Maria Elena Ochoa Maciel
Expediente 756/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 756/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Maria Maciel Romero
- Maria Elena Ochoa Maciel
- Jose Luis Ochoa Maciel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Como de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término previsto por el artículo 86, de la Ley de la Materia, para que las partes legitimadas recurrieran el auto de veintiuno de octubre del año en curso, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Ahora bien, como de la misma constancia secretarial que antecede, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 14 y 21 fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el autorizado en cita; atento a lo que solicita y dados los ajustes precisados, en la constancia secretarial el informe justificado rendido por la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Seis, con sede en esta ciudad, ya fue se encuentra correctamente relacionado a este expediente y visible electrónicamente. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el autorizado en cita; atento a lo que solicita, hágasele del conocimiento que según constancia secretarial ya se realizó la revisión del presente juicio en el expediente electrónico y en el mismo se encuentran debidamente integrado el informe justificado rendido por la autoridad responsable en cita. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la autoridad en cita, mediante el cual rinde su informe justificado, al cual adjunta la sentencia de veintitrés de septiembre del año en curso, emitida dentro del juicio agrario número -, documental que goza de valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Luego, como en el juicio en que se actúa, el acto reclamado se hizo consistir en la omisión del tribunal responsable, de dictar la sentencia respectiva en el juicio agrario número - y como de las constancias en cita, se aprecia que dicho fallo ya fue pronunciado; entonces se pone de manifiesto que han cesado los efectos del acto reclamado, dado que dentro del juicio de origen, el veintitrés de septiembre del año en curso, la responsable dicto la sentencia respectiva. Luego, el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; En efecto, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías; por tanto, a nada práctico conduce analizar un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte peticionaria. De ahí que, si en el particular han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, hasta el veintisiete de octubre del año en curso, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento; por lo tanto se deja sin efectos la fecha de la referida audiencia. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente.
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