905/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
25/04/2019

Partes del expediente

  • Maria Elena Hernandez Linares

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por -, en cuanto apoderado de la tercero interesada -; atento a su contenido, dígasele a la autoridad responsable Juez Primero Menor en Materia Civil con sede en esta ciudad, que en proveído de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, se desechó de plano la demanda planteada por ******************** mima que causó estado el nueve de noviembre siguiente, de lo cual se remite copia certificada a fin de que acuerde lo que a su parte corresponde. Toda vez que resulta innecesario que obre en autos las constancias que adjuntó la responsable al rendir su informe justificado; devuélvasele las mismas, solicitándole acuse el recibo correspondiente en el término de tres días, en el entendido que de no hacerlo se entenderá que recibió a entera satisfacción dichas constancias. Notifíquese.

  2. Principal

    Como de la certificación que antecede y del estado procesal que guardan los autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de fecha veintitrés de octubre del año en curso, en el que se DESECHÓ la demanda de garantías promovida por -, sin que hicieran uso de tal derecho; consecuentemente, HA CAUSADO ESTADO el proveído de mérito. Por otra parte, como del estado de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente juicio es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda de garantías planteada. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno.

  3. Principal

    con esta fecha se notifica por lista al quejoso... del acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho...1. RADICACION Y FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Visto el oficio de cuenta número 6231/2018, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, al que adjunta el expediente número DC.- 884/2018, así como un tomo de pruebas formado con motivo de la demanda de amparo promovida por - contra actos del Juez Primero Menor en Materia Civil con sede en esta ciudad, así como la determinación de diecinueve de octubre del año en curso, por medio de la cual el Tribunal de alzada, determinó carecer de competencia legal para conocer del libelo constitucional y ordeno remitirlo al juez de Distrito en el Estado en turno con sede en esta ciudad. Acúsese recibo de estilo. En atención a lo precisado en el párrafo que antecede, este Juzgado se AVOCA al conocimiento del presente asunto; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado con el número V-905/2018-1. 2. ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. El suscrito advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la diversa IV, segundo párrafo del precepto 107 de la misma codificación, que amerita desechar la presente demanda de amparo. En efecto, del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV. ACTOS RECLAMADOS: Señalo como acto reclamado el acuerdo de fecha 18 dieciocho de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio Ordinario Civil número 733/2016, tramitado en contra de los suscritos - radicado ante el Juez Primero Menor en Materia Civil en Morelia, Michoacán." Como se anticipó, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, prescriben: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El primero de los preceptos pone de manifiesto, que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo; por su parte el segundo precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. El artículo 61 fracción XXIII, y el diverso 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, textualmente señalan: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Es así, pues tomando en consideración los antecedentes de la demanda que se analiza, ponen de relieve que el acto que la parte promovente pretende reclamar se hace consistir en el auto de dieciocho de septiembre del año en curso, emitido por el Juez Primero Menor en Materia Civil con sede en esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil número - mediante el cual determinó que había concluido el término para que la parte demanda cumpliera voluntariamente con la sentencia que puso fin al juicio de origen, así como la sentencia interlocutoria de liquidación, sin que lo hubieren hecho; por ello, ordenó requerir a la parte aquí quejosa el pago por la cantidad de diecisiete mil quinientos setenta y seis pesos con noventa y tres centavos, por concepto de suerte principal y pago de honorarios, que de no hacerlo en el momento se procedería a embargar bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago condenado. Todo ello emitido dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Lo anterior se evidencia, virtud a que de las constancias que adjuntó a su informe justificado, al haberse presentado la demanda en que se actúa como amparo uniistancial, se aprecia lo siguiente: a) Que con fecha diecinueve de enero de dos mil diecisiete, se dictó sentencia definitiva dentro del juicio ordinario civil número 733/2016 que en ejercicio de las acciones personales y de responsabilidad civil, promovió -, en la que se absolvió a la parte demandada; y en otra, determinó procedente la condena por daños por la cantidad de $400.00 (CUATROCIENTOS PESOS M.N.), respecto de la parte demanda. b) Inconforme con dicha determinación la parte aquí tercero interesada (actora en el juicio de origen) a través de su apoderado jurídico promovió demanda de amparo directo, la cual por razón de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, el cual concedió el amparo y protección de la justicia federal impetrado; motivo por el cual la autoridad responsable Juez Primero Menor el dos de junio de dos mil diecisiete, emitió una nueva resolución en la que se determinó dejar sin efectos la diversa resolución de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, y en su lugar emitió otra, en la que tuvo por acreditada la acción personal de pago de daños ejercida por la tercero con interés -, de tal forma que condeno a la parte demandada aquí quejosa al pago por la cantidad $9,576.93 (NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M.N.). c) Mediante escrito de once de julio del año en curso, el apoderado jurídico de la parte actora promovió incidente de liquidación de sentencia, misma que en resolución interlocutoria de diecisiete de julio del presente año, la responsable resolvió parcialmente procedente; y condenó a la enjuiciada en el juicio de origen a pagar a favor de la parte actora la cantidad de $8,000.00 (OCHO MIL PESOS M.N.), por concepto de gastos generados por pago de honorarios de perito en la prueba pericial desahogada en autos. d) Luego, en la etapa de ejecución de sentencia, el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, dictó el auto que constituye el reclamo, en el que determinó que había concluido el término para que la parte quejosa cumpliera voluntariamente con la sentencia que puso fin al juicio de origen, así como la resolución interlocutoria de liquidación, sin que lo hubieren hecho; por ello, ordenó requerirle el pago por la cantidad de $17, 576.93 (diecisiete mil quinientos setenta y seis pesos con noventa y tres centavos m.n.), que de no hacerlo se procedería a embargar bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago condenado (Siendo este el acto reclamado) De los antecedentes descritos con antelación se aprecia claramente que el auto que constituye el acto reclamado fue emitido dentro de la etapa de ejecución de sentencia en el juicio natural, y esta no se encuentra dentro de los supuestos establecidos en el artículo 107 fracción IV, de la Ley de la Materia, esto es, sólo puede promoverse el amparo en contra de la última resolución dictada en el respectivo procedimiento, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución, la cual podrán hacerse valer las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. Sirve de apoyo al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, tomo XVII, del mes de junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Sin que en el caso particular nos encontremos en el supuesto de excepción que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en el criterio jurisprudencial 108/2010; para aplicar por analogía lo dispuesto por la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo y estimar procedente el juicio de garantías contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, pues el auto que requiere el cumplimiento de la sentencia definitiva emitida dentro juicio ordinario civil 733/2016, no es un acto ajeno a la cosa juzgada y no afecta de manera inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa imposibles de reparar, pues es evidente que solo afectaría derechos procesales dentro de la fase de ejecución; por lo que, si estamos en presencia de un acto que tiende a ejecutar una sentencia, se trata de un acto que sólo podrá verse reparado, de serle favorable, en el amparo que interponga contra la última resolución dictada en etapa de ejecución. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 62 y 107 fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por - contra el acto reclamado al Juez Menor en Materia Civil con residencia en esta ciudad, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. 3. TRANSPARENCIA. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el auto admisorio, por lo que, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Asimismo, se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Finalmente, se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones personales, el que precisa en su libelo constitucional y autoriza para tal efecto a las personas que señala. 3. AUTORIZACION DE DIAS Y HORAS INHABILES. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles.

  4. Principal

    1. RADICACION Y FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Visto el oficio de cuenta número 6231/2018, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, al que adjunta el expediente número DC.- 884/2018, así como un tomo de pruebas formado con motivo de la demanda de amparo promovida por - contra actos del Juez Primero Menor en Materia Civil con sede en esta ciudad, así como la determinación de diecinueve de octubre del año en curso, por medio de la cual el Tribunal de alzada, determinó carecer de competencia legal para conocer del libelo constitucional y ordeno remitirlo al juez de Distrito en el Estado en turno con sede en esta ciudad. Acúsese recibo de estilo. En atención a lo precisado en el párrafo que antecede, este Juzgado se AVOCA al conocimiento del presente asunto; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado con el número V-905/2018-1. 2. ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. El suscrito advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la diversa IV, segundo párrafo del precepto 107 de la misma codificación, que amerita desechar la presente demanda de amparo. En efecto, del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV. ACTOS RECLAMADOS: Señalo como acto reclamado el acuerdo de fecha 18 dieciocho de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio Ordinario Civil número 733/2016, tramitado en contra de los suscritos - radicado ante el Juez Primero Menor en Materia Civil en Morelia, Michoacán." Como se anticipó, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, prescriben: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El primero de los preceptos pone de manifiesto, que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo; por su parte el segundo precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. El artículo 61 fracción XXIII, y el diverso 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, textualmente señalan: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Es así, pues tomando en consideración los antecedentes de la demanda que se analiza, ponen de relieve que el acto que la parte promovente pretende reclamar se hace consistir en el auto de dieciocho de septiembre del año en curso, emitido por el Juez Primero Menor en Materia Civil con sede en esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil número - mediante el cual determinó que había concluido el término para que la parte demanda cumpliera voluntariamente con la sentencia que puso fin al juicio de origen, así como la sentencia interlocutoria de liquidación, sin que lo hubieren hecho; por ello, ordenó requerir a la parte aquí quejosa el pago por la cantidad de diecisiete mil quinientos setenta y seis pesos con noventa y tres centavos, por concepto de suerte principal y pago de honorarios, que de no hacerlo en el momento se procedería a embargar bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago condenado. Todo ello emitido dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Lo anterior se evidencia, virtud a que de las constancias que adjuntó a su informe justificado, al haberse presentado la demanda en que se actúa como amparo uniistancial, se aprecia lo siguiente: a) Que con fecha diecinueve de enero de dos mil diecisiete, se dictó sentencia definitiva dentro del juicio ordinario civil número 733/2016 que en ejercicio de las acciones personales y de responsabilidad civil, promovió -, en la que se absolvió a la parte demandada; y en otra, determinó procedente la condena por daños por la cantidad de $400.00 (CUATROCIENTOS PESOS M.N.), respecto de la parte demanda. b) Inconforme con dicha determinación la parte aquí tercero interesada (actora en el juicio de origen) a través de su apoderado jurídico promovió demanda de amparo directo, la cual por razón de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, el cual concedió el amparo y protección de la justicia federal impetrado; motivo por el cual la autoridad responsable Juez Primero Menor el dos de junio de dos mil diecisiete, emitió una nueva resolución en la que se determinó dejar sin efectos la diversa resolución de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, y en su lugar emitió otra, en la que tuvo por acreditada la acción personal de pago de daños ejercida por la tercero con interés -, de tal forma que condeno a la parte demandada aquí quejosa al pago por la cantidad $9,576.93 (NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M.N.). c) Mediante escrito de once de julio del año en curso, el apoderado jurídico de la parte actora promovió incidente de liquidación de sentencia, misma que en resolución interlocutoria de diecisiete de julio del presente año, la responsable resolvió parcialmente procedente; y condenó a la enjuiciada en el juicio de origen a pagar a favor de la parte actora la cantidad de $8,000.00 (OCHO MIL PESOS M.N.), por concepto de gastos generados por pago de honorarios de perito en la prueba pericial desahogada en autos. d) Luego, en la etapa de ejecución de sentencia, el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, dictó el auto que constituye el reclamo, en el que determinó que había concluido el término para que la parte quejosa cumpliera voluntariamente con la sentencia que puso fin al juicio de origen, así como la resolución interlocutoria de liquidación, sin que lo hubieren hecho; por ello, ordenó requerirle el pago por la cantidad de $17, 576.93 (diecisiete mil quinientos setenta y seis pesos con noventa y tres centavos m.n.), que de no hacerlo se procedería a embargar bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago condenado (Siendo este el acto reclamado) De los antecedentes descritos con antelación se aprecia claramente que el auto que constituye el acto reclamado fue emitido dentro de la etapa de ejecución de sentencia en el juicio natural, y esta no se encuentra dentro de los supuestos establecidos en el artículo 107 fracción IV, de la Ley de la Materia, esto es, sólo puede promoverse el amparo en contra de la última resolución dictada en el respectivo procedimiento, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución, la cual podrán hacerse valer las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. Sirve de apoyo al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, tomo XVII, del mes de junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Sin que en el caso particular nos encontremos en el supuesto de excepción que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en el criterio jurisprudencial 108/2010; para aplicar por analogía lo dispuesto por la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo y estimar procedente el juicio de garantías contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, pues el auto que requiere el cumplimiento de la sentencia definitiva emitida dentro juicio ordinario civil 733/2016, no es un acto ajeno a la cosa juzgada y no afecta de manera inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa imposibles de reparar, pues es evidente que solo afectaría derechos procesales dentro de la fase de ejecución; por lo que, si estamos en presencia de un acto que tiende a ejecutar una sentencia, se trata de un acto que sólo podrá verse reparado, de serle favorable, en el amparo que interponga contra la última resolución dictada en etapa de ejecución. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 62 y 107 fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por - contra el acto reclamado al Juez Menor en Materia Civil con residencia en esta ciudad, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. 3. TRANSPARENCIA. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el auto admisorio, por lo que, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Asimismo, se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Finalmente, se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones personales, el que precisa en su libelo constitucional y autoriza para tal efecto a las personas que señala. 3. AUTORIZACION DE DIAS Y HORAS INHABILES. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles.

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