Maria Elena Cesar Gamiño
Expediente 983/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 983/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Maria Elena Cesar Gamiño
Actuaciones
- Principal
Como de la certificación que antecede así como del estado que guardan los autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado por este Juzgado el seis de septiembre del presente año, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que presentó, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el proveído de mérito. Atento a lo anterior, y advirtiéndose que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, por analogía y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita, pues se desechó de plano la presente demanda de amparo Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho y por conducto de sus apoderados jurídicos -, carácter que se le reconoce en términos del numeral 10 de la ley de Amparo, por así acreditarlo con la documental que adjunta, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número I-983/2019-P. Del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: .La resolución dictada con fecha 16 dieciséis de Agosto del año en curso dentro del toca de apelación número I-263/19. Ahora, de la documental que acompaña la parte quejosa se desprende que la sentencia impugnada, la cual fue emitida por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca I-263/2019, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia interlocutoria emitida en el juicio ordinario civil número 978/2016, de diecisiete de junio del presente año, que sobre reivindicación de inmueble y otras prestaciones promovió -frente a la quejosa y -, en la que se determinó: ".Toda vez que en la especie, se dejó insubsistente la resolución apelada, para que el juzgado primario dicte nuevo fallo, en atención a las consideraciones aquí expuestas, no se hace especial condena en costas, ya que no se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 136, 137, 138 y 139 del Código Procesal Civil, se resuelve: PRIMERO. Esta sala resultó competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación. SEGUNDO. Resultaron inatendibles las alegaciones hechas valer por los licenciados - en cuanto apoderados jurídicos -. TERCERO. Supliendo la deficiencia de la queja, de conformidad con la fracción VII, del artículo 79, de la Ley de Amparo; se deja insubsistente la sentencia interlocutoria apelada, para los efectos precisados en la parte in fine del considerando tercero de esta ejecutoria. Respecto de los actos antes referidos, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Resulta aplicable la jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61, fracción XXIII, el cual textualmente señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. El artículo 107, fracción V, de la de Amparo, prevé: ARTICULO 107. El amparo indirecto procede: V.- Contra actos en juicio cuyo efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;... Ahora bien, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación en atención al numeral transcrito, debe entenderse como aquellos que se afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que la afectada obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En el caso concreto la parte quejosa reclama la resolución interlocutoria de veintisiete de junio emitida en el Toca I-263/2019, del índice del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en la cual se revocó la diversa interlocutoria de diecisiete de junio del presente año, dictada dentro del juicio ordinario civil 978/2016, para que se deje insubsistente la misma y emita una diversa en la que cumpla con la obligación de ordenar el desahogo de la prueba pericial que se le indica; acto que no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, y no se advierte que sea definitivo para los efectos del amparo indirecto, en virtud a que el Magistrado en mención ordenó a la diversa responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, deje insubsistente la resolución recurrida y ordene la práctica de una prueba, previo al dictado de una interlocutoria y se ajuste a todas las formalidades procesales respectivas, y hecho lo anterior, resuelva en consecuencia lo que conforme a derecho proceda; por tanto, una vez que se emita la resolución respectiva, y en caso de que le causara alguna afectación, podrá hacer valer los medios impugnación respectivos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia visible en la página 538, del Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial". Así como la jurisprudencia publicada en la página 1539, Libro 6, Tomo III, Mayo de 2017, Décima Época, con registro 2006338, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. De lo expuesto se obtiene que, en el particular, la sentencia emitida el dieciséis de agosto de la presente anualidad, dictada por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, dentro del toca número -, no constituye un acto de imposible reparación en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor, sino que afecta derechos procesales y los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y podrán desaparecer si la parte afectada en el caso particular obtiene una determinación favorable a su petición. De ahí, el hecho de que la Sala responsable dejara insubsistente la sentencia interlocutoria emitida por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en la que ordena el desahogo de la prueba pericial, se ajuste a todas las formalidades procesales respectivas, y emita conforme a derecho una nueva resolución, no constituye un acto que cause perjuicios irreparables a la parte quejosa. De lo expuesto se deriva un elemento toral para considerar que en el particular dicha interlocutoria, no es susceptible de combatirse aún mediante el juicio de amparo indirecto, porque se reitera, no se trata de una violación que cause a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, sino que sólo produce efectos intraprocesales debido a que está supeditado a que trascienda al resultado del fallo. En tales condiciones, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en relación con el artículo 107 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro y texto: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. De igual forma, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 5°, 6° y 7° y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, que entró en vigor el dos de abril del año dos mil cuatro, así como lo establecido en el número 8° de la Ley en cita, hágase saber a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia ejecutoria en el presente juicio, que tienen expedito su derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales e información respecto del expediente en que se actúa, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implica que en la difusión de este fallo, en la versión impresa o electrónica, se supriman dichos datos, salvo su nombre, en la medida que no impidan conocer el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional respectivo. Finalmente, se tiene por señalado el domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y se tiene por autorizado para tal efecto, así como para imponerse de autos a -, a quien se otorgarán las facultades que prevé el numeral 12 de la Ley de Amparo una vez que acredite ser licenciado en derecho, ya que como se desprende de la certificación de cuenta, no se localizó su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales.
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